Por Regina Pérez
Para la jueza Oly González, presidenta del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, es culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada, por denunciar de manera administrativa al juez Lesther Castellanos, en 2018, ante la Junta de Disciplina, sin tener la facultad de hacerlo porque la ley no se le permitía. La condenó a 4 años de prisión conmutables a razón de Q10 diarios.
La abogada defensora de Laparra, Wendy López, dijo que la sentencia de la jueza deja un precedente a los agentes y auxiliares fiscales, que a partir de este fallo no podrán ejercer ningún tipo de fiscalización a través de las denuncias administrativas.
El día del fallo de Laparra llegó. Un día antes ella había hecho uso del derecho a su última palabra, la única vez que habló ante la jueza en la sala de audiencias. Señaló que ella amaba el Ministerio Público (MP), institución en la que trabajó en la FECI desde el año 2016 y donde investigó dos casos de corrupción, Extorsión a concejales Xela y Venta de Información.
La sala de audiencias estaba llena de periodistas, observadores de derechos humanos, activistas y personas que le han expresado a Laparra su solidaridad ante el encarcelamiento que sufrió mientras esperaba el 28 de noviembre, fecha en que inicio su juicio.
La jueza González, quien en un principio se excusó de realizar el juicio, encontró culpable a Laparra del delito de abuso de autoridad en forma continuada, por haber denunciado por la vía administrativa en cuatro ocasiones al juez Lesther Castellanos, cuando según su fallo, no estaba facultada en la ley de hacerlo.
Además de la condena a cuatro años de prisión conmutables a razón de Q10 diarios, la jueza la inhabilitó en su cargo como fiscal de la FECI y la incapacitó para obtener cargos públicos por cuatro años.
El futuro de Laparra es incierto, puesto que continuará en prisión preventiva hasta que el fallo quede firme y el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal resuelva lo procedente, dijo la jueza. La abogada defensora Claudia González, indicó que aún discutirán con Laparra si apelarán la sentencia.
Luego de la resolución de la jueza, Laparra declaró ante la prensa su desacuerdo con la pena impuesta y el delito por el que fue condenada.
“En todo caso hubiera sido una usurpación de atribuciones que tenía regulada una pena entre tres meses y dos años, la pena mínima y máxima”, indicó.
“Insisto, no existe un abuso de autoridad si no se tienen las atribuciones, como puede ser posible que se presentó un documento donde hay sendas denuncias presentas, incluso, por auxiliares fiscales y ¿qué fue lo que dijo la juez cuando se le presentó ese documento? Ese documento no me va a servir para nada”, agregó.
Según dijo, ella había previsto la condena cuando la jueza programó su declaración hasta el día de la sentencia, lo cual le dio indicios de que la sentencia ya estaba hecha.
La exfiscal dijo que tampoco desconocía que la jueza era amiga de Omar Barrios, querellante en el proceso, pero que confiaban en su experiencia. “Debemos tomar en consideración que en esta época la Fundación contra el Terrorismo ha ejercido presión contra varios jueces, yo creo que estamos en un momento difícil en el país, pero esto es un terrible precedente porque nunca más un fiscal se va a atrever a presentar una denuncia”, destacó.
#Urgente 🚨🚨 Jueza condena a Laparra
La jueza Oly González condenó a Virginia Laparra a 4 años de prisión por el delito de abuso de autoridad en forma continuada, por haber denunciado al juez Lesther Castellanos.
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) December 16, 2022
La abogada de Laparra, Wendy López, también dijo que esto sienta un precedente para los agentes fiscales y auxiliares fiscales del MP para fiscalizar por medio de denuncias administrativas, como lo hizo Virginia.
Mientras la exfiscal daba declaraciones a los medios de comunicación y los querellantes festejaban la sentencia, defensores de derechos humanos y activistas coreaban “Resiste” y “estamos contigo” en referencia a la exfiscal, al tiempo que gritaban “la corrupción se va a caer” y “corruptos”, al grupo conformado por el exjuez Lesther Castellanos, los integrantes de la Fundación contra el Terrorismo y el abogado Omar Barrios.
El fallo de la jueza
Fueron en total seis audiencias las que realizó la jueza González donde escuchó a testigos propuestos por el MP, entre ellos a trabajadores de esa institución que participaron en las diligencias el día que Laparra fue detenida, el 23 de febrero de 2022, para documentar los lugares donde la exfiscal laboraba, así como en el edificio El Jade, donde está la sede de la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ), lo que para la jueza era importante.
También se escuchó a Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo, contra quien Virginia presentó las cuatro denuncias administrativas, luego de observar actos anómalos en una documentación que el juez uso como defensa ante dicha Junta de Disciplina para defenderse de una denuncia de la CICIG.
Omar Barrios, abogado y querellante en este caso, fue uno de los últimos testigos en declarar. La participación de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, propuesta por la defensa de Laparra, no prosperó debido a que la defensa tuvo que renunciar a ella, ya que el MP y los querellantes querían que él testificara en el consulado de Guatemala en Washington.
Los primeros indicios que apuntaron a una sentencia condenatoria fue cuando la jueza González dio valor probatorio a las declaraciones de los testigos, trabajadores del MP y del perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Douglas Recinos, este último verificó que la firma de Virginia era la que acompañaba los memoriales donde se presentaron las denuncias administrativas.
Según la jueza, de parte de la defensa no había ningún medio de prueba que desvalorizara dichas declaraciones.
Por otro parte, la jueza no dio valor probatorio a las pruebas de la defensa, que consistían en oficios que Laparra envió a su jefe inmediato, Juan Francisco Sandoval, informándole de las denuncias. Según la jueza, en los mismos había incongruencias en las fechas.
Si bien aceptó algunos testimonios y pruebas presentados por el MP y querellantes, rechazó las publicaciones de prensa y tuits presentados como prueba, porque dijo que lo que se discutió es si Laparra estaba autorizada por la ley para interponer las denuncias administrativas que presentó en contra del juez Castellanos ante la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ).
#LibertadParaVirginia ⚖️ Inicia la audiencia en la que la jueza Oly González dará a conocer la sentencia
Hoy se conocerá el fallo en el caso de Virginia Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, por el cargo de abuso de autoridad.
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Los argumentos de la defensa eran que Laparra podía denunciar dichos hechos, pero la jueza consideró que Virginia sabía cuáles eran sus facultades, entre las cuales ella no tenía autorización para presentar dichas denuncias, porque el Acuerdo 06-2016, bajo el cual se creó la FECI en Quetzaltenango, estaba bajo el control de la sede central, en la ciudad capital, dirigida por Juan Francisco Sandoval y que él no fue informado. “Dentro del acuerdo no le daba a ella la facultad de presentar denuncias”.
“No tengo la menor duda de que la acusada ejecutó esos actos, porque los hechos de la acusación fueron desarrollados por ella, ostentando el cargo de agente fiscal de la FECI de Quetzaltenango”, manifestó la jueza.
Virginia Laparra, quien fue detenida el 23 de febrero, pasó más de nueve meses en prisión preventiva y tiene una segunda orden de arresto, por una denuncia que el Ministerio Público reactivó, por filtración de información confidencial, la cual le fue dada a conocer en octubre pasado, cuando se le negó la solicitud de arresto domiciliario.
En seis ocasiones, la defensa solicitó medidas sustitutivas para la exfiscal que le fueron negadas por los jueces que conocieron su proceso, argumentando riesgo de fuga. Virginia indicó el pasado 15 de diciembre, durante su intervención, que ella nunca pensó en irse del país, aunque tenía los medios para hacerlo.
Durante las seis jornadas de audiencias en este caso, los querellantes arremetieron contra el papel que jugó la CICIG en Guatemala a la que llamaron “derrotada”, se refirieron a Laparra como “fiscal descarriada” y se mofaron de los observadores de derechos humanos que acompañaron el proceso, señalando que su presencia en la sala de audiencias era para presionar a la jueza.
Tras conocerse la sentencia se dieron varias reacciones. Érika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, opinó en su cuenta de Twitter que la sentencia es una muestra más de la persecución y criminalización en contra de operadores de justicia en Guatemala.
“La mayor evidencia de que en Guatemala no existe el Estado de derecho es la condena a Virginia Laparra, por el simple hecho de presentar una denuncia. Una clara muestra del sometimiento de jueces y fiscales a poderes obscuros”, tuiteó la exfiscal general, Claudia Paz y Paz.
Laparra es la primera exfiscal de la FECI en ser procesada y condenada en la ola de procesos que el MP, a cargo de Consuelo Porras, la fiscal general que aparece en Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos de Estados Unidos, acrecentó en 2022 contra operadores de justicia.
Virginia Laparra habla por primera vez y dice sentirse orgullosa de su trabajo
