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Luego de que la investigación que estaba en la Fiscalía de Delitos Electorales pasara a la FECI, personas afiliadas a Semilla denunciaron que estaban siendo intimidados por falsos funcionarios del Registro de Ciudadanos que les indicaron que habían sido afiliadas al partido de manera fraudulenta. En esas mismas fechas, la FECI ya había desplegado a sus investigadores para identificar a las personas y entrevistarlas.

Por Regina Pérez

Antes de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentara un caso por la recolección de supuestas firmas falsas para inscribir al Movimiento Semilla como partido político, un auxiliar de esa Fiscalía recorrió varios departamentos del país buscando a personas afiliadas a la agrupación para indicarles que existían anomalías en sus firmas.

La FECI indica que se conformó un grupo de fiscales para buscar a los afiliados y entrevistarlos pero los dirigentes del partido señalan que en esas mismas fechas de los viajes de los fiscales sus afiliados denunciaron hostigamiento y que una persona que los visitaba y que decía ser trabajador del Registro de Ciudadanos buscaba coaccionarlas para que presentaran denuncias contra la agrupación.

El MP presentó un caso contra el partido la noche del 12 de julio, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estaba por oficializar que, junto a la Unidad Nacional de la Esperanza, pasaban a la segunda vuelta.

Meses antes, la dirigencia del partido había denunciado en redes sociales que sus afiliados estaban siendo hostigados por actores no identificados, bajo la excusa de una supuesta investigación.

El 25 de abril, dos meses antes de la primera vuelta electoral, el candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo, adelantó en la red social Tik Tok que habían presentado una denuncia en el Ministerio Público (MP) cuando tuvieron evidencia de que una persona falsificó una firma en una de las hojas de adhesión.

En mayo, el candidato publicó otro video en el que señaló que se intensificaban los ataques en contra del partido. “Actores no identificados están intimidando a nuestros afiliados bajo la excusa de una supuesta investigación en contra del Movimiento Semilla. Afiliadas y afiliados del partido han recibido llamadas de funcionarios que dicen ser trabajadores del Registro de Ciudadanos citándoles a reuniones en donde les anuncian que han sido afiliados a Semilla de forma fraudulenta y les proponen que nos denuncien ante el MP”, señaló.

Según dijo, la dirigencia de la agrupación se acercó al Registro de Ciudadanos (RC) donde les aseguraron que la entidad no realiza estos procedimientos y que la persona referida por sus afiliados no trabajaba ahí.

Foto: Prensa Comunitaria
Manifestantes frente a la sede del Ministerio Público (MP) han mostrado rechazo a las acciones de Consuelo Porras, Fiscal General. Foto: Prensa Comunitaria

Juan Guerrero, fiscal nacional del partido, señaló que por esas fechas un auxiliar de la FECI estuvo recorriendo distintos lugares del país buscando a personas afiliadas o cercanas al partido para decirles que su firma era falsa o los llamaban por teléfono.

“Eso, estoy casi seguro, salió de la FECI que estuvo coaccionando a afiliados para intentar vender la narrativa de que sus firmas eran falsas y que podían presentar denuncias en contra de nosotros”, dijo en una entrevista telefónica.

Este acercamiento se registró después de que Semilla hiciera una denuncia en el MP, al conocer que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizó un peritaje para demostrar que había una firma falsa en las hojas de adhesión al partido.

Cuando la fiscal general Consuelo Porras se enteró de la denuncia contra Semilla trasladó el expediente a la FECI y fue entonces que personas afiliadas les manifestaron que los estaban presionando, con visitas o llamadas, dijo Guerrero.

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MP intenta justificar investigación

Lo afirmado por el fiscal nacional de Semilla fue abordado el viernes 14 de julio por Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, en una transmisión en vivo en el canal de YouTube del MP que aparentaba ser una rueda de prensa en la que no estuvo presente ningún periodista.

En esa transmisión, el jefe de la FECI intentó justificar por qué presentaron la investigación el pasado miércoles 12 de julio, cuando el partido ya había pasado a la segunda vuelta. “Ustedes pueden observar que desde hace un año ya había una investigación que estaba en otra fiscalía, que la recibimos en marzo y desde esa fecha empezamos a hacer las investigaciones correspondientes”, dijo.

Curruchiche agregó que a partir de entonces en la FECI se integró un grupo de investigadores que se dirigió a ubicar a las personas y sus residencias “en Mazatenango, Puerto Barrios y en la ciudad capital” con el fin de entrevistarlas.

Al preguntarle si consideran que este tipo de hostigamiento continuará contra sus afiliados, Guerrero indicó que sí. “Es un hecho, lo que estamos viendo es una Fiscalía Especial contra la Impunidad que está cooptada por el crimen organizado, que actúa como un aparato clandestino de poder y están fabricando un caso para intentar que se suspenda y posteriormente se cancele la personalidad jurídica de Movimiento Semilla”, señaló.

A decir de Guerrero, el intento principal de la FECI es evitar que haya una segunda vuelta electoral y que su binomio presidencial pueda participar.

La segunda vuelta está programada para el próximo 20 de agosto y tanto los binomios de Semilla como del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ya están participando activamente en la campaña electoral.

Por su parte, el MP señaló que no buscan interferir en las elecciones, después de que la ciudadanía se volcara a protestar en contra de Consuelo Porras afuera de su sede ubicada en el barrio de Gerona, en la zona 1, señalando a la Fiscalía de buscar interferir en el proceso y de que diversos sectores a nivel nacional e internacional condenaran las acciones  de la FECI.

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“Al judicializar la siguiente investigación concluimos que las actuaciones del MP no tienen como finalidad intervenir en la segunda vuelta electoral ni inhabilitar la participación de ningún candidato, fueron los tiempos que nos da la investigación…”, afirmó Curruchiche en la rueda de prensa ficticia. Los comentarios a la transmisión en la plataforma de YouTube fueron inhabilitados.

El caso contra Semilla

La tarde del 12 de julio, mientras la población guatemalteca esperaba que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializara los datos de la primera vuelta, el jefe de la FECI anunció que a solicitud del MP, el juez séptimo Fredy Orellana, ordenó la cancelación jurídica del partido Semilla, por el caso de adhesión de ciudadanos al partido con supuestas firmas falsas.

La Fiscalía asegura también que Semilla pagó Q7 a cada una de las personas que ofrecieron sus firmas.

“Cuando uno hace una sumatoria de 25 mil 125 firmas, que son las que establece la ley para que un grupo promotor pueda constituirse como un partido, se hace la sumatoria de Q175 mil y la pregunta es, ¿Quién pagó ese dinero, de qué forma, a quién se le pagó, quien erogó esos recursos? Por eso yo manifesté que se podía dar el delito de lavado de dinero y otros activos”, dijo Curruchiche en otra transmisión del 14 de julio.

“Definitivamente lavado de dinero es lo que menos puede haber aquí, es sorprendente que un juez que conoce el derecho haya incurrido en un error al haber permitido la solicitud de allanamiento y secuestro de documentos en el Registro de Ciudadanos bajo el argumento de lavado de dinero y haya otorgado esa medida cautelar de emergencia para intentar suspender nuestra personería jurídica”, opinó Guerrero sobre dicha afirmación.

Desde el jueves 13 de julio, el partido Semilla presentó dos denuncias: la primera contra Curruchiche; y la segunda, contra del juez Orellana, por varios delitos. El juzgador es conocido por llevar los casos contra el periodista Jose Rubén Zamora, a quien envió a juicio y contra sus dos abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito, a quienes condenó e inhabilitó por cinco años para ejercer su profesión.

Dos recursos de reposición que el diputado Samuel Pérez y el partido presentaron en contra del juez para que dejara sin efecto su resolución fueron rechazados.

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