Por Prensa Comunitaria
Decenas de guatemaltecos que vivieron refugiados en México y que han regresado a su lugar de origen en distinto momento, se reunieron en el lugar donde antiguamente se encontraba asentada la comunidad Qumatz II, en Barillas, Huehuetenango, la que tuvieron que abandonar en los años 80, debido a las acciones represivas del ejército. Su objetivo actual: reivindicar su derecho a la tierra.
Hombres, mujeres y niños, constituyeron la Asociación de Sobrevivientes por la Paz, desde el 9 de febrero de 2020 en el norte de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, fronterizo con México y este fin de semana realizaron un acto en Qumatz, donde fueron masacrados sus familiares, quemadas sus viviendas y cultivos.
Marcos Francisco Marcos, uno de los sobrevivientes, recordó que desde 1980 el gobierno de México les dio donde posar, a raíz de la represión del ejército; nuestras casas, el mercado y la iglesia quedaron en cenizas en aquel momento.
Reivindican su derecho histórico a la tierra
En el acto, en el que estuvieron presentes más de cien personas que integran la Asociación de Sobrevivientes por la Paz, fue leído un comunicado, dirigido a las autoridades guatemaltecas, en el que recordaron que sus abuelas y abuelos vivían Qumatz desde 1932, pero que en marzo de 1980 tuvieron que huir, para salvar sus vidas; algunos buscaron refugio en México, otros en los pueblos vecinos o en otros departamentos del país.
El comunicado enfatiza en que los primeros pobladores del municipio eran Q’anjob’ales de Santa Eulalia. Barillas fue fundado en 1888 y lleva ese nombre por el general Manuel Lisandro Barillas, quien fue presidente de Guatemala entre 1886 y 1892; en ese entones contaba con una población de 1 mil 500 habitantes.
Nuestros abuelos solicitaron que el nombre fuera: Santa Cruz Barillas Yalmotz, pero la resolución presidencial ordenó que solo se identificara como Barillas, subrayaron. Barillas fue uno de los municipios más afectados por el conflicto armado interno en el país. En los años 80 un alto porcentaje de los abuelos fueron obligados a desplazarse de sus propiedades y sus cultivos y buscar refugio en México y Estados Unidos.
En el comunicado, los sobrevivientes solicitan al gobierno del presidente Alejandro Giammattei, restablezca a las instituciones como la Comisión Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (COPAZ), el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y la Secretaría de la Paz (SEPAZ).
Testimonios de dolor y muerte
Algunos de los participantes, adultos mayores, hablaron sobre los momentos de sufrimiento que les tocó vivir. Uno de ellos recordó el lugar exacto donde se encontraba su casa, de donde los soldados se llevaron a su padre y a su hermano, a quienes asesinaron a orillas del río San Ramón.
Señaló que tiempo después de que huyeran, esos terrenos fueron convertidos en potreros, aparecieron nuevos dueños y construyeron ranchos, pero nosotros somos los verdaderos dueños, tenemos los papeles; por eso venimos a pedirle al gobierno que nos tome en cuenta, dijo.
Otro campesino que no quiso irse a refugiar a México se asentó en Palestina la Unión, una aldea cercana a Santa Cruz Barillas, donde fue obligado a participar en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), lo que tuvo que hacer para salvar su vida y la de su familia. Unos meses después el ejército sospechó que colaboraba con la guerrilla y lo secuestró; durante quince días fue torturado en el destacamento militar y posteriormente dejado en libertad, debido a las constantes peticiones que hizo su esposa.
Andrés Pascual, también rememoró su historia. Dijo que el ejército mató a su padre y a su hermano de 17 años, además de mostrar una cicatriz de bala en uno de sus brazos; “lo tengo grabado en mi mente; aquí lo que hubo fue una carnicería humana; colgaban y quemaban a los hombres, violaban a las mujeres y a las niñas; muchos ancianos murieron en el camino a México, porque no tuvieron suficientes fuerzas”, indicó.
Los integrantes de la Asociación de Sobrevivientes por la Paz de la aldea Qumatz reivindican su derecho a la tierra que les pertenece y que les fue arrebatada después de que sus padres y abuelos fueron asesinados en el lugar. Exigen a las autoridades retomar la institucionalidad de la paz y valorar la documentación que poseen y que los acredita como propietarios.
Datos publicados por el Movimiento Nacional de Víctimas destacan que el conflicto armado interno en Guatemala provocó más de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos, 5 mil niños desaparecidos y separados de sus padres en forma violenta; más de 50 mil viudas, miles de huérfanos y más de 1 millón de desplazados forzados. Miles de sobrevivientes viven todavía con secuelas de torturas y violaciones provocadas por el ejército de este país.
*Con información de Santiago Botón.