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Ruso y bielorrusa sancionados por EE. UU. dirigieron la operación de espionaje y criminalización a indígenas y periodistas en El Estor

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Créditos: David Toro / Prensa Comunitaria. El ruso Dimitri Kudriakov, durante una audiencia por el caso de tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala, que murieron en la zona de influencia del Proyecto Minero Fénix.
Tiempo de lectura: 9 minutos

 

Dimitri Kudriakov supervisó, en 2017, las acciones de espionaje y criminalización contra las autoridades Q’eqchi’ y el periodista Carlos Choc de Prensa Comunitaria en el contexto de las protestas por la contaminación provocada por la mina de níquel en el lago de Izabal. Las operaciones opacas pasan por su aprobación, desde sus gerentes a sus más subalternos le llaman “el jefe”.

Por Héctor Silva Ávalos y Paolina Albani*

Ambos hombres sonríen en la fotografía. El de la izquierda es moreno, de cabellos blancos, viste jeans azul oscuro y una camisa blanca de mangas largas que lleva a la altura de los codos; sostiene una placa conmemorativa dorada. El de la derecha es calvo, de tez blanca y también viste camisa blanca de mangas largas, pero él las lleva extendidas hasta las muñecas. El de la derecha se llama Dimitri Kudriakov y es el presidente de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). El de la izquierda se llama Otto Pérez Molina y era, entonces, el presidente de Guatemala. La foto fue tomada el 30 de mayo de 2014, día en que CGN inauguró operaciones de la planta de procesamiento de níquel en el Proyecto Minero Fénix en El Estor, Izabal.

El futuro deparó a esos dos hombres escenarios complicados. A Pérez Molina, el Ministerio Público de Guatemala lo metió preso un año después por actos de corrupción. Lo de Kudriakov tardó más: el 18 de noviembre de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó bajo la Ley Magnitsky, junto a la bielorrusa Iryna Litviniuk, por “múltiples esquemas de sobornos durante años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios…” y “llevar a cabo actos corruptos en apoyo a los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.

Kudriakov tiene 58 años y nació en Irkutsk, Rusia. Litviniuk nació hace 32 años en Kobrin, Bielorrusia. Ambos han sido, desde los años de Pérez Molina, dos de los más altos ejecutivos de CGN y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO), las operadoras guatemaltecas del consorcio ruso-suizo Solway Investment Group, la empresa dueña de los derechos de explotación del Proyecto Minero Fénix en El Estor, Izabal, y de por lo menos tres proyectos extractivos más: Niquegua Montufar II en Morales, y Chichipate en El Estor y Panzós. Los dos extranjeros y las dos compañías que operan en Guatemala fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro, además de Mayaníquel, otra empresa que no es parte del consorcio Solway, pero que tiene sociedades comerciales; entre Solway y Telf Ag, la empresa rusa dueña de Mayaníquel, hay relaciones tanto en la planta extractiva de El Estor como en el puerto Santo Tomás de Castilla, desde donde estas empresas exportan níquel y otros metales hacia Europa, Asia y el resto de América.

El presidente Otto Pérez Molina (izquierda) y Dimitri Kudriakov durante la inauguración de operaciones de la mina de níquel bajo gestión de CGN y Pronico en 2014. Foto: Mining Secrets.

La relación de Kudriakov y CGN con dos de los tres sucesores de Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, fue igual de amable que la que existía con la administración del militar en 2014. En 2017, a petición de ejecutivos de CGN y Pronico, el gobierno de Morales decretó estado de sitio en El Estor cuando un grupo de pescadores maya Q’eqchi’ denunció que la mina estaba contaminando al lago de Izabal. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Morales preparó aquel año, en Ciudad de Guatemala, un encuentro con empresarios rusos, entre ellos, los mineros de Solway y TelfAg, la segunda dueña de Mayaníquel.

Fue durante la gestión de Morales, el 27 de mayo de 2017, que un agente de la Policía Nacional Civil mató al pescador Carlos Maaz, quien participaba en una de las protestas pacíficas por la contaminación del lago de Izabal, cerca de las instalaciones de la mina en El Estor. El gobierno de Morales y la empresa intentaron ocultar que había sido un agente policial el autor de la muerte, pero reportes del periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Choc, los desmintieron. A partir de entonces, la mina rusa, bajo la dirección de Kudriakov y con la complicidad de la presidencia de Guatemala, inició una operación masiva de persecución contra la población maya Q’eqchi’ que participó en las protestas, entre ellos al periodista Carlos Choc.

La persecución, de hecho, había empezado antes del asesinato de Maaz, cuando las protestas por la contaminación arrancaron en El Estor. El 11 de mayo de 2017, por ejemplo, un abogado de la mina solicitó a otros empleados, en nombre del presidente Kudriakov, los nombres completos, direcciones de domicilios, números de identificación y fotografías de quienes se habían tomado la carretera de El Estor. El objetivo de Kudriakov y los suyos, según un correo electrónico que es parte de la investigación Mining Secrets, era iniciar acciones penales contra quienes protestaban en contra de la minera.

-Documento revelado tras la filtración del Grupo Guacamaya de los documentos internos de CGN en 2021-

Uno de los principales objetivos de aquella persecución fue, luego de la muerte del pescador Maaz, el periodista Carlos Choc. Los mineros empezaron a seguir de cerca todas las publicaciones de Prensa Comunitaria con especial atención en las de Carlos Choc desde mayo de 2017 y, lo continuaron haciendo, al menos, hasta marzo de 2019, de acuerdo con documentos de la investigación Mining Secrets. En agosto de 2017, CGN cumplió la orden que Kudriakov había dado e inició una causa penal contra Choc que aún permanece abierta cinco años después.

Kudriakov y CGN también han tenido buenas relaciones con Aníbal Arteaga, un juez destacado en Puerto Barrios, quien lleva casi una década fallando a favor de la mina en diversos casos. Uno de ellos. el relacionado con la persecución penal contra Choc.

En 2017, el juez Arteaga dio luz verde al desalojo de varias familias maya Q’eqchi’ en la finca Cahaboncito a petición de Dimitri Kudriakov, quien firmó un escrito al juez el 12 de septiembre de aquel año en su calidad de presidente de CGN, Pronico y Bocanueva, una empresa relacionada con las anteriores y dueña legal de fincas en el área de influencia de la mina.

A Kudriakov el juez Arteaga ya lo había sacado de apuros antes, en 2015, cuando llegó al tribunal el caso de tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG que hacían prácticas en la zona de influencia de la mina y murieron en circunstancias poco claras), en un proceso en el que la minera y la universidad entorpecieron el proceso penal.

Otto Pérez Molina y Dimitri Kudriakov en la inauguración de la planta del Proyecto Minero Fénix en El Estor en 2014. Foto: Mining Secrets.

Los familiares de los tres estudiantes alegan que un empleado de la mina está implicado en las muertes. Kudriakov, presidente de CGN en aquel momento, trató de desmarcarse diciendo, en un interrogatorio del Ministerio Público, que el acusado no era empleado de la compañía, lo que fue desmentido por testigos. Correos internos de las compañías mineras, parte de la investigación Mining Secrets, revelan que Antón Chevko, un empleado de CGN, le informó a Kudriakov que el juez Arteaga había logrado “obstruir” la investigación en el caso de los estudiantes de la UGV por siete años.

En 2019, ya durante la presidencia de Alejandro Giammattei, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la mina de El Estor operaba de forma ilegal porque no contaba con los permisos ambientales correspondientes y porque no había realizado, como la ley manda, una consulta previa e informada con las comunidades maya Q’eqchi’ afectadas por la actividad de la mina. Kudriakov volvió a la carga. Fue él quien supervisó las acciones de respuesta a la resolución de la CC.

Cuando, en 2020, la CC reiteró su resolución que dejaba en ilegalidad la operación de la mina, Kudriakov se jactó ante su jefe, el magnate estonio Aleksander Bronstein, cofundador de Solway, que la situación estaba controlada. La mina, le dijo, seguía operando a pesar de la oposición de “grupos radicales” y “campesinos”. La orden de que la mina no operara era, en realidad, del máximo tribunal de Guatemala. En algo tenía razón Kudriakov: la situación estaba controlada.

Tras la resolución de la CC, el gobierno de Alejandro Giammattei permitió que la mina de níquel de CGN siguiera funcionando sin problemas. Y, a la postre, grupos de influencia política cercanos al presidente terminaron por sacar de la corte a la magistrada Gloria Porras, presidenta del tribunal cuando esta falló contra la mina y la orillaron al exilio.

Kudriakov también se jactó de eso: “Estamos recuperando la productividad rápidamente… Estamos trabajando, manteniendo el equipo, seguimos con la producción, lo cual puede inflamar los cerebros de esta gente enferma si se dan cuenta”, escribe en clara alusión a la prohibición legal de la operación minera.

Los correos de Iryna Litviniuk

“La seguridad es un estado en el que no hay una amenaza real o potencial a ningún fenómeno social o persona, a ningún ser humano. También es un sentimiento constante de confianza, de estar protegido de algo o de alguien”. Estas frases las escribió la bielorrusa Iryna Litviniuk, en 2014, como parte de un ejercicio en el evento “Seguridad y cooperación en Europa. La perspectiva de la nueva generación”, organizado aquel año por el ministerio de exteriores suizo.

Cuatro años después de aquello, Litviniuk participaba en amplios operativos de seguridad en Guatemala, muy lejos de Suiza y, también de los ideales de armonía y protección sobre los que la bielorrusa escribía en 2014. Para los seres humanos que eran objetivos de los operativos en los que Litviniuk participaba, el sentimiento de protección era constantemente amenazado.

Iryna Litkviniuk durante un evento de seguridad y cooperación en Suiza en 2014. Foto: Ministerio de Exteriores de Suiza.

Litviniuk era formalmente empleada de Pronico, en 2018 y, entre sus principales misiones contaba la de disminuir los daños a la imagen del proyecto minero Fénix que pudieran causar sucesos como la muerte de los estudiantes de la UVG, la muerte del pescador Maaz o las denuncias de contaminación del lago de Izabal.

En 2018, como parte de la estrategia de comunicaciones y propaganda, CGN y Pronico decidieron atender peticiones de medios internacionales de prensa que querían hablar de varios temas, entre ellos la muerte del pescador Carlos Maaz. El 11 de noviembre, Litviniuk escribió al abogado Iván Camey para que preparara preguntas y respuestas que podrían hacerse en la entrevista con los periodistas, de forma que esta no se “saliera de las manos”.

En ese intercambio entra la bielorrusa y el equipo legal de la minera, también hay referencias a la explosión de una caldera en la planta de El Estor, que dejó siete muertos, en 2016, el cual la empresa trató de minimizar ocultando las fallas que la maquinaría presentaba y que públicamente ocultó dos de las siete muertes.

 

En enero de 2021, correos internos de Pronico muestran que Litviniuk también participó en la aprobación de una propuesta elaborada por Romel Reyes, quien tiene a su cargo la Dirección de Comunidades en Desarrollo de la municipalidad, y que a través de la oenenegé Asociación Sa’Komonil pretendía poner en marcha un plan para “contrarrestar o anular la incidencia de la Defensoría Q’eqchi’ en cinco municipios: dos de Izabal y tres de Alta Verapaz”. A cambio, la minera le daría Q1 millón 617 mil para financiar el proyecto.

Esa negociación permitió que la municipalidad de El Estor rechazara la inscripción de los Cuatro Consejos -Qawa’ San Baals, Qana’ Tomasa, Qawa’ Oxlaju Aj y Qawa’ Siyab’- representados por 97 autoridades ancestrales maya Q’eqchi’, en la consulta comunitaria.

Decenas de documentos revisados por Prensa Comunitaria y un consorcio de 65 periodistas de 20 medios de 15 países del mundo, como parte del proyecto de investigación Mining Secrets, dan cuenta de que, en febrero de 2020, Iryna Litviniuk también estuvo involucrada en un plan propagandístico que incluyó esparcir noticias falsas del supuesto descontento de población Q’eqchi’ hacia los periodistas que empezaban a hacer preguntas sobre las distintas irregularidades atribuidas a la mina. La idea, según los intercambios, era “minimizar el impacto mediático negativo y limitar acceso a los periodistas a fuentes de información dentro de las comunidades”.

Litviniuk también participó, en enero de 2021, en un plan para “contrarrestar” la incidencia de organizaciones y dirigentes Q’eqchi’ opuestos a la mina y a sus actividades. Un plan dirigido contra los comunitarios a quienes culpan de la contaminación del lago de Izabal. Aquella operación fue ideada, según las comunicaciones internas de Solway, CGN y Pronico, por un empleado de la alcaldía de El Estor, quien lo presentó a funcionarios guatemaltecos de la mina. Litviniuk pidió revisar el plan y echarlo a andar.

Fue por acciones como estas que el Departamento del Tesoro (DOT) designó a Litviniuk y Kudriakov para ser sancionados bajo la Ley Magnitsky a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Ambos, dice DOT, “materialmente asistieron, patrocinaron, o proveyeron apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos del Estado, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales, la extracción de recursos naturales o el soborno”.

La OFAC tiene la palabra final respecto a la relación entre los sancionados, las empresas que son subsidiarias de Solway y Mayaníquel, propiedad de TelfAg, otra empresa rusa, y que está acusada de dar un soborno millonario al presidente Alejandro Giammattei. Kudriakov, dice el Departamento del Tesoro, “fue propietario o controló, directa o indirectamente, a CGN, Pronico y Mayaníquel”.

La primera reacción de Solway, tras conocerse las sanciones estadounidenses, fue “separar” a Kudriakov y a Litviniuk mientras realizan “una investigación interna”. No es la primera vez que la compañía ruso – suiza dice que investigará sin que nada cambie; ya lo había hecho a inicios de 2022, obligada por las publicaciones de Mining Secrets que revelaban las irregularidades de la mina en El Estor y por exigencia de algunos de sus clientes en Europa, como el gigante sueco Ikea. Hasta ahora, nada ha dicho Solway de aquellas investigaciones, pero lo cierto es que la mina sigue funcionando en Guatemala a pesar de las prohibiciones legales que siguen en pie luego de que una corte desestimara la consulta que CGN y Pronico hicieron en 2021, bajo los auspicios del gobierno de Alejandro Giammattei, y que dejó por fuera a más de 90 comunidades maya Q’eqchi’ que se oponen a la actividad minera. Esto generó nuevas oleadas de persecución, desinformación y espionaje, como las que el ruso Kudriakov y la bielorrusa Litviniuk llevan adelante durante años en El Estor.

* Con información de la investigación de Mining Secrets

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