Por: La Redacción
Las hermanas Jennifer y Marianela Solórzano fueron detenidas el 3 de marzo de 2021 en Trujillo, Colón en Honduras. Ambas son integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña – OFRANEH, Marianela es defensora de los derechos de la comunidad garífuna LGBTI y Jennifer defensora de los territorios ancestrales garífunas.
Su detención se da en el contexto de un conflicto territorial desde que la zona se consideró por el gobierno, como primera ciudad modelo, por lo que especialmente capital canadiense se encuentra en la zona con apoyo de las autoridades, han denunciado la OFRANEH.
El juzgado de letras emitió orden de captura contra 36 personas acusadas de usurpación. Ante la detención, el pueblo garífuna de esta localidad reaccionó, por considerarlo un grave abuso y una arbitrariedad. Y tienen un plantón permanente en las afueras de la sede de la policía donde se encuentran las dos hermanas en prisión. A la vez exigen la aplicación del derecho internacional indígena para las personas garífunas criminalizadas, por su defensa de los derechos medioambientales.
Los hechos
Jennifer iba a eso de las 5:30 de la tarde, hacia el municipio de Santa Fé, cuando la posta de la Fuerza de Seguridad Pública – FUSEP la detuvo, ella es acusada del delito de usurpación daños y amenazas en perjuicio de “Sociedad Responsabilidad Bienes raíces JUCA” de capital canadiense, representada por la señora Rosario Edilma Fajardo Ruíz.
Marianela su hermana, al enterarse de la noticia se presentó en las comisaría de la FUSEP, y también fue detenida, supuestamente ella también tenía una orden de captura.
Ambas se encuentran en una celda de la policía, por la presión social del pueblo garífuna, ya que un juzgado había ordenado que fueran trasladadas al Centro penal de la ciudad de Olanchito en el departamento de Yoro.
Miriam Miranda coordinadora de OFRANEH este sábado en conferencia de Prensa denuncia que existe un plan para aniquilar al pueblo garífuna. Ella junto a otros integrantes de esta organización, desde el parque central de Trujillo se pronunciaron por la captura arbitraria de las dos activistas.
Miranda asegura que se intensifica la criminalización, judicialización, persecución y violencia contra el pueblo garífuna. “El pueblo garífuna tiene derechos, somos un pueblo garífuna. Queremos decir claramente que no deben seguir hostigando al pueblo garífuna, todo pueblo se cansa, se agota, hemos sido pacíficos. Quieren sacarnos, quieren expulsarnos. No lo vamos a permitir, tenemos derechos como hondureños.”
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Ingrid Aronne de la Red Nacional de Defensoras en la misma conferencia, exigió un alto a la represión y señalan como responsable al Estado hondureño, al que señalan como narcoestado.
El domingo 7 de marzo se celebrará la audiencia de primera declaración. Se conoce que al menos otras 34 personas están criminalizadas bajo las mismas causas, todas de las comunidades Cristales y Río Negro en donde la empresa canadiense tiene intereses sobre las tierras.
Los delitos de los que se les acusa están relacionados con el proceso de resistencia frente al despojo, la Red Nacional de Defensoras de Honduras, en un comunicado aseguran que “empresas y gobiernos han participado en la apropiación ilegal del territorio ancestral del pueblo garífuna, y la titularidad de más de 7 mil hectáreas de tierra en las comunidades de Cristales y Río Negro está respaldada por títulos de propiedad ancestral.”
Antecedentes
El 8 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó dos sentencias contra el Estado de Honduras en los casos “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros”, y Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros” ya que se pudo comprobar al menos 6 violaciones a los derechos del pueblo garífuna en relación con la defensa y usurpación de su territorio, así como el asesinato de sus dirigentes.
El 27 de enero de 2019 Belkis García activista garífuna fue víctima de femicidio y violencia sexual en la comunidad garífuna de Sambo Creek, de La Ceiba Atlántida.
El 18 de julio de 2020 cuatro hombres garífunas entre ellos el presidente del Patronato de la Comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, Alberth Snider Centeno y tres jóvenes Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Róchez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, y Junior Rafael Juárez Mejía, fueron desaparecidos forzosamente. Su desaparición ocurrió a partir de que un operativo de la Dirección Policial de Investigaciones se los llevara de sus viviendas, según información de Criterio.hn
https://criterio.hn/crean-sunla-mecanismo-alterno-para-investigar-desaparicion-forzada-de-garifunas/
El 3 de marzo de 2021 hubo un tiroteo en donde fueron asesinadas tres personas, incluyendo un dirigente comunitario en el centro de la Comunidad garífuna de Corozal.
El 13 de febrero de 2021 dos sicarios asesinaron al joven líder garífuna Fernando Padilla OFRANEH en un comunicado afirman que, los sicarios llevaban un listado con los perfiles de todos los líderes sociales de la comunidad.
El 4 de marzo se realiza una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre casos de Comunidades Garífunas, Joel Hernández García miembro de la misma, expresó su preocupación “por la falta de investigación inmediata y exhaustiva de las desapariciones de líderes Garífunas desde julio del 2020, lo que podría tratarse de una desaparición forzada.”
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