El 14 de febrero de 1984, seis hombres jóvenes fueron detenidos en la ciudad de Guatemala identificados como “enemigo interno” por una estructura clandestina de inteligencia militar. En 1999, sus nombres aparecieron en el “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte” junto al de 177 militantes, pero su paradero sigue siendo desconocido. Cuatro décadas después sus familiares siguen esperando justicia.
Por Regina Pérez
El 14 de febrero de 1982, una estructura clandestina del Estado de Guatemala detuvo y desapareció de manera forzada a Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, Manuel Ismael Salanic Chiguil, Jorge David Calvo Drago, César Augusto Suruy Cano, Luis Alberto Ortiz Quintanilla y Marcial Xil Chocoj, quienes militaban en dos organizaciones guerrilleras. Sus nombres aparecieron en el documento conocido como “Diario Militar”.
Por años, sus familiares denunciaron estas desapariciones tanto en el sistema de justicia como a nivel internacional, en el Sistema Interamericano. Los buscaron en morgues, funerarias y cementerios clandestinos. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado investigar los hechos, pero no fue hasta 2021 que el caso llegó a tribunales. Por estas seis desapariciones ningún militar o expolicía ha sido acusado.
El Diario Militar, también conocido como “Dossier de la Muerte”, es un documento elaborado por un cuerpo paralelo de inteligencia, adjunto al Estado Mayor Presidencial (EMP), conocido como El Archivo, en donde se registra la información de 183 personas que militaban en distintas organizaciones guerrilleras y que fueron detenidas y desaparecidas por esta estructura entre 1983 y 1985, durante el gobierno militar de Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).
Por las desapariciones forzadas que aparecen en el llamado “Dossier de la Muerte” fueron detenidos 15 militares y expolicías retirados entre mayo de 2021 y mayo de 2022. Dos de ellos, el general retirado Marco Antonio González Taracena y Mavilio Aurelio Castañeda, murieron sin enfrentar juicio.
¿Quiénes eran estas personas y por qué fueron desaparecidas?
Según el informe, “La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional”, de la Fundación Myrna Mack, estas detenciones formaron parte de una nueva ofensiva contrainsurgente, encuadrada en el plan Firmeza 83, que se focalizó principalmente en la ciudad capital.
De 183 detenciones ilegales registradas, 139 se cometieron en la ciudad de Guatemala. La ofensiva tenía como objetivo desarticular las redes de militantes y colaboradores de la insurgencia, en especial las diferentes ramificaciones del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) que fue la organización insurgente más afectada con el 57 por ciento de los casos.
Manuel Ismael Salanic Chigüil y César Augusto Suruy, los estudiantes normalistas
Salanic Chiguil era un joven de 18 años, el segundo de cuatro hermanos quien estudiaba el último año de magisterio en el Instituto Nacional Rafael Aqueche. Su secuestro ocurrió entre el 13 y 14 de febrero de 1984, cuando unos 15 hombres armados llegaron a su vivienda, en Ciudad Real donde vivía con su familia.
Sus familiares contaron que los hombres ingresaron de manera violenta a la residencia, interrogaron a Manuel Ismael y lo sometieron a choques eléctricos. Luego se lo llevaron en ropa interior. De acuerdo con su familia, algunos de los hombres portaban el uniforme del Batallón de Reacción y Operaciones Especiales (BROE) del 5to Cuerpo de la Policía Nacional (PN), ya desaparecida.
La información que la estructura clandestina tenía sobre Miguel es que pertenecía al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), en el Frente Urbano “Otto René Castillo” (FU-ORC). Se cree que fue ejecutado el 6 de marzo de 1986, según la ficha que se encontró en el Diario Militar.
El caso de Salanic fue presentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) que indicó que él había sido recluido en el sótano de un museo.
La familia de Salanic nunca dejó de buscarlo en centros de detención y hospitales e interpuso varios recursos de exhibición para encontrarlo, sin éxito. Su padre Ismael Salanic se unió a organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo y FAMDEGUA para denunciar la desaparición de su hijo. Falleció en 2013 sin poder dar su testimonio en declaración anticipada. Su madre Antonia Chigüil pudo dar su declaración en 2014 señalando que lo único que quieren es saber la verdad de lo que pasó.
Por esta desaparición forzada ninguna persona ha sido detenida hasta la fecha.
César Augusto Suruy Cano era miembro del Frente Urbano ORC del EGP. Según el registro que el Diario Militar tiene de él, es que fue detenido en la colonia Landívar, zona 7.
Suruy Cano estudiaba el sexto año en la Escuela Normal Central para Varones donde se destacó por su liderazgo. También promovió acciones que causaron la molestia de las autoridades del país, según el informe de la Fundación Mack, como promover una huelga por la falta de catedráticos en dicha Escuela. Se cree que el estudiante fue vigilado por la inteligencia militar por mucho tiempo. En el “Dossier de la Muerte” su ficha tiene el código “300” y la fecha 6 de marzo de 1984, en la que habría sido asesinado.
Salomón Estrada, hermano de Félix Estrada Mejía, desaparecido en 1984, querellante en el Diario Militar, recuerda haber coincidido en los mismos espacios que Salanic y Suruy, quienes eran líderes estudiantiles en la Escuela Normal. Ambos jóvenes pertenecían a la Asociación de Estudiantes Normalistas.
Estrada indicó que ellos nunca niegan la militancia de sus familiares, pero esto era desde lo político. El trabajo que hacían no era clandestino, pero tuvieron que hacerlo así debido a la represión que se incrementó en contra del movimiento social, estudiantil, obrero y campesino, dijo.
Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, el que quería ser médico
Carlos Guillermo Ramírez Gálvez tenía 19 años cuando fue detenido. Él vivía en la colonia Justo Rufino Barrios, en la zona 21, pero la noche de su detención no se encontraba en su residencia a donde lo fueron a buscar, sino que había ido a la zona 5, en la colonia Vivibien, donde residía su bisabuela, que estaba enferma.
Su hermana mayor Miriam Ramírez, lo recuerda como un joven tranquilo, sociable, que cada día trataba de ayudar a los demás. Ramírez era acólito de la iglesia de la colonia y estudió un tiempo en la Escuela Normal para Varones. Posteriormente ingresó al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) donde estudió soldadura autógena y estaba a punto de graduarse.
Ramírez Gálvez quería ser médico por la misma motivación que tenía de ayudar a las personas. Sin embargo, su familia no tenía los medios económicos para facilitarle sus estudios.
Fue identificado como militante de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) en el Diario Militar. Ramírez fue detenido en la casa de una de sus tías. El joven fue llevado nuevamente a su casa en zona 21 en la madrugada, donde fue torturado según el testimonio de su hermana.
Desde el día de su desaparición, su familia denunció este hecho a la Policía. También interpusieron seis recursos de exhibición personal, esperando encontrarlo con vida.
La ficha de Ramírez Gálvez en el Diario Militar tiene el número “300”, un código que significa que la víctima fue asesinada.
Los padres de Ramírez, Natalia Gálvez y Carlos Alberto Ramírez lo buscaron incansablemente en cementerios clandestinos, la Cruz Roja, funerarias y hospitales y hasta la Policía Nacional (PN).
El padre del joven se organizó en el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una entidad que se conformó con los familiares de las personas detenidas y desaparecidas. Incluso fueron recibidos por Mejía Víctores pero no lograron nada.
Ambos ya fallecieron y ahora Miriam es quien continúa con la búsqueda de justicia.
Sobre las otras tres personas desaparecidas, Jorge David Calvo Drago, Marcial Xil Chocoj y Luis Alberto Ortiz Quintanilla hay muy poca información documental adicional a la que apareció en el Diario Militar.
Jorge David Calvo Drago. Era estudiante de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La noticia de su secuestro incluso llegó al general Mejía Víctores por medio de un memorando el 15 de febrero. Ese mismo día fue secuestrado su padre Jorge Calvo Barajas quien había emprendido diversas acciones para encontrarlo.
El caso de Calvo Drago se dio a conocer a la Comisión Interamericana que en 1984 emitió un informe especial sobre la situación de derechos humanos en Guatemala en el que se hacía referencia a la desaparición de varios estudiantes de la USAC desde que Mejía Víctores asumió el poder. Según un extracto del informe, la USAC era considerada por parte de las autoridades guatemaltecas “como el centro ideológico de la subversión en el país, y en consecuencia como el foco de mayor interés y atención de la acción contrainsurgente”.
Según la ficha del Diario Militar, era miembro del Frente Urbano Otto René Castillo del EGP. Fue capturado en la 1ª Avenida y 14 calle de la zona 1. Calvo Drago fue una de las pocas personas que aparecen en el Diario Militar que fue liberado. Según la ficha delató a su padre quien también fue detenido mientras lo buscaba.
El 3 de abril de 1984 se asiló en la Embajada de Venezuela en Honduras junto a su padre y su esposa. La Fundación Myrna Mack ahondó un poco más sobre este caso en el informe “La Autenticidad del Diario Militar”.
Marcial Xil Chocoj. Identificado por la inteligencia militar como miembro del Frente Urbano del ORPA. Fue detenido en la zona 11, en una construcción. Según su ficha, también fue asesinado el 6 de marzo de 1984, ya que aparece el código 300.
Luis Alberto Ortiz Quintanilla. En el Diario Militar, Ortiz Quintanilla es la ficha número 67. Fue detenido en la colonia Santa Marta, zona 19 y entregado a la Dirección de Inteligencia. También pertenecía al FU-ORC del EGP. No se tienen más detalles de él.
El Diario Militar y la impunidad de cuatro décadas
Transcurrieron casi cuatro décadas antes de que el caso fuera llevado a la justicia guatemalteca. El 27 de mayo de 2021, 11 militares retirados y expolicías fueron capturados por las desapariciones que se detallan en el documento y en mayo de 2022, nueve de ellos fueron enviados a juicio por el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo.
Posteriormente Gálvez fue denunciado y tuvo que salir del país. Uno de los acusados, el coronel Jacobo Salán Sánchez accionó en contra de la resolución que lo envió a juicio y fue amparado, lo cual podría retrotraer el caso hasta la etapa intermedia. La más reciente resolución en el caso fue la del juez suplente Rudy Bautista, quien le otorgó arresto domiciliario a Salán y a otro procesado.
Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FAMDEGUA), querellante en el proceso, indicó que la decisión del juez de dejar en libertad a dos procesados fue un retroceso muy grande en el caso, que demuestra que hay un “muro de impunidad” que ha existido por varios años y que las familias trabajaron arduamente para romperlo.
Hicimos un trabajo muy arduo para poder demostrar que los delitos que se les están imputando, son verídicos, hay prueba suficiente, en donde el juez no ha podido realizar ese análisis y se está beneficiando a militares señalados de violaciones a derechos humanos dijo Farfán.
Miriam Ramírez también siente que hay un retroceso en la búsqueda de justicia con lo que ha ocurrido en el proceso, como lo hubo en los primeros años. “Desde el inicio empezó la búsqueda y el Estado no quiso dar mayor información de lo que había pasado, hasta que aparece el Archivo del Diario Militar” dijo. Aunque ningún militar ha sido acusado por la desaparición de su hermano, ella acude a las audiencias por el caso.
Por su parte, Estrada hizo énfasis en que los familiares solo quieren que se conozca la verdad de lo que sucedió y sobre todo que no se desaparezca a una persona por pensar diferente.
