Para este jueves estaba programado el inicio del debate en Quetzaltenango, pero la recusación del juez y las apelaciones del arresto domiciliario a favor la exfiscal mantienen el proceso estancado por al menos dos meses más. Este juicio es por el delito de revelación de información confidencial.
Por Shirlie Rodríguez
El inicio del debate en contra de Virginia Laparra estaba programado para este jueves 17 de agosto, pero después de la última audiencia en la que se pidió revisión de medidas para la exfuncionaria de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se presentaron recursos legales que mantienen en espera esta fase del caso.
El debate tendría lugar en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, a cargo del juez Moisés de León, por el delito de revelación de información confidencial.
El pasado 26 de junio la defensa solicitó una audiencia para revisar las medidas que mantienen presa a la exfiscal, solicitaron al juzgador que en este proceso se mantuviera con medidas sustitutivas que conlleva arresto domiciliario, a lo que el juez accedió después de evaluar los documentos y argumentos de la defensa y la parte acusadora.
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Recusan a juez
Esta decisión no fue bien aceptada por el Ministerio Público (MP) y por Lesther Castellanos, quien es el denunciante y por lo tanto recusaron al juez diciendo que no era imparcial y que por eso benefició a Laparra.
La recusación significa que el MP y los querellantes adhesivos no confían en el criterio del juez y que eso podría beneficiar a Laparra y perjudicarlos a ellos como denunciantes. El juez aceptó el proceso, el siguiente paso fue enviar a la Sala Quinta de Apelaciones esta petición y los magistrados son los que resolverán si continúa de León o asignan a otro juez.
Se excusa magistrada de la Sala Quinta
El expediente de este caso ya fue enviado a la Sala Quinta, pero ahora la magistrada presidenta Dasma Guillén se excusó de conocerlo a pesar de que con anterioridad ya había resuelto en este mismo proceso.
A finales de mayo de este año, la Sala confirmó que el juez Moisés de León debía conocer el juicio a pesar de que él se excusó por tener amistad tanto con Laparra como con Castellanos.
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La defensa de Laparra se pronunció a favor de que la magistrada Guillén no conociera el caso porque tiene amistad con Lesther Castellanos y las resoluciones previas en las que ella ha estado son a favor del exjuez y ahora Relator Contra la Tortura.
Ahora, el siguiente paso es que la Sala se integre con alguno de los magistrados suplentes para estudiar y definir si el juez continuará en el caso o asignan a Domingo Cali o Elsa Nivia Castillo, los otros dos jueces que integran ese Tribunal en Quetzaltenango.
Accionan contra medidas sustitutivas
Además de la recusación hacia el juez, el MP, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Fundación Contra el Terrorismo, apelaron la decisión del juzgador que le otorgó arresto domiciliario a Laparra y otras medidas sustitutivas.
Al integrarse el pleno de magistrados de la Sala, se debe conocer la recusación y luego las apelaciones. Hasta entonces, el segundo juicio contra Virginia Laparra está estancado.
La abogada quetzalteca es una de las fiscales perseguidas por el MP y después de 18 meses sigue en prisión preventiva. En un Tribunal de la capital fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad.
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Lesther Castellanos la denunció por supuestamente sobrepasar sus funciones y denunciarlo tras la fuga de información de un caso que se conocía en la FECI. El segundo proceso es porque ella habría divulgado información de un caso en reserva que también era investigado en esta sección del MP.
