Siete congresistas y senadores estadounidenses señalaron sentirse perturbados por las acciones emprendidas por el Ministerio Público en contra de la participación del partido Semilla en las elecciones. Pidieron sanciones a la administración de Joe Biden contra todos los funcionarios que atenten contra la democracia y aseguraron que estarán atentos y respondiendo a cualquier otro intento por afectar el proceso de elecciones.
Por Isela Espinoza
“La decisión de la fiscalía general de la nación (MP) es un flagrante intento de socavar la voluntad del pueblo guatemalteco”, afirman Michael McCaul, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y Bob Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en una declaración conjunta que hace referencia a las acciones del MP de pedir cancelación de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.
Ambos legisladores estadounidenses recalcaron que la acción impulsada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) viola las leyes electorales de Guatemala y pretende eludir la certificación electoral realizada por el Tribunal Supremos Electoral (TSE).
El pronunciamiento se da un día después que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgó un amparo provisional a Semilla que le garantiza a Bernardo Arévalo y Karin Herrera su participación en la segunda vuelta de la elección presidencial. Sin embargo, analistas afirman que el amparo no protege a la agrupación política de acciones penales que puedan ser requeridas por la FECI liderada por Rafael Curruchiche.
El atraso de la oficialización de los resultados electorales ya había provocado llamados de la comunidad internacional y estos se acentuaron luego que el Juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de Semilla por una denuncia de un ciudadano que, según dijo, fue afilado ilegalmente a la organización política.
El anuncio de la FECI se dio media hora antes que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados de la elección de presidente y vicepresidente para el periodo 2024-2028. El TSE confirmó que Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla disputarán la presidencia el próximo 20 de agosto.
Conoce más el contenido del comunicado acá:
Chairmen McCaul, Menendez Statement on Recent Threats to Guatemala’s Democracy
“Apoyamos firmemente la certificación del Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala de los resultados de las elecciones presidenciales, las cuales fueron verificadas de manera independiente por la Organización de los Estados Americanos como sin irregularidades graves. Sin embargo, a la luz de la decisión del TSE, estamos profundamente preocupados por el intento de la fiscalía general de revocar ilegalmente la personería jurídica del partido político de un candidato de la oposición”, se lee en el documento publicado en la página web de McCaul.
El congresista republicano y representante de Texas es uno de los promotores de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). El proyecto de ley fue presentado en mayo de 2019 y buscaba destinar US$577 millones para atender las principales causas de la migración. Fue aprobado en 2020 e incluida en el presupuesto general de gastos del gobierno estadounidense para el año fiscal 2021.
La Ley de Compromiso Mejorado incluye dos componentes principales: la publicación de una lista de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les prohíbe la entrada a Estados Unidos. En Centroamérica se le conoce como Lista Engel.
Y el segundo componente requiere la creación de una estrategia de cinco años del secretario de Estado y el administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre esfuerzos para promover la prosperidad, combatir la corrupción, reforzar la democracia y mejorar la seguridad civil con el objetivo de reducir la migración irregular en los tres países centroamericanos.
El año pasado, Curruchiche, allegado a la fiscal general, Consuelo Porras, fue parte de esa Lista Engel. Según señaló el Departamento de Estado fue incluido por obstruir las investigaciones de actos de corrupción de alto perfil contra funcionarios y presentar denuncias contra fiscales de la FECI, abogados privados y ex miembros de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En el comunicado, McCaul pidió al Gobierno de Joe Biden que haga “pleno uso de las sanciones de la Sección 353 en respuesta a las acciones antidemocráticas y corruptas tomadas por los actores políticos guatemaltecos”.
Además, los congresistas estadounidenses reiteraron su llamado a las autoridades a respetar la decisión de la población en las urnas y manifestaron su apoyo a las manifestaciones pacíficas que se realizan en todo el país desde el jueves.
#DefensaDeLaDemocracia ✊🏽 Congresistas de EE.UU. hacen un llamado a la administración Biden para que aplique las sanciones de la Sección 353 en respuesta a las acciones antidemocráticas y corruptas tomadas por los actores políticos guatemaltecos. 👇🏽https://t.co/DwfzJuXhNe
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 14, 2023
“Continuaremos monitoreando de cerca y respondiendo a nuevos intentos de poner en peligro la credibilidad y la imparcialidad de los procesos electorales del país”, finalizaron.
Senadores se unen a pronunciamiento
Este viernes, los senadores estadounidenses Tim Kaine, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el hemisferio occidental, así como el líder de la mayoría Dick Durbin, los senadores Ben Cardin, Jeff Merkley, y Peter Welch, también emitieron una declaración en la que expresaron estar “profundamente perturbados” por la injerencia del gobierno guatemalteco en el proceso electoral.
Los cinco senadores coincidieron con McCaul y Menendez en que las acciones emprendidas por el MP “violan la ley guatemalteca”. Los congresistas también hicieron referencia al allanamiento que realizó la FECI el jueves en el Registro de Ciudadanos del TSE de donde extrajo documentación presuntamente de Semilla.
“El allanamiento del gobierno a la autoridad electoral luego de la certificación de los resultados es un ataque inaceptable a la democracia electoral”, resaltaron
“Hacemos un llamado al gobierno guatemalteco para que respete la voluntad de los votantes, cese toda interferencia y garantice la integridad de la segunda vuelta de las elecciones del 20 de agosto”, agregaron.
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Amparo garantiza participación de Semilla, pero riesgo de criminalización persiste
