Por Edgar Gutiérrez Girón
Desmantelada institucional, jurídica y políticamente, Guatemala está enrolada en un proceso electoral que arrancó con muy malos augurios, que se van confirmando semana tras semana casi al pie de la letra. Las de 2023 son las elecciones más vulnerables y manipuladas en 40 años.
El principio de elegir y ser electo quedó socavado cuando los incómodos al sistema (Thelma Cabrera, Jordán Rodas, Roberto Arzú, Aldo Dávila y Juan Francisco Solórzano, entre otros) fueron vetados. Los filtros de “idoneidad y honradez” derivados del 113 Constitucional, que han decidido aplicar el Tribunal Electoral y las Cortes, son enteramente arbitrarios.
No es fiable el sistema electrónico de transmisión y almacenamiento de los escrutinios. Y, como lo denunció esta semana el Mirador Electoral, la integración de las Juntas Electorales Departamentales que dispuso el Tribunal abate la última garantía ciudadana de integridad del voto.
Estas elecciones no corregirán el giro autoritario impuesto por Giammattei. Reforzarán la descomposición político-jurídica e institucional. Las redes políticas de corrupción y las del crimen organizado tienen la sartén por el mango y para sus propósitos -aunque cumplan los ritos- el Estado de derecho y la democracia son desechables.
En el tejido de los partidos (centrales y satélites) ambas redes se entremezclan, poniendo de manifiesto que cultivan formas de coexistencia y colaboración con beneficios mutuos: negocios criminales a través del Estado o bajo su sombra.
Esa condición de relativa estabilidad, sin embargo, no borra las diferencias, que se exacerban en periodos cuando entran en juego nuevos repartos del poder político, como ahora. Las señales más obvias son las escenificaciones de actos de violencia anónima. Y a pesar de que entre los candidatos concurrentes en estas elecciones discurre un pacto de silencio sobre el fraude, más temprano que tarde se romperá.
La prospectiva electoral depende básicamente de dos variables: 1. Si la fuerza que predomina en los partidos expresa el interés de redes políticas de corrupción o del crimen organizado, y 2. Las conveniencias de los actores en el juego.
Giammattei mantiene un peso preponderante en las redes políticas de corrupción que capturaron las instituciones. Ha reunido los ingredientes del fraude y esta es su principal carta de negociación para inmunizarse, garantizar su capital y mitigar traiciones. Sandra Torres corre bajo su sombra con la oferta de asistencia a los pobres.
Zury Ríos combina cuatro factores de poder (redes de corrupción y crimen, grupos ultraconservadores y ciertos empresarios tradicionales) y su campaña es profusa, pero ha tocado techo, y discretamente brotan sus tensiones con Giammattei. Carlos Pineda, un cacique regional, es la fuerza electoral emergente, en franco crecimiento, que irrespeta a los actores en el juego. Edmond Mulet subió sus bonos como el candidato alternativo a finales de marzo, pero, al no profundizar la crítica contra la corrupción del régimen, no se ha consolidado.
Son cuatro candidatos con chances reales y un presidente con intereses comprometidos en la sucesión que está jugando el rol de gran elector. De estos cinco actores políticos, solo Mulet ha mostrado convicciones pro-Estado de derecho y democracia. Por otro lado, el factor internacional carece de iniciativa y está a la espera para acomodarse al perfil del poder resultante.
En el juego de las probabilidades ese perfil expresará el ethos político corrupto o el criminal. Será invariablemente autoritario, intolerante a la crítica. Si proviene del capital político corrupto -con matices- profundizará la agenda de Giammattei. Si sale de las filas del capital criminal adoptará un estilo más directo de populismo penal y económico, con menor carga ideológica. Como sea, la confección del proceso electoral es funcional para las dos vías y conduce a la siguiente etapa de maduración del Estado mafioso.
