Search
Close this search box.

Caso Molina Theissen: Resolución de la CC recomienda dejar en libertad a militares condenados

COMPARTE

Créditos: Prensa Comunitaria. Caso Molina Theissen.
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Organizaciones de Derechos Humanos mostraron su rechazo al reciente fallo que favorece a los condenados por delitos graves cometidos en contra de Marco Antonio y Emma Molina Theissen en 1981. Señalan de ilegal la resolución de los magistrados de la máxima corte.

Por Alexander Valdéz

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió otorgar un amparo a los militares en condición de retiro Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, quienes fueron condenados por el caso Molina Theissen.

El beneficio también alcanza a Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, que, aunque no figura en el amparo, es uno de los acusados y condenados por esos hechos que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo condena.

En su fallo, la CC hace consideraciones que benefician a los sentenciados y orientadas a que se les otorgue arresto domiciliario. Petición que ha sido negada por la gravedad de los delitos por los que fueron condenados.

“Derivado de la descripción de la situación de salud de cada uno de los ahora amparistas, puede afirmarse que la Sala, al momento de resolver la petición de revisión de la medida de coerción, por las características o condiciones de los procesados, debió tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las citadas personas, quienes por su avanzada edad padecen de enfermedades crónicas, aunado a la situación que aún persiste derivada de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2 “COVID-19” y sus variantes, y que, pese a estar recluidos dentro de un centro médico, está latente el peligro de contagio, el cual eventualmente podría ocasionarles la muerte”, falló la CC.

Además, otro criterio que beneficia a los acusados es el siguiente: “En otros términos, no era dable aplicar de manera tajante aquella prohibición contenida en el artículo 264 ibídem por cuanto en el caso de los ahora postulantes los peligros de obstaculización a la averiguación de la verdad y el de fuga no podrían configurarse dadas las condiciones personales de cada uno, que han quedado probadas en autos”.

La máxima corte ordenó que la Sala Primera de Mayor Riesgo emita un nuevo fallo tomando en cuenta las recomendaciones de este fallo que favorece a los militares. “La autoridad denunciada deberá emitir la resolución que en Derecho corresponde, debiendo pronunciarse conforme lo considerado en este fallo, lo cual deberá realizar dentro del plazo de cinco días contados a partir de que reciba la ejecutoria…”.

Condenas por delitos graves

En mayo de 2018, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C condenaron a 58 años de prisión al general Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor Presidencial; a Manuel Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia y a Hugo Ramiro Zaldaña, exoficial de inteligencia; y a 33 años de cárcel a Francisco Luis Gordillo, excomandante de la zona militar “General Manuel Lisandro Barillas”, en Quetzaltenango, por los delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen;  y violación con agravación de la pena en el caso de Emma Molina Theissen.

En 2020, los militares solicitaron a los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo otorgarles arresto domiciliario, pero esta les fue negada. La Sala argumentó que no podía entrar a conocer la solicitud, porque los tipos penales por los cuales los militares fueron condenados no contemplan medidas sustitutivas.

Rechazan resolución

Diferentes organizaciones de Derechos Humanos han mostrado su rechazo a la resolución que favorece a los acusados. “Expresamos nuestro rechazo a la resolución de la Corte de Constitucionalidad. No más impunidad. Resoluciones como la emitida en caso Molina Theissen no sólo dan un mensaje nefasto a los jueces y magistrados que intentan actuar apegados a derecho, sino que atentan contra el derecho de las víctimas de buscar justicia”, indica un comunicado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), considera que la resolución de la CC, que ordenaría la liberación de los militares, incumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena garantizar justicia para las víctimas.

“Le vamos a informar a la Corte IDH, no es la primera vez que se intenta ese tipo de acciones, le vamos a informar para que le llame al Estado, en el sentido de que no puede tomar ningún tipo de acción que genere impunidad”, añadió.

En dicho fallo, que ya no es apelable por tratarse de una sentencia de la CC, se deberá esperar a que la Sala de cumplimiento a lo ordenado por la CC, que deberá decidir tomando como base esta resolución, si otorga o no medidas sustitutivas a los procesados como lo recomienda la alta corte.

En audiencias relacionadas con este tipo de casos, la Fiscalía de Derechos Humanos se ha expresado en contra de las medidas sustitutivas que solicitan los acusados. En la diligencia del pasado martes, dentro del caso Diario Militar se expuso que el peligro de fuga es latente, así como el temor de las víctimas y testigos del proceso.

COMPARTE