Electa en 2018 por el presidente Jimmy Morales y reelecta por Giammattei, Consuelo Porras inauguró nuevas prácticas para tener injerencia en asuntos políticos y judiciales demostrándolo con la persecución de fiscales, periodistas y ahora, candidatos presidenciales. Señalada dos veces por EE.UU. de socavar y obstruir investigaciones de casos de corrupción ahora es acusada de alterar y bloquear el proceso electoral.
Por Regina Pérez
La interferencia del Ministerio Público (MP) en el proceso electoral ha puesto nuevamente a la fiscal general Consuelo Porras, en el ojo de la ciudadanía. Porras, quien actúa como arma política del régimen actual, dejó claro que no desistirá en su intento de perseguir a los actores que le son incómodos al “pacto de corruptos”, y cuyas acciones están concentradas en este momento contra el Movimiento Semilla.
Porras presume en la página web del MP de ser la primera mujer en la historia de Latinoamérica y Guatemala en ser reelecta como jefa del MP. Pero también es la primera fiscal general de Guatemala en aparecer en la Lista Engel y en ser dos veces designada por el gobierno de Estados Unidos por su participación en hechos significativos de corrupción.
Ahora, su nombre resuena en las consignas de manifestantes quienes corean “Consuelo, el tiempo se te agota” y “fuera corruptos” frente a la sede del MP protegida con barrotes.
Las protestas arreciaron desde el 12 de julio, cuando Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), anunció que había solicitado la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla. Acciones que se agilizaron desde la fiscalía luego que dicha agrupación sorprendiera al pasar a la segunda vuelta electoral.
La ciudadanía le recuerda a Porras el papel que ha jugado a favor de un pequeño sector de la población desde su reelección el 16 de mayo de 2022, un proceso que estuvo marcado por irregularidades, en el que la funcionaria fue la aspirante más tachada por las organizaciones de la sociedad civil, por carencia de honorabilidad, violación a la Constitución, plagio de su tesis doctoral y una cuestionada gestión frente al MP, entre otras razones.
MP como arma política
La injerencia del MP en las elecciones de 2023 ha sido evidente con diferentes acciones emprendidas contra candidatos. Pero no es esta la primera elección en la cual la fiscal general ha intervenido. La primera vez fue cuando solicitó una orden de detención contra su antecesora, Thelma Aldana, que fue emitida un día antes de que la exfiscal general fuera inscrita como candidatada del partido Semilla, el 18 de marzo de 2019.
Porras está usando la persecución penal como arma para tener interferencia en asuntos políticos y no es la primera vez que lo hace, dijo Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia.
En 2019, Porras por un lado perjudicó a Aldana y por el otro favoreció a Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, al retrasar el inicio de la persecución penal en su contra por un caso de financiamiento electoral ilícito.
Ibarra recordó otro proceder similar de la jefa del MP, en la elección de magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad (CC), en 2021, por parte del Colegio de Abogados y Notarios.
Según Ibarra, ahí se vio su interferencia al ordenar la captura de dos candidatos fuertes, Estuardo Gálvez, exrector de la USAC y Luis Fernando Ruiz, con lo cual impidió su participación. Esa candidatura la ganó Nester Vásquez Pimentel, quien entonces era magistrado de la CSJ.
En mayo de 2021, Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue detenido por supuestos delitos cometidos al insertar datos falsos en un acta para conformar un partido político. Según dijo Foppa, el verdadero interés en su captura fue para limitar la participación de personas y voces nuevas.
En 2023, la participación del exfiscal como candidato a la alcaldía capitalina fue frustrada por no haber presentado la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos o finiquito.
La FECI también accionó penalmente contra el candidato presidencial de CABAL, Edmond Mulet con una solicitud de antejuicio en la CSJ luego de que este le pidiera a la fiscal general dar marcha atrás a la investigación que iniciaron en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico.
Ibarra señala una característica importante, la injerencia que el MP ha tenido en el proceso electoral actuando con celeridad en algunos casos y con lentitud en otros.
El extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa considera que Porras está actuando como arma política no solo del régimen actual sino desde el gobierno de Jimmy Morales (2015-2019) y considera que hay varias pruebas de cómo ella ha intervenido en elecciones.
Un ejemplo de eso es cuando en 2019 planteó un antejuicio contra el alcalde Ricardo Quiñónez, pocos días antes de la elección e hizo lo mismo en la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), cuando en el mismo día de la votación se hicieron operativos para detener a dos de los principales candidatos.
Ella ha sido un arma del sistema desde hace cuatro años y después negoció con el gobierno actual su reelección… ¿por qué hubo que plantear un amparo en la CC para que ella pudiera quedar en la terna? cuestiona el abogado.
Ahora, la jefa del MP retribuye la designación facilitada por la CC, controlada por el Ejecutivo, utilizando ese poder en estas elecciones en las que ha actuado no solo en contra de Semilla sino de otros candidatos que se manifestaron contra el actual gobierno o que han criticado su gestión o la de Curruchiche, indicó el abogado quien también sufrió dos procesos penales encauzados por el MP.
Atenta contra el proceso electoral
Lo más grave fue cuando el 12 de julio, Curruchiche, el jefe de la FECI, anunció que el juez Fredy Orellana, a solicitud de esa Fiscalía, había ordenado la suspensión jurídica del partido Semilla, el mismo día que toda la población esperaba que el Tribunal Supremo Electoral oficializara que dicha organización disputaría la segunda vuelta presidencial.
Las próximas 24 horas luego del anuncio de la FECI fueron fundamentales para Semilla que accionó ante la CC y los Tribunales, con el fin de revertir la resolución de Orellana. El apoyo de la población guatemalteca en defensa de los resultados electorales ha sido crucial.
Ante esta nueva injerencia se han pronunciado la mayoría de sectores de la sociedad guatemalteca, incluyendo las cámaras empresariales que en otro momento habían reconocido la labor de la fiscal general, como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Colectivos de mujeres, juventudes, estudiantes, sindicatos, académicos, migrantes, representantes de pueblos indígenas, religiosos, profesionales y exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral han condenado desde ese día las acciones de Porras en este proceso y que no han dudado en identificar el actuar del MP en compañía del juez Orellana como un golpe electoral.
“Consuelo golpista, vos sos la terrorista”, es una de las consignas que han repetido quienes han manifestado frente del MP en los últimos días. Para los manifestantes, es claro que el MP está interfiriendo en las elecciones y está afectando el orden constitucional, junto a Curruchiche y el juez séptimo Fredy Orellana, para evitar que Semilla logre llegar a la segunda vuelta electoral.
Las acciones de Porras no se han detenido desde el 12 de julio pese al amparo provisional otorgado por la CC a favor de Semilla y que el proceso electoral no se altere. La FECI y Orellana han mantenido la presión sobre el Registro de Ciudadanos, primero con un allanamiento y luego con una orden de captura que no pudo ejecutar contra Leonora Castillo directora interina y quien sustituye a Ramiro Muñoz, quien ha pedido vacaciones en medio de toda la polémica. También existe una orden de detención contra una de las integrantes de Semilla, Cinthya Rojas, mientras que la semana pasada se realizó un allanamiento en la sede del partido.
Contrario a la forma ágil en que el MP actuó contra el partido Semilla, investigaciones por financiamiento irregular de al menos siete partidos que, datan de 2015, no han avanzado.
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Antes de ser la jefa del MP
Originaria de San Juan Comalapa, Chimaltenango, Porras es una funcionaria con una larga carrera en las instituciones de justicia, donde trabajó como magistrada de Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia en el Organismo Judicial (OJ) y fue magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), electa en 2016.
Su experiencia también incluía ocho años de trabajo en el MP como agente fiscal y como jefe de sección de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparos y Exhibición personal entre 1996 y 2004.
En 2014 intentó ser fiscal general, pero el presidente Otto Pérez Molina eligió a Thelma Aldana. Fue hasta 2018 que cumplió con su objetivo, ser nombrada jefa del MP y con su llegada a la institución Porras inauguró nuevas prácticas para tener injerencia en asuntos políticos y judiciales demostrándolo con la persecución de fiscales, periodistas y candidatos presidenciales, según Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia.
El abogado Ramón Cadena resume el último año de gestión de la funcionaria como un año desastroso para la justicia y para los defensores de derechos humanos, en la cual se ha realizado una persecución parcializada. Ha sido un mandato sin independencia y lleno de corrupción, dijo.
Una reelección llena de irregularidades
Durante sus primeros cuatro años de gestión al frente de la Fiscalía, Porras no dejó lugar a dudas sobre a qué grupo le debía fidelidad. En julio de 2021, destituyó de manera ilegal al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Esa acción levantó la primera gran movilización en su contra, en la que la población exigió su renuncia. A pesar de que el clamor fue nacional, ella se mantuvo firme.
En septiembre de 2021 su nombre apareció en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos de Estados Unidos (Lista Engel) por obstruir investigaciones sobre actos de corrupción. La percepción general para enero de 2022 era que su reelección quedaba cuesta arriba. Sin embargo, se presentó para su reelección ante el MP el último día de recepción de expedientes.
Porras fue la candidata más tachada del proceso y junto a la Fundación contra el Terrorismo (FCT) se encargó de sembrar miedo en algunos de los integrantes de la Comisión de Postulación, encargados de elegir a la terna de aspirantes que se le presentó al presidente Alejandro Giammattei.
Uno de ellos fue David Gaitán, decano de la Universidad Da Vinci, quien había adelantado que presentaría una metodología a la Comisión para ampliar los datos que se le solicitaba a cada candidato y conocer sobre su trayectoria personal y sus vínculos. Gaitán, quien había sido mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), fue denunciado por la FCT, una organización de ultraderecha que ha tomado un papel activo en la persecución penal en contra de exfiscales, fiscales, abogados y periodistas. Para no afectar el proceso, Gaitán renunció a su designación como comisionado.
Otro comisionado, Hugo Rolando Escobar Menaldo, de la Universidad Rafael Landívar también fue objeto de presiones por parte de esa Fundación.
La fiscal general tuvo una Comisión de Postulación presidida por Silvia Valdés Quezada, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Si bien la sociedad civil pidió su renuncia como presidenta de la Postuladora, por posible conflicto de interés al haber sido denunciada en 2020 por el caso Comisiones Paralelas, Valdés no lo hizo.
De 14 comisionados que la integraron, siete se rehusaron a elegir a Porras, a pesar de su alta puntuación, sin embargo, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) los obligó a incluirla en la terna.
El amparo para que Porras fuera incluida en la terna fue presentado por el abogado Erick Castillo, quien durante el proceso electoral ha accionado en la CC a favor del excandidato presidencial Carlos Pineda para que se repitan las elecciones.
La analista Ibarra, señala que la funcionaria fue reelecta por Giammattei porque la alianza política dominante en Guatemala, más conocida como el “Pacto de corruptos”, sigue fuerte y su agenda va más allá de la corrupción.
“Quieren un dominio total del Estado y las instituciones para hacer todos sus negocios, tienen todo un proyecto político y social que implica la anulación de garantías, la vulneración del orden constitucional, el total deterioro de la democracia”, señaló Ibarra.
A esa alianza política dominante no le conviene alguien diferente a Porras, porque ella ha asumido como propia la agenda, al igual que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad (CC), dijo Ibarra.
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Un año después de elegirla, Giammattei dijo que no se equivocó con la decisión. “Hace un año tomé la decisión soberana de nombrarla para ocupar el cargo de fiscal general para un segundo periodo, y hago énfasis en soberana, porque lo hice a pesar de la intromisión de algunos, de advertencias y amenazas para no nombrarla y creo haber hecho lo correcto y estoy convencido de que hice lo correcto”, señaló el mandatario en la presentación del informe de su primer año de gestión tras su reelección.
Porras designada dos veces por corrupción
El 3 de mayo de 2018, el entonces presidente Jimmy Morales nombró como fiscal general a Porras, en sustitución de Thelma Aldana. Morales la prefirió entre candidatos como el exjuez Miguel Ángel Gálvez, la exfiscal Verónica Ponce y la jueza Patricia Gámez.
El abogado Cadena señala que tanto Morales como Giammattei sabían el papel fundamental que jugaba Porras. “Tenían que nombrar a una persona que les garantizara que iba a respetarlos a ellos y atacar a los molestos”, dice. Y en su segundo periodo, ha sido una pieza crucial para que el llamado “Pacto de corruptos” pueda sostenerse en el gobierno.
El 16 de julio de 2018, dos meses después de su nombramiento, representantes de la FCT se reunieron con Porras para exponerle sus preocupaciones de cómo operaba la institución cuando era dirigida por Aldana.
Ahí nació una alianza que años después se fortalecería hasta el punto de que la persecución penal de esa institución se dirigiría hacia operadores de justicia, jueces, abogados y fiscales que en su momento trabajaron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI en la llamada lucha contra la corrupción, teniendo a representantes de la Fundación como querellantes adhesivos.
El 23 de julio, Porras destituyó al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, una acción que aumentó la animadversión en contra de la jefa del MP, con protestas a nivel nacional en la que la población pedía su renuncia.
En septiembre de 2021 Porras fue incluida en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos que se presenta al Congreso de EE.UU., conocida como Lista Engel, por obstruir investigaciones sobre actos de corrupción. Si bien se creyó que esta designación afectaría su reelección al frente del MP, no fue así.
Porras fue reelecta el 16 de mayo de 2022 por Giammattei, ese mismo día el Departamento de Estado de EE.UU. la señaló por segunda ocasión de obstruir y menoscabar “en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”.
EE.UU. agregó que el patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras “presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”.
Con su reelección se iniciaba una nueva gestión de la funcionaria en el MP, que arreciaría la persecución penal en contra de operadores de justicia, periodistas y opositores políticos, que ya había comenzado en febrero de 2022 con la detención de la exmandataria judicial de la CICIG, Leily Santizo y la subjefa de la FECI, Eva Xiomara Sosa, así como de Virginia Laparra.
Con el tiempo, otros fiscales de la FECI y otras Fiscalías corrieron la misma suerte, entre ellos Samari Gómez, acusada en el caso que se llevó contra el periodista Jose Rubén Zamora y Stuardo Campo, quien investigó importantes casos contra la corrupción y fue aprehendido a finales de mayo.
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Una de las principales acciones de Porras, desde su reelección, fue la persecución que emprendió en contra del periodista Jose Rubén Zamora, fundador y presidente de elPeriódico, un medio escrito crítico contra el gobierno de Giammattei pero también en contra del ente investigador.
La detención del periodista se produjo el 29 de julio de 2022, bajo señalamientos de lavado de dinero y otros delitos. Zamora fue encarcelado junto a la exfiscal auxiliar Samari Gómez por orden del juez Fredy Orellana, otro actor señalado en el proceso electoral de 2023.
El 14 de junio, el Tribunal Octavo condenó a Zamora a seis años de prisión inconmutables por el delito de lavado de dinero y absolvió a Gómez, una condena que organizaciones consideran como un golpe al periodismo en Guatemala. Con su detención el medio elPeriódico, fundado en 1996, tras las presiones judiciales y boicot económico se vio obligado a cerrar el 1 de diciembre de 2022 su edición impresa y su edición digital el 15 de mayo de 2023.
La FECI aún tiene en la mira a Zamora con dos casos más, uno por conspiración para la obstrucción de la justicia y otro por el uso de documentos falsificados. También ha empezado una investigación a periodistas y columnistas de elPeriódico por supuesta obstrucción a la justicia.
Los abogados que ejercieron la defensa del periodista también fueron perseguidos penalmente. Entre ellos Juan Francisco Solórzano Foppa, quien intentó participar como candidato a la alcaldía de la ciudad capital en 2023, pero a quien no se le permitió la inscripción.
Foppa fue detenido junto a su colega Justino Brito, el 20 de abril, y fueron condenados por el juez Fredy Orellana a dos años de prisión conmutables con suspensión de la pena.
Porras también despidió a decenas de fiscales del MP sin respetar la Ley Orgánica de la institución. Una de las afectadas fue Hilda Pineda, quien se desempeñó como jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos y fue destituida el 30 de junio de 2022. Al menos ocho fiscales y 11 trabajadores del MP, algunos con larga trayectoria en la entidad, fueron despedidos en esa ocasión.
Tres casos contra Giammattei que Porras nunca investigó
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei la población se enteró de varios casos de corrupción gracias a las publicaciones de la prensa. Al menos tres de estos involucran directamente al presidente.
El primero de ellos fue la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik al Fondo Ruso, del cual se hizo un primer desembolso por Q614,504,040.00 correspondiente a la mitad del pago establecido.
Esta negociación fue completamente opaca, tanto en el contrato firmado por el gobierno como en la entrega de los mismos. Luego de críticas al gobierno, se renegoció a puerta cerrada el contrato y la compra inicial se redujo a 8 millones de dosis, según la oenegé Laboratorio de Datos.
Por esta compra, Giammattei y su entonces ministra de Salud, Amelia Flores, fueron denunciados varias veces en el MP. En junio de 2021, la organización Acción Ciudadana lo denunció por fraude y peculado e incumplimiento de deberes.
La bancada legislativa de Winaq, también denunció al mandatario y a cinco funcionarios por asociación ilícita, fraude, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y cohecho pasivo. Dos años después, no se conoce si estas denuncias en contra del presidente por esta negociación tuvieron algún avance.
El segundo escándalo que enfrentó Giammattei fue la revelación de una publicación en varios medios que en agosto de 2021 señalaron que presidente había recibido una alfombra llena de dinero de parte de ciudadanos rusos como parte de un soborno. Los empresarios de la minera Mayaníquel buscaban asegurar el arrendamiento de un espacio en el puerto Santo Tomás de Castilla.
Esta información llegó a la FECI en junio de 2021, un mes antes del despido de Sandoval. Tras ser procesado por el MP de Porras, el periodista Jose Rubén Zamora dijo que la publicación de estos dos casos por elPeriódico fueron la razón de su encarcelamiento.
“Con el gobierno de Giammattei hicimos más de 210 investigaciones documentadas sobre corrupción en el Ministerio de Comunicaciones y Salud, aparte de otros casos que son el de las vacunas Sputnik donde hubo comisiones arriba de los 10 millones de dólares y sobre todo el de los rusos mordelones que eran los de la mina, que le llevaron a su casa 10 millones de dólares al presidente”, indicó Zamora a lo que agregó, “creo que en parte por eso estoy aquí”.
En mayo de 2023, Rafael Curruchiche dijo a periodistas de Plaza Pública y La Hora que no había indicios para investigar ese caso. Según Curruchiche, cuando llegó a la FECI dio instrucciones para que se le informaran en dos ocasiones si había alguna investigación relacionada con la entrega de dinero a Giammattei y le dijeron que no había. Según él, la información fue sustraída por Sandoval que la entregó a Estados Unidos.
Finalmente, en febrero de 2022, el medio salvadoreño El Faro publicó que un testimonio que estaba en custodia de la entonces jueza Érika Aifán señalaba que el mandatario negoció con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de US$2.6 millones para su campaña electoral de 2019, dinero proveniente de sobornos a empresas constructoras. A la persona que rindió su declaración se le conoce como el “Testigo A”.
La reacción a esta noticia por parte de Porras fue presentar un tercer antejuicio en contra de Aifán. En marzo de 2022, debido a las presiones, la jueza renunció y salió al exilio.
Curruchiche también tiene una respuesta sobre por qué el caso no ha avanzado. “Este audio solamente lo tenía la jueza Erika Aifán en su despacho. Nosotros no tenemos ese audio al día de hoy relacionado a un Testigo A”, indicó a los periodistas que lo interrogaron.
Según el jefe de la FECI, no habían tenido acceso al audio porque el caso estaba en reserva, pese a que no aplicaba para el MP.
Además de no registrar avances en estos casos contra el presidente, hay al menos 15 casos en los cuales Porras ha realizado acciones para obstruir la justicia. Muchos de estos fueron investigados durante la época de la CICIG en Guatemala, como el de la magistrada Blanca Stalling, capturada cuando se intentaba dar a la fuga. Stalling salió libre y ha recuperado su cargo en la Corte Suprema de Justicia.
El caso contra la ahora candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, también se cayó en Tribunales, cuando la jueza Claudette Domínguez cerró la investigación y el MP nunca apeló esa decisión, como sí lo hizo por ejemplo, en los procesos contra las activistas Dulce Archila y Nanci Sinto, quienes volverán a enfrentar juicio.
A Porras le quedan pocos, pero fuertes aliados
Cada vez la fiscal general tiene menos aliados. La noche del 12 de julio, cuando Curruchiche anunció que habían solicitado la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, la condena a esa acción provino de todos los sectores.
El CACIF, que en años anteriores había reconocido su labor como jefa del MP, publicó un comunicado en el cual señaló que se declaraba en sesión permanente ante la situación y que había convocado a sus órganos de gobernanza del sector privado a indicar sobre decisiones y acciones que seguirían.
El Foro Guatemala, que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil, exhortó al TSE a asegurar el correcto desarrollo del proceso electoral.
Fue tanto el repudio a las acciones del MP que la fiscal tuvo que recurrir a monseñor Gonzalo de Villa, con quien se reunió y agradeció “los conceptos vertidos en relación a la calidad de persona de la Fiscal General”.
Sin embargo, el religioso en una entrevista con Emisoras Unidas, dijo que él creyó que la reunión iba a ser privada y que “la fiscal está en plan de defenderse y de que se la defendiera, quería hacer notar que ella actúa siempre por razones de convicción, reclamó incluso por qué la Iglesia de la que ella forma parte no la hemos defendido”.
Porras es conocida por ser una devota de la Virgen de Fátima, a quien incluso le hizo un altar en su oficina, así que no extraña que haya reclamado el apoyo de la Iglesia católica.
En esta cruzada, en la que ve a Semilla como un enemigo, según Carmen Aída Ibarra, la fiscal general ya tiene pocos aliados. Entre estos, el presidente Giammattei y Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y el más cercano al presidente.
El mandatario ha querido seguir con su plan de imponer la candidatura de Manuel Conde, señaló el consultor del Instituto Comparado en Ciencias Penales (ICCPG), Alejandro Rodríguez.
Lo que se observa ahora es una animadversión de todos los sectores en contra de Consuelo Porras, por eso ahora hay un clamor público para que renuncie, agregó el consultor.
La comunidad internacional tampoco está de acuerdo con la interferencia del MP en el proceso electoral, como ocurrió el miércoles 19 de julio cuando los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciaron el intento arbitrario de la Fiscalía para judicializar el proceso electoral.
Como en 2021, la ciudadanía ha vuelto a salir a las calles para exigir que Porras y Curruchiche renuncien. Pero ambos se mantienen apoyados por el mandatario que ya ha salido a defenderlos dos veces en menos de un mes. Primero tras la publicación de los nuevos integrantes de la Lista Engel el 19 de julio pasado y luego tras una solicitud de amparo del TSE a la CC para exigir al MP y al Organismo Judicial de acciones que entorpezcan el proceso electoral.
Los caminos de Porras
Como hace dos años, cuando destituyó a Sandoval, casi todos los sectores que se han manifestado en las calles y en pronunciamientos piden la renuncia de Porras. Sin embargo, el escenario de lo que puede suceder no es tan claro.
Claudia Samayoa, defensora de derechos humanos, indicó que la población seguirá pidiendo la dimisión de Porras y que tanto ella como Curruchiche sean juzgados. Las posibilidades de que renuncie dependerá mucho de la correlación de fuerzas, explicó.
Sin embargo, lo que sí prevé que puede suceder es que Porras va a agilizar la persecución contra un grupo de personas entre los que están defensores de derechos humanos y periodistas. “No podemos pensar que porque ahora hay un impasse, que esto va a parar, yo más bien creo que se va a recrudecer solo que contra actores para poder bajarle a la resistencia” indicó.
En el corto plazo, Solórzano Foppa no considera que Porras vaya a renunciar y si esto sucede será hasta el otro año, con un nuevo gobierno que le pida su renuncia y que no sea afín al juego político al que la jefa del MP está acostumbrada a jugar.
Hay un escenario que es posible, el más probable, que ella no renuncie y quiera seguir en el puesto los dos años y cinco meses que le quedarían después de la toma de posesión de otro gobierno y desde ahí ser un arma represiva en contra del actuar del Ejecutivo auguró el abogado.
En caso de que Porras deje el puesto se abre la posibilidad de que el Presidente elija a otro de los candidatos de la terna presentada por la Comisión de Postulación, indicó Samayoa.
Habrá que esperar si la jefa del MP sucumbe ante la presión ciudadana o si de lo contrario, se aferra al puesto como hizo hace dos años.
