El informe internacional de CIVICUS Monitor refleja lo que está viviendo la sociedad civil de Guatemala con el gobierno de Alejandro Giammattei, pues pasó de ser un país con un espacio cívico obstruido a uno represivo. Es la segunda peor calificación que otorga este proyecto de investigación colaborativo.
Por Regina Pérez
Un informe de CIVICUS Monitor señaló que Guatemala pasó de ser considerado un país con un espacio cívico “obstruido” a “represivo”, la segunda peor categoría de la clasificación que otorgan, debido a factores como la criminalización de periodistas, el aumento de agresiones contra defensores de derechos humanos y la escasa independencia judicial.
Este proyecto de investigación internacional difundido este jueves evaluó e hizo un seguimiento de las libertades fundamentales en 197 países. En su informe “El Poder del pueblo bajo ataque 2022” explicó que el descenso de categoría para Guatemala se debe a la criminalización de periodistas, miembros del sistema judicial y personas defensoras de derechos humanos.
Calificar como “represivo” al espacio público es la segunda peor categoría que otorga el proyecto, la más baja es un espacio completamente cerrado. Esto significa que las libertades cívicas, incluidas la libertad de expresión, reunión y asociación están restringidas de forma significativa dentro del país.
El informe clasifica el espacio cívico en cinco categorías: abierto, estrecho, obstruido, represivo y cerrado. Entre los países que se encuentran en la misma categoría están México, Honduras y Venezuela.
Según CIVICUS Monitor, el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, supervisó el desmantelamiento de iniciativas anticorrupción mediante juicios infundados, cuyos objetivos fueron los miembros del sistema judicial que colaboraron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre 2007 y 2019. “Varios de ellos han sido investigados, detenidos, condenados o forzados al exilio”, señalaron.
Entre ellas está Virginia Laparra, ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, quien fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por abuso de autoridad, tras denunciar a un juez. Laparra fue detenida en febrero de 2022 bajo acusaciones que, según el informe, carecían de pruebas que justificaran los cargos que se le imputaron.
El reporte hizo referencia a que también han sido perseguidos operadores de justicia que investigaron graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado interno.
Este jueves fue detenido el exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, quien llevó a juicio a Efraín Ríos Montt, por genocidio. El MP lo acusa de abuso de autoridad. Hilda Pineda, exjefa de dicha Fiscalía quien investigó casos importantes que involucraban a miembros del ejército, fue destituida por Porras en 2022.
“En Guatemala, las personas y organizaciones que llevan a cabo una labor crucial para acabar con la corrupción y documentar los abusos contra los derechos humanos corrieron grandes riesgos personales. Se enfrentan a actos de criminalización, amenazas de detención, acoso y agresiones”, dijo Isabel Rosales, integrante del proyecto.
El informe resaltó el acoso judicial y la criminalización como una de las estrategias utilizadas por las autoridades en el poder para reprimir a la prensa independiente. Un ejemplo de eso fue la investigación ordenada por el juez Jimmi Bremer contra varios periodistas que cubrieron el caso de la criminalización de Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, detenido en julio de 2022.
En el tema de defensores de derechos humanos, se alertó sobre un clima de hostilidad, acoso y persecución, llegando a más de 1000 casos en 2020 y 2021, según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA).
En tanto, la erosión gradual de la independencia judicial favoreció la reducción del espacio de la sociedad civil y la prensa independiente. En mayo de 2021, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio luz verde a la ley de ONG que impone amplios controles sobre la sociedad civil y faculta al Gobierno la disolución de las organizaciones.
“El aumento del autoritarismo es especialmente preocupante a la luz de las próximas elecciones generales de junio de 2023, que podrían conducir a una consolidación de este reducido espacio cívico” señaló el informe.
