Consuelo Porras, designada en dos ocasiones por Estados Unidos en la lista de actores corruptos, concluye el primer año de su segundo mandato al frente del Ministerio Público, intensificando la persecución penal en contra de operadores de justicia, periodistas y opositores políticos y obstruyendo el avance de casos de corrupción. En un acto junto a Giammattei y algunos funcionarios incluidos en la Lista Engel, la fiscal general pintó en su informe, una realidad diferente.
Por Regina Pérez
Ha transcurrido un año desde que Consuelo Porras fue reelecta como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) por el presidente Alejandro Giammattei. Su primer año de gestión tras su reelección ha estado marcado, según expertos, por la obstrucción de varios casos de corrupción y, por otro lado, por la intensificación en la persecución penal en contra de opositores, operadores de justicia y periodistas.
Con la presencia del presidente Giammattei, quien la eligió hace un año y los magistrados presidentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Organismo Judicial (OJ), Hugo Pérez Aguilera y Nery Medina respectivamente; el vicepresidente del Congreso, Boris España y su secretario general, Ángel Pineda, estos últimos designados como actores corruptos y antidemocráticos por Estados Unidos, Porras presentó su informe anual del primer año de gestión en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Entre aplausos de invitados, la jefa del MP dio un discurso de media hora en el cual indicó que han buscado que las investigaciones sean rigurosas, respetuosas de las garantías procesales “estrictamente enfocadas en el cumplimiento de la ley, por lo que cualquier persona que resulte responsable deberá enfrentar las consecuencias sin importar quien sea”.
La funcionaria aseguró que la mora se redujo al 90 % desde que ella asumió en su primer periodo en 2018, con la resolución de 1 millón 136 mil casos, la cual señaló van a reducir aún más, “tiene la ciudadanía guatemalteca un MP al día para que no podamos decir que se permite la impunidad y la corrupción, porque todos los casos que ingresan al sistema van a ser resueltos”.
También señaló que implementaron mediciones para conocer la satisfacción de los usuarios en las Fiscalías con un promedio de 95.67 %, y en el caso de agencias fiscales en municipios con un 98 % “estos son resultados, esto no es percepción, esto es realidad”, enfatizó.
Porras fue electa el 16 de mayo de 2022 en un proceso de selección de candidatos en el que los jueces fueron excluidos de participar en el proceso, un integrante de la Comisión de Postulación, David Gaitán, fue denunciado y ella solo logró ser incluida en la nómina de seis aspirantes por un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Su reelección estaba cuesta arriba. Un año antes, en septiembre de 2021 había sido incluida en la “Lista Engel” de Estados Unidos, por su participación en hechos significativos de corrupción.
Al momento de presentar su candidatura, la ahora jefa del MP fue la aspirante con más objeciones por parte de la sociedad civil. Las 13 tachas en su contra consideraban que carecía de idoneidad y honorabilidad, por el plagio de su tesis doctoral y la gestión que realizaba como fiscal general.
Sin embargo, eso no fue impedimento para que lograra ser incluida en la lista de seis candidatos, tras nueve rondas de votación, un amparo de la CC ordenó a los comisionados a elegirla atendiendo criterios meritocráticos.
Un día después de su designación el Departamento de Estado de Estados Unidos la designó por segunda ocasión en la lista de actores corruptos y subrayó que “obstruyó y socavó repetidamente las investigaciones anticorrupción en el país para proteger a sus aliados políticos”. El mismo secretario de Estado, Antony Blinken, señaló en su cuenta de Twitter que “los actos corruptos de la fiscal general Porras socavan la democracia en Guatemala”.
Persecución de operadores de justicia y periodistas se intensificó
En su primer año de gestión de su segundo mandato, la fiscal general no ha dado conferencias de prensa y solamente se le ve en actos protocolarios y en reuniones en diversos consejos donde ella es parte. La presentación de su primer informe anual en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, este 17 de mayo es una excepción.
El informe fue presentado dos días después que uno de los medio más críticos al gobierno de Alejandro Giammattei, elPeriódico anunciara su cierre definitivo por el hostigamiento y la asfixia económica a la que fue sometido tras la captura de su fundador Jose Rubén Zamora y quien lleva casi 10 meses en prisión preventiva.
Pareciera que solo es jefa del Ministerio Público, no la hemos visto desde que tomó posesión, señaló Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, quien indicó que la institución que Porras dirige tiene una acumulación de opiniones negativas.
Según Ibarra, la funcionaria no da la cara como fiscal general ya que no habla de los casos con más impacto político, que son los de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), de los cuales Rafael Curruchiche, jefe de sección es quien generalmente informa y es quien más figura.
Para Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), desde su reelección ha habido una profundización en la persecución de voces disidentes y se intensificó la criminalización de fiscales y exfiscales, jueces, periodistas y se incrementaron las órdenes de detención en su contra y otros operadores de justicia. Más de 30 personas se encuentran ahora en el exilio, y a la lista se han sumado periodistas.
La FECI que ahora dirige Curruchiche amplió el proceso en contra de Zamora con una investigación en contra de cinco periodistas, tres columnistas y la directora del medio, que dejó de circular en su versión digital el 15 de mayo. Cuatro abogados de Zamora han sido procesados y dos de ellos han sido condenados con el procedimiento de aceptación de cargos, mientras que Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito están en prisión preventiva.
Mientras que la exfiscal Virginia Laparra continúa en prisión preventiva y ahora enfrenta un segundo caso en un juzgado de Quetzaltenango, por revelación de información confidencial. A Laparra se la ha denegado el arresto domiciliario en al menos seis ocasiones.
En su más reciente informe sobre Guatemala, sobre el año 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que hay una intensificación de la persecución judicial, la criminalización y el abuso del antejuicio para amedrentar y retirar de sus cargos a operadores de justicia. “Estos hechos ocurren en un contexto de señalamientos sobre la falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general por su rol en la persecución judicial”, señaló la Comisión.
Según Ibarra, existe una “persecución rabiosa” en contra de fiscales y exfiscales, exmandatarios de la CICIG y críticos de la gestión de la actual fiscal general. Hasta en este momento, los “logros” del primer año después de la reelección de Porras es aplicar el poder del MP con mucha represión, resumió la analista.
Los casos que no avanzaron
Al menos 15 casos en los que Porras ha realizado acciones para obstruir la justicia. Entre estos casos sobresalen los siguientes:
Caso Blanca Stalling
La FECI dirigida por Rafael Curruchiche no impugnó la resolución del juez Víctor Cruz de cerrar el caso en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, acusada por tráfico de influencias, el 29 de junio de 2022.
Stalling, quien fue denunciada por el juez Carlos Ruano, fue reinstalada posteriormente en la CSJ. El 8 de febrero, la CSJ dio trámite a un antejuicio presentado por la Fundación contra el Terrorismo en contra de Ruano.
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Caso La Línea
En el caso La Línea hubo una condena el 7 de diciembre de 2022 por parte del Tribunal de Mayor Riesgo B. En este proceso, según Sandoval, el colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, fue obligado por Curruchiche a denunciar a los fiscales que realizaron la investigación a cambio de recibir beneficios procesales.
Caso IGSS-PISA
La Unidad de Impugnaciones del MP no subsanó un defecto en un recurso de casación que planteó ante la Cámara Penal de la CSJ y eso permitió que cobrara firmeza la absolución de los acusados. La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la resolución de la CSJ el 1 de diciembre de 2022 con lo que los acusados quedaron absueltos.
Caso Plazas Fantasma
El 23 de septiembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez cerró el caso a favor de más de 50 personas, entre ellos varios exdiputados del Congreso que habían sido procesados por contratar a persona que nunca llegaron a laborar al Legislativo, pero que sí cobraban un salario. La FECI no impugnó la resolución hasta mayo de 2023.
Caso Financiamiento Ilícito UNE
El caso de financiamiento electoral ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que implicaba a la exprimera dama Sandra Torres, también fue obstruido por la fiscal Porras desde un inicio, según organizaciones que realizaron un informe sobre afectaciones a la independencia de las y los fiscales y autonomía del MP en Guatemala.
A inicios de noviembre de 2022, el MP modificó el delito por el cual Torres fue ligada a proceso, de financiamiento electoral no registrado a financiamiento. El 29 de noviembre, la jueza de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, cerró el caso beneficiando a la ahora candidata presidencial de la UNE. Esto tampoco fue impugnado por la Fiscalía.
Caso Odebrecht
En este caso, en enero de 2023, la FECI anunció nuevas órdenes de captura en contra de la exfiscal general Thelma Aldana, la exsecretaria del MP, Mayra Veliz y el exmandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), David Gaitán por la autorización de convenios de colaboración eficaz realizados en este proceso. En tanto, los acusados Manuel Baldizón y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi están gozando de medidas sustitutivas.
Caso Comisiones Paralelas
En este proceso, la CSJ y la CC protegieron a 26 magistrados con antejuicio con apoyo del MP dirigido por Porras. Ahora, la FECI dirige la persecución penal en contra de los exfiscales que investigaron la influencia del empresario Gustavo Alejos en la elección de altas Cortes en 2019. Las exfiscales Paola Escobar y Allis Morán Mejía fueron detenidas el pasado 15 de mayo, luego de que el Juzgado Tercero revocó las medidas sustitutivas en su contra y las envió a prisión.
Otros procesos donde el exjefe de la FECI considera que la Fiscalía incumplió con su función son el de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) sobre el usufructo otorgado a la empresa TCQ por la Empresa Portuaria Quetzal, el caso del asesinato de periodistas en el cual estaba acusado el exdiputado Tulio Juárez quien fue absuelto, el caso Cooptación del Estado donde varios acusados han recuperado su libertad y el caso conocido como Tigo, sobre la compra de votos en el Congreso para favorecer la aprobación de una ley a favor de dicha empresa, el cual no presenta avances hasta la fecha.
En los casos de extinción de dominio de bienes de Baldizón y Sinibaldi, dijo que las acciones fueron trasladadas a la Fiscalía de Extinción de Dominio y existe información de que la intención es proteger sus bienes. Dos investigaciones iniciadas mientras él dirigía la FECI, Asodefir y Fedecocagua, fueron operativizadas por Curruchiche, sin embargo, Sandoval considera que su sucesor ha intentado desprestigiar el trabajo que realizó en ambos casos.
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Presidente reafirma decisión de elegir a Porras
A un año de nombrarla, el presidente Giammattei dijo en su discurso que tomó la decisión correcta, a pesar de las presiones que asegura recibió para no elegirla. “Hace un año tomé la decisión soberana de nombrarla para ocupar el cargo de fiscal general para un segundo periodo, y hago énfasis en soberana, porque lo hice a pesar de la intromisión de algunos, de advertencias y amenazas para no nombrarla y creo haber hecho lo correcto y estoy convencido de que hice lo correcto”, dijo entre aplausos de los asistentes.
El mandatario ha sido una de las personas beneficiadas con la reelección de Porras al frente del MP, pues una investigación en su contra en la que un testigo lo señaló de financiar su campaña con sobornos a empresas constructoras, no ha presentado avances. La jueza que conocía este caso, Érika Aifán, salió del país el 23 de marzo de 2022.
El mandatario también hizo énfasis en el mensaje que dio Porras previamente, que nadie es superior a la ley. “Posiblemente haya críticas infundadas, pero no se pueden pretender prerrogativas o consideraciones especiales para evitar la justicia, porque repito, nadie está encima de la ley independientemente de la actividad que realice”, manifestó Giammattei.
Durante la presentación del informe asistieron el procurador de Derechos Humanos, José Córdova, a quien se le envió conversando con Walter Mazariegos, rector impuesto mediante fraude en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Llenaron las sillas del Teatro Nacional fiscales del MP, a quienes Porras agradeció el trabajo que realizaron.
Afuera del Centro Cultural, antes de que la fiscal general presentara su informe, un grupo de personas protestó achacándole el cierre de elPeriódico. “Sin periodismo no hay democracia” y “El MP, el Ogro y el Principito mataron a elPeriódico”, fueron los mensajes que enviaron, en alusión a la jefa del MP, el presidente Giammattei y Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno creado por el mandatario a inicios de su gobierno.
A esa misma hora de la presentación del informe de Porras, una misión conformada por integrantes de organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa aseguró que en Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo.
La misión también expuso que ha observado con preocupación un escenario en el que la prensa es vista como una amenaza a la alianza entre actores estatales y privados, creada para controlar instituciones y sostener la corrupción e impunidad en el país, que “comenzó durante el gobierno de Jimmy Morales, se recrudeció durante la administración de Alejandro Giammattei y que podría consolidarse en estas elecciones generales de 2023”.
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El derecho de informar y ser informado en Guatemala está en declive
