Durante una audiencia en la ciudad de Quetzaltenango, la jueza Carmen Acú, la fiscal Judith Villagrán y el director de la Oficina Contra la Tortura en Guatemala Lesther Castellanos, lanzaron ataques en contra de los periodistas presentes en la sala y en contra del trabajo de los medios de comunicación, por su labor de informar sobre el caso de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.
Por Prensa Comunitaria
La jueza Carmen Acú encargada del segundo proceso penal en contra la exjefa regional de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra que se realiza en la ciudad de Quetzaltenango señaló a los periodistas “tergiversar la verdad”.
Durante la audiencia del 11 de abril realizada en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente la jueza replicó las críticas realizadas por la fiscal el Ministerio Público (MP) Judith Villagrán y el querellante Lesther Castellanos hacia los medios de comunicación y sus publicaciones sobre el caso; se mostró molesta por la presencia de la prensa y señaló a la defensa de litigar mediante publicaciones en contra del aparato de justicia.
La fiscal Judith Villagrán acusó la labor de los medios de comunicación como obstaculización a la averiguación de la verdad y mostró a la jueza los monitoreos que realiza en la red social Twitter sobre las publicaciones o comentarios sobre las audiencias del 1 y 11 de abril.
“Solo hago mención, en el caso de la audiencia promovida para el día de hoy, entre el día de anteayer y el día de hoy a la presente hora se encuentra en la plataforma de Twitter más de 30 publicaciones que motivan el apoyo a la señora Virginia Laparra por estar precisamente, según las páginas de diferentes medios de comunicación, injustamente aprehendida”, dijo la fiscal con una voz temblorosa.
“Esta audiencia está siendo transmitida en el derecho de la publicidad, pero de una u otra forma advierto la posible manipulación que puede haber”, señaló la fiscal al oponerse a la solicitud de medidas sustitutivas para la exfiscal Virginia Laparra.
En el mismo tono se refirió Lesther Castellanos, uno de los querellantes. “Si bien es cierto ella no es la que tuitea, estas personas la perjudican, porque mienten”, comentario que hace en relación a la prensa que se encuentran en la sala, incluso nombró a uno de los medios de comunicación de esa ciudad.
Castellanos es relator titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Según la recusación de la defensa presentada contra la jueza el año pasado, Castellanos fue profesor y asesor de tesis de Acú.
La publicidad es un derecho que caracteriza los procesos penales en Guatemala, especialmente en audiencias de carácter público, como quedaron plasmadas en las reformas al Código Procesal Penal (Artículos 12 y 357) realizadas en los años 2010 y 2011, según un análisis de Mirador Judicial sobre la publicidad en la judicatura.
“A partir de esta nueva dinámica judicial, la publicidad como aspecto fundamental de la garantía de juicio previo y del sistema procesal penal acusatorio, se concreta como una de las formas de participación ciudadana. Es al pueblo a quien le asiste el derecho de verificar el ejercicio del poder público, toda vez que el mismo está sujeto a las limitaciones señaladas en los textos normativos que conforman el ordenamiento jurídico guatemalteco”, señala el análisis.
El artículo 30 de la Constitución protege la garantía que tiene toda ciudadanía a conocer los actos administrativos públicos y judiciales.
Según se concluye del análisis del Mirador Judicial, cuando los operadores de justicia y abogados violentan la publicidad de los procesos penales, como lo ocurrido en la audiencia realizada en el juzgado que dirige la jueza Carmen Acú, no solo se afecta el debido proceso al que tienen derecho la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, también se pone en riesgo el derecho de toda la ciudadanía a conocer las actuaciones de la juzgadora, de los fiscales y quienes mantienen la acusación.
Los ataques a las periodistas en la sala de audiencias, a la prensa y a los medios de comunicación por su labor periodística en este caso en concreto, violenta el libre ejercicio periodístico y la libertad de expresión, han señalado anteriormente organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y de Libertad de Prensa.
La jueza y su decisión
En la audiencia la jueza Acú negó a Virginia Laparra a recuperar su libertad con arresto domiciliario, y argumentó su decisión se basaba en actitudes que evidencian ataques contra el aparato de justicia.
La juzgadora señaló que las publicaciones no son medios de litigio que se deben usar en los procesos judiciales, sin embargo, señaló que “si bien es cierto, las decisiones de un órgano jurisdiccional no son acordes a los intereses de determinada parte, se ha visto la actitud de tergiversar la verdad, por ello existen esos presupuestos procesales de peligro de fuga así como de obstaculización a la averiguación de la verdad”.
En la misma tónica, Lester Castellanos, señaló que los medios de comunicación publicaron que, la audiencia que se suspendió el 1 de abril había sido por un favor a Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo y al abogado Omar Barrios.
“Podemos buscar ahí el Twitter de Stéreo 100 y otros medios de comunicación en donde dice que usted le hizo un favor a la Fundación contra el Terrorismo y a Omar Barrios y tratan de insinuar alguna relación o amistad que usted tiene en beneficio de ellos y perjuicio de la doctora Laparra”, afirmó.
Castellanos hizo referencia al caso en contra de Jose Rubén Zamora, y las publicaciones realizadas sobre el caso. En febrero de 2023, el juez Jimmi Bremer resolvió que fueran investigados tres columnistas de opinión y seis periodistas por solicitud de la fiscal de la FECI, Cinthia Monterroso, esto motivado por su labor de investigación y cobertura periodística de las audiencias del director de elPeriódico.
Vea las declaraciones en contra de la prensa
En marzo decenas de periodistas, acompañados por representantes de organizaciones sociales, estudiantes universitarios y observadores internacionales, se concentraron frente a la CSJ para demandar el cese de la persecución judicial en contra del trabajo periodístico independiente. A la voz de “No nos callarán”, los y las comunicadoras exigieron el respeto al artículo 35 de la Constitución Política de la República sobre la libertad de expresión.
