El gobierno de Alejandro Giammattei y las municipalidades obtuvieron altos presupuestos para su funcionamiento y algunos de esos millones ingresaron a empresas que están vinculadas con hermanos de diputados que fueron parte de la antigua alianza oficialista. Ese es el caso de las compañías Constructora J.M. Galindo y Distribuciones Guayacán.
Por Cristian García
La primera corporación está ubicada en Retalhuleu, un departamento que actualmente es representado por el congresista del partido Valor, José Luis Galindo de León, y en donde la familia del legislador ha hecho varios negocios.
La Constructora J.M. Galindo es muestra de tal situación. Esta empresa le pertenece a Juan Miguel Galindo de León, hermano del parlamentario. Durante el gobierno pasado logró acumular contrataciones estatales por Q17.86 millones.
Todo ese dinero provino de comunas de aquel departamento y las adjudicaciones coincidieron con la administración “municipalista” de Alejandro Giammattei, un calificativo con el que supuestamente se “fortaleció” a los gobiernos locales con más fondos públicos.
Fue en ese contexto en el que la citada compañía empezó a suscribir acuerdos con las municipalidades de Nuevo San Carlos, Santa Cruz Muluá y Champerico. Los alcaldes de estos gobiernos locales estaban en las filas de partidos que conformaron la alianza oficialista.
Juan Carlos Escobar Maldonado fue electo con el partido Valor, para Nuevo San Carlos; Elio Francisco Puac Castillo ganó la alcaldía de Santa Cruz Muluá, con la misma organización política; y Juan Carlos Rosalio López López dirigía Champerico vía la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Los primeros dos, incluso, fueron reelectos y ahora pertenecen al partido Vamos, la agrupación de Giammattei. Pese a ello, fue de la Municipalidad de Champerico de donde salió la mayor cantidad de dinero para cubrir los contratos de la Constructora J.M. Galindo.
Esta última corporación municipal acordó entregarle a Juan Miguel Q12.59 millones para que le proporcionara arcilla, mantenimiento a un puente vehicular, mejorar caminos rurales, construir una cancha polideportiva, entre otras actividades.
Distribuidora en crecimiento
La familia Fión Morales lleva casi una década con un miembro dentro del Congreso de la República. Actualmente, la responsabilidad recae en César Augusto Fión Morales, un funcionario uneísta que representa a Petén desde la legislatura pasada.
Sin embargo, antes de que él accediera a una curul, su hermano Carlos Rafael logró ser uno de los representantes en el Legislativo con el partido Creo. Eso ocurrió entre 2016 y 2020.
Mientras era diputado, Carlos Rafael creó la empresa Distribuciones Guayacán, una entidad mercantil que surgió para comercializar productos alimenticios e insumos industriales de limpieza.
La compañía fue fundada en 2018. En esa ocasión, Carlos Rafael se convirtió en el socio mayoritario, pero también compraron acciones sus hijos Carlos Alejandro, Héctor Gustavo y María Regina Fión Rossal.
La sociedad consiguió sus primeras adjudicaciones en el año posterior a su constitución. De esa manera, en 2019, cerró sus ventas estatales con Q21,133. Tras la llegada de Giammattei, las asignaciones a su favor fueron incrementándose.
En 2020, la corporación recibió Q155,715; en 2021 fueron Q25,049; para 2022 llegó a Q32,328; mientras que para 2023 consiguió Q1.43 millones. En total, durante la anterior gestión, Distribuciones Guayacán captó Q1.64 millones.
Papel higiénico, jabón líquido, aceite vegetal, azúcar, harina y frijol estuvo entre lo proveído por la empresa a una diversidad de entidades que reciben dinero público, entre ellas municipalidades de Barberena y Santa Ana y los ministerios de Gobernación y Trabajo.
Eso ocurrió pese a que Carlos Rafael fue electo al Parlamento Centroamericano de 2020 a 2024. Debido a ese cargo, él no podía ser contratista por lo que establece el Tratado Constitutivo y la Ley de Contrataciones del Estado.
Silencio
Prensa Comunitaria se comunicó, vía correo electrónico, con los diputados José Luis Galindo de León y César Augusto Fión Morales para consultarles si tenían conocimiento de los negocios hechos por sus familiares con el Estado.
También se les preguntó si consideraban ético que sus parientes tuvieran contrataciones públicas mientras ostentaban los cargos de legisladores. Sin embargo, no emitieron ningún pronunciamiento.
* Los datos presentados en esta nota y en las siguientes de la serie de esta investigación fueron recopilados, procesados y analizados durante seis meses por el equipo de Prensa Comunitaria, en los que se consultó diversas fuentes y registros públicos para brindar datos sobre el patrimonio de los diputados y sus familiares, sus vínculos con empresas contratistas del Estado y las plazas o contratos laborales que obtuvieron o mantuvieron en las instituciones públicas.
** Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
