El recién electo Presidente Bernardo Arévalo, analistas y la comunidad internacional han denunciado que se está preparando un golpe de Estado desde el Ministerio Público. Señalan que se intenta desaparecer y criminalizar al Movimiento Semilla, y dar un golpe certero a la democracia y al Estado de derecho. Pero ¿por qué se habla de un golpe de Estado en Guatemala y cuáles son sus características? En este texto presentamos algunos datos que contribuyan a aclarar lo que pasa en Guatemala.
Por Carlos Estrada
Desde el 25 de junio a medianoche Guatemala y el mundo conocían los resultados de la primera vuelta electoral que ya eran irreversibles, el Movimiento Semilla pasaba a segunda vuelta con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Nadie vió venir a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, pero lograron canalizar la indignación acumulada hacia la clase política y el voto antisistema. La estructura corrupta, luego de estar dividida, empezó a reagruparse, ahora alrededor de Sandra Torres, quien había dado un giro drástico a su imagen, y ahora lo hacía con su discurso. Pasó de ser vicepresidenta de la Internacional Socialista, a estar más cercana al pensamiento de ultraderecha.
Todos los intentos de pacto por imponerse en el gobierno a través de sus partidos, fueron en vano, incluso tras excluir a otras agrupaciones y candidatos de oposición. Una de sus primeras acciones negacionistas fue pedir el recuento de los votos de la primera vuelta y la revisión de cientos de actas, pese a que llevaban las firmas de los fiscales de sus mismos partidos. El recuento de los votos se hizo y quedó demostrado que el proceso había sido transparente y sin errores, con excepción de un puñado de actas en donde se había pedido revisión.
Sin embargo, el pacto logró un amparo que retrasó una semana la entrega oficial de los resultados, confirmando lo que las Juntas Receptoras de Votos ya habían dicho el 25 junio, que Semilla y la UNE competirían por llegar al gobierno.
Los magistrados afines y puestos por ellos mismos, ante las evidencias no tuvieron otra alternativa que anunciar los resultados y respaldar lo que la población había decidido en las urnas.
Rumbo a la segunda vuelta
Los sondeos electorales empezaron a incomodar al pacto, pese a que desplegaba toda la maquinaria del Estado a favor de la candidata que les unió, los números no les favorecían. Torres era la opción que les podía garantizar cierta continuidad del pacto. Pero los resultados en las distintas encuestas eran los mismos, Bernardo Arevalo y Karin Herrera serían electos como presidente y vicepresidenta.
Entonces echaron mano del Ministerio Público, un arma de desgaste y terror, que ya estaba siendo usada contra activistas, periodistas, operadores de justicia y otros opositores políticos. Las amenazas empezaron a llegar. Primero amagaron con perseguir a los digitadores, luego siguieron con las Juntas Electorales para lo cual solicitaron los nombres y las direcciones de los miles de voluntarios que participaron en el proceso electoral, hasta intentar con el Movimiento Semilla.
Semanas más tarde, el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, como muestra de poder, irrumpió en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral buscando información en contra de la sub registradora Eleonora Noemí Castillo Pinzón, para pedir su detención por supuesta desobediencia, tras no haber cancelado al partido Movimiento Semilla como había ordenado en su resolución, a pesar de que esta contaba con la inmunidad inherente al cargo por fungir como registradora en funciones.
Pese a los esfuerzos del Ministerio Público y del pacto de corruptos, la segunda vuelta electoral arrojó los resultados que la mayoría de las encuestas había previsto. Pese a la millonaria inversión en Torres, la campaña sucia contra el partido Semilla que impulsaron la Fundación Contra el Terrorismo y las Iglesias evangélicas más grandes del país para intentar que perdieran en la segunda vuelta, Arévalo y Herrera obtuvieron más de 2.4 millones de votos contra los poco más de 1.5 millones de Sandra Torres.
La implementación de la agenda 2030 fue la punta de lanza de la desinformación y campaña sucia utilizada contra Semilla. Todos sus esfuerzos se volcaron a señalar que de ganar Arévalo se implementaría la agenda 2030, despertaron el fantasma del comunismo, asustaron con la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, entre otras. Sin embargo, la mayoría de acciones acciones nunca estuvieron entre las propuestas del partido y además de ser cierto, requieren la aprobación del Congreso, en donde la mayoría la tiene la oposición.
Después de la segunda vuelta
Tras los resultados de la segunda vuelta, las amenazas del MP se incrementaron e incluyeron dos allanamientos al Parque de la Industria en donde se resguardaban las cajas electorales con los votos ciudadanos. Un video grabado dentro del recinto muestra a una fiscal contando votos. Esto fue aumentando la indignación y la rabia ciudadana.
La estrategia de desgaste y de intento de declarar, primero que el Partido Movimiento Semilla nunca nació a la vida, y segundo, el que toma más relevancia en los últimos días, decir que hubo fraude en las elecciones, no se han detenido, y tampoco se ha detenido el asombro ciudadano.
En el Congreso incluso los directivos desconocieron a la bancada Semilla como bloque legislativo pese a que el proceso de cancelación del partido ni siquiera había empezado. La decisión la debieron revertir 24 horas después, tras una resolución del TSE en el cual informaban que ningún partido político podría ser cancelado en medio de un proceso electoral.
El último movimiento del Ministerio Público de Consuelo Porras y quienes la respaldan a la sombra o abiertamente, fue el allanamiento y secuestro ilegal de las actas 4 y 8 que se resguardaban en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, en las que se encuentran los resultados electorales de las elecciones generales. Este hecho lleva a otro nivel el intento de golpe de Estado hasta casi sus últimas consecuencias.
Todas las acciones del “Pacto de Corruptos” hasta ahora han tenido como fin evitar que Arévalo y Herrera asuman la presidencia y mantener la cooptación del Estado.
¿Qué contienen las actas 4 y 8 y qué riesgos supone que hayan sido secuestradas por el MP?
El Golpe de Estado según Arévalo
“La fiscal general Consuelo Porras, con el respaldo del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, están llevando a cabo un Golpe de Estado, es un golpe de Estado en curso en el que se atenta contra el proceso electoral y contra la voluntad libremente manifestada por el pueblo durante este proceso”, señaló el presidente electo Bernardo Arévalo el pasado 30 de septiembre, en medio del cuarto allanamiento realizado por el Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El exvicepresidente Eduardo Stein manifiesta que lo que vive el país con las acciones del Ministerio Público no es un golpe de Estado tradicional sino un golpe técnico, por el abuso de las instituciones del Estado existentes sobre todo en el ámbito judicial, que buscan darle una interpretación particular a la ley con la finalidad de obstaculizar el proceso electoral y sus resultados.
“Lo que algunas personas tememos, es que se quiera cuestionar, la validez de las elecciones que ya ocurrieron y por lo tanto intentar inhabilitar los resultados de las personas que fueron electas por voto popular, lo cual sería ignorar la voluntad ciudadana”, señaló.
Además agrega que la invalidación de la voluntad popular podría ser peligrosa para el país en cuanto a la estabilidad, “para nuestra desgracia puede haber una reacción interna cuando se vea que se irrespeta su voto y se produzcan choques violentos”.
Bernardo Arévalo denuncia un golpe de Estado orquestado desde el Ministerio Público
Mucho que perder para algunos
El expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solis en declaraciones a la televisión alemana DW señaló que estamos ante un golpe de Estado que se está desarrollando y gira en torno a todo un “ecosistema de corrupción”, que son quienes más pierden con la llegada de Arévalo a la presidencia.
“Es un conjunto de fuerzas, de poderes fácticos, que se han impuesto sobre las instituciones y que constituyen hoy una amenaza que se extiende desde los niveles nacionales presidenciales, hasta el nivel local municipal. Estamos frente a un conjunto de fuerzas civiles, algunas en activo, del sector privado otras, que aunque está muy dividido y hay actores que están apoyando el proceso democrático hay otros que se han sumado a estos poderes fácticos que incluyen al crímen organizado transnacional”, señaló Solis.
Alrededor del MP de Consuelo Porras que es señalado como el principal brazo ejecutor del golpe de Estado, se encuentran actores y organizaciones que durante el tiempo en que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develó distintos casos en el país, se organizaron para cuestionar sus acciones. El académico Rafael Martínez de la Universidad de Barcelona en su publicación: “Subtipos de golpes de Estado: transformaciones recientes de un concepto del siglo XVII”, señala que los ejecutores de los golpes de Estado “son un grupo pequeño, perteneciente a la élite del poder, que desaloja al poder ejecutivo”.
Actores como la Fundación Contra el Terrorismo, la Liga Pro Patria o Guatemala Inmortal entre otras apoyan abiertamente las acciones de la Fiscalía Contra la Impunidad de Rafael Curruchiche, desde que se hicieran señalamientos en contra de funcionarios corruptos. Esto fue notorio luego de que se diera a conocer el caso de financiamiento electoral ilícito al expresidente Jimmy Morales por parte de cinco de las grandes familias vinculadas al cemento, al azúcar, la banca, entre otros.
Arévalo, ha señalado en varias ocasiones que se apoyará en los fiscales que se encuentran en el exilio para plantear un combate frontal en contra de la corrupción, todos perseguidos por el MP de Porras, y que fueron quienes investigaron y presentaron ante la justicia los casos de corrupción que involucraban a actores vinculados con quienes ahora respaldan a Porras.
Sin embargo, este golpe de Estado en curso, del que habla Arévalo y sobre el cual se han pronunciado presidentes como el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva durante su discurso ante Naciones Unidas, es un golpe de Estado distinto a lo que se ha conocido tradicionalmente en el país. No es a través de las armas y las fuerzas de seguridad con las que se busca arrebatar el poder, sino que se utilizan artimañas legales con el fin de evitar que quién resultó electo popularmente, asuma el cargo.
Décadas atrás, Guatemala experimentó constantes golpes de Estado en los cuales las fuerzas de seguridad o grupos armados buscaban ostentar el poder y derogar la Constitución, arrebatándole a través de la amenaza que provocaban quienes tenían las armas.
Erosión y debilitamiento institucional
Huertas y Cáceres, en el artículo “Los golpes de Estado constitucionales en Latinoamérica: una amenaza emergente para el principio democrático”, señalan que “los golpes de Estado se han reestructurado en el siglo XXI, presentando otra cara, más “amable”, sin tanta parafernalia militar, donde los grupos de poder de los Gobiernos se están aprovechando de las normas constitucionales para destruir la democracia desde adentro y así afianzar y perpetuar su poder bajo una apariencia de juridicidad”.
El artículo cita también al abogado y constitucionalista guatemalteco Mario Fuentes Destarac, quién señala que el golpe de Estado “además de la toma del poder político desde el mismo Gobierno constituido, conlleva fines de concentración de poder (absolutismo y abuso), suplantación (ocupar o desempeñar ilegítimamente un cargo o función), desinstitucionalización (erosión o debilitamiento institucional), perpetuación (permanencia en el poder indefinidamente) y fraude electoral (defraudación de la voluntad popular), bajo una apariencia de legalidad”.
Sin embargo, desde hace varios años en América Latína, los golpes de Estado ya no tienen como protagonistas a los militares, sino a abogados y políticos que abusando de las leyes vigentes o del poder económico y político, evitan que las democracias se consoliden y arrebatan el poder a fuerza de ley a quienes han sido electos libremente por la ciudadanía, o mediante un proceso establecido.
Los golpes de Estado técnicos en América Latina
Durante las últimas décadas, los gobiernos electos democráticamente de América Latina han experimentado sus propias versiones de golpes de Estado, en algunas ocasiones sin la intervención militar, mientras otras con un disimulado acompañamiento de estas, y con artimañas legales que hacían justificar la intervención militar.
Latinoamérica ha sido una región convulsa, en los últimos 20 años al menos una decena de golpes de Estado e intentos de estos se han gestado a manos de militares, jueces y políticos, que han obligado a que quienes fueron electos democráticamente, sean depuestos de la presidencia.
En Guatemala, la situación que se vive es diferente a la del resto de países. Y es que lo más similar a lo que el Ministerio Público hace hoy es lo ocurrido durante la guerra interna, en donde los militares declaraban fraude electoral si ganaba los comicios alguien a quien ellos no habían decidido.
Honduras experimentó en 2009 un golpe de Estado cuando el presidente electo Manuel Zelaya fue expulsado del país, por las fuerzas armadas, detrás de ellos estaban los poderes económicos y del Estado que se oponían a que Zelaya preguntara a la población si estaban de acuerdo con establecer una Asamblea Nacional Constituyente que planteaba una nueva Constitución.
En 2012, el presidente de Paraguay Fernando Lugo también sufrió un golpe de Estado técnico, según la denuncia de la mayoría de países latinoamericanos y europeos. Lugo fue sometido a un juicio político exprés, en el cual solo se le dieron dos horas para presentar su defensa, en donde le acusaban de un “mal desempeño en sus funciones”, su ex ministro de interior y senador, fue el único que argumentó en contra, señalando que la sesión era solo un trámite para destituir a Lugo sin que éste pudiera defenderse.
En 2016 la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por el Senado de Brasil que la acusaba de utilizar préstamos de bancos estatales para cubrir agujeros fiscales, sin que esto haya sido respaldado por el Congreso. Rousseff siempre lo negó y su defensa insistió que aunque fuera cierto, su destitución era una medida drástica, la expresidenta que había ganado su reelección pocos meses antes, también calificó el juicio político como un golpe a la democracia. En 2022 la investigación judicial se cerró en definitiva debido a que no se encontraron indicios de irregularidades.
El año pasado, tras la victoria de Lula en Brasil, el derrotado presidente Jair Bolsonaro urgió un plan con el cual buscaba invalidar las elecciones señalando un supuesto fraude, según revelaron investigaciones periodísticas, Bolsonaro buscaba que Lula no asumiera la presidencia y esto fue denunciado por Lula y sus seguidores sin embargo, el plano no avanzó y las fuerzas de seguridad no respaldaron al presidente saliente.
Además de este intento que no avanzó en Brasil, está sería la primera ocasión en que quienes ostentan el poder político, intentan evitar por medios legales que quién ganó democráticamente asuma el poder.
Falta de límites
Hasta el momento y a pesar de los señalamientos de un rompimiento del orden constitucional y de que se está llevando a cabo un proceso de golpe de Estado, ni el Organismo Judicial ni la Corte de Constitucionalidad han marcado un alto a las acciones emprendidas por el Ministerio Público.
Para Roberto Alejos, ex presidente del Congreso y ex constituyente, la prolongación del mandato de la Corte Suprema de Justicia la cual legalmente debió haber concluido en 2019 es parte de la cadena que gestiona el golpe de Estado.
El hecho de que no elijan cortes, y siga funcionando sin que nadie diga nada como que fuera una dictadura, eso ya no corresponde a un sistema democrático, ni fortalece la justicia sino por el contrario, la debilita.
Este Organismo Judicial con funciones prolongadas artificialmente por el Congreso ha sido la base de lo que se está haciendo ahora a través de jueces y magistrados y que están gestando la ruptura, indica Alejos.
Para el ex vicepresidente Stein, hace falta que se impongan límites para detener las actuaciones que hasta ahora el MP ha tenido.
“No se han expresado con transparencia y con claridad, ni la Corte de Constitucionalidad ni la Corte Suprema de Justicia. Ninguno ha presentado a la ciudadanía cuáles son los alcances y los límites de lo que Ministerio Público o un juez de instancia pueda ser capaz interviniendo fuera del marco de la ley, definiendo aspectos electorales que solo le corresponden al TSE según nuestra legislación”, agrega Stein.
Separar la justicia de la política
Alejos, señala que una de las ideas principales de los constituyentes y lo cual se puede ver reflejado en los diarios de sesiones de ese entonces es la intención de separar la política de la justicia.
Alejos recuerda que durante la época de las dictaduras militares, los partidos que buscaban ser reconocidos como tal, tenían que pasar primero por una investigación del Ministerio Público, quién determinaba si los integrantes eran comunistas o algo parecido y así evitaban la conformación de partidos que no fueran de acuerdo a lo que el régimen quería.
“Ese era el sistema que existía y los constituyentes fuimos muy claros al decir hay que despenalizar el trámite para la formación de los partidos políticos y cualquier tema que tenga que ver con la participación de los partidos políticos y el proceso para elegir a los funcionarios públicos, la idea principal era que “no se puede desde lo legal parar lo político”” explica.
El ex constituyente señala que fue por eso la idea de crear un Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el único ente que tiene que ver con la inscripción, con el trámite, con el procedimiento de un partido político y con organizar las elecciones, llevarlas a cabo y declarar quién es el ganador y los perdedores en un proceso.
Alejos señala que lo que hace el MP de Consuelo Porras es revertir todo un proceso que se había dado, es una regresión a los años de la guerra.
“En ningún momento, aún habiendo creado delitos electorales, se contempla como delito electoral los trámites administrativos de un partido. De manera que no es ningún juzgado penal o administrativo, ni una Ley de Delincuencia Organizada, la que puede parar el funcionamiento de un partido. Puede penalmente detener a una persona, responsable de haber cometido un delito, pero el fraude electoral no lo puede declarar ninguna otra instancia”, señala Alejos.
Las fuerzas de seguridad al margen
Tanto Alejos como Stein coinciden en señalar que el Ejército se mantendrá al margen sin tomar bando alguno en la actual situación que atraviesa el país.
Stein señala que desde que se convocaron las elecciones, las fuerzas de seguridad se han mantenido al margen del asedio judicial limitándose a prestar seguridad perimetral en algunos lugares y a mantener el orden público. Por su parte Alejos señala que los militares aprendieron la lección de mantenerse al margen de la política durante el Conflicto Armado Interno.
Ahora tienen problemas internos, para definirse como Ejército, para mantenerse profesionalmente, para mantener la jerarquía y para recuperarse de lo mal que quedaron tras la firma de los dejaron los Acuerdos de Paz, en donde perdieron el prestigio y les redujeron el personal y el presupuesto. Si ellos intervienen ahora, saben que la corriente de que hay que disolver el ejército puede tomar fuerza en un país como este. Por eso estamos seguros que no van a tomar bando”, manifiesta Alejos.
Sin embargo, el ex vicepresidente ve con preocupación que por la molestia ciudadana que puede desencadenar en choques violentos, abra las puertas para que el presidente Alejandro Giammattei lo use de excusa para pedir la intervención del Ejército, utilizándolos para reprimir a la población.
De consolidarse el golpe de Estado en marcha, el Pacto de Corruptos cerraría el círculo de control del Estado, manteniendo la cooptación en todos los órganos del Estado, y manteniendo el status quo intacto.
“Vamos a estar el tiempo que sea necesario”, la respuesta de las autoridades indígenas a Giammattei
Ante el hartazgo a tanta impunidad y autoritarismo, los ciudadanos decidieron salir del silencio y la opresión. De pequeñas manifestaciones ahora se han adueñado de las calles y carreteras en el llamado Paro Nacional Indefinido, convocado por los 48 Cantones de Totonicapán, la Junta Directiva de Alcaldes de las 14 Comunidades de Totonicapán, las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, Quiché, la Municipalidad Indígena de Sololá, las Autoridades del Pueblo Ixil, Nebaj, Chajul y Cotzal, el Parlamento del Pueblo Xinka y la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán. El Paro Nacional convocado lleva ya 11 días continuos de protestas en más de 150 puntos del país en donde se pide la renuncia “de los golpistas” y en especial de la destitución de Consuelo Porras, Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
