El 20 de enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciará la convocatoria a elecciones generales 2023, pero con nuevas reformas aprobadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En la antesala del proceso, ha sido cuestionado sobre su imparcialidad, la falta de transparencia en compras e incluso señalamientos de un posible fraude electoral.
Por Prensa Comunitaria
En la segunda quincena de enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hará oficial la convocatoria a elecciones generales 2023 para elegir la Presidencia y Vicepresidencia, 160 diputados al Congreso de la República, 340 alcaldías y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), para el periodo 2024-2028.
En las últimas semanas el TSE ha incrementado sus acciones. El 25 de noviembre anunció cambios a los cuatro reglamentos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), entre estos eliminó el requisito de presentar antecedentes penales y policiacos para inscribirse como candidatos.
Previamente, organizaciones políticas y sectores de la sociedad civil comenzaron a cuestionar la imparcialidad de la institución en el manejo del proceso electoral, la falta de transparencia en las compras directas por excepción e incluso señalamientos de un posible fraude electoral.
Mientras la fecha se aproxima, hasta el momento, 7 de 28 partidos políticos han sido habilitados para participar en las elecciones y ya realizaron sus asambleas de proclamación de binomios presidenciales, de los cuales dos participarán como coalición. También se destaca la inscripción de comités para la constitución de nuevos partidos políticos; y el padrón electoral conformado en su mayoría por mujeres y personas de 18 a 40 años.
Las últimas críticas y la máquina de control electoral
Este proceso electoral tiene una característica particular, se realizará en un contexto de regresión autoritaria y de debilitamiento de la democracia. Un proceso que llevó al poder en 2019 al presidente Alejandro Giammattei, esto porque el gobierno ha logrado el control o alianza con otras instituciones del Estado. Por ejemplo, el presupuesto de Q115 mil 443 millones, el más alto en la historia del país, para pleno año electoral, fue aprobado con los votos de 111 diputados.
Por otro lado, diversos analistas y datos periodísticos, aseguran que el partido VAMOS tiene una estrategia para alcanzar el apoyo de por lo menos 200 alcaldes municipales y obtener la mayoría de diputaciones en el Congreso de la República, garantizando así su continuidad en el poder para el próximo periodo.
Además, este evento podría estar definido por decisiones de instituciones que están bajo el control de grupos y políticos conservadores, empresarios y militares. Por un lado, el Ministerio Público (MP) podría evitar la inscripción a candidatos, activando investigaciones y/o procesos penales en su contra. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) también podrá rechazar o aceptar amparos de candidatos que buscarán alcanzar su inscripción. Mientras que la Corte de Constitucionalidad (CC) tendría la misma función de la CSJ, pero con decisiones definitivas e inapelables, incluso puede revocar amparos otorgados por la Corte Suprema de Justicia.
A esta máquina de control se suma el papel de la Contraloría General de Cuentas (CGC), dirigido por Frank Helmunth Bode Fuentes, electo por el Congreso de la República con 148 votos, quien ha sido señalado de tener vínculos con grupos políticos cercanos al gobierno de Giammattei.
La función de la CGC es clave en la fase de inscripción de candidatos, como en la adjudicación de cargos, al otorgar la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocido como finiquito, dado que es uno los requisitos que deben cumplir los candidatos. Sin embargo, podría ser que candidatos opositores al oficialismo no puedan recibirlo. Además, la CGC juega un papel clave en el control e investigación sobre el financiamiento de los partidos políticos.
Los magistrados que integran el Tribunal Supremo Electoral han realizado reuniones con estas instituciones. El 7 de diciembre, la presidente de este órgano electoral, Irma Elizabeth Palencia Orellana, se reunió con la fiscal general del MP, María Consuelo Porras Argueta, para solicitarle que actúe de manera inmediata en la acción penal, en los delitos relacionados con el proceso electoral. Reuniones similares ha tenido con el contralor.
Cabe destacar que el TSE también está conformado por los magistrados Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Mynor Custodio Franco Flores, quienes han recibido críticas por la falta de transparencia en el proceso.
Por ejemplo, el pasado 23 de noviembre, diputados del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) acudieron a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Guatemala, situada en la zona 13 a denunciar un posible “fraude electoral” en este proceso, esto ante la falta de resolución de inscripción del comité pro formación del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
De acuerdo con sus declaraciones, VOS tenía dictamen favorable para su inscripción desde el 29 de agosto, pero hubo una impugnación por parte de Sandra Torres, actual Secretaría General del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), recientemente beneficiada en un caso por el que fue investigada por financiamiento electoral ilícito.
Esta agrupación política aseguró que la impugnación estuvo entrampada por el TSE, dada la falta de resolución de los magistrados, lo cual consideraron como un bloqueo a su participación política. El 2 de diciembre el partido fue finalmente notificado por el Tribunal de que sería inscrito y se oficializó el 5 de diciembre con un comunicado del TSE, convirtiéndose en el número 28 de la lista de partidos habilitados para participar en las elecciones 2023.
Otra de las críticas que el pleno de magistrados del TSE ha recibido en los últimos meses ha sido el incremento de las compras directas por excepción, las cuales ascienden a más de 50 compras por el monto de Q15.4 millones y una lista de compras aún pendientes de realizarse antes de que acabe el 2022. Tales eventos, por su naturaleza de excepción, no han sido públicos en la plataforma de Guatecompras y se han dado a conocer hasta haber sido adjudicados de forma directa por la supuesta falta de tiempo para hacer las licitaciones, según dijo la presidente Irma Palencia, en una entrevista a Prensa Libre.
En ese sentido, el TSE recibió desde septiembre pasado diversas críticas por parte de algunos sectores de la sociedad civil, por la intención de realizar seis compras por excepción para adquirir equipos y un software de identificación biométrica para las próximas elecciones. Una de las cuales podía ser adjudicada la empresa Smartmatic International Holding B.V., con un monto de Q600 millones y cuyo representante legal es Elizandro López Flores, exviceministro de Gobernación del actual gobierno de Giammattei. Tras varias semanas de discusión, el 16 de noviembre el pleno de magistrados anunció que continuaría con tres de la seis y que analizaría a detalle las otras tres que, incluían el equipo biométrico. El 10 de diciembre confirmaron, mediante una conferencia de prensa que desistieron, en definitiva.
Hacia la carrera electoral: 28 partidos habilitados
Actualmente se encuentran 58 organizaciones políticas registradas ante el TSE, de las cuales 28 están oficialmente inscritas como partidos políticos, es decir, que pueden competir en la próxima contienda electoral para todos los cargos en las cinco elecciones, cumpliendo con los requisitos necesarios como tener más de 24 mil 500 afiliados, presencia en más de 12 de departamentos y en el caso de los partidos anteriores, haber postulado candidatos a la presidencia y vicepresidencia o candidatos a diputados, en más de la mitad del total de los distritos electorales y lograr representación en el Congreso.
De estas organizaciones, 30 son hasta la fecha comités para la constitución de formación de partidos políticos, de los cuales siete tienen los requisitos de afiliados necesarios para constituirse como partido antes de las próximas elecciones.
Según la LEPP, los comités para la constitución de partido político deben reunir como mínimo 24 mil 500 afiliados, que equivale al 0.30 por ciento del padrón electoral utilizado en la última elección de 2019 y lograr presencia territorial en al menos 12 departamentos. Hasta la fecha los siete comités cumplen con estos requisitos, pero están cerca de quedar fuera de la elección, debido a que los plazos para celebrar asambleas están llegando a su recta final. De acuerdo al Registro de Ciudadanos se trata de los comités: Jaguar, Nuevas Ideas, Mi Familia, Poder, Partido Verde Guatemalteco, Centro Democrático Guatemalteco y Somos Guatemala.
Respecto a los partidos políticos, entre el 23 de octubre y el 11 de diciembre se conoció la proclamación de seis binomios que aspiran a la presidencia y vicepresidencia del país. El primero fue el partido TODOS con Ricardo Sagastume Morales y Mario Guillermo González. El partido Azul, con Isaac Farchi Sultán y Mauricio Saldaña. El partido CABAL con Edmond Auguste Mulet Lesieur y Máximo Augusto Santa Cruz Anchissi. Partido Humanista, con Rudio Lecsan Mérida Herrera y Rubén Darío Rosales.
El partido PODEMOS, con Roberto Arzú y David Esteban Pineda Barrios; este último había sido notificado por el TSE de una prohibición para postularse a cualquier cargo por campaña electoral anticipada, sin embargo, un recurso de apelación presentado por él le benefició y el tribunal revocó dicha sanción. Y una coalición entre el partido Valor y el partido Unionista, que proclamó a Zury Ríos Sosa y Héctor Adolfo Cifuentes.
Los partidos mencionados al igual que las personas que integran tales binomios se han caracterizado en su carrera por ser afines a una ideología de derecha conservadora y provenientes en su mayoría de los sectores empresariales o militares de Guatemala.
Mientras, los 21 partidos políticos restantes no han realizado sus asambleas de proclamación extraordinarias, pero sí han anunciado a algunos candidatos a diputación. El plazo para que estos partidos celebren sus asambleas de proclamación será antes que el TSE oficialice la convocatoria a elecciones, es decir antes del 20 de enero. La mayoría de los partidos optan por realizarlas entre octubre, noviembre y diciembre .para preparar sus procesos de inscripción que estarán habilitados a partir del 21 de enero próximo.
Los plazos de la próxima elección
De acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la convocatoria del proceso electoral para las elecciones generales iniciará la segunda o tercera semana del mes de enero de 2023 en el que se celebren dichas elecciones.
Considerando el punto de partida del 20 de enero de 2023, el calendario electoral contempla las siguientes fechas:
Algunas de las fechas pueden variar según lo que disponga el TSE, no obstante, están basadas en el artículo 96 de la LEPP que se refiere a las fases a recorrer en el proceso electoral.
Una vez hecha la convocatoria oficial e iniciado el proceso de inscripción de candidatos, empezará la segunda fase que corresponde a la campaña electoral de todos los candidatos a cargos de elección popular, que dará inicio noventa días antes de la fecha en que se celebren las elecciones generales hasta treinta y seis horas antes de la elección convocada.
La tercera fase comenzará a partir del 25 de junio y corresponde a la realización de las elecciones, cómputo y calificación de los votos emitidos.
Perfil del padrón electoral: más mujeres y juventud
A casi un mes de que arranque el próximo proceso electoral, 8 879 839 personas están empadronadas ante el TSE. De esta cifra, el padrón electoral está altamente representado por mujeres, con un 53.95%, que corresponde a 4 790 897 personas. Además, un 52% está conformado por personas entre 18 a 40 años.
En relación a la conformación territorial del padrón electoral está encabezado por los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango, que en conjunto representan más del 54 por ciento, es decir donde se concentra hasta ahora la mayor cantidad de ciudadanos aptos para votar en las próximas elecciones.
El cierre del padrón electoral se prevé para el próximo 27 de marzo de 2023, cuando se cumplen los 120 días que requiere la Ley Electoral y de Partidos Políticos previo a que se celebren las elecciones. Para ello, el TSE anunció una meta de 9.8 millones de empadronados, del cual aún se encuentra a casi 1 millón de empadronados de distancia, dada la debilidad de la estrategia implementada, la falta de coordinación con otras instituciones y a pesar de los múltiples recursos con los que la institución cuenta.
Mientras las organizaciones políticas se preparan para el 20 de enero, el TSE oficializó los cambios a los cuatro reglamentos que operativizan la LEPP, sobre los cuales existe potestad para realizar modificaciones. Un total de 73 artículos fueron reformados de 85 revisados, en los Reglamentos siguientes: 1) Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; 2) Reglamento de Voto en el Extranjero; 3) Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas; y 4) Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.
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