“En la defensa de los ríos y la vida, ellos se han opuesto a la minera. Eso les conllevó que fueran denunciados en su momento, ahora están enfrentando un proceso penal, por lo que decretó sobreseimiento a su favor. Sin embargo, por esa resolución de la Sala, está pendiente de que se resuelva en definitiva”, dijo el abogado Francisco Vivar.
Por Simón Antonio Ramón
Los comunitarios Guillermo Ramírez Pérez, Fredy Giovani Ramírez Ramírez, Juan Carlos Pérez Canan y de Leonor Crisóstomo Méndez Ramos, originarios del municipio de Olopa, Chiquimula, presentaron a través de su defensa un recurso de casación en la Cámara Penal del Organismo Judicial (OJ) en contra la resolución de la Sala Mixta de Corte de Apelaciones de ese departamento, que revocó el cierre del proceso penal contra las cuatro personas criminalizadas por la minera Cantera los Manantiales, señalados del delito de detenciones ilegales.
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Detienen persecución contra defensores de territorio en comunidades maya Ch´orti´
La acción presentada este lunes 15 de mayo, solicita que se confirme la resolución del Juzgado de Primera Instancia Penal de Chiquimula, revocada por magistrados de la Sala Mixta de Corte de Apelaciones de ese departamento, el pasado 17 de abril, para que las cuatro personas sean enviadas a juicio oral y público.
“El juez que conoce la causa contra cuatro criminalizados en la región maya Ch’orti’ de Olopa, Chiquimula, en su momento decretó a su favor el sobreseimiento, sin embargo, el Ministerio Público (MP) apeló la resolución y la Sala Mixta revocó esa resolución”, dijo el abogado Francisco Vivar, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
El abogado Vivar señaló que el proceso penal surgió por la resistencia contra la minera Cantera los Manantiales. “En la defensa de los ríos y la vida, ellos se han opuesto a la minera. Eso les conllevó que fueran denunciados y ahora están enfrentando un proceso penal, por lo que se decretó sobreseimiento a su favor, sin embargo, por esa resolución de la sala, está pendiente de que se resuelva en definitiva”, señaló.
El proceso penal inició el 1 de julio de 2019, cuando Odilio de Jesús Guzmán Salazar y su hijo Rony Leonardo Guzmán Guzmán, rompieron una cadena que habían colocado las comunidades en la puerta de la entrada, como medida de resistencia ante las operaciones de la minera. El 30 de septiembre del 2021 fueron detenidas otras cinco personas quienes actualmente tiene medidas sustitutivas en el mismo proceso penal.
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