Por Andina Ayala
El martes 28 de septiembre el Ministerio de Energía y Minas realizó “la primera reunión de preconsulta comunitaria en dónde participaron comunidades indígenas maya Q’eqchi”, dejando fuera a los líderes que desde el inicio propiciaron este plebiscito por uno de los proyectos mineros de níquel.
Oscar Rafael Pérez, actual viceministro de Energía y Minas, dio declaraciones sobre la reunión realizada en Puerto Barrios, para tratar el tema de la preconsulta del proyecto minero Fénix, en la que participaron diversas instituciones estatales convocadas por este ministerio, la que generó el descontento social de sectores comunitarios, que se han opuesto a la extracción minera en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.
En las declaraciones del viceministro se pueden identificar una serie de irregularidades que fueron denunciadas por abogados y autoridades indígenas Q’eqchi y confirmamos varios argumentos del viceministro que se alejan de la verdad.
Las irregularidades
- Las reuniones se realizan fuera del municipio de El Estor, territorio donde se ubica la licencia de níquel Fénix y dónde la población, especialmente el pueblo Q’eqchi, debería de participar y ser informado.
- El secretismo con que se montó el evento. La agenda planeada por el MEM duró más de lo previsto. Usaron un lujoso hotel ubicado en la bahía de Santo Tomás de Castilla, -lugar en donde los rusos, también quieren construir su propio puerto-.
- El MEM convocó a 38 representantes titulares y suplentes de las 13 supuestas instituciones que enlistó la Corte de Constitucionalidad (CC). Representantes de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales y Cultura y Deportes, a la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, a la Comisión Presidencial del Diálogo -como mediador y facilitador-.
También a los Consejos Municipales de Desarrollo y a dos Consejos de Comunidades indígenas, uno de El Estor y otro de Panzós. A la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC y universidades privadas del área, y hasta la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN-.
A todos, menos a las autoridades de comunidades y aldeas, a la sociedad civil, a los pescadores, que en un principio accionaron como amparistas para que la CC reconociera su derecho de consulta comunitaria y que ahora confluyen en el Consejo Ancestral Maya Q´eqchi´ de El Estor.
Cuatro mentiras del viceministro del MEM
Según el viceministro de desarrollo, Oscar Rafael Pérez, la sentencia de la CC establece que los tres actores principales en la consulta son: el MEM, las comunidades y CGN.
Pérez afirma que se realizarán 3 reuniones para la preconsulta comunitaria, haciendo uso del Convenio 169 de la OIT. Luego se contradice: “Serán las personas acreditadas, quienes en un mes y medio podrían definir la modalidad de la consulta”.
- “La consulta es un diálogo para que juntos podamos llegar a acuerdos que permitan viabilizar en este caso el derecho minero Fénix”.
- “Convocamos a las 13 instituciones que fueron indicadas por la CC en la resolución, el momento de una modificación para ese amparo ya pasó”.
- “Convocar a consulta solo a las comunidades que están dentro del área de influencia. La mayoría de comunidades que comparecen no están dentro del área de influencia, lo mismo con los amparistas, la gremial de pescadores no está incluida dentro de la sentencia de la CC”.
- “La legitimidad para la participación de los pueblos indígenas a consultar. El ministerio se apegó al artículo 26 del reglamento de la ley de Consejos de Desarrollo (COCODE). Establece que en ausencia de reglamentación específico para realizar consultas, se puede realizar a través de los representantes de los Concejos de Desarrollo”.
Desmintiendo al viceministro
El abogado Juan Castro, del bufete de Pueblos Indígenas, explica que la sentencia de la CC, delimitó 6 de los 247.5 kilómetros de explotación que habían obtenido ilegalmente, pero nunca dijo que solo a las comunidades dentro de ese radio debía consultarse. Al respecto de la consulta dijo:
“Sí es un diálogo. ¿Pero con quién van a dialogar? con los representantes legítimos, o con los que conviene. Vamos a accionar penalmente contra ellos (el MEM) porque lo que están haciendo es cumplir con los compromisos que tienen con los rusos. Lo de la alfombra que destapó la FECI, se está materializando también con la consulta”.
Otra de las formas con las que el MEM quiere enredar el proceso, es insertar la consulta en el código municipal, cuando la consulta que ordenó la corte es apegada al convenio 169 de la OIT.
“La corte les ordena y dice cómo deben hacer la consulta. Dice que los pueblos van a mandar a sus autoridades, por ello, 48 comunidades delegaron a 92 representantes. Pero el MEM solo acreditó al consejo ancestral que está básicamente al servicio de la municipalidad y de la empresa”, indicó Castro.
La consulta debe hacerse de acuerdo a las formas de organización y cosmovisión del pueblo indígena a consultar.
“Hay que considerar que para el pueblo Q´eqchi´, el territorio no es solo una comunidad. De todos modos CGN ya está expandiendo su territorio de exploración y el área de influencia no es la única que se ve afectada, hay dos zonas la directa e indirecta, como los lugares sagrados de las comunidades, que aunque no vivan allí, es parte de su territorio”, afirmó el abogado Juan Castro.
Según el análisis que ha hecho el Bufete de Pueblos Indígenas, el ministro y los funcionarios vinculados están discriminando, porque si entran las 48 comunidades tiene miedo de que se reconozca el no consentimiento. Como abogados defensores del proceso necesitan que se reconduzca el proceso, que sea democrático y no como lo está llevando el MEM hasta ahora.
No es la primera vez que desmienten al viceministro