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Créditos: ICTJ
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

Orlando López exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos dirigió los casos por Genocidio, desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad.

Por Alexander Valdéz

La Fiscalía de Asuntos Internos confirmó la detención de Orlando López, exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, quien encabezó las primeras investigaciones por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad durante el conflicto armado interno en nuestro país.

López, esta vez es señalado por el Ministerio Público (MP) del delito de abuso de autoridad. Según el ente investigador, cuando el exfiscal fue suspendido del cargo, sin goce de salario, por un proceso penal que surgió por un accidente de tránsito, ejerció como abogado y notario, sin competencia para hacerlo.

“Toda vez que, durante el año 2019, previo a que finalizara su relación laboral con la institución, ejerció la profesión de abogado y notario a sabiendas de que tenía incompatibilidad con su labor como empleado de la institución”, justificó la Fiscalía.

Este proceso estará a cargo del Juzgado Quinto Pluripersonal Penal, en esa judicatura el exfiscal deberá solventar su situación legal. El extrabajador del MP, en 2016, fue detenido por un incidente de tránsito en el que falleció una persona, luego de ese hecho no continúo al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos.

La unidad que ejecutó la detención de López es la misma que ha detenido a exfiscales anticorrupción de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Llevó a militares a la cárcel

López, fue el fiscal que investigó la pesquisa por Genocidio Ixil. Mientras trabajó en el MP, logró llevar a juicio al fallecido presidente de facto José Efraín Ríos Montt, quien incluso fue condenado en un Tribunal de Sentencia; una condena que luego fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

En la investigación, la Fiscalía que dirigió López pudo establecer que aproximadamente 1,771 indígenas fueron asesinados durante 1982 y 1983. La pesquisa señala 31 masacres y 23 comunidades que fueron arrasadas por elementos del ejército durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Otros casos que investigó fueron la masacre del “Plan de Sánchez” y el caso “Creompaz”. La primera se relaciona con la masacre ocurrida un 15 de septiembre de 1981 en la plaza del mercado del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, donde soldados del destacamento de Rabinal, acompañados por patrulleros, comisionados y judiciales ejecutaron a unas 200 personas a balazos.

Mientras que en el caso Creompaz, se juzgó a militares por desapariciones forzadas y violaciones. En las excavaciones se localizó 558 osamentas humanas, se ha establecido que 90 corresponden a menores de edad; 443 adultos, todavía por definir entre hombres y mujeres; adultos de la tercera edad; y 22 sin determinar en este momento. De esas 558 osamentas humanas, 97 han sido identificadas por ADN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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