El informe semestral de la firma Ballard, señala que Guatemala renovó en enero 2023 un contrato de cabildeo por un año que asciende a US$900 mil (unos Q7 millones), de los cuales el Gobierno adeuda ya US$450 mil (unos Q3.6 millones), cantidad que corresponde al pago del primer semestre.
Por Carlos Estrada
El gobierno de Alejandro Giammattei ha renovado este año un millonario cabildeo para mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos el cual asciende a US$900 mil (más de Q7 millones) con la firma Ballard Partners Inc, un contrato de enero a diciembre.
Ballard Partners fue contratada por el Gobierno de Guatemala para mejorar las relaciones bilaterales con EE.UU. y facilitar las comunicaciones con los medios de comunicación de los EE. UU., funcionarios y tomadores de decisiones relevantes, organizaciones no gubernamentales.
La gestión de Giammattei, ha sido señalada en el último año de casos de corrupción y al Estado de la nula existencia de separación de poderes, persecución y criminalización de operadores de justicia y periodistas.
El Departamento de Estado ha publicado, en distintas ocasiones, diferentes anotaciones en las que recuerda las acciones antidemocráticas en las que incurre Guatemala así como la persecución a distintos actores de la sociedad.
Esas acciones públicas muestran que la contratación de la firma no ha tenido mayor impacto en la administración demócrata. Por el contrario, en los últimos dos meses las advertencias de Estados Unidos han ido en aumento tras las acciones promovidas contra el proceso electoral por el Ministerio Público de Consuelo Porras.
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Sin resultados
El trabajo hecho por la firma en el primer semestre de 2023, según detalla el informe, fue el enviar e intercambiar correos electrónicos con integrantes de los equipos de trabajo de algunos comités, así como con senadores.
Entre los correos enviados están intercambios con Brandon Yoder, del comité de asuntos exteriores del Senado de Estados Unidos, llamadas y correos con el asesor del senado Jake Rubenstein, correos con el jefe de asesores del senador demócrata Bob Menéndez y Jason Tuber.
El 14 de marzo de este año, el senador Menéndez junto a otros senadores demócratas, dirigió una carta al secretario de Estado Antony Blinken, a quien instaban a obligar a que funcionarios guatemaltecos rindan cuentas por acciones corruptas.
“Mientras altos funcionarios guatemaltecos estén involucrados en la corrupción y otros esfuerzos para debilitar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas del país, la criminalidad, el narcotráfico y la inestabilidad sólo aumentarán”, señala el comunicado.
Los cabilderos escribieron al jefe de asesores de Menéndez para solicitar una reunión y discutir la carta enviada por el senador, sin embargo, el informe no refleja que el encuentro se haya concretado, pero sí se detalla una llamada telefónica con el jefe de asesores.
Otro de los correos relacionados a la carta enviada fue al asesor de política exterior Ausan Al-Eryani del senador Tim Kaine, también firmante de la misiva.
Dentro de las once actividades reportadas por la firma Ballard relacionadas al trabajo hecho para Guatemala en los primeros seis meses de 2023, no figura ninguna reunión con senadores o congresistas más que el intercambio de correos o llamadas telefónicas con asesores de algunos congresistas.
El informe detalla además que uno de los representantes de la firma gastó en comidas relacionadas con el cabildeo para el Gobierno de Guatemala, US$2 mil 542, aunque no se especifica con quienes se reunió en esas comidas.
Deuda del primer semestre
Hasta septiembre de este año Guatemala no había realizado el pago de la mitad del contrato con la firma que ascendía a US$450 mil (unos Q3.6 millones) por el servicio durante el primer semestre de este año.
La reclamación por los servicios ya fue hecha por la empresa según el informe a las autoridades estadounidenses.
La firma respondió en el apartado 14(a) del informe entregado al Registro de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Fara por sus siglas en inglés) referente a si habían recibido dinero de agentes extranjeros a los que representa, que no había recibido dinero por parte del Gobierno de Guatemala:
“Durante este periodo de seis meses, al Gobierno de Guatemala se le han cobrado US$450,000.00, pero el cliente no ha pagado aún”, señaló la firma.
El primer contrato y la polémica por Taiwán
Este es el segundo año que Guatemala utiliza a la firma que financia campañas políticas principalmente de senadores y congresistas republicanos.
El 12 de enero de 2022 fue firmado el primer contrato que abarcó todo ese año. Los documentos originales fueron avalados por el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Alfonso Quiñonez, hermano del alcalde capitalino Ricardo Quiñonez, y establecía que los pagos por el cabildeo realizado por la firma Ballard serían hechos por Taiwán, sin embargo los informes semestrales de la firma referentes al año pasado, señala que ha sido Guatemala quién ha hecho los pagos por el cabildeo.
El apartado 14 (a) de los informes semestrales señala que se debe indicar si se han recibido pagos del agente extranjero representado o de cualquier otra fuente, para o en interés de dicho representado extranjero, sin embargo, ambos informes señalan a Guatemala como la entidad que hizo los pagos y no detalla que haya sido Taiwan.
Prensa Comunitaria solicitó a la encargada de comunicación de la cancillería que confirmara si los pagos los había realizado Taiwán o Guatemala y si en la renovación del contrato se establecía que Guatemala asumiría el pago o sería de nuevo Taiwan, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta a ninguna de las consultas.
Críticas a Taiwán
En 2022, un académico Chino criticó en una publicación en el medio China Times la acción de Taiwán de pagar por el cabildeo a Guatemala, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán pidió al medio que dejara de difundir propaganda China, según los reportes.
Varios analistas consultados por medios internacionales señalaron lo poco frecuente que era el hecho de que un tercer país pagara por el cabildeo de una nación que buscaba incidir en las políticas estadounidenses.
Robert Kelner un abogado especialista en cumplimiento de leyes de cabildeo, dijo a la agencia de noticias Associated Press que “es inusual que un gobierno pague las tarifas de cabildeo para otro gobierno” y agregó que aunque no es ilegal, plantea una cuestión de si el gobierno que paga, también debe ser incluido por la firma de cabildeo como extranjero principal.
Con el acercamiento de Honduras a China, Guatemala se quedó como el último aliado de Taiwán en la región centroamericana.
El infructuoso cabildeo ante un golpe de Estado
El ex ministro de Relaciones Exteriores Gabriel Orellana, señala que los países buscan a cabilderos especializados por distintos motivos, pero es básicamente para lograr acercamientos con congresistas y senadores que de otro modo no podría acceder un embajador o un funcionario extranjero, y así encontrar algún respaldo o apoyo a una política o acción de un país.
“El cabildeo en términos abstractos es una figura muy importante para cualquier país que tenga relaciones con los Estados Unidos. Un lobista tiene mayor acceso a senadores… y es por esto que siempre para un país es muy útil tener una oficina de cabilderos algunas veces se requiere con más necesidad o con más apremio que en otras”, manifiesta el ex canciller.
Pese al cabildeo que mantiene Guatemala en Estados Unidos el deterioro de las instituciones democráticas y el ataque al reciente proceso electoral encabezado por el Ministerio Público ha desatado declaraciones airadas de altos funcionarios de la administración de Joe Biden. El tema del ataque de la democracia y un posible golpe de Estado en Guatemala gestado desde el Organismo Ejecutivo ha mantenido en sesión permanente a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). La actual crisis política ha obligado incluso a la dos visitas de urgencia del secretario general Luis Almagro y de una comisión mediadora.
El ex embajador de Estados Unidos en Guatemala Stephen Mcfarland señaló en una entrevista reciente con Prensa Comunitaria que “EE.UU. comprende que esta acción que autorizó la Fiscal General fue aprobada por Giammattei”, en referencia a la última acción del MP que implicó el arrebato de las actas originales de resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio.
Las declaraciones siguen subiendo de tono luego de 18 días de manifestaciones continuas que exigen la renuncia de la fiscal general y sus fiscales, así como la renuncia del juez Fredy Orellana. Tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad de pedir la represión de manifestantes pacíficos el subsecretario de Estado, Brian Nichols expresó que Estados Unidos repudia el desalojo violento de las manifestaciones y que usarían todas las herramientas necesarias para sancionar a los que intentaban evitar la transición de mando y alterar el orden democrático en Guatemala.
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El cabildero de la Cámara de Industria y Cementos Progreso
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha pagado también cabildeo con otra firma pero en este figura el embajador Manuel Espina durante la administración del presidente Jimmy Morales. Espina también es expresidente de Guatemala Próspera.
Desde 2022, la CIG ha pagado a la firma Continental Strategy por el acercamiento con Estados Unidos aproximadamente US$101 mil, divididos en US$71 mil en 2022 y US$30 mil en 2023
Manuel Espina, hijo del ex vicepresidente Gustavo Espina fue nombrado como canciller de Guatemala en Washington en julio de 2017 bajo críticas por su falta de experiencia. Espina fue presidente de Guatemala Próspera, el brazo guatemalteco de The Fellowship Foundation, que busca promover una agenda cristiana en varios países del mundo y que realiza encuentros en donde políticos, empresarios y funcionarios públicos se reúnen para escuchar las intenciones de esta organización.
El actual canciller Mario Búcaro, también fue presidente de Guatemala Próspera y también ha participado en las reuniones de la Organización de Estados Americanos en donde ha negado las acciones antidemocráticas durante el gobierno de Alejandro Giammattei que han prevalecido en las últimas semanas.
Espina y la firma Continental tienen también un contrato de cabildeo al menos desde 2021 con la empresa Corporación Internacional Cemcal, una empresa fundada en Panamá en 1996 en donde han sido integrantes del directorio José Miguel Torrebiarte Novella, Mario Eduardo Montano Melville, Juan Miguel Torrebiarte Lantzendoffer, Francois Robert Berger Dorion, Mario Montano Melville y Juan Estuardo Maegli Novella, todos dueños de la corporación Cementos Progreso.
La Corporación Internacional Cemcal, ha pagado en los últimos tres años un total de US$315 mil a la firma de cabildeo Continental, según los reportes de OpenSecrets.com una institución no lucrativa que rastrea el dinero en la política estadounidense.
A través de la firma de cabildeo, Espina logró acumular un sin número de contactos, la mayoría de ellos del ala más conservadora de Estados Unidos.
