Según la sentencia, los liberados pierden sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
Por Isela Espinoza*
A las 6:31 de la mañana de este jueves partió un vuelo de Managua rumbo al aeropuerto Dulles, de Washington, con al menos 222 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega liberó y desterró, según informó La Prensa. Se prevé que el Omni Air International aterrizará a las 11:33 (10:30 en Nicaragua). La liberación incluye a opositores que estaban en condición de casa por cárcel, según confirmaron familiares ellos fueron sacados la noche del miércoles de sus casas.
El magistrado Octavio Rothschuh fue el encargado de leer la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua en la que señala que los presos políticos están acusados por violentar el “ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra el estado y la sociedad nicaragüense”, por lo que se ordenó su deportación inmediata.
El documento enfatiza que los deportados fueron declarados “traidores a la patria y sancionados por delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, así como ejercer cargos a elección popular quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”.
En redes sociales familiares y organizaciones que daban voz a los presos políticos confirmaron que entre los deportados se encuentran los líderes estudiantiles: Lesther Alemán, Max Jerez, Mildred Rayo y Miguel Flores.
Fuentes diplomáticas confirmaron a medios estadounidenses que Estados Unidos recibirá a los 222 presos y les permitirá un permiso especial (parole humanitario) por dos años. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos puso a disposición un número para que las familias de los presos se contacten.
Esta decisión del Gobierno de Ortega ocurre dos días después de que la justicia sandinista inhabilitara “de por vida” para ejercer cargos públicos o de elección popular a 14 personas, entre ellas cuatro sacerdotes católicos y presos políticos.
La Prensa Nicaragua confirmó a través de sus redes sociales que entre los presos políticos deportados se encuentran la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro y Juan Lorenzo Holman, gerente general de LA PRENSA.
Según el New York Times, funcionarios estadounidenses afirmaron que el gobierno de Nicaragua no pidió nada a cambio de la liberación de los presos políticos. Sin embargo, para ellos fue una forma de “señalar el deseo de reiniciar las relaciones con Estados Unidos”.Pero la represión del régimen de Ortega continuaba con acciones legales. En una sesión extraordinaria, el Congreso aprobó la iniciativa de Ley para la Pérdida de la Nacionalidad nicaragüense con 85 votos a favor. Con la aprobación se reforma el artículo 21 de la Constitución.
*Con información de medios internacionales
