Por Juan Bautista Xol
Treinta familias de la comunidad Buena Vista, de El Estor, Izabal, se enfrentan a la amenaza de ser desalojadas del lugar que habitan desde 2017, según informaron algunos comunitarios.
Las familias se reunieron, el pasado 24 de enero, en el salón comunal ante la nueva amenaza de desalojo. Las mujeres junto a sus hijos esperaban con temor la llegada de antimotines. El catequista David Cucul dijo que las amenazas y órdenes de captura son constantes y atemorizan, además ponen en riesgo a la niñez y a mujeres embarazadas.
“El 27 de abril se cumplen 6 años de haber llegado a estas tierras a trabajar, para que nuestros hijos tengan comida, pero la principal razón fue porque la comunidad de Sierra Santa Cruz, en donde vivíamos, se inundó por el desborde del río Túnico, en 2015, y perdimos todo, después de eso la CONRED confirmó que era inhabitable y no podríamos regresar ahí, además nos ofrecieron comprar tierras y hasta la fecha estamos en el olvido”, dijo Cucul.
Ante esa situación los comunitarios decidieron ocupar las tierras de Buenas Vista, como medida de presión al Gobierno, para que busque negociar con la persona que dice ser propietaria de las tierras, pero las respuestas han sido las amenazas de desalojo, órdenes de captura y criminalización, informaron.
Concepción Chub, vecina del lugar, informó que, hasta julio de 2022, sumaron 12 intentos de desalojo, tres allanamientos y las capturas de un hombre y una mujer, de quienes prefirió no dar sus nombres por seguridad.
“Estamos acá porque tenemos necesidad de cultivar, no somos criminales y estamos cansados de tanta persecución y amenazas. Como mujer indígena me duele mucho lo que nos hacen; si estas tierras de verdad tienen dueño pues dialoguemos y que nos presente sus documentos”, concluyó.
Otras comunidades que enfrentan amenazas de desalojo son Santa Rosita y Tebernales, donde las familias también ocupan las tierras porque no reciben respuesta ni atención de las autoridades.
Dos dirigentes comunitarios de Santa Rosita, de quienes omitimos sus nombres, piden al Gobierno que proponga una mesa de diálogo para solucionar el problema. Aseguran ser trabajadores de campo y no criminales.
“Pedimos a las autoridades que tomen en cuenta la petición de las comunidades. No es justo que apoyen más a los extranjeros”, indicaron.
