Por Héctor Silva Ávalos
Lo más triste del video que el jefe de la FECI subió el lunes 16 de enero a las redes sociales del Ministerio Público es pensar que acaso hay quienes, en el país, se traguen sus mentiras. En un Estado autoritario, y Guatemala lo es en muchos sentidos, la simulación de justicia es esencial para consolidar las formas dictatoriales del gobierno de turno. Incluso en la Argentina de las juntas los sátrapas se preocuparon, aunque sea por la mínima, de intentar mantener las apariencias.
No soy abogado, soy periodista y, como tal entiendo que los argumentos de Rafael Curruchiche y de su jefa, Consuelo Porras, no aguantan el ejercicio intelectual más básico. Incluso sin leer las acusaciones completas que los dos hacen y escriben contra quienes en el pasado investigaron el crimen de cuello blanco y la corrupción en Guatemala, tan solo viendo y oyendo a Curruchiche -sobre todo a él en sus intentos de influencer en Twitter-, es muy fácil entender que lo actuado por esta FECI en el caso Odebrecht, y en tantos otros, es un ejercicio de simulación de justicia.
No soy abogado, digo, pero los consulto antes de escribir, porque soy reportero. No hay uno -que no sea empleado del MP o afín a la Fundación contra el Terrorismo se entiende- capaz de justificar los argumentos de Curruchiche.
A Rafael Curruchiche lo entrevisté un par de veces en 2018 en la sede del Ministerio Público en el Barrio Gerona en la Ciudad de Guatemala. Él era responsable entonces de la investigación por financiamiento electoral ilícito al entonces presidente Jimmy Morales y a su partido FCN-Nación. No me dio la impresión de ser un fiscal brillante, pero sí uno disciplinado. Hoy, a la luz de lo visto desde que Consuelo Porras lo nombró jefe de la FECI en sustitución de Juan Francisco Sandoval, me da la impresión de que ese es el principal rasgo de Curruchiche: es un tipo disciplinado, que sigue al dedillo las instrucciones de sus jefes.
Su jefa actual le ha dado instrucciones, por lo visto, bastante precisas, las cuales pueden resumirse como tan bien lo hizo David Gaitán, el exmandatario de la CICIG criminalizado por investigar a Odebrecht: privilegiar a actores que recibieron sobornos y detener las investigaciones ya adelantadas contra los responsables en casos de corrupción.
El manual de persecución escrito por Porras, Curruchiche y sus cómplices parece no tener otro objetivo que el señalado por Gaitán, que es el mismo que apuntó el Departamento de Estado de Estados Unidos cuando ubicó al actual jefe de FECI en la llamada Lista Engel, la nómina de funcionarios centroamericanos a los que Washington considera corruptos y antidemocráticos: “Obstruye investigaciones de actos de corrupción malogrando investigaciones de alto perfil a funcionarios corruptos y montando casos aparentemente espurios contra investigadores de FECI, abogados particulares y exinvestigadores de CICIG”.
En el caso de Odebrecht queda claro que el plan de liberar a los que recibieron sobornos y criminalizar a quienes los investigaron empezó hace ratos, al menos en enero de 2022, cuando la FECI de Curruchiche, nombrado en el nuevo cargo en agosto de 2021, pidió apartar a la jueza Erika Aifán, entonces titular del juzgado de mayor riesgo D, del caso Odebrecht. Aifán había conocido el caso investigado por CICIG y el MP por la corrupción de Odebrecht en Guatemala, pero la honestidad de la jueza y su perfil de mujer insobornable no encajaban con los planes de Porras y sus patrocinadores.
Para marzo de 2022, ya la persecución del Estado de Guatemala, a través del MP de Porras, había forzado a Aifán a renunciar a su cargo como jueza y a exiliarse en Washington. En su lugar, la judicatura guatemalteca nombró al juez Luis Fernando Archila Lima, un hombre que había sido detenido en 2008 en Puerto Barrios por posesión de droga cuando era jefe de Aeronáutica Civil en esa ciudad de Izabal. Este sí era un juez afín a los planes del nuevo MP: en noviembre de 2022, Archila Lima, anuló testimonios clave de colaboradores eficaces que embarraban a dos de los principales sospechosos de recibir sobornos de Odebrecht, Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi.
Después de eso vino la primavera para Baldizón y Sinibaldi. El primero salía exultante de Mariscal Zavala el 11 de enero de 2023, y, con una sonrisa, prometía venganza a los fiscales que lo habían investigado. No había pasado ni una semana cuando Rafael Curruchiche hizo buenos los deseos de Baldizón al anunciar las órdenes de arresto a, entre otros, Thelma Aldana, la exfiscal general y David Gaitán, el exmandatario de CICIG que investigó Odebrecht. Antes, el 15 de diciembre de 2022, Sinibaldi también había sido beneficiado con arresto domiciliar.
Para hacer todo esto Porras, Curruchiche y el Ministerio Público se embarcaron en su patraña de simulación de justicia. Para criminalizar a los investigadores, jueces y fiscales involucrados con el destape de la corrupción en el caso Odebrecht, el MP ha intentado utilizar comunicaciones entre los criminalizados para fabricar prueba en su contra. Al final, cuando se desenmarañan los pronunciamientos en Twitter de Curruchiche lo que queda es una inmensa bola de nada, o, más bien, al soplar el humo lo que hay es un intento bastante burdo de convertir en delito algo que no lo es en la legislación guatemalteca: investigar el crimen.
Es todo tan absurdo que el único argumento del MP de Porras es que, en el caso Odebrecht, los investigadores cometieron delito por utilizar la figura del colaborador eficaz, introducida a la legislación guatemalteca en 2006, previo a la llegada de CICIG, que no es más que dar a un miembro de la organización criminal beneficios penales a cambio de información que fortalezca la persecución de los eslabones más importantes de la estructura delictiva para, como dice la Ley Especial contra la Delincuencia Organizada, desbaratarla y evitar que siga operando. A diferencia de otras fiscalías, como la que en estos momentos existe en Guatemala o lo que trabaja al servicio del presidente Nayib Bukele en El Salvador, la FECI de Sandoval utilizó la figura del colaborador eficaz para, en efecto, desbaratar los nodos de corrupción que más daño le hacían al país.
Con Baldizón y Sinibaldi libres, y los exinvestigadores perseguidos, es como si la corrupción de Odebrecht y otras tantas nunca existieron en Guatemala. El exmandatario de CICIG, David Gaitán, además de señalar esto en su comunicado apunta a algo más grave, la intención del MP de “detener las investigaciones ya adelantadas en contra de otros responsables”. Los otros señalados en el caso de Odebrecht son al menos dos docenas de diputados que han sido fundamentales para la alianza oficialista en el congreso guatemalteco.
La simulación de justicia, además de parar estas investigaciones, tiene otro objetivo: venganza. Los corruptos, enquistados en el MP, no han dudado en utilizar a la fiscalía para perseguir a quienes los investigaron y Porras y Curruchiche parecen haber encontrado en el caso Odebrecht la excusa para intentar perseguir a Iván Velásquez, el excomisionado colombiano, quien fue el rostro más visible en la historia de CICIG.
Juan Pappier, el subdirector adjunto interino para América de Human Rights Watch, me lo resumió así: “Lo que ha ocurrido en años recientes en Guatemala es que el sistema de justicia, el Ministerio Público, han sido cooptados por actores vinculados a la corrupción que buscan garantizar la impunidad por hechos de corrupción mientras persiguen en un hecho de venganza a fiscales, jueces y miembros de la CICIG que con mucha valentía y profesionalismo expusieron los entramados y abusos de poder en el país.” Un hecho de venganza.
El afán de venganza puede costarle caro a la Guatemala de Alejandro Giammattei, quien no ha dudado, en este caso, salir en defensa del MP de Porras, como ya lo hizo en el pasado. Giammattei, después de todo, le debe mucho a la fiscal general y a Curruchiche; ambos se aseguraron de parar la investigación que relacionaba al presidente con el soborno millonario de mineros rusos.
Intentar perseguir a Velásquez ya generó un incidente diplomático con Colombia, donde el excomisionado es hoy ministro de defensa en el gobierno de Gustavo Petro, quien ya adelantó que si Guatemala insiste las relaciones diplomáticas entre ambos países podrían verse afectadas. Giammattei contestó, como suele hacerlo la derecha guatemalteca, de forma torpe y arrogante. Al cuestionar las acciones del MP, dijo el guatemalteco, Petro está “cometiendo un error de guerrillero”.
No contento con eso, Giammattei procedió: “Hasta dónde sé, y no me meto en asuntos internos de los países, están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado, allá ellos y su justicia”, dijo en referencia al proceso de paz de Colombia, que ha sido saludado por la comunidad internacional y al que en el país suramericano se han opuesto, entre otros, seguidores del expresidente de ultraderecha Álvaro Uribe, a cuya familia Iván Velásquez también investigó por supuestas relaciones con paramilitares y narcotraficantes.
Uno de los grandes trucos retóricos de la derecha guatemalteca es acudir al “comunismo” y al “guerrillero” para desacreditar a cualquiera que se le oponga. En el pasado no fue, claro, retórica. Decenas de miles de civiles e indígenas guatemaltecos cayeron asesinados por el gobierno y sus agentes con ese argumento. Hoy, Giammattei vuelve al bulo para justificar la persecución judicial.
Cuando la CICIG y el MP emprendieron la cruzada anticorrupción contra las élites a las que Giammattei sirve, uno de los trucos retóricos de las élites fue decir, sin probarlo nunca, que las investigaciones “ahuyentaban la inversión extranjera”. Pues bien, hoy que Giammattei la emprende contra el gobierno de Gustavo Petro para justificar a su fiscal general, vale recordar que, en 2022, la mayor inversión extranjera directa llegó de Colombia, que sumó más en el rubro que toda Centroamérica según datos del Banco de Guatemala. El año pasado, además, Colombia fue el 8º país en el mundo que más exportó hacia Guatemala. Hablando de afectar la economía por una venganza política.
Pappier, de HRW, cree que el asunto tiene que ir más allá de Velásquez, Petro y Giammattei y debe de animar a los gobiernos de América a condenar lo que él llama la debacle del Estado de derecho en Guatemala.
“Este intento por investigar al hoy ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez, debe de ser un llamado de atención a los gobiernos de América Latina sobre la debacle del Estado de derecho en Guatemala y debe de llevar a los gobiernos de la región a pronunciarse de forma conjunta y coordinada para buscar proteger los derechos de los guatemaltecos”, opina Pappier.
En realidad, el intento de persecución a Velásquez es improbable. Al colombiano le asistía el derecho a la inmunidad diplomática como parte del convenio entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala que dio vida a la CICIG. Al insistir en su afán, Curruchiche y el MP no hacen más que poner a su país en un ridículo internacional bastante importante. Más aún: es muy poco probable también que haya países que se pronuncien a favor de Giammattei en este pleito con los colombianos.
No le falta razón a Pappier, por eso, cuando dice que esta estupidez jurídica y diplomática debería de servir para que la comunidad internacional se deje de medias tintas y condene sin equívocos al Estado de Guatemala, a su presidente y su fiscal general por perseguir a los hombres y mujeres que como David Gaitán, la exfiscal Virginia Laparra o Leily Santizo, también exmandataria de CICIG, se dejaron la piel para liberar a su país de élites políticas económicas que se cuentan entre las más sanguinarias y corruptas del continente.
