Expertos de la ONU pidieron a la delegación guatemalteca que participó en la evaluación sobre derechos Económicos, Sociales y Culturales, los primeros días de octubre en Ginebra, Suiza, ampliar sus respuestas y le dieron un plazo de 48 horas, a partir del 4 de octubre, para que aclarara la ambigüedad de las respuestas que sobre la situación de la educación, la vulneración a los derechos de las mujeres, de la población LGBTIQ+, de los pueblos indígenas; el ataque a organizaciones no gubernamentales y a operadores de justicia.
Por Simón Antonio Ramón
El Estado de Guatemala fue evaluado sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, donde respondió las preguntas del Consejo DESC sobre el informe que se presentó en 2019.
Una representación del Estado guatemalteco, que participó el 3 y 4 de octubre en la evaluación, dejó con dudas a las y los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por las ambigüedades en las respuestas que ofrecieron. La delegación guatemalteca estuvo integrada por 26 funcionarios entre ministros, viceministros, dos magistradas de la Corte de Constitucionalidad (CC) y directores de dependencias; estuvo encabezada por Ramiro Alejandro Contreras Escobar, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH).
Los cuestionamientos de las y los expertos de Naciones Unidas se centraron en temáticas como educación, situación económica, salud reproductiva y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el derecho de consulta de pueblos indígenas, la pandemia de la COVID-19 y la diversidad sexual.
El examen DESC se realiza a los Estados como Guatemala que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, relacionados con las condiciones sociales y económicas para una vida en dignidad y libertad, como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura.
Mikel Mancisidor, relator para Guatemala, planteo en una primera parte, los ejes temáticos que debieron ser respondidos por la delegación del Estado guatemalteco. El relator cuestionó sobre qué mecanismo uso el Estado para la construcción del informe que se presentó; qué método tiene el Estado para armonizar el derecho internacional al derecho interno; que la delegación explicara sobre la seguridad y el trabajo de las organizaciones, a partir de las reformas a la Ley de Oenegés con el decreto 4-2020.
Pidió a la delegación que informara sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos; hizo alusión al informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el que se señalan las intimidaciones, criminalización y amenaza contra jueces, fiscales y magistrados. También cuestionó sobre la ratificación del Protocolo Facultativo sobre el Pacto Internacional sobre los DESC por Guatemala; y finalmente la situación de los pueblos indígenas sobre el abordaje del racismo y el derecho a la consulta; y la situación de las personas de la comunidad LGTBI.
De la delegación de Guatemala intervinieron la representación del Ministerio de Educación (MINEDUC), Ministerio de Trabajo (MINTRAB), Defensoría de la Mujer Indígena, el Congreso de la República, el Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El director de COPADEH, que encabeza la delegación, dijo que hubo consulta a 61 instituciones del Estado por medio del Foro Interinstitucional, usando como antecedente la elaboración del informe para el Examen Periódico Universal (EPU).
Sobre el control de convencionalidad, intervino la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC) para señalar que un tratado internacional de derechos humanos tiene preeminencia del derecho interno, se dedicó a citar artículos de la Constitución para sustentar su intervención.
Por su parte, el viceministro de Gobernación, Ronald Portillo y la magistrada Leyla Lemus, se refirieron al decreto 4-2020. Portillo dijo en Guatemala hay 1 900 organizaciones inscritas bajo la categoría oenegé y que a la fecha únicamente se habían actualizado 204. El viceministro no mencionó las sanciones a las organizaciones que no cumpliera con actualizar sus datos, como lo indica el articulo 23 transitorio del decreto. Por su parte Lemus se limitó a decir: “en este momento no tenemos una decisión conclusiva porque es el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad que conoce de cada reclamación, se encuentran suspendidos los artículos señalados por la sociedad civil”.
Cuando se abordó la independencia judicial, la magistrada Vitalina Orellana, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que se respeta, porque el Consejo de la Carrera Judicial está compuesto por un juez de paz, juez de primera instancia, magistrada o magistrado de Corte de Apelaciones y magistrada o magistrado de la CSJ, porque son electos en asambleas.
Para el abogado Edgar De León, uno de los delegados de la sociedad civil guatemalteca que participó en el examen, cuando las y los expertos hicieron la consulta sobre la independencia judicial respondieron recitando procedimientos legales. “Yo diría que con la forma que respondió el Estado evadió y generalizó la respuesta. Las preguntas de los expertos a la delegación guatemalteca requerían respuestas muy concretas, pero dieron respuestas generalizadas”, dijo.
Respecto a la pregunta sobre el derecho de la consulta, garantizada en el Convenio 169, el viceministro de Energía y Minas, Óscar Pérez, dijo que, ante la ausencia de una ley ordinaria, la CC ha sentado jurisprudencia, por lo que se ha establecido un mecanismo para hacer consultas; mencionó las consultas de las hidroeléctricas Oxec I y II, Minera Fénix en El Estor, Izabal, que calificó de exitosas. Sin embargo, obvió que la CC anuló la consulta en el Estor por las ilegalidades que cometió el MEM.
El viceministro Pérez, también mencionó que se están gestionando las consultas de “derecho minero”, de los proyectos “El Escobal”, de la Minera San Rafael, en San Rafael Las Flores, en San Pedro Ayampuc; y San José del Golfo, donde se articuló la resistencia pacífica La Puya con el proyecto Derivada VII; Amanecer, Tres Juanes y Ospin, en el departamento de Alta Verapaz, vinculados a la empresa Maya Níquel y la línea de transmisión y subestaciones eléctricas Uspantán-Chixoy II.
Mencionó que para la gestión de las consultas han tenido apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH), la Cooperación Alemana para el Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la pregunta sobre racismo, la viceministra de Educación, Carmelina Serech, habló de la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural para los tres pueblos indígenas que cohabitan en Guatemala y la atención en 15 idiomas mayormente habladas.
Uno de los momentos emblemáticos de la evaluación fue la pregunta sobre la criminalización de defensores de derechos humanos, a la que el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda respondió negando la situación. “No existe una criminalización entorno a una persona en particular en la República de Guatemala, cuando esta situación se someta a consideración del juez en específico, este desarrolla el proceso penal, respeta la garantía de derechos de defensa de todas las personas en el ámbito de su derecho de defensa, principio de inocencia, igualdad ante la ley y si alguna situación que emanara del órgano jurisdiccional no estuviese conforme a lo que establece una de las partes, esta tiene la posibilidad de acudir a una instancia superior para que se revise la legalidad de la misma”, dijo a los expertos Pineda, quien fue incluido en la lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, referida a los “actores corruptos y antidemocráticos”.
En una repregunta, el experto Rodrigo Uprimny, señaló que la estructura tributaria guatemalteca es propensa para la evasión fiscal, mencionó al Instituto de Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) como su fuente principal. Dijo al referirse al tema de la deserción escolar, que las respuestas fueron muy ambiguas y el país está en la cola de la región en inversión sobre educación al comparar países como Costa Rica, Brasil, Argentina, México. “2.8 por ciento de inversión en educación del -Producto Interno Bruto- PIB que colocaría Guatemala en la cola de la región, en gasto educativo incluso de Latinoamérica frente a los países lideres”, afirmó.
En una nueva serie de preguntas, el experto se refirió a la preocupación sobre la independencia judicial, hizo un recorrido histórico del papel de la CC y citó el autogolpe de Estado conocido como el Serranazo, en 1993; y la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial, en 2003 a pesar de la prohibición constitucional. Mencionó la preocupación del relator de la Naciones Unidas para la Independencia Judicial, porque no se dejó tomar posesión a la exmagistrada Gloria Porras, “pero se le dio posesión al magistrado Néster Vásquez -también incluido en la Lista Engel- y Claudia Paniagua”, dijo.
Quienes integraban la delegación, al momento de responder las preguntas del experto, se refirieron a todas las temáticas sobre las que se preguntó, excepto el caso de la exmagistrada Gloria Porras. Cuando el experto mencionó al ICEFI, el caso de Efraín Ríos Montt y la exmagistrada Gloria Porras, el secretario del MP, Ángel Pineda, hacía muecas de burla.
En la serie de preguntas que realizó la experta Karla Vanessa Lemus de Vásquez, se centró en el derecho al trabajo y la organización sindical. Una de sus preguntas fue sobre los salarios diferenciados que el actual gobierno intenta implementar. El ministro de Trabajo, Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer respondió que “en ningún momento se está buscando reducir el salario mínimo como está aprobado, lo que contempla desde el momento que se crean las circunscripciones económicas, de las cual se plantea pasar de tres comisiones paritarias a dos”, explicó.
Las preguntas de las y los expertos, se apoyaron en los informes sombras presentados por 15 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), el Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación y las Brigadas de Paz Internacional.
Tras el examen, las y los expertos pidieron ampliar sus respuestas en un plazo de 48 horas a partir del 4 de octubre. Al respecto, el abogado De León indicó que si el Estado tuviera voluntad de asumir las recomendaciones tendría desafíos importantes para ejecutarlas, pero si no, sería, únicamente otras recomendaciones más, que se quedarán ahí como ha ocurrido en otras ocasiones.
En la delegación que participó en el examen, encabezada por el director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), estuvieron el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Ministerio de Educación (MINEDUC), Ministerio de Gobernación (MINGOB), Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI).
Las organizaciones sociales y estudiantiles que presentaron informes fueron la Asociación de Estudiantes Universitario Oliverio Castañeda De León (AEU), ATD Cuatro Mundos, Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), Centro de Derechos Reproductivos, Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación (CSDHA), Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC) y La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas (LANPUD), Franciscans International, Dominicans for Justice and Peace y Peace Brigades International, Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de Guatemala (INESICG), Las Crisálidas, Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política (Incidejoven), Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM) y Organización de Mujeres Tierra Viva, Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), Visibles ONG Y Colectivo Trans-formación y World Policy Analysis Center (WPAC).
El panel de experto estuvo encabezado por su presidente Sr. Mohamed Ezzeldin Abdel-Moneim, Sr. Aslan Abashidze, Nadir Adilov, Mohammed Amarti, Asraf Ally Caunhye, Laura-Maria Craciunean-Tatu, Peters Sunday Omologbe Emuze, Ludovic Hennebel, Karla Vanessa Lemus de Vásquez, Mikel Mancisidor, Seree Nonthasoot, Lydia Carmelita Ravenberg, Preeti Saran, Yongxian Shen, Heisoo Shin, Rodrigo Uprimny, Michael Windfuhr, Renato Zerbini Ribeiro Leão.
