Le ordenan al Ministerio Público (MP) reinstalar a fiscales destituidos durante la gestión de Consuelo Porras, por destituciones sin haberlos sometido a un procedimiento administrativo. A todos se les destituyó bajo la justificación que eran “personal de confianza”, aún cuando son fiscales de carrera. El Juzgado Primero de Trabajo resolvió que el MP violó los derechos constitucionales de la fiscal de carrera Wendy Ordoñez.
Por Alexander Valdéz
La gestión de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, no solo ha sido cuestionada por la persecución de exfiscales que investigaron casos de corrupción, abogados, activistas o periodistas, sino por la destitución de fiscales con experiencia y que han desarrollado una carrera fiscal en las diferentes unidades de investigación de esta institución.
Uno de los juzgados de trabajo en Guatemala resolvió que la fiscal general violó los derechos laborales de varios fiscales que fueron destituidos durante su gestión, señala una de las resoluciones que fueron destituidos sin garantizarse los procedimientos administrativos internos, haciendo mal uso del argumento de considerarlos “personal de confianza”, cuando los fiscales son de carrera.
En junio de 2022, Wendy Patricia Ordoñez De Rivas, quien laboró en el MP durante 22 años y dirigió diferentes unidades de investigación, fue destituida junto a otras fiscales de carrera. Entre ellas, Hilda Elizabeth Pineda García y Sara Elizabeth Romero, ambas investigaron crímenes de guerra.
Ordoñez, fue despedida sin ninguna justificación; es decir, no enfrentó ningún proceso o sanción administrativa, previo a su destitución. Por esa razón ella impugnó ante un juzgado laboral la destitución ordenada por Porras.
Fue el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social que conoció el caso y analizó el procedimiento empleado por el ente investigador en el despido de Ordoñez. La justificación empleada por el MP para esta y las destituciones de otros fiscales, es que son “puestos de confianza”.
El juzgado le ordena al MP la reinstalación inmediata de la fiscal Ordoñez: “… en su mismo lugar de trabajo y realizarle el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir hasta su efectiva reinstalación, así como el pago al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de las cuotas, no aportadas desde la fecha del despido hasta su efectiva reinstalación…”
Consuelo Porras además fue cuestionada su idoneidad por la opacidad del grado académico de doctorado y que, a pesar de eso fue beneficiada desde el Congreso de la República -por la alianza oficialista con Jimmy Morales y con Alejandro Giammattei- para salir electa en dos periodos como fiscal general.
Luego en 2022, previo a su reelección fue designada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la lista Engel, señalada por ser un actor que beneficia la impunidad y la corrupción en Guatemala.
La reelección de Consuelo Porras y para qué sirve la Lista Engel de Estados Unidos
Los fiscales “son personal de carrera”
La jueza Berta Yesenia Argueta Sosa al analizar los argumentos del MP en la contestación de la demanda laboral, determinó que la fiscal Ordoñez fue nombrada por medio de un proceso de oposición, y aunque fue un nombramiento de la fiscal general del MP, eso no la convierte en que sea personal de “confianza”.
“Si bien es cierto la nombra la Fiscal General de la República, eso no hace que sea personal de confianza de ésta última, y si bien es cierto la Corte ha manifestado como lo indica la parte demandada, que se debe evaluar las funciones que realiza el trabajador para establecer si es de confianza, no puede ser aplicable a los fiscales, ya que estos gozan de las garantías de independencia e inamovilidad, conforme lo anteriormente argumentado, por lo que el despido realizado de la trabajadora es nulo de pleno derecho, toda vez que no se le llevo el procedimiento sancionatorio establecido en la normativa interna de la institución”, resolvió la jueza.
La jueza concluyó que, en el caso de Ordoñez, la fiscal general no llevó a cabo el procedimiento legal de despido y por esa razón se violaron los derechos constitucionales de la fiscal.
“Se produjo en plena violación a los derechos constitucionales de la hoy actora, e imponerle la sanción sin haberle seguido un procedimiento sancionatorio en donde se garantizará el derecho de defensa y debido proceso, es violario de sus derechos constitucionales”, añadió.
“Establece por lo tanto un despido injusto a la actora (Wendy Ordoñez) y como consecuencia de ello, procedente resulta acceder a la pretendida reinstalación en su mismo puesto de trabajo, razón por la cual debe ser protegido por lo preceptuado en ley, y deviene procedente reinstalársele en su mismo lugar de trabajo y realizarle el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir hasta su efectiva reinstalación, así como el pago al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de las cuotas, no aportadas desde la fecha del despido hasta su efectiva reinstalación”, ordenó la jueza.
MP insiste en que destituciones son legales
El fundamento del MP para el despido de Ordoñez y las destituciones de otros fiscales, se basa en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que fue modificado en la actual gestión del MP y convirtió esos cargos como “puestos de confianza”, es decir, de libre remoción.
“Por designación de ley es un puesto de confianza y de libre remoción dentro de la organización del MP, en virtud que los fiscales de sección actúan en representación del fiscal general de la República y Jefe del MP, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica del MP, por ser los Jefes del MP en las diferentes secciones que le son encomendadas”, trató de justificar el MP ante el juzgado de trabajo. Argumentos que no fueron aceptados por la juzgadora.
Una fiscal de carrera y sin sanciones
En un perfil y entrevista realizada por el medio Ruda, se relata que Wendy Ordóñez empezó su carrera en el MP mientras cursaba el séptimo semestre de derecho. Su primer puesto fue como oficial de fiscalía I, en la Fiscalía de la Mujer. En ese entonces aún no existía la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, pero se crearon tres unidades: trata de personas, adopciones irregulares y muertes violentas de mujeres.
Ordoñez vivió tres mandatos distintos en el MP: el de Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y Consuelo Porras. Considerando los cambios que pueden decidir las nuevas fiscales generales, para Wendy los traslados de fiscalías no eran cosa nueva. Sin embargo, el último fue extraño, bajo el mandato de la fiscal general Consuelo Porras.
El 29 de junio de 2022 Wendy Ordóñez fue llamada para asistir a la secretaría general al día siguiente. Al consultar el motivo le indicaron que “solo tenía que ir”. Así lo hizo a las 9:00 del 30 de junio, esperó media hora hasta que comenzaron a llegar varias personas a la oficina.
“Llevaron una notaria para hacer constar en acta, que se me indicó que llegaban para hacerme una notificación. Me la entregan y me dicen que la lea. Cuando yo la empiezo a leer, prácticamente decía que era una remoción de mi cargo y que me daban las gracias por haberle prestado mis servicios al Ministerio Público, que al terminar de hacer mi proceso yo podía hacer el cobro de mis prestaciones”, declaró a Ruda.
En el MP integró las Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Unidad de Métodos Especiales (UME), la última que dirigía era la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpaciones.
Lea más en la entrevista de Ruda:
https://www.rudagt.org/temas/wendy-ordez-no-s-si-es-impunidad-en-los-casos-o-es-una-venganza
Otras reinstalaciones
La fiscal general está recibiendo varios reveses legales, por el uso de la figura de personal de confianza para argumentar las destituciones arbitrarias de varios fiscales de carrera en el MP.
Ordoñez no es la única que impugnó ante un juzgado de trabajo su destitución, otra persona que laboró en la Secretaría de Política Criminal, pero prefirió el anonimato, confirmó que el juzgado conoció su caso y resolvió de la misma manera. Es decir, se ordenó su reinstalación en el MP, debido a que su destitución se realizó sin haber realizado un procedimiento administrativo o una causa justificada.
“El despido realizado del trabajador es nulo de pleno derecho, toda vez que no se le llevo el procedimiento sancionatorio establecido en la normativa interna de la institución, ya que la propia parte demandada alegó que no era necesario llevar un procedimiento administrativo sancionatorio, por ser personal de confianza, lo cual a consideración de la juzgadora no tiene asidero legal (…) no se le llevo el procedimiento legal de despido siendo necesario llevar el procedimiento sancionatorio administrativo interno de despido, ya que no está contemplado como trabajador de confianza, por lo que la juzgadora concluye que se sancionó al trabajador con despido, sin garantizar el debido proceso y derecho de defensa”, indica otra resolución a la que tuvo acceso Prensa Comunitaria.
Personal destituido “ilegalmente”
La resolución de dicho juzgado laboral es un precedente en otros casos de fiscales que trabajaron durante años en el MP y fueron despedidos sin haberse iniciado un procedimiento administrativo. En su mayoría no impugnaron su despido por temor a ser criminalizados, según relataron algunas fuentes consultadas.
Entre los fiscales destituidos bajo la justificación de que son personal de confianza figuran: Hilda Pineda, exjefa de la Fiscalía de Derechos Humanos; Sara Romero, exjefa de la Fiscalía contra el Crimen Organizado; Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), entre otros.
En 2022, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) se pronunció por las destituciones de fiscales de carrera e indicó que esas acciones solo debilitaban al MP. “La fiscal general continúa destituyendo arbitrariamente a fiscales de carrera y vulnerando el principio de autonomía que garantiza estabilidad en el cargo. De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, para destituir a fiscales de carrera se debe seguir un procedimiento disciplinario justo con todas las garantías”, declararon.
