Los guatemaltecos acudirán en un mes a votar y emitirán su sufragio ante una oferta electoral restringida y planificada por una maquinaria estatal cuya cooptación empezó al menos 10 años atrás. El Congreso, el Ejecutivo, el Organismo Judicial, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, el Procurador de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad y ahora el TSE mueven a su antojo las tuercas del sistema para dejar fuera de la contienda a los políticos que le generan incomodidad al status quo. La maquinaria trabaja a la perfección excluyendo a candidatos de oposición como una prioridad, pero no parpadea si los candidatos aliados les generan incomodidad.
Por Prensa Comunitaria
“El pacto de corruptos tiene nombres y apellidos, la máxima expresión hoy es el Tribunal Supremo Electoral”, dijo Jordán Rodas, candidato vicepresidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) durante una entrevista por la cadena de televisión CNN en español el lunes 22 de mayo.
Rodas habla de la exclusión de candidatos ahora no solo de la oposición, también de candidatos que se sentían confiados en el sistema para disputar las elecciones, como el presidenciable Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, cuya inscripción ha sido revocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a tres días de que finalice el plazo para la impresión de las papeletas.
Pero el TSE es tan solo una de las más recientes instituciones cooptadas por diferentes actores políticos, estructuras paralelas y el gobierno.
En esa amalgama de entidades figura la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), que fueron copadas paulatinamente por el oficialismo.
Este es un resumen de la forma en la que tales instituciones fueron capturadas y la manera en la que han actuado en este proceso electoral, por el cual ya manifestaron su preocupación instituciones internaciones, la Unión Europea y hasta la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un tribunal no tan supremo
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron designados por el Legislativo y obtuvieron el respaldo de casi la totalidad de diputados. Irma Palencia y Gabriel Aguilera consiguieron 147 votos, la mayor cantidad entre los que resultaron seleccionados.
Ello mostró que la elección tuvo amplio consenso en el Congreso. La misma se llevó a cabo en 2020 y, desde entonces, las alarmas se encendieron sobre el dudoso papel que jugarían los togados sobre las inscripciones de candidatos en las elecciones de este año.
Las acciones del TSE muestran que el temor era real. El binomio del MLP conformado por la lideresa indígena Thelma Cabrera y el exprocurador Jordán Rodas fue el primero en ser rechazado por el tribunal electoral. Luego, el Tribunal también rechazó la candidatura del congresista Aldo Dávila y la del presidenciable Roberto Arzú, quien iba a disputar un sector de votantes similar al de Zury Ríos y que aparentemente estaba subiendo en la medición de votos.
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El TSE actuó diferente con la candidata del partido Valor. Zury Ríos fue inscrita, pese a que en 2019 su postulación con el partido Valor fue desechada por orden de la CC, la cual indicó que la exdiputada tenía prohibición constitucional para competir por la presidencia. La candidatura de Manuel Conde, el candidato oficial, también pasó sin ningún problema pese a los innumerables señalamientos de campaña anticipada del partido Vamos y del uso de obras estatales para promocionar su imagen. El binomio de la UNE también fue inscrito aun cuando el candidato vicepresidencial también tenía prohibición para participar por ser pastor de una iglesia evangélica.
Los integrantes del TSE
Entre los magistrados electos para el TSE en 2020 está Ranulfo Rojas, quien en ese entonces era parte de la CSJ, organismo en donde había mostrado ser partidario de proteger a uno de los miembros de la alianza oficial: el diputado Felipe Alejos, a quien la alta corte del Organismo Judicial no quiso retirarle el antejuicio en cuatro ocasiones.
El togado también fue señalado de estar supuestamente involucrado en el caso de corrupción denominado Fénix y de Comisiones Paralelas 2020. Además, según documentó elPeriódico, llegó al puesto con un certificado de graduación de doctorado falso.
La UNE apoyó que Mynor Franco fuera electo para conformar el TSE. Y es que el partido tenía una deuda con el profesional, quien hace una década, como miembro de la CSJ, respaldó la candidatura presidencial de Sandra Torres.
Sin embargo, entre los magistrados electorales titulares, es Blanca Alfaro la que tiene la mayor trayectoria política. En 2011, fue electa como alcaldesa de Masagua y consiguió el cargo con el desaparecido y cuestionado Partido Patriota.
Luego de que terminó su período, fue reelecta con el partido Líder, la agrupación creada por Manuel Baldizón. Su última participación partidaria se remonta a 2019, cuando aspiraba a la vicepresidencia con Prosperidad Ciudadana, controlado en ese entonces por el exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar.
Como abogada, en 2006, Alfaro fue parte del equipo legal que defendió a Efraín Ríos Montt, por los hechos acaecidos en el Jueves Negro. Más de tres lustros después, la magistrada avaló que Zury Ríos, hija del exdictador, compita por la presidencia. A la magistrada Alfaro también se le vincula con el gobierno, fuentes del Ejecutivo indican que mantiene constante comunicación con los integrantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y se reúne con el mandatario Alejandro Giammattei. En 2021, durante una actividad con alcaldes de Quiché, la magistrada pidió el voto de los jefes ediles para el presidente.
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En tanto que Gabriel Aguilera, previo a asumir su puesto en el TSE, fue ministro de Trabajo en la administración de Jimmy Morales, uno de los gobiernos de derecha más representativos, por su exaltación y alianza con las fuerzas armadas y la poca voluntad estatal para combatir la corrupción del país.
Ahora Morales busca ser diputado tras su paso por el Parlacen. Mientras que Sandra Jovel, Enrique Degenhart y Julio Héctor Estrada, quienes formaron parte de su gabinete de gobierno, también se postulan para llegar al Congreso.
Por último, la magistrada Irma Palencia, actual presidenta de la entidad electoral, es la que menos exposición pública poseía en comparación con sus colegas. Antes de llegar al cargo, integraba la Sala Tercera de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.
El esposo de Palencia, Juan Carlos López Lam ha brindado sus servicios en algunas instituciones estatales en la actual gestión gubernamental. En total, el valor de sus contratos suscritos a partir de 2020 supera los Q568 mil.
Una Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones sin renovar
La Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones se han dedicado a rechazar los amparos interpuestos por los candidatos opositores del gobierno que buscan participar en las elecciones o bien aceptar la de los aliados.
Por ejemplo, la CSJ desestimó la acción legal del MLP, que buscaba que su binomio fuera inscrito. Tampoco le otorgó el amparo al partido Vos, para que Aldo Dávila participara en las elecciones y consiguiera la reelección. También rechazó el amparo del partido Podemos para inscribir a su binomio presidencial.
Por el contrario, la máxima corte del Organismo Judicial confirmó la inscripción de Romeo Guerra como vicepresidenciable de la UNE, pese a tener impedimento constitucional para postularse al cargo, al ser ministro de culto. Además, declaró sin lugar el amparo que el partido Cabal interpuso en contra de la postulación de Zury Ríos.
El más reciente en ser afectado por una resolución negativa es el presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, quien hasta el 5 de mayo pasado no había tenido problemas en su participación en la contienda. En octubre de 2022 la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo permitió que el partido Prosperidad Ciudadana reviviera luego que el proceso de cancelación de la agrupación había sido iniciado en diciembre de 2021 por el Tribunal Supremo Electoral por la falta de integración del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). El partido pudo realizar su asamblea para integrar al nuevo CEN el 20 de noviembre de 2022, pero en el proceso hubo irregularidades que fueron señaladas por el jefe del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, Sergio Escobar, sin embargo, el registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz otorgó una resolución favorable.
Hasta hace dos semanas los candidatos de Prosperidad Ciudadana, entre ellos varios aliados del actual gobierno en el Congreso, navegaban sin problemas en el proceso electoral, pese a que el partido dirigido por Manuel Baldizón, Cambio, ya había intentado bloquear a Prosperidad Ciudadana en febrero pasado al interponer una acción de nulidad ante el TSE.
El 5 de mayo pasado el partido de Baldizón, la agrupación Cambio, presentó una nueva acción contra la asamblea de PC, pero esta vez se fue a las Salas de Apelaciones.
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Carlos Pineda se aferra a candidatura y sigue presentando acciones legales
Ahora, la Sala Sexta de la Contencioso Administrativo ha dejado fuera a Carlos Pineda, presidenciable de Prosperidad Ciudadana. La medida no solo afecta al binomio presidencial, también a más de 1, 200 candidaturas de diputados y corporaciones municipales.
Una elección “alrededor de una cama”
La elección de la actual Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones fue controvertida, ya que fue impulsada por una alianza entre el Partido Patriota que en ese entonces estaba en el poder y el partido Líder, agrupación que se disfrazaba como “el principal opositor del gobierno”. En 2014, la crisis del PP empezaba a evidenciarse y antes de que sus principales líderes (el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti) fueran detenidos por casos de corrupción la bancada patriota ya estaba desgranándose. La bancada oficial y otros bloques empezaban a ver cómo sus integrantes se sumaban a las filas del partido Líder, la agrupación dirigida por Manuel Baldizón. Dicho partido pasó de tener 11 diputados en 2012, a tener 52 diputados en 2014, la mayoría legisladores tránsfugas. Con esa cantidad de votos el PP y Líder, junto a otras bancadas satélites, lograban una mayoría amplia para logar aprobar o botar cualquier acuerdo.
Incluso, una denuncia de la CICIG detalló que ese año, previo a que fueran seleccionados los nuevos magistrados de la CSJ, los togados juraron lealtad a Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, quienes eran los dirigentes de esas agrupaciones políticas. También se señaló entre los operadores a Roberto López Villatoro, exesposo de Zury Ríos. “Aquí apesta a impunidad. Hoy vamos a ser testigos de la debacle de la justicia. Es un listado consensuado alrededor de una cama”, gritó Orlando Blanco, entonces integrante de la UNE, ese 25 de septiembre de 2014.
La CSJ fue electa para el periodo 2014-2019. Casi cuatro años y varios señalamientos de corrupción después, esos magistrados continúan en la CSJ en el mismo puesto.
Tal situación es producto de la falta de voluntad del actual Congreso de elegir a sus sucesores. Previamente, la elección se retrasó, debido a que la fiscal general Consuelo Porras planteó un amparo en contra del proceso de selección en 2019.
Este fue interpuesto luego de que la FECI, entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelara otro posible amaño en la integración de la nóminas de candidatos a las cortes del Organismo Judicial.
El epicentro de la controversia, en esta ocasión y según la investigación, era el empresario Gustavo Alejos, quien desde un sanatorio presuntamente coordinaba la elección de los nuevos togados. El caso se denominó Comisiones Paralelas 2020.
La pesquisa preliminar de la FECI detalló que en las irregularidades estarían involucrados diputados, abogados, comisionados, jueces, magistrados de la CSJ y de Salas de Apelaciones.
Por aparte, esta CSJ se ha convertido en un mecanismo legal para atacar a los opositores del Congreso y del Ejecutivo. Por ejemplo, los magistrados judiciales le han dado trámite a múltiples peticiones de retiro de antejuicio planteadas en contra del diputado Aldo Dávila.
También, en el momento más álgido de la relación entre Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, la alta corte del Organismo Judicial aceptó una denuncia interpuesta en contra del vicepresidente, pero finalmente la misma no prosperó.
Durante el proceso electoral la CSJ rechazó el 29 de marzo un amparo presentado por el mismo Baldizón para lograr revertir la cancelación de su inscripción como candidato a diputado por el partido Cambio. Aunque los magistrados rechazaron apoyaron esta vez, los mismos magistrados han permitido su libertad condicional pese a los casos de corrupción en los que está vinculado. En el caso Odebrecht, el Juzgado de Mayor Riesgo “D” le otorgó medidas sustitutivas al igual que el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en donde Baldizón es señalado por el caso Transurbano. Dichas medidas son las mismas que le permitieron a Baldizón postularse para una curul en el Congreso y regresar el ring político.
La Corte de Constitucionalidad
La elección de esta instancia recae en varias instituciones y, por ello, responde a diversos intereses. No obstante, la presente magistratura constitucional ha coincidido en bloquear candidaturas presidenciales como la del MLP, apoyar la candidatura del vicepresidenciable de la UNE, respaldar la postulación de Zury Ríos y beneficiar a señalados de corrupción.
Actualmente, la CC tiene a varios abogados que han ocupado distintos puestos en la administración pública y algunos hasta tienen pasados partidarios. Uno de ellos es Roberto Molina Barreto, quien fue el magistrado designado por la CSJ.
Él ya había integrado la CC entre 2006 y 2014. En ese período resolvió, junto a otros magistrados, anular la condena por genocidio que fue impuesta a Ríos Montt. Unos años después, en 2019, se involucró en la política.
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El camino hacia la justicia, la sentencia por genocidio y el revés de la regresión autoritaria
De esa manera, junto a Zury Ríos –hija del exdictador–, conformó el binomio presidencial del partido Valor. Sin embargo, en esa ocasión, no pudieron competir en los comicios, porque la CC anuló su participación.
No es el único integrante de la CC que se involucró con el partido Valor. Luis Rosales fue electo como diputado de ese partido en 2020-2023 y renunció al cargo para ser magistrado suplente en esta instancia constitucional. También fue abogado de Ríos Montt y diputado del FRG de 2000 a 2003.
Fue el Congreso el que seleccionó a Rosales para integrar la CC. Asimismo, el Legislativo eligió a Dina Ochoa como magistrada titular para esa instancia y cumplirá su segundo período. En su primer mandato, fue el expresidente Jimmy Morales quien la designó para integrar la citada corte.
Desde esa entidad, Ochoa apoyó la decisión de Morales de expulsar a la CICIG del país. También, en 2019, avaló que Zury Ríos compitiera por la presidencia, aunque su voto fue insuficiente para lograr que ella participara en ese entonces.
Otra magistrada que integra la CC es Leyla Lemus, cercana a Giammattei. Antes de ser designada para el puesto, el mandatario le había encargado la Secretaría General de la Presidencia.
Cuando estaba a cargo de esta última dependencia, la FECI de Juan Francisco Sandoval analizaba plantear una solicitud para retirarle la inmunidad, por hechos suscitados en una pesquisa que realizaba esa unidad sobre una posible interferencia ilícita en las compras del IGSS.
No solo el despacho de la fiscal general recomendó no plantear la petición de levantamiento de antejuicio, sino que trasladó la investigación a la Fiscalía de Delitos Transnacionales y, los resultados de esta ya no fueron divulgados por el MP.
En tanto que Néster Vásquez Pimentel, magistrado titular, fue electo en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). No obstante, para ganar los votos de los profesionales del derecho, el MP operó para eliminar la candidatura de uno de sus oponentes.
Y es que la fiscal general presionó, según Sandoval, para que la FECI solicitara la captura de Estuardo Gálvez, exrector de la Usac, y quien se postulaba para lograr la magistratura de la CC por medio del CANG.
En la primera ronda de votaciones en el Colegio, Gálvez había logrado pasar a segunda vuelta para disputar la magistratura de la CC, pero sus intenciones se esfumaron luego de su captura por su posible involucramiento en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Los antecedentes de Vásquez Pimentel no son irrelevantes. Fue parte de la CSJ electa por el pacto entre Partido Patriota y Líder. Fue presidente del Organismo Judicial y figura en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Fue señalado por ese país de socavar “los procesos o las instituciones democráticas, al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces”. La FECI denunció que él también podría estar involucrado en el caso Comisiones Paralelas 2020.
El último en integrarse a la CC fue Héctor Hugo Pérez Aguilera. Pérez ya había sido parte de la máximo tribunal del país y fue uno de los togados que apoyó la anulación de la condena impuesta a Ríos Montt por genocidio.
Pérez Aguilera incluso trabajó para Vásquez Pimentel, cuando este último fue presidente del Organismo Judicial. También laboró para la magistrada Silvia Valdés, quien actualmente dirige la CSJ.
Pérez Aguilera llegó de forma tardía a la corte, ya que sustituyó a Gloria Porras, quien inicialmente fue la designada por el Consejo Superior Universitario (CSU), pero el Congreso se negó a juramentarla. Luego del desaire a la magistrada varias acciones legales fueron presentadas sobre su designación y el CSU realizó una nueva elección.
Aguilera fue electo en la gestión del rector de facto, Walter Mazariegos en un salón del hotel Tikal Futura, en una actividad en la cual negaron el ingreso a los estudiantes.
“Mientras esto ocurría, la manifestación de los estudiantes afuera del hotel fue reprimida por la policía antimotines. Durante la arremetida, la policía detuvo a un estudiante de la Facultad de Agronomía, Michael Castillo, quien fue llevado a Tribunales señalado de vedar el paso. Pero la policía también agredió al periodista de Prensa Libre, Carlos Hernández Ovalle, a quien le destrozaron la cámara de fotos durante la cobertura”, señala una publicación de Prensa Comunitaria.
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La misma CC que ratificó ya la participación de Zury Ríos como candidata presidencial pese a la prohibición constitucional, es la misma que tiene en sus manos las acciones presentadas por Carlos Pineda, que busca revertir la decisión de la Sala Quinta de suspender todas las candidaturas del partido Prosperidad Ciudadana.
Ministerio Público
Giammattei dijo que estaba “convencido” de que hizo lo correcto al haberle dado cuatro años más a Consuelo Porras para que dirija el Ministerio Público, el cual bajo su dirección se ha dedicado a iniciar procesos en contra de opositores como el diputado Aldo Dávila o Juan Francisco Solórzano Foppa, y ahora a presionar al candidato presidencial Edmond Mulet.
No solo ello, el ente investigador a cargo de Porras también ha hostigado a la prensa y detuvo o boicoteó los casos de corrupción que había impulsado la FECI y la CICIG.
La persecución contra el fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, además de investigaciones contra sus periodistas y columnistas, y contra el exjefa de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra; investigaciones que no avanzaron como el caso Odebrecht, Plazas Fantasma, Blanca Stalling o Comisiones Paralelas, es tan solo una corta lista del actuar del Ministerio Público.
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Es un ente subordinado al Ejecutivo. Muestra de ello es que, cuando la FECI de Juan Francisco Sandoval investigaba actos irregulares de Giammattei, la propia jefa del MP se instaló en esa unidad a revisar cada uno de los expedientes.
Entre las pesquisas que desarrollaba el exfiscal y su equipo estaba una vinculada a supuesto soborno que se le entregó al gobernante de ciudadanos rusos y otra relacionada con un soborno de una constructora que presuntamente iba a financiar su campaña.
Cuando las indagaciones avanzaban, Sandoval fue destituido por Porras. Eso provocó que Estados Unidos suspendiera la cooperación que le brindaba al ente investigador y que el ingreso de la fiscal general a ese país fuera restringido.
“Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Pese a ello, Giammattei la reeligió y la dejó en el puesto gracias a una maniobra de la CC. Y es que la Comisión de Postulación, la cual es la que le propone los candidatos al gobernante, fue forzada a hacerlo.
Hubo múltiples votaciones y varios de los comisionados se oponían a incluirla en la nómina que se remitiría al mandatario. Sin embargo, por medio de un fallo de la actual CC, electa por el oficialismo, tuvieron que cambiar su posición y colocarla en el listado.
En el segundo período de Porras, la FECI de Rafael Curruchiche se convirtió en una aliada de la Fundación contra el Terrorismo, la cual impulsa procesos penales en contra de fiscales, jueces, exintegrantes de la CICIG y periodistas.
Tanto así, que personal a lo interno de dicha entidad aseguran que las acciones del MP las dirige la Fundación contra el Terrorismo, misma que ha reconocido abiertamente que apoya la candidatura de Zury Ríos.
Desde esa misma instancia (el MP) surgió la solicitud de antejuicio contra Edmond Mulet por supuesta obstrucción de justicia y la denuncia ante el TSE por campaña anticipada, esto luego de pronunciarse contra la persecución del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora y periodistas de dicho medio. La primera acción contra el presidenciable del partido Cabal no ha prosperado y en la segunda los magistrados electorales amonestaron al candidato. La amonestación y las acciones del MP han logrado que Mulet cambie su discurso para evitar quedar fuera de la contienda electoral.
Contraloría General de Cuentas
El ente fiscalizador fue el que provocó la eliminación del binomio presidencial del MLP. Una denuncia que interpuso esta institución en el MP generó que el finiquito de Jordán Rodas quedara sin validez.
Paralelamente, José Córdova, actual procurador de Derechos Humanos, planteó otra denuncia en contra del exprocurador por supuestas irregularidades en la solicitud que hizo el exfuncionario para que se le otorgaran sus prestaciones laborales.
La CGC está a cargo de Frank Bode, quien obtuvo un amplio apoyo en el Congreso el año pasado, incluso de diputados que se consideraban “opositores”.
La administración de Bode se prevé que sea similar a la de Edwin Salazar, de quien fue asesor. En la gestión de Salazar los reparos hechos a las instituciones públicas fueron mínimos y a los únicos que denunció del gabinete de gobierno fue a Amelia Flores y Alberto Pimentel Mata.
En 2019, la Contraloría jugó un papel determinante para eliminar la candidatura de Thelma Aldana, ex fiscal general y quien buscaba la presidencia con el Movimiento Semilla. Al igual que Jordán Rodas, su finiquito quedó inválido por una denuncia del ente fiscalizador interpuesta antes de las elecciones de junio 2019.
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Un procurador afín a Giammattei y a Alejos
El actual PDH, Alejandro Córdova, también fue elegido el año pasado por una mayoría en el Congreso por 141 votos.
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Jordán Rodas responde a denuncia del PDH: “hay un gran temor para este binomio”
El funcionario es señalado de tener comunicación y vínculos con Gustavo Alejos, principal sospechoso en el caso de la negociación de cortes conocido como Comisiones Paralelas 2020. Córdova era el candidato favorito del gobierno para sustituir a Jordán Rodas, ahora exprocurador. El 7 de julio de 2022 la Corte de Constitucionalidad blindó a Córdova para que no pudiera ser investigado por el caso Comisiones Paralelas.
La resolución de la CC se dio unos días antes de que Córdova fuera electo PDH por el Congreso. Antes de ese puesto, Córdova integraba la Sala Primera de la Corte de Apelaciones.
Entre sus principales acciones hasta ahora está la de interponer una denuncia contra Rodas por supuestas irregularidades en la solicitud que hizo el exfuncionario para que se le otorgaran sus prestaciones laborales.
