En una audiencia pública el togado denunció que más de 25 operadores de justicia del país han salido al exilio.
Por Isela Espinoza
“El debilitamiento de la independencia judicial es el detrimento de una justicia imparcial y de acceso a ella, pero también afecta el derecho de las personas juzgadoras”, dijo Adriana Orocú, jueza de Costa Rica y actual presidenta Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), durante una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alrededor de 20 organizaciones entre ellas la FLAM, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJU) y la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) realizaron la solicitud ante la CIDH para abordar el tema: “Amenazas a la independencia judicial en Centroamérica y Sudamérica”.
Durante la audiencia los togados expusieron la situación actual del sistema de justicia en los países de Centroamérica, Uruguay y Bolivia. También destacaron la función de jueces y juezas removidas de su cargo, la falta de presupuesto, procesos cuestionados de selección de magistrados de las altas cortes, intromisiones en el poder judicial por otros órganos del Estado y la grave criminalización contra operadores de justicia,
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— CIDH – IACHR (@CIDH) March 9, 2023
El juez de Guatemala de primera instancia penal, Carlos Ruano, denunció que los operadores de justicia independientes ejercen su labor en un contexto de corrupción, violaciones a los derechos humanos y crimen organizado, lo que ha desatado una persecución en su contra. “Más de 25 operadores de justicia han tenido que salir al exilio para resguardar sus libertades y hasta sus vidas. La Comisión tiene ya peticiones de al menos 15 personas”, dijo el juez en su intervención ante la CIDH.
Recordó que el año pasado el Miguel Ángel Gálvez y la jueza Erika Aifán abandonaron el país a pesar de contar con medidas cautelares y provisionales. Además, destacó la criminalización contra abogados, fiscales y jueces con base en “denuncias espurias o en venganzas” por resoluciones judiciales.
“Debido al abuso del procedimiento de antejuicio, es utilizando como mecanismo de acoso y perturbación, por medio del cual se busca separar al funcionario judicial, detención arbitraria o forzarlo a salir del país”, destacó.
Ruano es uno de los jueces acosados y perseguidos. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio que la Fundación contra el Terrorismo promovió en su contra por denunciar a la magistrada Blanca Stalling. El juez tramitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC). “Estoy siendo perseguido por haber denunciado en 2017 a una magistrada quien me citó a su despacho para pedirme que dejara libre a su hijo acusado en un caso de corrupción”, afirmó.
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El juez agregó que la intervención oportuna de la CIDH para el otorgamiento de medidas cautelares y provisionales en beneficio de operadores de justicia perseguidos es fundamental, así como el seguimiento del cumplimiento de estas medidas por parte de las autoridades del Estado. “La independencia judicial en Guatemala está siendo gravemente debilitada”, enfatizó el togado.
Ruano señaló que entregaría a la CIDH informes respecto a la visión de los jueces latinoamericanos que realizaron una visita al país en octubre pasado. Además, incluiría un diagnóstico sobre la justicia de Guatemala realizado por la Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia.
Peticiones
Un representante de la FECAJUD planteó a la Comisión acompañar la situación de los jueces y juezas de la región con la creación de un mecanismo especial o relatoría para darle seguimiento a la independencia judicial, reaccionar ante los ataques que sufren los operadores de justicia, tramitar medidas de protección solicitadas por los togados con urgencia para Ruano y que durante las visitas de la comisión se reúna con jueces independientes y no solo con el poder político de las cortes y poder judicial.
Los comisionados presentes en la audiencia pública señalaron su preocupación por la criminalización y persecución contra los jueces de la región ya que representa un riesgo no solo para su desarrollo profesional sino también personal.
“Ahora resulta que por hacer su labor los van a sancionar. Ese es un mensaje muy peligroso y que debilita la democracia y la justicia”, dijo al respecto la comisionada peruana Julissa Mantilla Falcón.
