El consultor político, Helmer Velásquez, aborda en una entrevista las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) realizadas en 2016, que buscaron frenar el financiamiento electoral ilícito, una práctica que incentiva la corrupción y que afecta a sectores populares y democráticos.
Por Regina Pérez
En 2015, Guatemala vivía un “despertar ciudadano” luego de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) presentaran el caso de corrupción “La Línea” que involucraba al presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, procesados posteriormente.
Ese mismo año, la CICIG presentó su informe “Financiamiento de la Política”, sobre la forma en que en las redes político-económicas ilícitas se constituyen en “la pieza central para el financiamiento ilícito de la política”, que establecen vínculos con grupos similares, creando coaliciones que se expresan en el Congreso y en periodos electorales, alrededor de candidatos presidenciales. La corrupción, señaló Iván Velásquez, jefe de la CICIG en ese entonces, era lo que unificaba al sistema político guatemalteco.
Un año después, debido al momento que se vivía en el país, el Congreso aprobó el decreto 26-2016, que contiene las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), presentadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual intentó endurecer los controles para detener el fenómeno del financiamiento electoral ilícito.
Helmer Velásquez, consultor político, secretario ejecutivo del Grupo de Articulación de Diálogo y parte del equipo de apoyo a la Convergencia Nacional por la Reforma Electoral y Política (CONAREP), conversó con Prensa Comunitaria sobre los alcances de dicha reforma, así como las limitaciones que hay en la legislación para ponerle freno a esas prácticas.
En la contienda electoral de 2023, cada partido tendrá un techo de campaña de alrededor Q34.9 millones (en 2019 fue de 29 millones), una cifra que, según el consultor, es ofensiva en un país famélico como Guatemala.
Candidatas como Sandra Torres y Zury Ríos hacen un uso ostentoso de recursos pese a que la campaña electoral se inicia hasta el 27 de marzo.
Luego de las manifestaciones que se produjeron en 2015 se llegó a un acuerdo de reformar la Ley Electoral. ¿Esas reformas lograron algún avance en el sistema electoral?
Sí, en varios órdenes. Avanzamos en la cuestión del financiamiento, en lo de la campaña, el tiempo de campaña política y en la forma de empadronarse. Lo que más echamos en falta, pero no dio la fuerza política de la ciudadanía ni la del Congreso, es la división del TSE en dos cámaras. Apoyábamos que el Tribunal debiese ser fortalecido, pero ello implicaba un salto de creatividad y de cierta audacia institucional para separar las funciones jurisdiccionales y las administrativas.
En aras de lo bueno que se pudo haber recogido de aquella reforma, le señalaría que el tema de la propaganda electoral fue un salto de equidad.
Por eso, esta vez que el CACIF estaba proponiendo que de nuevo se rompieran los parámetros o los topes a la propaganda electoral, nos manifestamos abiertamente diciendo que estábamos en contra, que eso rompía el principio de equidad que se logró en 2016. Y es que dicha reforma da cierto chance a los partidos pequeños a tener acceso a propaganda igualitaria con los partidos grandes. De otra forma se anularía cualquier posibilidad de los partidos más pequeños o los partidos más decentes en hacer campaña electoral. El financiamiento y la cuestión de los topes de la campaña electoral y el uso de los medios nos parece un gran avance. Y una gran falencia es que el TSE no avanzó en su nuevo diseño. Es extraño que en la propuesta de reforma a la Ley Electoral que el año anterior hizo llegar el Tribunal al Congreso tampoco planteara eso.
Se hicieron varios cambios, pero algunos cambios generaron polémica especialmente en el tema del financiamiento. ¿Qué fue lo que pasó?
La reforma de 2016, pese a que se hizo con prisa, tiene virtudes. Una de ellas es el financiamiento. La ley dio un salto intentando frenar el financiamiento electoral ilícito a las campañas, poniéndole límites y techos, tratando de tapar la puerta a aquellos subterfugios que utilizaban los partidos, por ejemplo, que los anuncios los pagaban asociaciones no lucrativas que luego salían haciendo propaganda y alabando al candidato.
Tenían muchas puertas por donde los partidos podían burlar el techo de campaña y además agenciarse de fondos sin mayores controles. Al día de hoy nos parece que esa reforma fue buena. Y eso lo que demuestra es que, es la presión ciudadana, la movilización social, como ocurrió en 2015, lo que propicia este tipo de cambios.
Lo que se buscaba obviamente era mejorar el funcionamiento del sistema electoral y de partidos políticos y con ello fortalecer la democracia. Por ejemplo, sectores básicamente de la élite, como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y entidades que son sus satélites, como el Foro Guatemala, han estado presionando para que el financiamiento electoral se vuelva a abrir.
Es decir, que existan menos controles sobre el mismo, sobre los grandes donantes y que se permita que sea el partido, según su capacidad, el que pueda agenciarse de los recursos en el mercado de oferentes, que casualmente el mercado de oferentes más alto es la élite económica.
Obviamente enfrentamos también el fenómeno de dineros un poco más oscuros, el que tiene procedencia ilícita. Con lo cual el Tribunal no ha podido batallar. Pese a la reforma, los dineros obscuros (que se le llaman dineros ilícitos) siguen fluyendo.
Los flujos de financiamiento ilícito están operando pese a esa virtud de la reforma, pese a que la ley trató de sellar muchas formas de financiamiento de dinero ilícito el Tribunal no tiene la capacidad para controlarlo.
Los ejemplos son bastante obvios, uno puede ver candidatos, en este caso candidatas, como la señora Torres (Sandra Torres) o Zury Ríos movilizándose en helicópteros por todo el país, haciendo concentraciones en donde hay regalos y acarreo de personas, señalando que son reuniones para afiliación. Eso es un subterfugio absurdo de actividades de propaganda. A nadie engañan.
Tampoco engañan al Tribunal, lo que pasa es que el TSE cierra los ojos y no dice nada. Si uno ve esa capacidad de movilización de personas, de candidatos, de los mecanismos de seguridad que utilizan, son campañas políticas ostentosas.
Eso demuestra que pese a las virtudes de la reforma a la LEPP de 2016, el TSE, o no tiene la capacidad o actúa en connivencia con algunos grupos o aparatos políticos y simplemente no les sanciona, no aplica con severidad las normas de cierre del financiamiento electoral.
Varios sectores han criticado que las reformas abrieron la puerta al financiamiento ilícito. ¿Hay razón para pensar en eso? ¿El financiamiento de esas estructuras del crimen organizado no se daba antes de las reformas?
Lo que preocupa a ciertos sectores sociales es que la cuestión del financiamiento oscuro a los partidos y en general a la economía de este país ha avanzado en grandes zancadas. Ha existido, y siempre ha estado ahí.
La gran diferencia ahora es que es un poder que reta, que reta incluso al poder oligárquico, por lo menos en términos económicos y de control de Estado.
Aquel control monopólico que la oligarquía tenía sobre el Estado y todas sus instituciones, Gobierno, municipalidades, etcétera, ya no es absoluto. Ahora lo comparten, no solo con estos dineros, sino con ese control territorial de estas fuerzas.
Ese financiamiento ilícito se va consolidando a pasos agigantados, y que nadie lo detiene.
La oligarquía, no sé cuál es su apuesta, parece que al final fuera convenir tanto con corrupción como con dineros obscuros siempre y cuando permitan al sector oligárquico seguir saqueando a este país, pagando pocos impuestos, teniendo primacía, que no haya una ley de competencia y si algún día la hay, que sea a su medida.
Si bien no es una novedad, no podemos achacar al control del dinero electoral, el hecho de que los dineros oscuros estén avanzando. Eso a mi juicio nuestro tienen otras razones, otros orígenes y es que es un estado permisible. El Estado permite eso, en alguna medida lo alienta con su ausencia territorial. En síntesis, no se debe a la LEPP el hecho de que los dineros oscuros vayan avanzando en su control del país.
¿Qué capacidad tiene el Estado para controlar los aportes que se hacen a los partidos políticos y que sobrepasan lo que asigna la LEPP?
Es una capacidad muy limitada. La Unidad dentro del TSE (Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas), no sé decir en este momento qué personal tiene, pero hace un año tenía un personal mínimo. Y si usted no hace lo que se ha propuesto, que hubiese ese cruce de información entre sistema bancario, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el TSE, es decir un mecanismo con cierta sofisticación de cruce de información, es imposible.
Por esa vía, como está ahora, pese a sus avances, que los mismos partidos y el donante tienen que declarar eso, un país donde ese tipo de actitudes, de voluntades democráticas y de transparencia no existen, no veo ninguna capacidad real de controlar los financiamientos.
Talvez el ejemplo, porque está en la prensa, es del señor Arzú, (Roberto Arzú) que hasta ahora le están poniendo una sanción por lo que no cumplió hace cuatro años, que ni siquiera quiso entregar sus registros contables al Tribunal Supremo. Por eso esa idea de controles cruzados es vital y si en eso no se avanza, argumentando secreto bancario, es difícil.
¿Cuál es el estado actual de las redes político económicas ilícitas que la CICIG abordó en su informe presentado en 2015 sobre financiamiento de la Política en Guatemala, las cuales señaló se han incrustado en el Estado por medio del financiamiento de campañas políticas?
No sé si se debe hablar de una recomposición. Digamos que pasó el susto del fortalecimiento, efímero lamentablemente, que tuvo el Estado para proyectar ciertos controles a los dineros ilícitos.
Hay una reconsolidación de estas redes ilícitas, no solo esos negocios ilícitos, están transformándose a negocios legales. El auge de las constructoras al servicio del Estado es bastante explicable, uno por dineros oscuros, dos, por la alianza entre el dinero oscuro y la corrupción.
Que los políticos, en ejercicio de cargos públicos, asignen esas obras a ese tipo de empresas, algunas sin mucha experiencia, vendría a comprobar esa relación-necesidad de lavado de dinero urgente.
La corrupción se vuelve ahí el enlace perfecto entre el dinero oscuro fuera del Estado y el dinero oscuro que genera la corrupción.
La corrupción resulta la bisagra perfecta para estas dos fuentes de financiamiento que no solo financian la política, sino se van transformando en los factores determinantes de las políticas de Estado.
¿Cómo influye el dinero que proviene de estas redes que pagan las millonarias campañas políticas, luego de que los partidos políticos llegan al poder?
Como toda mafia influyente o como todo aparato cooptador de poder, lo primero es a través de asignación de cargos a sus cuadros orgánicos. No podrían funcionar mafias y redes ilícitas en ningún país sin cuadros orgánicos. Estos agentes que hacen práctica las decisiones que toman los círculos que controlan estas redes. Primero, se les asigna ministerios clave. Esta ambición por ejemplo por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), creo que es la demostración de cómo estos dineros y estas redes buscan controlar.
Este Ministerio permite asignación de obra pública, blanqueo de capitales, que es básico, pero además permite saqueo del Estado a través de la corrupción.
Un elemento que es fundamental tiene que ver con acciones represivas en contra de sectores populares organizados los cuales atañe y golpea directamente a los sectores populares y democráticos de este país. ¿Por qué? Estas redes están tan acopladas con lo que aquí se llama partidos de derecha, que son realmente politiqueros agrupados para saquear al Estado.
Las mafias son contrarias al avance de las fuerzas democráticas, sean estas fuerzas de partidos políticos democráticos o sean movimientos sociales y populares o de los pueblos. Lo ven como una amenaza. Eso sí es terrible para los sectores populares, sociales y pueblos indígenas, porque las mafias golpean duro y su forma de golpear es por un lado animar a estas redes a este uso del derecho penal, comprar jueces, magistrados, etcétera, pero en algún momento, pueden ejercer represión indirecta, como crímenes, etc. Por ejemplo, no se ha logrado esclarecer ninguno de los crímenes de dirigentes campesinos de los últimos cinco años.
Velásquez menciona casos de dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC).
En 2022 hubo un intento de reformar de nuevo la ley, que de ser aprobada sería una “Caja de Pandora” según la CONAREP. ¿Qué perseguía esta propuesta?
Hubo dos propuestas de reforma, que oficialmente llegaron al Congreso. Una la que interpuso el partido Humanista, a cargo de Rudio Lecsan Mérida y Douglas Rivero, en noviembre de 2020. Y la otra fue la que propuso el mismo TSE en marzo de 2021. Ninguna de las dos prosperó. La propuesta de los Humanistas, una vergüenza absoluta, de rebajar las multas que ahora están en 50 mil dólares, que uno puede pensar que están muy altas, pero entre eso y bajarlas a Q250 como proponía Rudio es una vergüenza. Él proponía que votara la PNC, a ellos les parece que deben de participar en las elecciones, derogaba absolutamente todos los artículos referidos al financiamiento electoral, permitía la reelección ad eternum de los secretarios generales.
La otra era la del Tribunal, absolutamente timorata pero además con dos elementos. Uno era flexibilizar lo del financiamiento electoral, flexibilizar la cuestión de los medios de comunicación. No aportaba ninguna cosa inédita.
En síntesis, era una propuesta regresiva, no era exactamente una vuelta al pasado más oscuro, pero no planteaba ningún avance, no consolidaba la democracia y luego creaba un enredo absoluto, lo del voto preferencial, que no tuvo ningún eco ni en la sociedad, el CACIF más bien se fue por el voto uninominal. De esas dos reformas no salía ninguna buena y si a eso le sumamos que la Comisión de Reformas Electorales del Congreso se tomó más de un año en emitir ese dictamen, lo que refleja es esa voluntad política ausente del Estado y sus instituciones por una reforma electoral proactiva, de avanzada. Por ejemplo, el tema de la equidad y la paridad, ni atención le pusieron.
En esta contienda, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido conocido por resoluciones en las que impide participar a algunos candidatos, pero permite la inscripción de señalados e incluso con condenas como el caso de Manuel Baldizón. ¿Cómo califica este actuar?
A nuestro juicio, el TSE es la síntesis de la decadencia de la institucionalidad pública y política. El Tribunal, dada su trascendencia, es una vitrina en este momento. ¿Por qué sintetiza la decadencia? Número uno, la honorabilidad y la idoneidad de los magistrados está en cuestión. No desde hoy, desde el momento en que fueron electos. Muchos afirman que los magistrados no son idóneos para el cargo que ocupan y los ejemplos son visibles. La magistrada que intentó ser candidata a vicepresidenta (Blanca Alfaro) consecuentemente pertenece a un partido político, era militante de un partido. Luego la cuestión de los títulos del magistrado (Ranulfo Rafael Rojas), es una cuestión vergonzosa para el país, para la sociedad.
El otro problema tiene que ver con la poca transparencia de gestión. Y el tercero, que es la debacle, su escasa independencia e imparcialidad para tomar decisiones. El hecho de no inscribir por ejemplo a Jordán Rodas, (vicepresidenciable del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, nos parece que corresponde con la falta de imparcialidad e independencia de los magistrados, que es básica.
Tienen presiones de sectores a quienes no les interesa la participación de Thelma Cabrera ni de Jordán y fallan en esa dirección, no son independientes ni imparciales. Lo de Baldizón es la muestra perfecta de la manzana podrida. Es absurdo, para que el mismo CACIF haya tenido que pronunciarse que ya es mucho decir, porque es un sector que no ha dicho nada con la inscripción de Ríos que tiene prohibición expresa de participar.
Esa síntesis perversa de la política de Estado en el país, ese retroceso abusivo y terrible de la escasa democracia que teníamos y el carácter de los magistrados, lo resumimos en falta de independencia, falta de imparcialidad y que no son idóneos para un cargo que obviamente les queda grande.
Las actuaciones de los magistrados del TSE han generado críticas de la ciudadanía. Foto TSE
¿Qué intereses se juegan en esta contienda electoral y qué actores han predominado hasta la fecha?
Lo que está en juego es la consolidación de un sistema de gobierno alejado de la defensa de las libertades, particularmente de la libertad de organización, de pensamiento, etc. Un tipo de gobierno que buscaría consolidar un régimen intolerante, que estaría dispuesto a permitir las reglas del juego económico tal y como están. Un régimen alejado de los principios de la democracia liberal, oscuro en términos de transparencia, de gestión, pero además en términos de avances académicos y científicos. Un régimen que no está bajo el liderazgo de los militares, pero sí cuenta con su apoyo, es regresivo.
Como principales actores tenemos a los politiqueros, gente que hace políticas en aras de medrar con los dineros públicos para su propio beneficio, son actores en primera línea que les toca dar la cara y ejecutar decisiones de otros.
¿Quiénes son esos otros? Vemos el sector oligárquico, en estos negocios más importantes, como el agro, que buscan hacer de Guatemala un corredor logístico que les permita acumular más capital. Vemos a los actores de capitales oscuros, el crimen transnacional va ocupando un papel a través de sus cuadros orgánicos, tanto en el Congreso como en algunas partes del Ejecutivo. Mientras que el movimiento social, popular y de los pueblos va a seguir estando en condiciones difíciles. Si no se logra mover por el voto una correlación de fuerzas mejor de lo que ahora tenemos, no digo cambiar la correlación, que sería lo ideal, pero si no se logra una cuota de poder desde los sectores democráticos, puede venir una noche oscura para las organizaciones sociales, populares y de los pueblos.
En Guatemala ya no se registran fraudes como en los años 70, sin embargo, la ciudadanía y sectores han alertado de un fraude electoral. ¿De qué forma se dará se podría dar este fraude?
Es todo el manejo institucional empezando con la elección de los magistrados que ahora tenemos. Algunos cuadros de los partidos que los eligieron ahora se están viendo afectados.
Hay un principio de elegir personas no idóneas, de poca capacidad académica. Luego todos estos intentos de reforma a la LEPP que no fructificaron. No fortalecer al TSE como un mecanismo real de imparcialidad. Por ejemplo, permitir que las y los candidatos hagan campaña anticipada es parte del fraude. La no imparcialidad de las y los magistrados, es parte de eso, cerrar los ojos a campañas anticipadas, grandes capitales y lo que cierra el círculo es esto que ya vemos que está pasando.
El hecho de no inscribir a algunos candidatos o hacerlo como dice la Misión de Observación Electoral, a dedo y de forma antojadiza, sacando de la jugada a los que ellos consideren, no basados en el estado de legalidad sino basados en decisiones a mi juicio espurias e interesadas. Yo creo que al final viene lo que todo mundo dice, va a ser difícil maniobrar los votos, pero no dicen nada de todo el trabajo propagandístico que está haciendo el gobierno, sus alcaldes, todo ese entramado que actúa por fuera de las normas y la ética electoral y política, es parte de eso que los sectores populares sintetizan en un fraude.
