Los argumentos de la CC para respaldar a la fiscal general Consuelo Porras coinciden con el discurso del presidente Giammattei, quien criminalizó el lunes 9 de octubre las manifestaciones que piden la renuncia de la fiscal general.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar la debida ejecutoria del amparo solicitado por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras, y ordenó que las personas que se encuentran participando en las manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país sean desalojadas.
La CC aseguró que declaró con lugar lo solicitado por el MP debido a los acontecimientos ocurridos en todo el país y que han puesto en riesgo el efectivo ejercicio de los derechos humanos, así como los actos de violencia ocurridos en varios lugares de Guatemala, argumento que se coincide con el discurso del presidente Alejandro Giammattei.
“No todas las manifestaciones que se han realizado, han cumplido con lo dispuesto en el artículo 33 constitucional y los estándares internacionales, pues en abuso de los derechos de reunión y de manifestación, se ha impedido a la población el ejercicio, entre otros, de los derechos a la vida, salud, tratamientos médicos, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad, así como se ha limitado la garantía de los servicios esenciales como el transporte, el agua, el agua potable, la energía eléctrica, el funcionamiento de puertos, aeropuertos, aduanas, terminales de carga y descarga de mercancías, y cualesquiera otros afectados”, indica la CC en su comunicado.
#GuateResiste ✊🏿 CC respalda a Consuelo Porras y ordena reprimir manifestaciones
La CC declaró con lugar la debida ejecutoria del amparo solicitada por el MP y ordenó que las personas que se encuentran participando en las manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país… pic.twitter.com/yyo8jJNABL
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 12, 2023
Dicha decisión asumida por la máxima corte da vía libre a las autoridades del Gobierno para reprimir las manifestaciones pacíficas que se han realizado en diferentes puntos del país, y que buscan que la fiscal general del MP, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, el juez Fredy Orellana, entre otros funcionarios, renuncien a sus cargos.
El abogado Edgar Ortiz, explicó los efectos que tendría la resolución emitida por la CC. “La utilización de la fuerza pública está permitida, pero como última medida. Solo se aplica si hay amenaza inminente de violencia o sí la manifestación causa una gran perturbación”, explicó en su red social X
1/ 📜 La @CC_Guatemala otorgó la asistencia para la debida ejecución requerida por el MP. La Corte ordena que, al detectarse manifestaciones que no cumplen con el Art. 33 constitucional y estándares internacionales, se deben tomar medidas. https://t.co/s7zPlyKzI5
— Edgar Ortiz Romero (@edgar_ortizgt) October 12, 2023
Porras criminaliza movimientos sociales
El pasado domingo 8 de octubre, el MP informó en sus redes sociales que se pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) que se ejecute el amparo en el cual podrían reprimir con la fuerza pública a manifestantes.
“El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal solicitó ante la Corte de Constitucionalidad la debida ejecución del amparo con el fin de que se ordene al Presidente de la República de Guatemala, al Ministro de Gobernación, al Director General de la Policía Nacional Civil y al Procurador General de la Nación, para que den efectivo cumplimiento al amparo provisional otorgado en su momento por dicha Corte, debiéndose tomar todas aquellas medidas necesarias para tal ejecución, a efecto de preservar el orden público y la coexistencia con otros derechos que asisten a la población y que en caso de incumplimiento se certifique lo conducente conforme lo establece la ley ”, se lee en la publicación.
A pesar de esto, con el paso de los días ha crecido el respaldo a las movilizaciones que iniciaron las autoridades indígenas de Totonicapán, Sololá y el Parlamento Xinka. El fin de semana no fue motivo para que la protesta desistiera, solo provocó que más personas se unieran.
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Infiltrados y lacrimógenas, preámbulo al discurso de Giammattei
