En varios departamentos del país han surgido convocatorias para firmar una petición que tiene como objetivo darle voz a cientos de guatemaltecos que exigen la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público. Sus organizadores esperan recolectar 5 mil firmas y exigir que Ejecutivo o el Congreso requiera al TSE convocar a una consulta.
Por Isela Espinoza
El movimiento “Unidos por la democracia” se ha enfocado en las semanas recientes a visibilizar la principal demanda de la población: la destitución de Consuelo Porras. “Con el consejo de un constitucionalista de Cobán redactamos un documento y el 23 de abril dimos una conferencia de prensa. Pero no esperábamos la respuesta de la población”, declaró un integrante del movimiento, que habló a condición de resguardar su identidad por seguridad.
El memorial que respalda la recolección de las firmas para proponer una consulta popular, pide a Arévalo que requiera al Tribunal Supremo Electoral (TSE) este procedimiento establecido en la Constitución de la República.
“Que se consulte directamente al pueblo de Guatemala lo que se considere pertinente para conformar un verdadero Estado de derecho para reformar el Estado y, entre las preguntas, el ciudadano defina si las acciones de la doctora María Consuelo Porras Argueta, constituyen causa plenamente justificada para que el presidente Constitucional de la República de Guatemala la remueva del cargo”, se lee en el memorial.
Aunque al inicio, el movimiento lanzó la convocatoria en Alta Verapaz para quienes deseen firmar el memorial. La noticia se viralizó en redes sociales por lo que otros departamentos se han unido a la iniciativa entre ellos: Jutiapa, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Antigua Guatemala. “Cada departamento ha llevado su propia dinámica de recolección de firmas”, explicó la fuente.
#AltaVerapaz Ciudadanos recolectan firmas en el Parque de Cobán para promover Consulta Popular y revocar el mandato de la fiscal general Consuelo Porras, a quien diversos sectores sociales y la comunidad internacional señalan de atentar en contra de la democracia. ?
?Cortesía pic.twitter.com/AVKhB9IwSh
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 10, 2024
Actualmente, los voluntarios, en su mayoría jóvenes, han recogido firmas en comunidades de Cobán. Aunque han buscado llegar a otros municipios del departamento no han podido encontrar voluntarios que lleven la iniciativa. “Gracias a la buena voluntad de algunos ciudadanos estamos logrando recolectar las firmas alrededor del país”, manifestó.
El fin de semana pasado, la mesa que recolecta las firmas se colocó en el parque central de Cobán de 10:00 a 16:00 horas. Pero hay “un trabajo hormiga” de jóvenes que también recolectan las firmas de casa en casa o con su grupo cercano.
Se necesitan 5 mil firmas para presentar la petición a Arévalo. La recolección de las firmas finalizará el 15 de mayo, aunque los organizadores de “Unidos por la democracia” prevén extender un par de días más la convocatoria. “De alguna manera estamos capitalizando el hartazgo de la población respecto a la fiscal general”, agregó el integrante del movimiento. Tras finalizar la recolección de las firmas y el conteo, la organización entregará el memorial a Arévalo por lo que esperarían que el presidente “le dé el curso correspondiente a la petición”, agregó.
Este sábado 11 de mayo, “Unidos por la democracia estará recolectando firmas a partir de las 10:00 horas frente a la Empresa Eléctrica de Guatemala ubicada en la 6ª. Avenida de la zona 1.
Esta semana el presidente entregó al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del MP con el objetivo de allanar el camino para que la fiscal general sea destituida. Sin embargo, días antes dijo en una conferencia de prensa que entre las acciones legales que consideraban para “liberar al Ministerio Público de la red que este momento lo tiene controlado” se encontraba la de solicitar al TSE una consulta popular.
Sin embargo, Porras ratificó que no dejará el cargo y evidenció en su última conferencia de prensa, este 7 de mayo, que continuará con sus acciones en favor de actores corruptos y la persecución de operadores de justicia, periodistas, activistas y políticos de oposición. Las movilizaciones en defensa de la democracia, que iniciaron el 2 de octubre del año pasado, llevaron a decenas de ciudadanos a manifestarse en las principales carreteras y parques de los 22 departamentos del país.
Así surgió “Unidos por la democracia”
En Cobán, Alta Verapaz, un grupo de guatemaltecos encontró en las protestas un espacio para continuar con la convicción de que el país puede cambiar el rumbo de la cooptación en la que han caído sus instituciones.
Aunque al inicio solo se reunían en la plaza central para apoyar las protestas. Con el tiempo, los voluntarios nombraron el movimiento como “Unidos por la democracia”. “Surgió por la indignación que había en la población cobanera y el hartazgo de tantos años de injusticia”, recordó uno de sus integrantes. Sin embargo, darles voz a las demandas también ha significado señalamientos de desprestigio contra sus fundadores.
Tras la primera vuelta electoral celebrada el 25 de junio de 2023 en la que sorpresivamente Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, pasó a la segunda vuelta presidencial, las acciones del Ministerio Público (MP) y sus aliados, se intensificaron hasta llevar a judicializar el proceso electoral.
La molestia de la población se intensificó luego que fiscales sustrajeran las cajas electorales con actas originales de los resultados de las elecciones. El hecho llevó a las autoridades indígenas a convocar a un paro nacional indefinido en defensa de la democracia y para pedir la destitución de Consuelo Porras como fiscal general del MP, y de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso.
La convocatoria fue atendida por cientos de guatemaltecos que tomaron las principales carreteras y plazas del país. En ese momento, empezaba a tomar forma “Unidos por la democracia”. “Lo nuestro fue manifestarnos en el parque central de Cobán y unirnos a todas las voces que se estaban alzando en el país”, dijo uno de sus fundadores.
Más información
Estudiantes del CUNOC reúnen firmas para pedir renuncia de Consuelo Porras
Tras levantarse el paro se llevó la resistencia pacífica frente a la sede central del MP, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, que luego de 106 días finalizó tras la toma de posesión de Arévalo.
En este contexto, el movimiento “Unidos por la democracia” acordó continuar vigilantes ante los acontecimientos a nivel local como nacional. Es así como también denuncia las anomalías que se estaban dando en la elección a la terna para gobernador de Alta Verapaz, cuyos primeros integrantes tenían vínculos con los partidos de la excandidata presidencia, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el expresidente Alejandro Giammattei, de VAMOS.
“Junto a otras organizaciones hicimos presión para que el presidente rechazara las ternas”, recordó. Después de un complejo y criticado proceso de elección, Dilia Có Coy asumió el pasado 29 de abril el cargo como gobernadora de Alta Verapaz. Durante el acto estuvo acompañada de organizaciones de mujeres, pueblos originarios y de derechos humanos quienes festejaron su nombramiento y resaltaron la importancia de la participación de sectores históricamente marginados. Có es originaria del pueblo maya Poqomchi’, del municipio de Tactic. Tiene más de 25 años de experiencia en liderar equipos multidisciplinarios y trabajar con cooperación internacional.
Ahora la tarea se enfoca en la recolección de firmas para pedir una consulta popular.
Más información
Consuelo Porras se aferra al cargo y arremete contra reforma que busca removerla
¿Qué es la consulta popular?
La consulta popular para destituir a Porras es una herramienta planteada desde finales de enero por un grupo de constituyentes. En esa ocasión, Alfonso Cabrera Hidalgo, expresidente del Congreso de la República (1986) y exconstituyente, explicó a Prensa Comunitaria que la consulta popular es una decisión democrática, legal y constitucional avalada en el artículo 141, de la Constitución Política de Guatemala, en donde se establece que la soberanía radica en el pueblo y la delega para su ejercicio en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Mientras, el artículo 173 sobre el procedimiento consultivo señala: “Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo electoral a iniciativa del presidente de la República o el Congreso que fijarán con precisión la o las preguntas que someterán a los ciudadanos”.
El abogado Edgar Ortiz enfatizó que la consulta popular, según el artículo 173 de la Constitución, es para asuntos “políticos” de “trascendencia nacional”, no así para la revocatoria de mandato. “Las consultas populares sí son vinculantes cuando se trata de reformas constitucionales, según lo estipulado en los artículos 277 a 280 de la Constitución”, escribió el analista.
Según el constituyente Cabrera Hidalgo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendría 30 días para hacer la consulta y si el pueblo decide destituirla (a Porras), “se va”.
La consulta popular ya ha sido utilizada en otros contextos, uno de ellos fue en la reforma constitucional de 1994, en donde la población aprobó a través de esta herramienta que se redujera el periodo gubernamental de cinco a cuatro años.
La última consulta popular en Guatemala se realizó, en 2018, sobre Belice y se fundamentó en el Artículo 19 Transitorio de la Constitución, que faculta al Organismo Ejecutivo para gestionar los derechos sobre ese país. Para este proceso se asignaron Q300 millones, un monto calificado de “excesivo” por Ortiz, “para una consulta que no es vinculante y que resulta improcedente al tratarse de la continuidad de una funcionaria cuya designación y remoción están reguladas por una ley ordinaria”, agregó.
Analistas coinciden en que organizar este proceso no solo llevaría tiempo y requeriría una inversión de recursos para hacer funcionar la estructura del sistema electoral. Sino que actualmente el TSE también se encuentra débil ante procesos de investigación y señalamientos contra funcionarios y magistrados de esa institución.
“Es una posibilidad, pero no es una solución inmediata”, dijo Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP).
