La comunidad internacional y organizaciones indígenas expresaron este viernes su preocupación ante las advertencias del MP de continuar con las acciones legales en contra del partido Movimiento Semilla.
Por Isela Espinoza
Organizaciones defensoras de derechos humanos, diplomáticos y funcionarios de Gobiernos aliados de Guatemala se unieron este viernes a los llamados a respetar el voto de los guatemaltecos que acudirán el próximo domingo a las urnas a elegir al nuevo presidente.
En medio de la incertidumbre que generó la judicialización del proceso electoral, la atención de la comunidad internacional sigue siendo clave, resaltaron la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch.
A través de un comunicado de prensa, WOLA y Human Rights Watch recordaron las acciones judiciales que emprendió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y el juez séptimo, Fredy Orellana, para cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla con el objetivo de evitar la participación del candidato presidencial, Bernardo Arévalo.
Estas medidas se intensificaron luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializara los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio en donde Arévalo obtuvo el 11.8% (653,486) de los 5,565,598 votos emitidos y Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) alcanzó un 15.7% (888,924). Ambos disputarán la presidencia el domingo 20 de agosto.
Según la encuesta, de CID Gallup, Arévalo lidera la intención de voto con el 61%. Mientras, Torres obtendría un 39%.
Las organizaciones recalcaron que los partidos que perdieron la primera vuelta electoral y el MP “han tomado medidas que buscaron socavar el derecho al voto”.
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Nuevos audios sugieren que Sandra Torres sabía de posible financiamiento ilícito
“Nos sigue preocupando profundamente que, después de las elecciones, el Ministerio Público adopte nuevas medidas arbitrarias contra Semilla. Sea cual sea el resultado del 20 de agosto, la atención internacional sostenida es clave para proteger los derechos políticos de los guatemaltecos”, dijo Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch.
En este contexto, las organizaciones pidieron a los gobiernos extranjeros y observadores electorales de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mantenerse atentos ante posibles interferencias o actos de violencia antes y durante la jornada electoral.
A las autoridades guatemaltecos les solicitaron garantizar un ambiente en el que los ciudadanos puedan votar de forma libre y segura y que se respeten los resultados, así como la transición al poder del candidato ganador.
Por otro lado, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, escribió en Twitter que su país espera con interés la segunda vuelta y también pidió una jornada cívica justa, transparente y pacífica. “El verdadero poder de la democracia proviene del respeto a la voluntad del pueblo”, agregó Nichols.
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su llamado al Estado para que evite injerencias en el proceso electoral y proteger la integridad del TSE, la seguridad de Arévalo y Torres y de quienes acudan a las urnas. El presidente, Alejandro Giammattei, aseguró en un comunicado que las instituciones que velan por la realización de estos comicios actúan de manera independiente.
Sin embargo, una nota de Prensa Comunitaria evidencia que Torres recibió el respaldo del Gobierno. Varios audios filtrados de una reunión entre alcaldes, diputados del oficialismo y la candidata y sus asesores, dan muestra del apoyo. Además de los alcaldes electos por el partido VAMOS.
“Nosotros también tenemos que reconocer nuestras fortalezas y debilidades y sí, necesitamos el apoyo de ustedes con la estructura partidaria y nos ayuden a sacar esos votos”, se escucha decir a Torres en uno de los audios.
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https://prensacomunitaria.org/2023/08/el-estado-al-servicio-de-sandra-torres/
El jueves 17 de agosto, el fiscal Rafael Curruchiche anticipó que la próxima semana podría solicitar nuevas órdenes de detención y el retiro de inmunidad de integrantes del partido Semilla.
Según el fiscal, la FECI también iría en contra de los digitadores que fueron contratados por el TSE para la transmisión de datos del conteo de votos que fueron reclutados para el proceso electoral 2023. Curruchiche cuestionó que varios de ellos están afiliados a Semilla.
Ante el anuncio de Curruchiche, la Misión de Observadores Electorales (MOE) de la OEA expresó su preocupación. “Las acciones y anuncios referidos preocupan a la MOE/OEA dada la necesidad de generar confianza en la ciudadanía guatemalteca para que acuda de forma masiva en las urnas y se garantice la paz pública”, afirmó en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Para los observadores, estas acciones anunciadas por el fiscal interfieren con el transcurso del proceso electoral. “La Misión hace un llamado a toda la sociedad guatemalteca y a los órganos del Estado a propiciar la estabilidad y tranquilidad de cara a las elecciones del domingo”, agregó.
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El Ministerio Público y la UNE preparan el terreno para alegar fraude electoral
A nivel nacional, el Concejo de Autoridades Ancestrales Indígenas maya Ch’orti’ también denunciaron la utilización de los ministerios del Gobierno para buscar votos y favorecer a Sandra Torres.
“Estamos vigilantes del actuar del Gobierno central, departamental y municipal que en aras de mantener el manto de impunidad han manipulado y están coaccionando a la población a través del Ministerio de Agricultura y el de Desarrollo. Incluso presionando a los diferentes sectores como el Ministerio de Educación diciéndoles a los maestros que es obligación votar por la UNE”, recalcaron.
El Concejo de Autoridades Ancestrales pidió a quienes están siendo intimidados que denuncien los hechos y pidieron a las autoridades realizar la jornada electoral de forma transparente. “Estaremos vigilantes. Los guatemaltecos y guatemaltecas nos merecemos un país libre”, agregaron.
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Carta abierta a los candidatos
En tanto, organizaciones campesinas y cooperativas pidieron en una carta abierta dirigida a los candidatos presidenciales poner atención a los casos de desalojos y desplazamiento forzado de comunidades indígenas en el país, buscar mecanismos alternativos y que no se use la vía penal.
Según el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), ha registrado más de 1 mil 056 órdenes de detención a nivel nacional por casos vinculados a la defensa del territorio.
“Durante el 2023 se documentaron un total 71 casos de conflictividad agraria. Solo en el 2022 se realizaron más de 70 desalojos con orden judicial y 12 extrajudiciales, siendo las áreas más afectadas el nororiente del país particularmente la Franja Transversal del Norte y el Valle de Polochic”, señalaron.
Mientras, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) contabiliza alrededor de 400 familias desalojadas de 68 comunidades Q’eqchi’ y Poqomchi’, cuatro personas encarceladas, 10 asesinadas, 15 heridas y un dirigente de la comunidad Nueva Gloria de Purulhá, Baja Verapaz, fue víctima de desaparición forzada en agosto de 2020.
Entre los compromisos que solicitaron a los candidatos asumir se encuentran: fortalecer los mecanismos gubernamentales para facilitar y garantizar el acceso a la tierra para las familias indígenas y campesinas, que desde el Ejecutivo se impulsen investigaciones que den certeza jurídica a la propiedad de los pueblos indígenas y que las mesas de diálogo garanticen soluciones.
En los últimos dos meses se han realizado cuatro desalojos en Huehuetenango, Alta Verapaz, Escuintla y Retalhuleu.
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