Por Simón Antonio Ramón
El Congreso eligió con 148 votos a Frank Helmuth Bode Fuentes, como contralor General de Cuentas para el periodo 2022 a 2026, la tarde de este 8 de noviembre. Durante el proceso de selección de aspirantes, recibió tres tachas por fraude de ley, al no coincidir el tiempo en el que obtuvo los títulos de magister y doctorado en dos años.
También se le señaló de estar vinculado en actos de corrupción con Gustavo Alejos, quien está acusado en varios casos de corrupción de medicinas, financiamiento electoral y negociación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones.
La elección del nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) se realizó con retrasos en la elección de comisionados en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) que impidió la juramentación a tiempo de la Comisión de Postulación, pues debió ser en agosto y se hizo en septiembre. Estos retrasos provocaron que la elección no se llevara acabo la primera semana de octubre, para que como lo establece la ley, tomara posesión el 13 de octubre.
En la última etapa del proceso se presentaron tres amparos, uno contra la postulación de la excontralora Nora Segura y dos amparos más por parte de Erick Mazariegos Salas y Olga Patricia García Hernández contra la Comisión de Postulación. Posteriormente Mazariegos Salas desistió del amparo. Tras conformarse la nómina final, la excontralora Segura presentó una impugnación que fue rechazada por la Comisión de Postulación.
Eddie Cux, presidente de Acción Ciudadana, señaló la importancia de que la CGC centre sus esfuerzos en la fiscalización, la independencia y objetividad en su labor institucional.
“Recuperar la credibilidad de la institución es volver a hacer las evaluaciones, especialmente del gasto público en el tema de la pandemia, que son fiscalizar 130 mil millones de quetzales en 2020 y 2021, para este año ya van unos 300 mil millones quetzales sin ser fiscalizados”, dijo Cux.
Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Projusticia, dijo que la CGC no debe cambiar sus prioridades por el proceso electoral. “No debe cambiarle los retos y los desafíos en todo momento. En el proceso electoral la Contraloría es un eje de control democrático con mucho poder para prevenir la corrupción y para impulsar las averiguaciones todos aquellos hechos que conlleven a sancionar la corrupción”, afirmó Ibarra.
Para Ibarra, el proceso de selección de nómina y elección de contralor antes del inicio del proceso no se escuchaba el nombre de Frank Helmuth Bode Fuentes; señaló que hubo grupos políticos cercanos a Alejandro Giammattei y a diputados que empujaban la candidatura de Bode Fuentes y Mazariegos Salas; mientras otro grupo dentro del círculo de confianza de Giammattei, vinculados a cuadro técnicos del área económica como al actual presidente del Banco de Guatemala (Banguat) Álvaro González Ricci, proponían la candidatura de Adriana Estévez Clavería.
“Esto tampoco es nuevo porque el oficialismo siempre ha tenido favoritos para lo que sea, fiscal general, magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad (CC) y Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros, no es nuevo”, apuntó Ibarra.
Eddie Cux afirmó que este proceso es parte de la estrategia de la cooptación de las instituciones del Estado en tiempos de regresión autoritaria. “Todo está amarrado, es parte de un sistema ya establecido para por el presupuesto, sirve para aceitar la maquinaria para obtener los votos en el Congreso y financiamiento electoral, con las Cortes tienen también garantizado la impunidad y con el tema de contralor general también la influencia política, es parte de una estrategia para la cooptación del estado”, señaló Cux.
La elección del contralor se realiza en las vísperas del año electoral de 2023, en el que la CGC tiene una función importante en la emisión de finiquitos. Para Carmen Aida Ibarra como Eddie Cux, la CGC no debería funcionar en el proceso electoral para bloquear candidaturas que ha sido una tendencia en los últimos tiempos.
