Por Regina Pérez
El presidente Alejandro Giammattei anunció este lunes la designación Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público (MP) para un segundo periodo, pese a todas las críticas y cuestionamientos en contra de la actual fiscal general, incluida en la Lista Engel de Estados Unidos y quien desde la Fiscalía ha desatado una persecución en contra de operadores de justicia y de fiscales que han luchado contra la corrupción.
La designación de Porras era un hecho. Aún antes de pronunciar su nombre, el presidente Giammattei alabó lo que la Fiscal General ha presentado como logros de su gestión, como la atención especializada de grupos como mujeres y niñez y la reducción de la mora fiscal.
El mandatario señaló que se necesita una justicia “que no responda a ideologías ni mucho menos aspiraciones políticas. El MP ha sufrido ataques y señalamientos políticos por evidenciar que lamentablemente la institución se había instrumentalizado para emprender una persecución penal selectiva, anteriormente se habían ocultado pruebas y no se había actuado en procesos porque se tenían amigos en fiscalías claves”.
“He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, para ocupar el cargo de Fiscal General y jefe del MP para los próximos cuatro años”, pronunció, ante una ola de aplausos de los presentes.
En su discurso de casi 14 minutos, Porras indicó que tras cuatro años afianzó el MP como una institución “eminentemente técnica y jurídica, sin ningún tipo de sesgo o ideología política” y que al haber instituido un MP fortalecido “nos ha permitido actuar con total autonomía e imparcialidad, sin compromisos de ningún tipo”.
Porras señaló que el MP “lamentablemente había perdido su deber ser, siendo instrumentalizado para fines políticos e ideológicos”. También dijo que su camino no ha sido sencillo y que a pesar de los constantes “ataques de los cuales he sido objeto por parte de algunas personas que buscan una justicia parcializada, queriendo instrumentalizar a la institución en favor de unos y en contra de otros o de otras personas que simplemente huyen de la justicia evadiendo su responsabilidad penal…jamás he dado un paso atrás y jamás lo daré”, siendo interrumpida por aplausos antes de finalizar su frase.
En octubre de 2021, semanas después de que Consuelo Porras fuera incluida en la lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, muy pocas personas consideraban que tuviera oportunidad de reelegirse en el MP. Este 16 de mayo de 2022, el presidente Alejandro Giammattei demostró lo contrario, al designarla nuevamente al frente del ente investigador.
Su inclusión en la Lista Engel, anunciada por el Departamento de Estado, en septiembre de 2020, había quitado a Porras, según analistas políticos y de justicia, sus posibilidades para reelegirse.
Sin embargo, en 2022, las piezas del tablero se movieron a su favor cuando inició el proceso de elección de Fiscal General. Primero, los jueces quedaron excluidos del proceso luego de que la Fundación contra el Terrorismo, cercana a Porras, presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC).
La Fundación contra el Terrorismo, una organización de extrema derecha dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, cobró relevancia durante la gestión de Porras en el MP. Méndez Ruiz, quien también aparece en la Lista Engel, interpuso denuncias en contra del exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, jueces como Erika Aifán y la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo, entre otros.
Méndez Ruiz y el abogado Raúl Falla, han sido querellantes en casos contra las y los fiscales de la FECI que fueron detenidos este año, como Eva Sosa y Virginia Laparra. El primero amenazó recientemente con interponer una denuncia en contra del juez Miguel Ángel Gálvez, luego de que el juzgador enviara a juicio a 9 militares y expolicías en el caso Diario Militar.
Organizaciones nacionales e internacionales, así como otros sectores de la sociedad guatemalteca se opusieron a la reelección de Porras, por sus acciones frente al MP, donde desmanteló la FECI y destituyó al jefe de dicha Fiscalía, Juan Francisco Sandoval en julio de 2021. Porras ha agilizado denuncias y ha emprendido una persecución en contra de fiscales, jueces y abogados que han luchado contra la corrupción.
Desde el MP, también ha criminalizado a defensores de derechos humanos y ha encarcelado a opositores políticos y activistas que se oponen a las políticas del gobierno de Giammattei.
El camino a la reelección
El contexto definió el proceso. Antes de siquiera comenzar, algunos comisionados se excusaron de participar en la Comisión. El decano de la Universidad Da Vinci, David Gaitán fue denunciado y tuvo que renunciar a continuar en la Comisión de Postulación. Y el 21 de febrero, Porras presentó su expediente, confiada en que su larga trayectoria en el sistema de justicia la pondrían de nuevo en la lista de seis.
A pesar de las críticas hacia su gestión, sobre todo de varios sectores de la sociedad guatemalteca que pidieron su renuncia en julio de 2021 y los meses posteriores a la destitución de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI), el presidente Giammattei volvió a designar a Porras al frente del MP, como lo hizo su antecesor Jimmy Morales.
Esta vez, Giammattei tuvo en la nómina de seis candidatos al actual PGN, Jorge Luis Donado Vivar; a los magistrados Néctor Guilebaldo de León y Henry Alejandro Elías, a la fiscal Darleene Apolonia Monge y al presidente de la Junta de Disciplina Judicial, Gabriel Estuardo García Luna.
La inclusión de Porras en la lista de seis aspirantes fue polémica. Después de al menos diez rondas de votación, los 15 integrantes de la Comisión de Postulación no alcanzaban un acuerdo a su candidatura, que no obtenía los 10 votos mínimos requeridos para entrar a la nómina.
Fue gracias a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que Porras consiguió su inclusión en dicha lista, ya que todos los comisionados se vieron en la obligación de votar por su candidatura.
La designación ocurrió el mismo día en que Porras presentó los resultados del cuarto informe anual de su gestión, en el que resaltó como un “hito histórico” la creación de agencias fiscales en todo el país y la implementación de un nuevo modelo para gestión de casos para reducir la mora fiscal.
La jefa del MP señaló que una de sus prioridades en su administración fue la lucha contra la corrupción y mencionó la inauguración de la Secretaría contra la Corrupción. También dijo que marcó un precedente al implementar la asesoría en análisis y verificación, por lo que “quienes ingresan a trabajar en el MP se encuentran libres de cualquier vínculo con pandillas o crimen organizado”.
Tanto Porras como su secretario general, Ángel Pineda, fueron incluidos en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estados Unidos, por obstruir investigaciones en actos de corrupción.
A decir de la jefa del MP, también incorporó a la FECI dentro del esquema del MP, como una Fiscalía de Sección “y se implementó su unidad y apoyo técnico” para lograr la fortaleza probatoria en todos los casos que se investigan”.
Desde su nombramiento, Porras se alejó de la CICIG
Porras fue designada por el presidente Jimmy Morales, en mayo de 2018. Era la candidata que menos cercanía tenía con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la gestión de Thelma Aldana.
Desde un principio, dio muestras de que la relación que mantenía su antecesora, Thelma Aldana, con CICIG, iba a cambiar.
Cuando Morales anunció en una cadena nacional, el 31 de agosto de 2018, rodeado de militares, que no renovaría el mandato de la CICIG, Porras se limitó a decir en un video que estaba “vigilante” ante dicha decisión. El mensaje de estar “vigilante” caló en la población que observó como Porras no accionó en contra del Ejecutivo luego de que desobedeciera a la CC que ordenó permitir el ingreso del comisionado Velásquez al país, a principios de septiembre de 2018.
El 31 de agosto, cuando jeeps donados por Estados Unidos rondaron la sede de la CICIG y las embajadas de EE.UU. y México, la fiscal calificó de exagerados al exjefe de la FECI y a Andrei González, exfiscal, quienes la alertaron sobre dicha acción, según contó Sandoval años después.
Al frente del MP, la fiscal no quiso tomar decisiones que afectaran su relación con Morales, quien la eligió para ese puesto.
En octubre de 2018, Porras anunció que investigaría a Aldana, por nombramientos irregulares de fiscales regionales. En junio de 2019, se conoció que la exfiscal general tenía una orden de captura en su contra por una supuesta contratación irregular en el MP.
Aldana salió al exilio y en febrero de 2020, Estados Unidos le concedió asilo. Poco a poco, otros operadores de justicia, entre fiscales y magistrados han seguido ese camino.
Cuando la CICIG finalizó su labor en el país, luego de que Morales no renovara su mandato, Porras se mostró reticente a incorporar a la FECI a 60 investigadores y expertos que trabajaron en dicho ente internacional.
Con el tiempo, le fue retirando su apoyo a los fiscales de dicha Fiscalía. En octubre de 2019, el exfiscal Andrei González, quien ahora se encuentra en Washington, denunció a Porras en el MP, a quien señaló de haber obstaculizado la investigación del caso de financiamiento electoral Ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Ese mismo año, González renunció y salió del país. A la salida de González se sumaron otros operadores de justicia, el último caso fue el de la exjueza Érika Aifán.
Persecución a fiscales, abogados y jueces
Porras no solo pasará a la historia por ser la primera Fiscal General en ser incluida en la Lista Engel, también por emprender acciones en contra de sus propios fiscales, comenzando por la destitución de Sandoval, al frente de la FECI, en julio de 2021. El exfiscal tuvo que salir del país el mismo día que se conoció su destitución.
Antes de eso, ofreció una rueda de prensa con declaraciones reveladoras donde dio a conocer que la Fiscal General pidió que cualquier cuestión relacionada con el presidente Giammattei no se pudiera llevar a cabo sin su visto bueno.
La destitución de Sandoval generó una reacción ciudadana en contra de Porras, varios sectores pidieron su renuncia y la del presidente en multitudinarias protestas en el país. Porras llegó incluso a enviarle una carta diplomática al secretario de Estado, Antony Blinken, para justificar el despido y quejarse de los sectores que pedían su renuncia, señalándolos incluso de realizar actos que podrían encuadrarse en conductas delictivas.
En 2022, Porras intensificó la persecución en contra de sus propios fiscales y abogados que lucharon contra la corrupción. En febrero, fueron detenidas la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo y la exfiscal de la FECI, Eva Siomara Sosa, tras una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo. Santizo fue abogada de Sosa.
También fueron detenidos los fiscales Paola Escobar y Willy Racanac, el 16 de febrero señalados de abuso de autoridad y la exfiscal Allis Morán Mejía, por abuso de autoridad en el caso Comisiones Paralelas, sobre el amaño en la elección de Cortes.
La fiscal de la FECI, en Quetzaltenango, Virginia Laparra, también fue detenida tras una denuncia del exjuez Lester Castellanos. Laparra está en prisión preventiva en el centro de detención Mariscal Zavala.
Además de fiscales y abogados, jueces de Mayor Riesgo, como la exjueza Erika Aifán y el juez Pablo Xitumul, también fueron objeto de denuncias de parte del MP. En el caso de Xitumul, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró su inmunidad en febrero de este año.
Aifán tuvo que salir del país en marzo, debido que no contaba con garantías de protección a su vida y su integridad, ni tenía la posibilidad de defenderse con el debido proceso. La jueza dijo haber sido víctima de amenazas, vigilancias y seguimientos, espionajes y filtración de información en su propio despacho.
Al 24 de marzo, unos 24 operadores de justicia han sido obligados a salir de Guatemala para proteger sus vidas, informó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La relación de Porras y Giammattei
La decisión del presidente Giammattei no sorprende. Días antes, el mandatario había dejado claro que su gobierno apenas si le daba importancia a la “Lista Engel”, en la que Porras había sido designada. Para restarle importancia a la lista, indicó que él realizaría “La lista del Zopilote”.
Antes de salir del país, Sandoval dijo en una rueda de prensa que Giammattei se refería a Porras como “su amiga”.
En casos, como el hallazgo de Q122 millones encontrados en una residencia en Antigua Guatemala, vinculados al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, la FECI tuvo que operar en silencio, ya que se sospechaba que uno de los secretarios de la Fiscal General trasladaba información.
En ese caso, según el exfiscal, se obtuvo información de una persona cercana a la agrupación política del presidente, que explicó la posible relación de ese dinero con el partido del Gobierno. Desde entonces, los ataques en su contra y del personal de la FECI, se incrementaron, indicó.
Sandoval también reveló, antes de salir del país, que obtuvieron información de la presencia de personas rusas en la residencia del Presidente. En agosto, un mes después de la salida del exfiscal, The New York Times y medios nacionales revelaron que de parte de empresarios rusos se entregó una alfombra llena de dinero en la residencia del mandatario. Sobre esto, se desconoce si hay resultados de alguna investigación emprendida por el MP.
En febrero de 2022, El Faro publicó una investigación sobre un testimonio de un testigo que aseguró que Giammattei negoció con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de US2.6 millones para su campaña electoral de 2019, a cambio de mantener al exministro en el cargo un año, “para que siguiera operando la estructura de corrupción en obras públicas de la administración de Jimmy Morales”.
Con relación a este caso, el MP tampoco anunció una investigación, pero sí presentó una denuncia penal para investigar dicha filtración.
La designación de Porras para un nuevo periodo, asegura la continuidad de una aliada de la alianza dominante en el MP, institución que ha sido utilizada como un arma política en contra de operadores de justicia, opositores y ciudadanos.
