A un año de su encarcelamiento, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos en Guatemala piden la inmediata liberación de Virginia Laparra. Su caso, indican, es un ejemplo emblemático de la persecución contra operadores de justicia en Guatemala.
Por Regina Pérez
Amnistía Internacional (AI) y organizaciones de derechos humanos de Guatemala se pronunciaron este jueves para pedir la liberación de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra a 365 días de su encarcelamiento. “Virginia Laparra debe ser liberada inmediatamente”, señaló Adeline Neau, investigadora para México y Centroamérica de AI en una rueda de prensa.
La organización internacional ha observado varias arbitrariedades e irregularidades en el proceso que se lleva contra la exfiscal. Además, declaró a Laparra como “presa de conciencia”, el 28 de noviembre de 2022, un calificativo que se le dio, al considerar que está privada de la libertad por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.
“Hemos hecho un análisis detallado de la situación de Virginia y consideramos que su situación se ajusta plenamente a esta definición”, indicó Neau.
Una de esas arbitrariedades es que no había motivos para detenerla en prisión preventiva y se utilizó el litigio malicioso tolerado por las autoridades, ya que Virginia tenía un proceso abierto en Quetzaltenango y otra causa en la ciudad capital, por la misma denuncia, que la señalaba de haber abusado de su autoridad para denunciar a un juez.
Es grave que las autoridades estén autorizando este litigio malicioso, expresó la investigadora. A esto se suma que los jueces le negaron en reiteradas ocasiones el arresto domiciliario.
“En Guatemala la persecución tiene rostro de mujer”, señaló la abogada Wendy López, defensora de Laparra, quien dijo que otras seis mujeres están siendo perseguidas por haber luchado y denunciado la corrupción.
Hoy conmemoramos 365 días desde el momento en que ella fue detenida en Quetzaltenango, son 365 días en que una madre, una abogada, una doctora en derecho, fue criminalizada por el Estado de Guatemala en colusión con el Ministerio Público (MP), la institución para la que ella laboraba, señaló López.
Brisna Caxaj, de Impunity Watch capítulo de Guatemala, manifestó su preocupación de que en Guatemala al menos 25 operadores de justicia han tenido que salir al exilio y seis exfiscales de la FECI enfrentan procesos penales. “El caso de Virginia Laparra es el ejemplo emblemático de esta política de persecución”, afirmó.
En tanto Bernardo Caal, defensor del territorio, también declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, señaló que lo que está viviendo Virginia es tortura carcelaria.
Laparra enfrenta dos procesos, uno por abuso de autoridad, que está en su fase de apelación de sentencia en la Sala Segunda de Apelaciones que recién fue admitida; y otro por supuesta revelación de información confidencial, el cual se lleva a cabo en Quetzaltenango.
Este día se conoció que el Organismo Judicial (OJ) y el Sistema Penitenciario (SP) no autorizaron que Amnistía Internacional visitaran a Laparra en la cárcel. Esta situación ha ocurrido en otras ocasiones, denunció su abogada, ya que tanto el OJ como el SP se trasladan las responsabilidades. Es por eso que decimos que el Estado está vulnerando sus derechos, señaló.
SP y OJ no autorizaron a Amnistía Internacional visitar a Virginia Laparra
