El 20 de mayo de 1999 la organización no gubernamental Archivo de Seguridad Nacional (NSA) presentó públicamente el documento conocido como Diario Militar. Por medio de este, cientos de familias pudieron conocer por primera vez, en 15 años, algunos datos sobre el destino de sus desaparecidas y desaparecidos, cuyas capturas siempre fueron negadas por las autoridades.
Por Rolando Orantes
El Diario Militar, Dossier de la muerte, Dossier del escuadrón de la muerte o Bitácora de operaciones del escuadrón de la muerte es un documento producido por una unidad de inteligencia del Ejército de Guatemala entre los años 1983 y 1985.
Ahí se presentan los datos de 183 personas que fueron capturadas por las unidades de inteligencia del Ejército de Guatemala. En su mayor parte contienen fotografías y datos personales, así como las fechas de las capturas y, escrito en clave, el destino de las personas detenidas. Por ejemplo, para el caso de las personas ejecutadas los asesinos escribieron “300”, “se lo llevó Pancho”, una cruz o un signo de interrogación.
Los redactores del Diario Militar reportaron que 103 personas fueron asesinadas, 40 fueron trasladadas a otras dependencias militares (como la Dirección de Inteligencia o las zonas militares de Cobán o Chimaltenango) y 29 fueron liberadas. De entre estas el economista Carlos Eugenio de León Gudiel, quien “recobró su libertad” el 4 de enero de 1984, sería asesinado el 26 de octubre de ese mismo año.
La mayor parte de las personas registradas pertenecían a alguna de las organizaciones insurgentes activas por entonces: la Organización del Pueblo en Armas, el Partido Guatemalteco del Trabajo, en sus diversas escisiones, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Ejército Guerrillero de los Pobres y el Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim.
El documento consta de varias secciones. Además de la ya descrita aparecen diversas listas con nombres de personas capturadas, algunas de las cuales no aparecen en la sección principal. Es el caso de Edgar Fernando García, quien aparece en el Control de folders de elementos ya trabajados que se encuentran clasificados por paquetes numerados, y en una sección que escrito a lápiz lleva el encabezado Apoyo Mutuo, donde se registra que Fernando García utilizaba el seudónimo de Xicará.
Más adelante se agrega que era hijo de María Emilia García, de profesión maestro de educación primaria y que estaba casado con Nineth Montenegro. En 1977 fue propuesto para trabajar en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, y para abril de 1984 era “miembro activo del Sindicato de CAVISA, perteneciente a la Junta Negociadora de Condiciones de Trabajo”. El documento indica que el 18 de abril de ese año “fue secuestrado a inmediaciones de la 3ª. avenida y 7ª. calle de la zona 11, por hombres desconocidos, sin que hasta la fecha se conozca su paradero”.
María Emilia García falleció el 4 de mayo de 2024. Fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), hasta ese día luchó incansablemente por encontrar a su hijo.
Otra de las secciones se titula Nómina de organizaciones de ‘fachada’ al servicio de la subversión, entre las que aparecen el Comité de Unidad Campesina, la Asociación de Estudiantes Universitarios, el GAM y Amnistía Internacional.
Aparece también la Nómina de órganos de divulgación al servicio de la subversión, entre las que figuran Inforpress Centroamericana, Noticias de Guatemala y la Agencia Centroamericana de Noticias-Servicio de Información y Análisis de Guatemala (ACEN-SIAG).
Existen evidencias que señalan a la unidad de inteligencia del Estado Mayor Presidencial, conocida como Archivo General y Servicios de Apoyo, o simplemente El Archivo, como la responsable de la elaboración del Diario Militar. El Archivo era una unidad de inteligencia altamente secreta, que hasta 1976, fue conocida como Centro Regional de Telecomunicaciones, o La Regional, y que ha sido señalada de cometer múltiples secuestros, torturas, asesinatos y otras graves violaciones a los derechos humanos durante las tres décadas de guerra interna. Esta dependencia, que ha sido calificada en diversos estudios académicos como un escuadrón de la muerte, contó con el apoyo de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y otras estructuras militares, asi como el Quinto Cuerpo o Batallón de Reacción y Operaciones Especiales (BROE) y el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional, entre otras.
El descubrimiento y presentación pública del Diario Militar
El viernes 21 de mayo de 1999 la prensa informó que el día anterior había sido presentado públicamente el documento conocido como Diario Militar. El diario estadounidense Lawrence Journal-World reportó:
“Grupos de derechos humanos publicaron el jueves un libro de registro interno del ejército guatemalteco que parecía relatar el asesinato de algunas de las personas capturadas por unidades gubernamentales en la década de 1980”.
Se informó que la “la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos describió el documento como un ‘dosier del escuadrón de la muerte’”, que pintaba “un vívido cuadro del asesinato y el terror en Guatemala”. Quienes aparecían en el documento eran “descritas como personas acusadas de ser rebeldes comunistas o simpatizantes de los rebeldes”.
El también estadounidense La Opinión publicó un reporte de Edín Hernández para la Agence France-Press en el que se lee:
“Guatemala, que apenas inicia el largo camino hacia la democracia luego de una guerra interna de 36 años, se vio estremecida este jueves por la divulgación, en Washington, de un archivo que registra las actividades secretas de un escuadrón de la muerte durante la década pasada”.
La noticia sobre el documento fue recibida “entre sorpresa y hermetismo” por “los organismos humanitarios y sectores gubernamentales”. En este se revelaba que 100 de las personas capturadas fueron ejecutadas “por parte del escuadrón adscrito a las Fuerzas Armadas guatemaltecas”.
El entonces presidente de la república y comandante general del ejército, Álvaro Arzú, fue emplazado por la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) para que la inteligencia militar diera a conocer otros documentos sobre desapariciones, declaró su presidente Miguel Ángel Albizures. Arzú respondió que presentaran sus denuncias o acusaciones ante el Ministerio Público y los tribunales, y que no podía comentar el documento porque no lo conocía.
“El supuesto ‘diario’ militar habría sido sustraído el pasado 23 de febrero de la dirección de inteligencia del Ejército por un oficial guatemalteco y entregado en Washington al National Security Archive (NSA)”, dijo Edín Hernández, añadiendo que la directora del Proyecto Guatemala de esta organización dijo: “Este espeluznante documento es el equivalente para el escuadrón de la muerte de un informe de balance anual de productividad, un registro desde el interior de los archivos secretos de la máquina de la muerte de Guatemala”.
Por su parte Edith Vargas, vocera militar, “dijo que la institución armada analizará el documento y ‘llegado el momento dará a conocer una respuesta’”, y “aclaró que el análisis incluye verificar la autenticidad del supuesto ‘diario’ porque ‘supimos del documento por los medios de comunicación y sólo a partir de tenerlo en la mano podremos opinar”, indicó el reporte de Hernández. Pero el supuesto análisis y posteriores declaraciones nunca ocurrieron.
“La activista humanitaria, Aura Farfán, cuyo hermano Rubén fue desaparecido el 15 de mayo de 1984, pidió: ‘Que nos digan en qué fosa común, en qué cementerio clandestino están sus huesos para sepultarlos y cerrar el ciclo de vida y muerte’”.
El proceso judicial por el Caso Diario Militar
El 27 de mayo de 2021 las autoridades lograron la captura de diez personas acusadas de participar en las operaciones registradas en el Diario Militar. Varios individuos más consiguieron escapar antes de ser arrestados. Fueron detenidos el general de división Marco Antonio González Taracena, el general de brigada Víctor Augusto Vásquez Echeverría, el coronel de artillería Gustavo Adolfo Oliva Blanco, el teniente coronel de policía Juan Francisco Cifuentes Cano y los sargentos primeros especialistas Enrique Cifuentes de la Cruz, Edgar Corado Samayoa, Eliseo Barrios Soto, Mavilo Aurelio Castañeda Bethancourt, José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar Virginio de León Sigüenza y Rone René Lara. Tres días más tarde el coronel de infantería Jacobo Esdras Salán Sánchez se presentó voluntariamente con la esperanza de ser absuelto, pero también fue detenido.
El 6 de mayo de 2022, el entonces juez a cargo del caso Miguel Ángel Gálvez admitió la acusación del Ministerio Público y envió a juicio a nueve de los imputados. Cuatro días más tarde fue capturado en el aeropuerto internacional de Panamá el empleado de confianza de la compañía Cementos Progreso Toribio Acevedo Ramírez, quien se encontraba prófugo desde el 27 de mayo de 2021 e intentaba huir a Alemania.
La resolución de Gálvez y la captura de este sujeto motivaron que los ataques contra el juez arreciaran, situación que se agravó luego de que el 14 de junio de 2022 el general González Taracena, quien había dirigido la dependencia a cargo de los secuestros, torturas, violaciones y asesinatos registrados en el Dosier, muriera mientras guardaba prisión preventiva en el Hospital Militar. Las amenazas aumentaron y finalmente el juez se vio obligado a renunciar y salir al exilio el 15 de noviembre de ese mismo año.
Menos de dos semanas más tarde, el 28 de noviembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez decidió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Toribio Acevedo, quien formó parte del Centro Regional de Telecomunicaciones y el Archivo General y Servicios de Apoyo del Estado Mayor Presidencial y era conocido como “Lucas” o “el Loco”. Domínguez consideró que no existía riesgo de fuga, pese a que alias “Lucas” había sido capturado precisamente cuando intentaba fugarse, y a que los delitos de lesa humanidad por los que se le acusa no gozan de esa prerrogativa. La jueza le permitió además movilizarse en tres domicilios ubicados en tres diferentes departamentos de la república.
Ese día se cumplían 39 años de que un comando compuesto por elementos del Archivo, la Dirección de Inteligencia, el Quinto Cuerpo o BROE y el Departamento de Investigaciones Técnicas ametrallaran en las calles del centro de la ciudad a Jorge Alberto Chávez Vázquez y desaparecieran a Marvin Girón Ruano, también conocido como Héctor de León Escobar, ambos militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo-Partido Comunista, crímenes en los que de acuerdo a las investigaciones Toribio Acevedo tuvo una participación activa.
Además de Acevedo fueron capturados también los prófugos Alix Leonel Barillas Soto, alias “el Sapo”, quien formó parte de la Dirección de Inteligencia y Malfred Orlando Pérez Lorenzo, alias “el Payasito”, quien en años recientes ha prestado servicios en empresas de seguridad privada y en la cervecería de la familia Castillo. Pérez Lorenzo y Jacobo Esdras Salán Sánchez fueron beneficiados también con la prisión domiciliaria el 1 de febrero de 2023, medida otorgada por el juez Rudy Eleazar Bautista Fuentes.
Actualmente el proceso se encuentra prácticamente estancado, y avanza muy lentamente. Al día de hoy han muerto los acusados Marco Antonio González Taracena, jefe del Archivo General y Servicios de Apoyo, Víctor Augusto Vásquez Echeverría, excomandante de la Zona Militar de Chimaltenango y Mavilo Aurelio Castañeda, alias “el Chucho”, uno de los integrantes de los escuadrones de la muerte.
