Créditos: Ministerio Público
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Dos de los fiscales destituidos tuvieron asignados casos de alto impacto. En algunos de estos procesos fueron llevados ante los tribunales de justicia políticos y militares, que habrían colaborado con diferentes organizaciones criminales.

Por Alexander Valdéz

El agente fiscal Lázaro Jesús Pirir Xoná, quien estaba a cargo de la FECI de Quetzaltenango, que previamente dirigió Virginia Laparra, fue destituido de su cargo.

Por aparte, se confirmó la destitución del jefe de la Fiscalía contra el Narcotráfico, Gerson Alegría, quien estaba al frente de esa unidad de investigación desde la gestión de la fiscal general Thelma Aldana y había logrado continuar durante la de Consuelo Porras.

Pirir Xoná, estaba en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) desde la gestión del fiscal Juan Francisco Sandoval. Investigó los casos: Plazas Fantasma en el Congreso de la República, Fraude Chicamán, Subordinación de Poderes, entre otros.

El MP indicó por medio de un comunicado que “se realizaron 5 finalizaciones laborales, de personal que ocupaba puestos de libre nombramiento y remoción, tal y como lo establece la Ley Orgánica del MP, Reglamento Interior de Trabajo y Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo”, señala un comunicado.

Las personas destituidas son: Gerson Rusell Alegría Meza, fiscal de Sección de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad; Juan Florencio Ambrosio Hernández, fiscal de Distrito de El Progreso, Lázaro de Jesús Pirir Xoná, agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad; y dos auxiliares fiscales de FECI, Luis Eduardo Sian Puluc y Lesther Omar Hernández Gonzáles.

Los casos del exfiscal de la FECI

El ahora exfiscal de la FECI, Pirir Xoná, investigó el caso de Plazas Fantasma, recién reactivado por una Sala, que anuló el cierre de la investigación ordenada por la jueza Claudette Domínguez. Este caso develó contrataciones irregulares de diputados que se habrían beneficiado con comisiones por las plazas.

Mientras que en el caso Fraude Chicamán, la investigación demostró que alrededor de Q14 millones fueron pagados para la realización de varios proyectos que quedaron inconclusos en perjuicio de la comunidad de Chicamán.

La investigación conocida como Subordinación de Poderes expuso el pago de sobornos en pagos bimensuales de Q50 mil por diputado, por la aprobación de determinadas leyes. Se presume que el dinero era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de confianza de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, de manos de Acisclo Valladares Urruela y Luis Fernando Valladares Guillén, altos directivos de la empresa de telecomunicaciones TIGO.

Investigaciones por narcotráfico

Gerson Alegría fue quien encabezó múltiples investigaciones relacionadas con organizaciones de narcotráfico. En estas se llegó a vincular incluso a políticos y militares con las estructuras criminales.

Entre los casos relevantes destaca el denominado Triángulo Criminal. En esta se detectó la colaboración de militares de alto rango, quienes fueron sindicados de aportar información privilegiada al cártel de Jalisco Nueva Generación

Otra pesquisa fue la que involucró al alcalde Esduin Javier Javier “Tres Quiebres”. Quien actualmente tiene vigente un proceso de antejuicio. Al jefe edil se le señala de posibles vínculos con una estructura criminal dedicada al narcotráfico conocida como “Los Ipala”. Una organización de alto poder que opera en Chiquimula.

El domingo recién pasado, se realizaron 35 diligencias de allanamiento por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad que resultó en la captura de 19 personas, entre ellos algunos miembros del Ejército y Policía Nacional Civil (PNC). A todos se les señala de colaborar con el narcotráfico.

Despidos ilegales

El 6 de julio, uno de los juzgados de trabajo en Guatemala resolvió que la fiscal general violó los derechos laborales de varios fiscales que fueron destituidos durante su gestión, la resolución indica que fueron destituidos sin garantizarse los procedimientos administrativos internos, haciendo mal uso del argumento de considerarlos “personal de confianza”, cuando los fiscales son de carrera.

En junio de 2022, Wendy Patricia Ordoñez De Rivas, quien laboró en el MP durante 22 años y dirigió diferentes unidades de investigación, fue destituida junto a otras fiscales de carrera. Entre ellas, Hilda Elizabeth Pineda García y Sara Elizabeth Romero, ambas investigaron crímenes de guerra.

Ordoñez fue despedida sin ninguna justificación. No enfrentó ningún proceso o sanción administrativa, previo a su destitución. Por esa razón ella impugnó ante un juzgado laboral la destitución ordenada por Porras.

Fue el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social que conoció el caso y analizó el procedimiento empleado por el ente investigador en el despido de Ordoñez. La justificación empleada por el MP para esta y las destituciones de otros fiscales fue que eran “puestos de confianza”.

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