Después de un mes, se definió que en agosto se conocerá el juicio en contra de la exfiscal de FECI, en Quetzaltenango. La defensa también pidió una audiencia en la que buscan que se revisen las medidas de coerción que mantienen en prisión a Laparra.
Por Shirlie Rodríguez
El inicio del debate en contra de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, se programó para el 17 de agosto, después de más de 40 días de espera.
El caso estará a cargo del juez Moisés de León, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, de Quetzaltenango.
El debate por el supuesto delito de revelación de información confidencial se tenía previsto para el 22 de mayo pasado, pero el juez De León presentó una excusa ante la Sala Quinta de Apelaciones porque indicó que no podía conocer el caso debido a que fue compañero de Laparra durante sus estudios de doctorado.
A finales de mayo los magistrados de la Sala Quinta no aceptaron la excusa del juzgador y ordenaron que sea él quien dé seguimiento al debate contra Laparra. La notificación para conocer la nueva fecha tardó más de un mes, mientras tanto la exfiscal sigue presa.
Este es el segundo caso que conoce el Ministerio Público contra Laparra, por denuncias que presentó el exjuex de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos, actual Relator Contra la Tortura.
Solicitarán revisión de medidas
El 26 de julio se realizará una audiencia en la que la defensa solicitará la revisión de las medidas de coerción, que busca la libertad de Laparra mientras se continúa con el proceso en su contra.
Actualmente esta medida podría ser viable, ya que a pesar de estar condenada por un caso previo, esta sentencia fue conmutable, lo que significa que puede hacer un pago económico a cambio de los días en prisión a los que la sentenciaron.
El Código Penal da paso a que por el delito de revelación de información confidencial pueda tener el beneficio de una medida sustitutiva a cambio de estar en prisión por el hecho que le sindican.
El segundo caso en Quetzaltenango
Virginia Laparra al frente de la FECI en el departamento de Quetzaltenango, lideró varias investigaciones en las que figuran exfuncionarios.
En 2017 se conoció el caso en contra de René Villavicencio, quien trabajó en el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), y quien vendió información sobre investigaciones que hacían en contra de funcionaros de la Municipalidad.
Villavicencio fue juzgado por los delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias, tras recibir Q190 mil de exfuncionarios de la Municipalidad de Xela, incluyendo al exalcalde Jorge “Mito” Barrientos. Por los dos casos fue condenado.
Por este caso Laparra es señalada por el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que en julio de ese año dio detalles de este segundo hecho en el que se sindicaba a Villavicencio y puso en riesgo la investigación. Detalló que la exfiscal dijo el número de proceso y que existía una colaboración eficaz en proceso.
Claudia González, abogada defensora dijo que el MP no detalla cuál fue la información que reveló Laparra y en qué afectaba a la investigación.
Este segundo caso también fue por una denuncia presentada por Castellanos, quien se hace acompañar de la Fundación Contra el Terrorismo para continuar con la persecución de la exfiscal.
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Hasta ahora, un año y cinco meses después de su captura, Virginia Laparra continúa en prisión. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia porque el Estado guatemalteco está en constante vulneración a sus derechos y porque es parte del sistema de persecución a operadores de justicia en Guatemala.
