Al no contar con 107 votos para la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 6391, el oficialismo deberá conformarse con darle trámite normal a la propuesta del presidente Bernardo Arévalo. Eso implica que la reforma deberá ser sometida a evaluación y discusión para poder emitir un dictamen en salas legislativas como la de Reformas al Sector Justicia o Legislación y Puntos Constitucionales, las cuales están en manos de la oposición.
Por Prensa Comunitaria
La iniciativa de ley que presentó el presidente Bernardo Arévalo el pasado lunes y que tiene como objetivo modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), para poder destituir a Consuelo Porras como fiscal general tiene aún un largo camino que recorrer antes de ser aprobada.
En las sesiones plenarias del martes y jueves quedó en evidencia que los diputados de Semilla no cuentan con los votos suficientes para aprobar una dispensa de dictamen y de esa forma pasar la reforma de urgencia nacional.
La propuesta del presidente Arévalo busca revertir la legislación aprobada, en 2016, por los diputados y que en su momento pretendía brindar “estabilidad en el cargo de fiscal general”.
En 2016, pasaron seis meses para reformarla
El 23 de febrero de 2016 el Congreso de la República aprobó el decreto 18-2016, Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, en esa oportunidad se eliminó el criterio de remoción que tenía el presidente de la República con el cual bastaba argumentar que existía mal desempeño en las obligaciones de su cargo para quitar a un fiscal general.
En esa oportunidad, el Congreso estableció que la única causal de remoción sería la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función por el cual se le haya condenado en juicio.
La propuesta de reforma fue formulada por la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que realizó el planteamiento ante la Mesa de Seguridad y Justicia de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, el 1 de julio de 2015. En ese entonces pasaron más de seis meses para aprobar la reforma a la ley.
Múltiples obstáculos
Ahora, ante la falta de consensos, a quienes integran el partido de gobierno no les queda más remedio que buscar que la propuesta de Arévalo de reformar la Ley del MP recorra el trámite normal que lleva toda iniciativa de ley que ingresa al Organismo Legislativo.
El primer paso ya fue cumplido al entregarla en la Dirección Legislativa la propuesta para que le sea asignado un número de registro. Es por ello que la iniciativa también es conocida como la 6391.
El segundo paso es que la Junta Directiva tome la decisión de que la iniciativa de ley sea leída en una sesión plenaria en el Congreso. El presidente del Legislativo, Nery Ramos, adelantó, este lunes, que la propuesta de Arévalo no tendrá privilegios sobre otras que ya han sido presentadas por otros diputados y en ese sentido deberá ir a la cola de iniciativas que están pendientes de ser leídas.
“Vamos a ser muy respetuosos del trámite correspondiente en el orden que se han venido presentando las iniciativas”, dijo Ramos a los periodistas.
Un reporte de la Dirección Legislativa da cuenta que existe, desde 2020, al menos 274 iniciativas de ley que ingresaron antes que la 6391 y que están pendientes de ser leídas en el Pleno.
Cuando por fin la iniciativa del presidente Arévalo sea leída en una sesión plenaria la Junta Directiva, a sugerencia del director Legislativo, deberá decidir a qué comisión de trabajo envía la propuesta para su estudio, discusión y dictamen.
En este punto es donde la reforma puede enfrentar grandes obstáculos. El escenario más probable es que la iniciativa 6391 sea enviada para dictamen a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, también podría ser remitida a la sala de Legislación y Puntos Constitucionales, o bien, podría ser enviada a ambas comisiones para que emitan un dictamen conjunto.
El gran problema es que ambas comisiones de trabajo están en manos de bloques opositores al partido Movimiento Semilla. La Comisión de Reformas al Sector Justicia es presidida por el diputado Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista; mientras que Legislación y Puntos Constitucionales es dirigida por la congresista Thelma Ramírez; del bloque Vamos.
La Ley Orgánica del Organismo Legislativo ordena, en su artículo 40, que las comisiones están obligadas a rendir dictámenes en un plazo que no exceda de los 45 días hábiles, sin embargo, el mismo apartado establece que la comisión puede pedir una prórroga la cual no establece ningún límite de tiempo para el aplazamiento.
Aprobación cuesta arriba
El analista político, Renzo Rosal, expresó que por el momento no le ve futuro en el Congreso a la iniciativa de ley que presentó el presidente Bernardo Arévalo debido a la gran cantidad de obstáculos por la que debe pasar la propuesta de reformar la ley del MP.
“Veo muchos obstáculos. En primer lugar, las declaraciones del presidente del Congreso denotan falta de voluntad política y, luego, que la iniciativa llegue a comisiones controladas por la oposición puede desembocar en un dictamen desfavorable o bien un dictamen favorable a medias pero que afecte el sentido de la misma”, indicó Rosal.
El politólogo también señaló que “todos estos obstáculos debieron considerarse antes de presentar la iniciativa de ley y queda al desnudo la precariedad de la estrategia política que debió haberse planteado el Ejecutivo”.
Por su parte, Roberto Alejos, expresidente del Congreso, también opinó que el oficialismo tiene cuesta arriba lograr la aprobación de la reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, por el descontento que existe en las bancadas que conforman el Organismo Legislativo.
“El presidente Arévalo y su partido Semilla tomaron la decisión de eliminar todo tipo de prebendas para los diputados provenientes del Ejecutivo, lo cual es aplaudible y necesario. Pero creo que el oficialismo debe entender que debe mantenerse el diálogo y la negociación política porque negociar no es igual a comprar”, señaló Alejos.
Prensa Comunitaria buscó un comentario del diputado oficialista Samuel Pérez sobre las dificultades que podría afrontar la aprobación de la iniciativa de ley 6391, sin embargo, no atendió a las llamadas realizadas ni a los mensajes enviados a su teléfono móvil.
“Después de la sesión del pleno volvimos a retomar contacto con varios bloques y estamos hablando con organizaciones sociales, estamos realizando consultas y en conversación con varios diputados”, señaló Samuel Pérez en un programa de radio.|
