El informe recoge el deterioro de la independencia judicial y del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. También se refiere a los incumplimientos en los estándares de elección en los casos de la designación de María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), así como de José Alejandro Córdova Herrera como Procurador de los Derechos Humanos.
Por Simón Antonio Ramón
El jefe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Volker Türk, presentó en el 52 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el informe sobre Guatemala, que plantea desafíos al país, además de remarcar el deterioro institucional en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
“Guatemala continúa enfrentando desafíos sistémicos y estructurales. En 2022, estos desafíos están particularmente relacionados con la desigualdad y la discriminación, el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad, el espacio democrático y el derecho de promover y proteger los derechos humanos. Este contexto impide avances significativos para asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos”, es la principal conclusión del informe.
El informe de OACNUDH recomendó a Guatemala “tomar medidas pertinentes, decisivas y urgentes para fortalecer y garantizar la independencia del sistema de justicia y proporcionar la protección necesaria e integral a la judicatura, especialmente a quienes tienen bajo su responsabilidad casos de justicia transicional, violaciones de derechos humanos y corrupción”.
El contexto de país
El informe reporta que continúa la criminalización contra defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. “Se observó un incremento de casos de criminalización contra quienes han realizado investigaciones periodísticas y han liderado casos judiciales contra la corrupción y la impunidad, pasando de 25 casos durante 2021 a 47 durante 2022,” asegura y hace énfasis en la campaña contra el exprodurador Jordán Rodas Andrade hasta el final de su mandato y el proceso penal contra exprocuradora adjunta, Claudia Maselli.
El proceso de persecución penal aumentó un 71.43 por ciento de ataques con operadores de justicia a diferencia del año 2021, en el que se documentaron violaciones al debido proceso contra siete personas, restricción de publicidad que afectaron a seis personas y restricciones al derecho de defensa que afectó a dos personas.
Afirma que este contexto llevó a la renuncia de Erika Aifán, como presidenta del juzgado de Mayor Riesgo D, y a las detenciones de fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Aliss Morán, Paola Escobar, Siomara Sosa, Samari Gómez y Virginia Laparra; William Racanac extrabajador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Leily Santizo, quien también laboró en la CICIG. “Dos de las personas mencionadas cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señala.
Resalta además las destituciones en el MP, entre ellas las que se hicieron en la Fiscalía que diligencia los casos de justicia transicional, la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez y la suspensión del juez Pablo Xitumul. “El ACNUDH observó con preocupación que persistieron los ataques a funcionarias y funcionarios judiciales a cargo de estos casos”.
Criminalización de periodistas
En materia de libertad de expresión el informe resaltó el proceso penal que se sigue contra los periodistas Carlos Choc y Jose Rubén Zamora Marroquín, que en su caso se han registrado violaciones al debido proceso, y el exilio de seis periodistas del país entre ellos la periodista Michelle Mendoza.
“El ACNUDH observó un deterioro de las condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y documentó ataques contra periodistas que se produjeron tras la publicación de investigaciones sobre casos donde denunciaban posibles hechos de corrupción”.
Además, resalta el informe que la criminalización y violaciones al debido proceso en contra de periodistas debilita el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información. La OACNUDH en Guatemala registró 38 alegaciones de ataques contra personas trabajadoras de medios de comunicación y periodistas (23 hombres y seis mujeres) y nueve medios.
Aumento de femicidios, muertes violentas y expulsión de migrantes
El informe recoge entre el 1 de enero y el 5 de diciembre el aumento de un cinco por ciento de femicidios y muertes violentas, en comparación del año 2021 y con el 10 por ciento de aumento en comparación con el 2020, con 48 mil 644 según datos del Observatorio de las Mujeres del MP.
El informe calificó de riesgosos los operativos realizados por la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) con los que expulsaron del país a 1 mil 694 migrantes, 32 por ciento de origen venezolano, 26 por ciento de provenientes de Cuba y 26 por ciento de centroamericana a la frontera con Honduras.
Actos que el informe calificó de riesgosos. “Sobre la base de la información disponible, el ACNUDH ha sabido que estos retornos no voluntarios y forzosos en puntos fronterizos y en horarios inhábiles suponen un riesgo adicional para la integridad de las personas migrantes”.
El documento registró cinco desalojos que afectaron a por lo menos 250 familias, que fueron calificados como forzosos por OACNUDH y en las que no se desarrollaron todas las diligencias al momento de su ejecución. “Estos se han desarrollado sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, que obligan a la notificación previa, el uso proporcional de la fuerza, la no destrucción de viviendas y la reubicación y traslado adecuado de las personas. También se han omitido procesos de diálogo en curso con las comunidades, como en el caso de la comunidad de Chicoyou (Alta Verapaz)”, apunta.
La reelección de Consuelo Porras y José Córdova
El informe apunta que hubo incumplimientos de estándares internacionales en el proceso de la elección de fiscal general, realizado en mayo, por parte de la Comisión de Postulación y la elección del Procurador de los Derechos Humanos, por la Comisión de Derechos Humanos y el pleno del Congreso, en julio.
“El ACNUDH observó que el proceso de elección no cumplió plenamente las Directrices sobre la Función de los Fiscales, en particular las relativas a la idoneidad y probidad de las personas candidatas”, aseguró el informe. Además, señaló las denuncias contra siete integrantes de la Comisión de Postulación y un amparo que ordenó la inclusión de la actual fiscal general en la nómina final.
“El ACNUDH documentó denuncias penales que parecen no tener elementos que las fundamenten y presión contra los integrantes de la comisión de postulación durante el proceso, particularmente los días de la votación final, alegando conflictos de intereses y actuación bajo influencia indebida, entre otros”, aseguró.
En la elección de José Alejandro Córdova, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), ocurrió la misma situación, está vez con la Comisión de Derechos Humanos encabezada por Antonio Arenales Forno, diputado del partido Valor, y el pleno del Congreso, presidido por Shirley Rivera Zaldaña. “El proceso de elección no observó plenamente los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos conocidos también como Principios de París”.
Los señalamientos del informe se centran en la máxima publicidad del proceso, “particularmente en relación con el acceso a la información, publicidad y transparencia; y la claridad en el procedimiento de elección, el análisis de criterios técnicos y objetivos para aprobar los instrumentos de evaluación de aspirantes”, indica el documento.
El Alto Comisionado Volker Türk, reconoció los avances que tiene el país en ciertos temas monitoreados en el informe. “Si bien ha habido ciertos progresos en materia socioeconómicos el año pasado, los habitantes de Guatemala siguen desafíos sistémicos y adyacentes relativos a la discriminación, desigualdad, rendición de cuentas, acceso a la justicia y libertad”, afirma.
“Me preocupa el aumento de un 70 por ciento el número funcionarios de la justicia sujetos al acoso y a la intimidación debido a su trabajo en particular en el contexto del conflicto armado y casos de supuesta corrupción” dijo en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos.
El Gobierno de Guatemala manifestó su rechazo al informe que se refiere a los problemas estructurales, por medio de su vocera en Naciones Unidas afirmó que se están tomando acciones en materia del sistema judicial. “Guatemala ha implementado acciones para la garantía de la independencia judicial, la corrupción, la impunidad y el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia. Así como en la observancia, protección y resarcimiento en materia de derechos humanos”, afirmó.
La representante de país defendió el proceso de elección del procurador y dijo que, en relación a los Principios de París cuenta con calificación A. Cerró su intervención manifestando que Guatemala es un país soberano que respeta el principio de no intervención.
