Créditos: Prensa Comunitaria.
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Por Regina Pérez

Organizaciones sociales y periodistas denunciaron este martes el acoso y persecución que sufren periodistas en El Estor, Izabal, en el marco del estado de sitio que impuso el gobierno de Alejandro Giammattei, para aplacar las protestas en contra del proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, dos diligencias fueron ejecutadas en las casas de los periodistas de Prensa Comunitaria, Juan Bautista Xol y Carlos Choc.

En rueda de prensa, Evelyn Blanck de Centro Cívitas, señaló que las autoridades han dado información muy confusa de los allanamientos efectuados en las residencias de los dos periodistas. “El Procurador ha confirmado estos allanamientos, expresamos nuestra más profunda preocupación por estos hechos, se estima que violentan la libertad de expresión, de prensa y civiles en El Estor”, dijo Blanck.

El periodista Nelton Rivera, de Prensa Comunitaria, medio que ha realizado una cobertura permanente sobre las operaciones mineras en El Estor, Izabal, señaló que es preocupante que en ese municipio no exista el Estado, donde la CGN ejerce el control total.

Rivera señaló que los periodistas de Prensa Comunitaria documentaron y atestiguaron las violaciones a los derechos humanos durante los desalojos violentos que realizaron las fuerzas de seguridad el 22 y 23 de octubre, en la resistencia pacífica, con el objetivo de abrir paso a los camiones de Pronico, hacia la planta de la empresa, pese a que dicha licencia minera está suspendida. En estos desalojos no se respetó la labor de la prensa, anotó.

“En el caso de Prensa Comunitaria, hoy allanaron dos casas de dos de los tres corresponsales que están en El Estor, nos preocupa porque entendemos que el sistema de justicia en Izabal está coludido con la Compañía de Níquel y posiblemente puedan pedir procesos penales en contra de periodistas por el simple hecho de informar y publicar lo que ocurre en el territorio”, indicó.

Rivera dijo que esto es preocupante porque se restringe y censura, y cree que a eso le apuestan la empresa y el gobierno para que no se conozca qué está ocurriendo y cuales son los intereses de la minera.

El pasado 24 de octubre, el gobierno impuso un estado de sitio en El Estor, luego del desalojo violento de las comunidades que instalaron el plantón pacífico para exigir su derecho a la consulta, en relación al proyecto minero Fénix.

Walter Cuc, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), se unió a la denuncia nacional e internacional por lo que considera son graves violaciones al derecho de informar y ser informado.

“Denunciamos la persecución y allanamiento que se realizó en las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a” dijo Cuc, quien señaló que la información que producen llega a poblaciones que hablan un idioma maya, por lo que ha sido violentada la libertad de expresión de dicha radio.

El diputado Aldo Dávila, quien acompañó a las organizaciones y periodistas, dijo que no solo a la población se le han violentado los derechos, ahora los periodistas son perseguidos y el Estado está usando la institucionalidad, con su alfil, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, quien está al servicio del presidente Alejandro Giammattei.

“Tememos por la vida de las y los periodistas que están siendo perseguidos, de las y los activistas que están siendo perseguidos y criminalizados y todo esto es responsabilidad de Alejandro Giammattei Falla”, destacó el diputado.

Allanamiento en casa del periodista Juan Bautista Xol, acto de criminalización y censura

Las organizaciones señalaron al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, de ser el responsable de la crisis que se vive en El Estor, al no permitir la participación de las autoridades legítimas del pueblo Q’eqchi’ en el proceso de consulta sobre el proyecto minero Fénix.

Defensores de derechos humanos, periodistas y comunidades están siendo criminalizados en este conflicto, mencionaron.

En el caso de Prensa Comunitaria, con apoyo de sus corresponsales cubrió los 20 días de resistencia permanente que realizaron las autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ que se ubicaron en la carretera que conduce del municipio de El Estor a Río Dulce.

El 22 de octubre, un equipo de periodistas de este medio llegó a documentar el desalojo que ya era inminente y se intentó limitarles su labor informativa, pidiéndoles que no grabaran.  Al reportero Carlos Choc se le quitó el celular por unos minutos y su micrófono, el cual ya no le fue devuelto.

Este clima de agresiones en contra de la prensa se suma a otros hechos durante la administración de Giammattei, entre ellos la denuncia realizada al medio elPeriódico, dijo Blank, de Civitas.

El Estor: ¿Porqué la intimidación y el acoso a Prensa Comunitaria?

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