De cara al caribe guatemalteco, se encuentra el municipio de El Estor, Izabal, de tradición pesquera. En los últimos años, los maya Q’eqchi’ han protagonizado la defensa del territorio ante el extractivismo depredador impuesto por el gobierno y la minera multinacional, Solway Investment Group, y sus filiales la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico; que ha contaminado el lago más grande del país y destruido cerros, montañas y bosques con total impunidad.
La llegada de las elecciones generales significa una ventana de esperanza para la resistencia antiminera que quiere dar un vuelco a la política municipal y conseguir sostener la defensa de la naturaleza desde la alcaldía con ayuda del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Sin embargo, la contraoferta política, de quedar electa, podría deshacer los esfuerzos para oponerse a la permanencia de Solway en el territorio.
Por Paolina Albani y Juan Bautista Xol
La oferta política y los vínculos con Solway
Dieciséis partidos políticos forman parte de la contienda electoral que se celebrará este próximo 25 de junio, una elección trascendental por el contexto de El Estor, Izabal.
Olga Ché, quien ha sido tesorera de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA), lidera la que parece ser la única propuesta disruptiva entre toda la oferta electoral en El Estor. Ché va para concejal primera por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y cuenta con el respaldo de Abelino Chub, a quien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no le permitió participar para alcalde, pese a no tener ningún impedimento constitucional y legal.
Chub ha contado que su exclusión se debe a “razones administrativas”, al no tener sus antecedentes penales y policiacos limpios, como consecuencia de la criminalización del gobierno en su contra para evitar que participe en la contienda. A pesar de que en 2019, el Juzgado de Mayor Riesgo A lo declaró inocente de los cargos de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita, que le hicieron las empresas Inversiones Cobra S.A. y CXI Sociedad Anónima, por la defensa de los recursos naturales.
Sin embargo, el acompañamiento de Chub durante la campaña política ha sido determinante en comunidades en donde Ché no es conocida más que de oídas, y ha participado refrendando la participación de la tesorera de la gremial como concejal primera.
Chub y Ché han referido en una visita a El Estor, en febrero pasado, que el único ofrecimiento que le han hecho a las comunidades ha sido implementar una política que permita defender a la naturaleza y empoderar a las mujeres. Esta ha sido una de las razones por las que Olga Ché decidió activarse en la política partidaria, tras ser una figura importante y visible a nivel mundial en la defensa del Lago de Izabal.
La planilla del MLP también la integran otros miembros de la resistencia antiminera, según han referido. Se espera que la participación del MLP marque el proceso de elecciones, así como ha marcado la historia reciente del municipio.
Los partidos tradicionales también están compitiendo en estas elecciones. El partido oficial Vamos es uno de los que lidera la intención de voto en estas elecciones con Genaro Ico Cholom como candidato a alcalde, quien se postula por cuarta ocasión. Ico Cholom, entre 2008 a 2012, fue concejal del actual alcalde, Joel Lorenzo Flores.
De 2012 a 2016 fue concejal del exalcalde Sostenes Leiva quien ahora busca la primera concejalía por el partido oficial Vamos. Durante su administración varios proyectos no fueron ejecutados y otros más que no fueron finalizados. Ico Cholom parece no tener un vínculo con las empresas mineras y los palmeros, pero integrantes de su planilla sí, según las fuentes consultadas por Prensa Comunitaria.
José Antonio Ichich Cac, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es el segundo aspirante a la alcaldía de El Estor. Esta es su segundo intento de ganar una elección. En 2019, quedó en segundo lugar con el partido Creo. Sus simpatizantes alegaron que perdió la elección porque el alcalde Flores amañó los resultados, y tendría vínculos con la empresa NaturAceites, que en 2021, aprovechando el estado de sitio en el municipio, desalojó violentamente a la comunidad del sur, Chinebal.
Los vecinos recordaron que antes de la segunda vuelta para presidente, Ichich Cac se reunió con Flores, y luego se supo que consiguió una plaza en el Ministerio de Cultura y Deporte. Algunos informes publicados en línea confirman la contratación del candidato en el Estado, bajo la Dirección General de Desarrollo Cultural. Sobre todo, estuvo encargado de la Casa de Desarrollo Cultural de El Estor.
Sus vínculos con el oficialismo y las declaraciones de algunos de sus simpatizantes han apuntado que, de ser electo, apoyará a las mineras.
Antes de que el gobierno de Alejandro Giammattei realizara la consulta comunitaria bajo el estado de sitio, en diciembre de 2021, Ichich Cac formó parte de un grupo de vecinos que apoyaban la operación de Solway en El Estor.
Otro candidato es Armando Geonni Warren Chávez, del partido Cabal. Esta es su segundo intento en la contienda electoral. En 2019, participó con el partido conservador Valor y quedó en cuarto lugar. Warren ha atraído una mayor intención de voto con ayuda de las artes, instalando miniferias, cine, entre otros.
El resto de la oferta política está conformada por personajes que han intentado hacerse con la silla municipal en más de una ocasión o que han integrado la corporación, pero ahora buscan la jefatura.
Adelso Romel Reyes, del partido Valor, ha sido director de Comunidades en Desarrollo en la actual corporación y estuvo involucrado en el proceso de preconsulta comunitaria que decidiría la continuidad de las mineras CGN y Pronico, filiales de Solway.
Por otro lado, está Rony Méndez Caal, quien fue alcalde de 2016 a 2020, y busca la reelección por el partido Nosotros. Durante su mandato, Méndez Caal instrumentalizó a la policía para dispersar una manifestación pacífica de pescadores que reclamaban la contaminación del lago de Izabal, que terminó en el asesinato del pescador Carlos Maaz, en mayo de 2017.
Otros candidatos de menor atracción son: Abelardo Santiago Cacao Coy por el partido Todos; Jorge Sacul, del partido Cambio; otra de las pocas mujeres contendiente en esta elección es Olivia Cacao, del partido Prosperidad Ciudadana, y quien ha sido directora de la Oficina de la Mujer en la actual administración.
Por otro lado, el alcalde Flores, quien ha sido fiel defensor de las mineras en el municipio, aspira a ser electo como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), por la UNE.
Varias voces han advertido que personas promineros podrían ejecutar alguna acción para interferir en las elecciones. A esto se suma que la Junta Electoral Departamental de Izabal decidió que El Estor tenga una hora menos para votar. Supuestamente, por ser uno de los municipios de mayor conflictividad. Los centros de votación recibirán a los vecinos de 7 a 17 horas.
La historia reciente de El Estor ha quedado marcado por el parcial cierre de las operaciones de la minera de Solway, en noviembre de 2022, tras la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de EE.UU. que congeló los activos de CGN, Pronico y Mayaniquel por estar ligadas o controladas al ruso Dimitri Kudriakov (también señalado junto a la bielorrusa Irina Litviniuk de dirigir un esquema de sobornos con funcionarios del gobierno), y los intentos del gobierno de EE.UU. por apoyar la reventa de la compañía a empresarios canadienses quienes compiten con una empresa China, por las menas de ferroníquel que son utilizadas en la construcción de carros eléctricos.
También por la impunidad judicial que ha criminalizado a pescadores que se han opuesto a la minera y periodistas comunitarios que han dado cobertura a los abusos de la multinacional, como el caso del expediente abierto contra Carlos Choc que lleva cuatro años sin resolverse, y a la vez, ha desestimado y archivado las denuncias de Choc contra la policía, y otras acciones de desalojo a comunidades como los vecinos de Buena Vista.
Un recuento de la defensa del Lago de Izabal que dio a luz a la resistencia antiminera
Contar la historia de El Estor es contar la historia del lago de Izabal, las montañas, los cerros, los bosques, pero también de la resistencia indígena Q’eqchi’ que se le plantó a una minera multinacional para defender sus recursos y denunciar el acoso corporativo sufrido a manos de Solway.
La oposición a la minera empieza desde la instalación del proyecto de extracción Fénix, que desde siempre ha pertenecido a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ha estado en el territorio desde 1961 y ha explotado tierras Q’eqchi’ con total libertad e impunidad.
En 2011, CGN y Fénix pasaron de las manos de la empresa canadiense Hudbay Minerals a las de Solway Investment Group, que para 2014, inauguró la planta en presencia del entonces presidente del país, Otto Pérez Molina.
Una mañana de abril de 2017, los maya Q’eqchi’ despertaron para encontrar al Lago de Izabal, que es el más grande del país, contaminado. El paso de los días mató especies marinas y generó preocupación en los pescadores quienes dependían y siguen dependiendo de la pesca para sobrevivir.
La contaminación llevó a los pescadores, a las autoridades ancestrales y a vecinos particulares a organizarse en la Gremial de Pescadores Artesanales para exigir el cierre y expulsión de la mina del territorio. Aun sin pruebas que les respaldaran, señalaron a la transnacional de la polución que no solo acabó con la vida de muchas especies animales y puso en riesgo a la pesca, sino que empezaba a tener consecuencias en la salud de las personas.
Las autoridades del municipio no los escucharon, así que realizaron varias jornadas de manifestación pacífica tomando el camino de la carretera nacional que lleva hacia el ingreso de la planta minera. El 27 de mayo de ese año, fue un día que nunca olvidaría la resistencia antiminera. No solo por la exagerada movilización de agentes de la policía de las fuerzas especiales, que iban armados y portaban escudos y otro equipo de protección, sino porque el uso excesivo de la fuerza provocó la muerte de uno de los pescadores opositores de la mina: Carlos Maaz.
Periodistas de Prensa Comunitaria dieron cobertura a las manifestaciones y documentaron el momento en que una bala de la policía se insertó en el corazón de Maaz.
El asesinato de Maaz, que sigue impune, desató la consolidación de la resistencia antiminera y arreció las voces que demandaban la expulsión de la minera. Por años, las manifestaciones pacíficas siguieron sin surtir ningún efecto y los gobiernos permanecieron como aliados y cómplices de CGN que estaba operando de manera ilegal desde el inicio, al no haber realizado una consulta comunitaria, como requiere el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al no tener licencia de explotación y Estudio de Impacto Ambiental.
La manifestación para formar parte de la consulta comunitaria
En un salto de cuatro años, en octubre de 2021, la resistencia antiminera reactivó sus manifestaciones pacíficas y tomó de nuevo la carretera para hacer presión en el gobierno que escuchara sus demandas de siempre, pero también porque en las siguientes semanas, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizaría la consulta comunitaria y más de 90 comunidades afectadas por la actividad de la mina fueron excluidas del proceso de consulta.
La toma de la carretera duró 20 días, período en el que periodistas de Prensa Comunitaria documentaron las acciones de la resistencia y comprobaron que el único impedimento para pasar era para las góndolas de la empresa, pero el resto de las personas y transporte podían transitar libremente.
La resistencia se turnó durante esos días y conformó un pequeño campamento a la orilla del camino para resguardarlo, donde colocaron piedras para evitar el paso de la mina. En los primeros días de la toma, autoridades del gobierno llegaron para negociar con ellos de aceptar un proceso de diálogo, pero los manifestantes se negaron diciendo que durante años fueron ignorados y que ya no creían en sus ofrecimientos. Menos todavía porque la Corte de Constitucionalidad (CC), en 2019 y 2020, ordenó la suspensión de la licencia del proyecto Fénix, sin que el gobierno acatara la orden.
Representantes de Pronico, que quisieron hacerse pasar por una empresa ajena a CGN, e intentaron pasar góndolas cargadas de carbón, pero la resistencia les negó el paso.
Nuevamente, la llegada de la policía fue la respuesta estatal. Para el 23 de octubre, centenas de policías antimotines se apostaron en El Estor, a la espera de las indicaciones del gobernador de Izabal, a quien la manifestación mostró la sentencia de la CC como respaldo legal.
El gobernador, nuevamente, ofreció abrir una mesa de diálogo y llevar a cinco representantes a la capital. Pasado el mediodía, la policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a quienes tapaban la vía, incluso lanzaron bombas hacia las casas que estaban a la orilla del camino, donde había niños, mujeres y ancianos que fueron intoxicados con los gases, según documentaron los periodistas.
La policía se retiró antes de liberar el camino, pero regresó al siguiente día para desalojarlos y, lo logró, porque el gobierno declaró estado de sitio en el lugar durante un mes, y redobló la presencia policial y del ejército.
Durante el estado de sitio ocurrieron tres cosas: la primera, la persecución y allanamientos de las viviendas de la resistencia y de la GPA; la segunda, la llegada de la policía y el ejército para desalojar a la comunidad de Chinebal, al sur de El Estor, en donde permitieron que personal de la empresa NaturAceites quemaran las viviendas de la comunidad alegando que eran invasores; y la tercera, la realización de una consulta comunitaria excluyente en diciembre de 2021, que devolvió la licencia de explotación a Solway en enero de 2022, y que, luego, fue anulada por la CC en abril.
La investigación Mining Secrets
En marzo de 2022, Prensa Comunitaria y 19 medios más, publicaron una serie de historias de la investigación denominada Mining Secrets, o Secretos Mineros, basadas en la filtración de más de 8 millones de correos y documentos de Solway Group que fueron hechos públicos por el grupo de hackers Guacamaya Roja.
Los hallazgos permitieron confirmar varias acciones que la resistencia antiminera venía denunciando desde la llegada de Solway al territorio. La primera de ellas es que la mina sí fue responsable de la contaminación del lago en 2017 y que manipularon documentos de pruebas en donde se identificaba la presencia de ferroníquel en el agua que ocasionó la muerte de las especies.
Otra revelación de la investigación fue que la empresa tejió una estrategia de control para dividir a las comunidades y acciones de perfilamiento, persecución judicial, vigilancia, entre otros, para desacreditar a la resistencia antiminera, y financió el nombramiento de autoridades ancestrales paralelas para avalar la consulta comunitaria.
También se descubrió que CGN-Pronico y empresarios de la minera de origen ruso y kazajo, se reunieron con el presidente Alejandro Giammattei y le entregaron un soborno millonario envuelto en una alfombra para negociar la concesión del Puerto Santo Tomás de Castilla. Un caso que fue denominado por la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) como la trama rusa.
Paralelamente a la investigación de Mining Secrets, la FECI cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, descubrió que CGN-Pronico y empresarios de la minera de origen ruso y kazajo, se reunieron con el presidente Alejandro Giammattei y le entregaron un soborno millonario envuelto en una alfombra para negociar la concesión del Puerto Santo Tomás de Castilla. Un caso que fue denominado como la Trama Rusa.
Lee la historia completa en:
https://www.miningsecrets.prensacomunitaria.org/la-investigacion
