El discurso público de la administración Biden cambió de la indiferencia reciente a la condena abierta del Ministerio Público durante la crisis constitucional y a nuevas sanciones a funcionarios implicados en la criminalización del partido Movimiento Semilla.
Por Héctor Silva Ávalos y Quimy De León
Los teléfonos de quienes desde el Congreso, la Casa Blanca y el Departamento de Estado seguían la crisis política de Guatemala se activaron la tarde del miércoles 12 de julio. Lo que les informaban desde el país centroamericano estaba por hacer que los voceros de la política internacional en la administración Biden alzaran un poco la voz.
Faltaba poco para las ocho de la noche en Washington, las seis de la tarde en Guatemala, de aquel día cuando el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche anunció que, a petición suya, Fredy Orellana, un juez de primera instancia, había suspendido la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, lo que volvía a poner en duda la segunda vuelta electoral entre Bernardo Arévalo, el candidato de ese partido, y Sandra Torres, la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Aquello, como lo había hecho en Guatemala, activó alarmas en la capital de los Estados Unidos. En pocas horas, el gobierno de Biden llevó el tema al más alto nivel de su aparato diplomático, algo que no había ocurrido en varios meses. La acción de Curruchiche y el Ministerio Público (MP) también provocó algo muy inusual en estos tiempos: una reacción desde el Congreso apoyado por miembros de ambos partidos, el demócrata de Biden y el republicano.
El jueves 13 de julio, por la mañana, el Departamento de Estado (DOS), a través del portavoz Matthew Miller emitió un comunicado en el que se refirió, con dureza, a las acciones del MP, las cuales, dijo, “ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral que está en el centro de la democracia guatemalteca”.
El DOS, dijo Miller, tomaba nota de “el amplio espectro de voces de la sociedad guatemalteca que han expresado preocupación porque las acciones del Ministerio Público violan la ley electoral de Guatemala y protecciones constitucionales básicas”.
Para el embajador retirado Stephen McFarland, quien sirvió como jefe de misión de Estados Unidos en Guatemala, los intentos del pacto gobernante por revertir los resultados electorales fueron “groseros”.
“Cuando el gobierno y el pacto de corruptos se vuelven tan descarados y logran sacar a Thelma Cabrera (presidenciable del MLP), a Roberto Arzú y Carlos Pineda. Como respuesta a estas jugadas groseras del gobierno para manipular el proceso electoral, la gente o no vota o vota por Semilla en grandes cantidades e intentan repetir la jugada, y eso llama la atención no solo en Estados Unidos, sino en la OEA, que es al final un grupo de gobiernos”, dijo el diplomático a Prensa Comunitaria.
Las reacciones más contundentes llegaron desde el Congreso, sobre todo el comunicado co-firmado el 14 de julio por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara Alta y el representante republicano Michael McCaul, presidente del comité homólogo en la Cámara de Representantes. Los congresistas también condenaron las acciones del MP y felicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por declarar en firme los resultados del 25 de junio y la segunda vuelta el 20 de agosto próximo.
McCaul fue más allá y pidió a la administración de Joe Biden que responda con sanciones “a las acciones corruptas y antidemocráticas tomadas por actores políticos guatemaltecos”. El congresista se refirió, en particular, al “uso pleno” de las sanciones contempladas en la Sección 353 de la Ley de Compromiso Ampliado con el Triángulo Norte, también conocida como Lista Engel por el excongresista demócrata que la propuso. McCaul es uno de los republicanos de más alto rango que apoyó la creación de la ley y de la lista, la cual es confeccionada por el Departamento de Estado con nombres de funcionarios a los que considera involucrados en actos de corrupción o que socaven la estabilidad democrática.
La respuesta del Departamento de Estado fue casi inmediata. El 19 de julio, el DOS actualizó la Lista Engel y, en el capítulo de Guatemala, incluyó a funcionarios relacionados de forma directa con la arremetida del MP contra los resultados electorales, entre ellos la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
La reacción expedita del Departamento de Estado al pronunciamiento bipartidista en el Congreso ha sido entendida en Washington como un cambio de tono de la diplomacia estadounidense respecto a Guatemala. Y como algo más: que un republicano como McCaul haya pedido más sanciones puede indicar que la visión del Partido Republicano no se agota en la del senador Marco Rubio, de Florida, quien ha guardado silencio sobre lo que pasa en Guatemala y cuya intervención en el pasado fue importante para calentar los ánimos en Estados Unidos contra la CICIG.
“Hay un cambio definitivamente. Había un poco de frustración por los mensajes mezclados, los guiños al gobierno (de Giammattei) cuando la administración (Biden) estaba apoyando a quienes hoy están implicados en esto (lo electoral)”, dijo a Prensa Comunitaria un exasistente legislativo demócrata que está al tanto de las conversaciones en el Congreso en torno a Centroamérica, y quien habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público.
El embajador retirado McFarland cree que en Estados Unidos ha crecido, desde hace algunas décadas, el interés de apoyar procesos democráticos y mecanismos de fortalecimiento del Estado. “Hay un reconocimiento en Washington de que en los últimos años, desde 2018, el Estado de Guatemala ha sido capturado por la corrupción y el crimen organizado con la venia de ciertos partidos políticos con la anuencia de ciertos empresarios y otras figuras prominentes del país”.
La primera señal de que el tono había cambiado en Washington por la coyuntura electoral llegó el 2 de julio cuando el secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken, publicó una breve declaración en la que se mostró “profundamente preocupado por los intentos de interferir en el resultado de las elecciones del 25 de junio”. Esos intentos, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, “violan el espíritu de la Constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático”.
Un día antes de la intervención de Blinken, la Corte de Constitucionalidad (CC) había detenido la oficialización de los resultados electorales tras aceptar un amparo introducido por diez de los partidos perdedores para que se revisará el conteo de votos. Uno de los argumentos de los demandantes es que había actas de escrutinio alteradas, sin embargo, no presentaron pruebas de ello. Antes, una misión de observadores de la OEA y otra de la Unión Europea (UE) habían certificado la limpieza de las elecciones.
Ante la respuesta internacional, que por ahora ha alcanzado su forma más crítica tras las acciones del MP para intentar criminalizar al Movimiento Semilla, algunos aliados tradicionales de la fiscal general Consuelo Porras volvieron a la palestra para defenderla a ella, a Rafael Curruchiche y sus acciones en el tema electoral. Los defensores más notables han sido los personeros de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y las cuentas apócrifas relacionadas con ellos; la FCT ha vuelto a esgrimir que la respuesta de Estados Unidos es injerencista y ha atacado a organizaciones de sociedad civil y a periodistas a los que acusa de presentarse a la agenda de Washington.
Todos ellos, la fiscal general Porras, el fiscal Curruchiche, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle -los dos últimos de la FCT- ya habían sido incluidos en la Lista Engel.
Cuando, el 12 de julio pasado, Curruchiche anunció que el juez del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, había ordenado la suspensión de la personería jurídica de Semilla, de inmediato se sucedieron en Guatemala otras acciones legales y políticas que limitaron el alcance de lo actuado por el MP. La más importante fue el anuncio que hizo el Tribunal Supremo Electoral, media hora después de la intervención pública de Curruchiche, de que los reconteos y revisiones ordenadas por la Corte de Constitucionalidad habían concluido y que los resultados del 25 de junio quedaban oficializados, con lo cual el sistema judicial volvía a dar luz verde a la segunda vuelta.
En Washington, la congresista demócrata de California, Norma Torres, reaccionó en su cuenta de Twitter y añadió un señalamiento que ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han hecho: responsabilizó directamente al presidente Alejandro Giammattei de participar en los intentos por revertir el resultado electoral.
“Después de múltiples intentos de influir de forma indebida en el proceso de votación, el régimen de Giammattei trató de suspender al candidato anticorrupción y a su partido. Esta es una afronta a la democracia y una desagradable muestra de irrespeto al pueblo de Guatemala”, tuiteó Torres el 13 de julio, dos días después del anuncio del fiscal Curruchiche.
Por ahora, la presión de Washington ha ido dejando solo al Ministerio Público, frente a cuya sede central las protestas pacíficas no han parado desde hace seis días. Curruchiche, sin embargo, no ha parado: el martes 18 de julio el MP ordenó el arresto de dos miembros del Movimiento Semilla a los que ha acusado de falsedad ideológica y asociaciones ilícitas por, supuestamente, falsificar firmas utilizadas para la constitución del partido político que hoy pelea por la presidencia de Guatemala.
El lenguaje cambiante de Estados Unidos
En una reunión cerrada con miembros de la administración Biden, a mediados de junio, activistas, periodistas y opositores guatemaltecos reclamaban por la ambigüedad que Washington ha mostrado en los últimos meses respecto a Guatemala. Las llamadas telefónicas entre el presidente Alejandro Giammattei y la vicepresidente estadounidense Kamala Harris estuvieron entre los puntos más comentados.
La última conexión telefónica entre Harris y el presidente guatemalteco, al menos de la que se tuvo noticia pública, ocurrió el 13 de junio pasado, doce días antes de las elecciones generales y uno después de que Guatemala y Estados Unidos pusieron en marcha la primera fase del programa “Oficinas de movilidad segura”, con el cual Washington pretende evacuar peticiones de asilo y refugio de migrantes centroamericanos antes de que estos alcancen la frontera sur con México.
En aquella llamada, de acuerdo con un extracto que se hizo público, Harris también habló de las elecciones del 25J. Estados Unidos apoyaba, dijo la vicepresidenta, “elecciones libres, justas, inclusivas y pacíficas y un proceso electoral transparente”. A esas alturas, ya el Tribunal Supremo Electoral y las cortes del país, controladas en parte por la coalición política con que ha gobernado Giammattei, habían bloqueado la participación de cuatro candidaturas. Algunos de los guatemaltecos presentes en la reunión de junio con funcionarios estadounidenses dijeron que esa llamada se había entendido como un espaldarazo a Giammattei.
La relación entre el gobierno de Giammattei y el de Biden, de hecho, ha sido turbulenta. Uno de los puntos de tensión más fuertes ocurrió en mayo de 2022, cuando el Departamento de Estado designó a la fiscal general Consuelo Porras como funcionaria antidemocrática y corrupta en la Lista Engel.
Porras fue incluida en la lista el 16 de mayo. Ese mismo día, Giammattei la reeligió en el puesto de fiscal general para un periodo que termina en 2027. Cinco días antes, el 11 de mayo, Giammattei, en un acto público con alcaldes de su país, se burló de la Lista Engel, a la que llamó “lista zopilote”, y expresó su apoyo a Porras. El presidente, además, insinuó que había dejado las cosas claras al respecto con una “potencia” extranjera a la que no nombró aunque en Washington, según una diplomática estadounidense consultada, se entendió que se refería al gobierno de Joe Biden.
“Viene la elección del próximo fiscal. Me han llamado, me han amenazado, me han dicho que me van a quitar… y yo lo único que he podido contestar, como se lo dije a un embajador de una potencia, de un imperio, en una visita que me hizo, le dije: ‘embajador, ustedes no han entendido que mientras yo sea presidente de este país… aquí se respeta la soberanía del país”, dijo Giammattei.
Fue Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, quien explicó en un comunicado las razones tras la sanción a Porras. “Obstruyó repetidamente y socavó investigaciones de corrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y agenciarse favores políticos indebidos. El patrón de obstrucción de Porras incluye reportes de que ordenó a fiscales del Ministerio Público de ignorar casos basada en consideraciones políticas y despidiendo a fiscales que investigaron casos de corrupción”.
Uno de los aliados políticos a los que Porras protegió fue, precisamente, el presidente Giammattei. En 2021, por órdenes de ella, el fiscal Rafael Curruchiche, quien hoy dirige las acciones del MP para revertir los resultados electorales, enterró dos investigaciones en las que el mandatario estaba involucrado, uno relacionado con un supuesto soborno millonario entregado por mineros rusos y kazajos y otro por una coima que supuestamente recibió del exministro José Luis Benito.
Tras el 25J ha sido el MP de Porras el que se ha quedado liderando el empeño de criminalizar al Movimiento Semilla y, con ello, de revertir los resultados de la jornada electoral. Aun cuando otras instituciones del Estado que antes habían bloqueado candidaturas o retrasaron la oficialización de los resultados de la primera vuelta se retractaron y terminaron reconociendo que Semilla se enfrentará en segunda vuelta con la UNE de Sandra Torres, el MP de Porras no ha dado marcha atrás.
Contra el MP Washington ha endurecido el discurso público. A las sanciones y la Lista Engel los funcionarios de Biden añadieron, en el contexto electoral, señalamientos directos de poner en peligro la democracia guatemalteca.
Otras instituciones del Estado, también involucradas en las elecciones y que en su momento se prestaron a bloquear candidaturas, han recibido elogios por reconocer, a última hora, los resultados del 25J. Es el caso del Tribunal Supremo Electoral, sobre cuyos magistrados, no obstante, pesa la acusación de que recibieron un soborno de Miguel Martínez, el operador político más cercano a Giammattei, para interferir en las elecciones.
El miércoles 19 de julio, para rematar la faena, el Departamento de Estado incluyó en la Lista Engel a la fiscal Cinthia Monterroso y al juez Fredy Orellana, ambos protagonistas en la intentona del MP en revertir el resultado electoral, pero también en la criminalización de periodistas y exoperadores de justicia en Guatemala.
Las primeras reacciones en Guatemala, ante las nuevas sanciones, fueron que Washington no despega el ojo de los protagonistas en la crisis actual y que algunos de los incluidos tienen vínculos directos con el gobierno Giammattei, como Omar Barrios, el jefe de la Comisión Nacional de Puertos, cercano a la presidencia, y Lesther Castellanos, el relator gubernamental contra la tortura que fue electo con el apoyo del presidente.
Lo cierto es que Washington tiene el ojo puesto sobre Guatemala de nuevo. Y lo previsible es que la vigilancia estrecha no culminará hasta que los guatemaltecos y guatemaltecas vayan de nuevo a las urnas el 20 de agosto.
