Créditos: Prensa Comunitaria
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La nueva CSJ concedió un amparo al Organismo Legislativo para que las fuerzas de seguridad puedan desalojar a los manifestantes que no permitan la entrada ni salida de los funcionarios y trabajadores del Congreso.  El amparo se da a conocer esta semana cuando los legisladores tienen programada la aprobación del Presupuesto General para 2024 y la elección de magistrados de Salas de Apelaciones.

Por Alexander Valdéz y Rony Ríos

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrado con los nuevos magistrados, otorgó un amparo provisional al Congreso de la República, que permitiría la represión de manifestantes que impidan el acceso y salidas de ese organismo de Estado.

El Organismo Judicial (OJ) confirmó que en la reunión del pasado viernes, la CSJ conoció la acción legal y otorgó amparo provisional ante la “amenaza y posible restricción de la libertad de locomoción” para las próximas sesiones ordinarias y extraordinarias, cuando el Congreso tiene agendada la aprobación del Presupuesto General 2024 y la elección de los magistrados de Salas de Apelaciones.

La resolución de la CSJ ordena lo siguiente: “Tomar las medidas necesarias para para que se protejan las garantías constitucionales, integridad y libre locomoción de diputados, personal administrativo y asesores de todos los edificios que son parte del Organismo Legislativo en sesiones ordinarias y extraordinarias del año 2023”.

El fallo fue firmado por el magistrado presidente electo Oscar Cruz, Héctor Ricardo Echeverría, Ronald Manuel Colindres, Manuel Duarte, Carlos Rivera Carrillo, Benicia Contreras y José Luis Samayoa Palacios.

Se trata de una de las primeras decisiones de los magistrados de la CSJ que fue elegida por el Congreso la semana pasada durante una sesión exprés.

La resolución favorable de la CSJ se otorga cuando la instancia de jefes de Bloque del Congreso incluyó, en la agenda de las sesiones de esta semana, la elección de magistrados de Salas de Apelaciones y el inicio de la discusión del proyecto de Presupuesto General 2024 que asciende a Q124.8 millardos.

Gobierno y aliados eligen a su nueva Corte Suprema de Justicia

 

Movilizan a agentes de diferentes departamentos

Desde la semana pasada decenas de agentes han sido desplegados para formar cordones de seguridad que no permiten el paso de vehículos ni de personas en las calles aledañas al Congreso.

El miércoles 15 de noviembre, la alianza oficialista consiguió los votos necesarios para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), la integración de tres comisiones pesquisidoras para los antejuicios en contra del vicepresidente Guillermo Castillo, el ministro Javier Maldonado y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ante esta situación un grupo de manifestantes se concentró en el Congreso de la República para hacer encerrar a los diputados, en donde hubo confrontación entre manifestantes, congresistas y policías, por lo que al siguiente día, el jueves 16, el número de agentes aumentó.

Según el director de la PNC, en una entrevista radial, 2 mil 400 agentes fueron destacados en los alrededores del Congreso ese día.

Ese mismo día, un grupo de organizaciones indígenas y campesinas de mujeres, pueblos y distintos sectores sociales emitieron un comunicado para manifestar su rechazo al excesivo uso de la fuerza, la movilización de los más de 2 mil agentes para resguardar a los diputados de los manifestantes que, en su mayoría eran mujeres.

El colectivo señaló: los “congresistas cómplices quieren aprobar Ley Monsanto, ampliación a Perenco, garantizar impunidad a violadores de DDHH, aprobar presupuesto que beneficia a ONG de diputados corruptos”.

“Miles de policías fueron trasladados desde los departamentos hacia los alrededores del Congreso, dejando los territorios a merced de los delincuentes, con el fin de defender los intereses particulares de los diputados que se enriquecen a costa del pueblo”, indicó la representante del colectivo.

Otro de los líderes presentes señaló que había agentes de Huehuetenango, Santa Rosa, Chiquimula y Cobán, frente al Congreso.

Además, indicó que las acciones de la policía y del MP tienen el objetivo de atemorizar a la población para que no se manifieste, “pero se equivocan lo único que logran es que la indignación se acumule en el pueblo de Guatemala”.

Cambios en la PNC

En medio de las manifestaciones y las sesiones del Congreso, el Ministerio de Gobernación (Mingob) nombró la semana pasada a Adal Hamilton Rodríguez Najarro como director general de la Policía Nacional Civil (PNC), cuya primera decisión fue la de movilizar a 2 mil 400 agentes para resguardar el Congreso.

Además, Gobernación juramentó a David Estuardo Custodio Boteo como director general adjunto de la PNC.

El cambio en la cúpula policial se da a un mes de la renuncia de Napoleón Barrientos como ministro de Gobernación y en cuyo puesto fue nombrado el militar retirado Byron René Bor.

Estos nombramientos se dan después de 50 días de resistencia pacífica, en la que los pueblos indígenas y ancestrales, acuerpados por estudiantes universitarios y otros colectivos decidieron tomar las carreteras del país, realizar plantones y marchas para protestar en contra de las acciones antidemocráticas emprendidas desde el Ministerio Público (MP) y avaladas por el Organismo Judicial (OJ).

Desde el 2 de octubre la población salió a las calles a exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

 

Se suspenden los descansos

La semana pasada también se conoció un oficio en el que el subdirector de la PNC, Edgar de la Cruz, informó sobre “la suspensión de permisos y descansos continuados al personal de la carrera operativa policial”. Aunque el portavoz aseguró que no están suspendidos los descansos, una fuente en Gobernación dijo que sí fueron informados sobre esta medida.

Por medio de este oficio, el subdirector informó que por “planes operacionales” quedaban suspendidos los descansos del personal.

El Departamento de Comunicación de la PNC no respondió a los cuestionamientos sobre los motivos para la movilización de los agentes y los efectos en los territorios desde donde fueron reubicados.

El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dijo que los cambios en la dirección de la PNC pueden tener múltiples causas y es necesario conocer las motivaciones. Dentro de los factores que pueden influir en esta decisión puede ser algún cambio administrativo, sanciones disciplinarias, criterios de mando, etcétera.

También señaló que si en el área donde la cartera de Gobernación considera que necesita tener más presencia no hay suficientes elementos policiales los reubica temporalmente, e incluso, puede llamar a los reservistas que estén de descanso.

El exministro Jiménez añadió que las propias dependencias de Gobernación son las encargadas de efectuar un análisis de riesgo, pero que no existen estándares establecidos y “a veces los criterios son más políticos que técnicos”.

Además, Jiménez explicó que dentro del análisis se determinan los círculos de seguridad que requerirán, si existe riesgo de agresión o si la presencia policial será utilizada como medio disuasorio.

La represión en 2020

En noviembre de 2020, los diputados aprobaron de madrugada el proyecto de Presupuesto General 2021.  La acción provocó manifestaciones de diferentes sectores en contra de la decisión realizada. Las jornadas de protestas terminaron con la sede del Congreso y dos buses incendiados por grupos de choque infiltrados y la represión de las fuerzas antimotines contra los manifestantes pacíficos.

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