17 de diciembre de 2018
Después de veinte meses de cárcel, la joven salvadoreña Imelda Cortez, acusada de intentar matar a su bebé quedó libre. Un tribunal de sentencia, la absolvió de todos los cargos y recobró su libertad. Ella tuvo un parto extrahospitalario en la letrina de su casa sin saber que estaba embarazada, aún así su hija nació saludable y luego la acusaron injustamente de delitos que no había cometido.
Imelda fue acusada de homicidio agravado en grado de tentativa. Su embarazo fue producto de las constantes violaciones a las que fue sometida por parte de su padrastro desde que era una niña. En esta audiencia se decidiría si sería enviada a un juicio oral. De ser condenada, podría haber tenido una condena de hasta 20 años en prisión. Su absolución fue pedida por millones de mujeres alrededor del mundo.
El caso
Imelda Cortez, de 20 años, vive en situación de pobreza en el área rural de Jiquilisco, un municipio de Usulután, El Salvador. Estaba iniciando bachillerato. Resultó embarazada producto de una violación, cuyo responsable era el padrastro de Imelda, Pablo Henríquez, de más de 70 años, quien abusaba de ella desde los 12 años de edad.
Un día sintió la necesidad de defecar después de un fuerte dolor abdominal, fue a la letrina de su vivienda y fue ahí donde cayó la bebé, entre los excrementos. Asustada y ensangrentada, pidió auxilio, se desmayó y cuando despertó estaba en un hospital. A pesar de que ella explicó que era víctima de abusos sexuales, y de que la bebé estuviera a salvo, los médicos reportaron a la policía un posible intento de aborto.
Imelda ha estado presa desde hace más de un año y medio en el Penal de San Miguel, en San Salvador, acusada de tentativa de homicidio agravado por parte de las autoridades de ese país. Aunque la pequeña bebé vivió, de igual manera la fiscalía ha insistido en acusarla de querer acabar con su vida. Para las autoridades ha pesado más ese “supuesto intento de asesinato” que el maltrato y los delitos sexuales en contra de Cortez por parte del conviviente de la madre.
Imelda declaró a un medio: “no sabía que estaba embarazada (…) yo no creía que estaba embarazada porque yo manchaba todos los meses. Me había metido en la mente que no podía salir embarazada”. El padrastro le había dicho que a su edad ya no podía “pegar niños”, es decir, que ya no podía engendrar bebés. La amenazaba constantemente con hacerle daño a sus hermanos si mencionaba algo sobre estos abusos sexuales.
La audiencia
Finalmente llegó el día de la audiencia –que había sido reprogramada para el día de hoy—. En la vista pública, la parte acusadora pidió cambio de tipificación: de homicidio agravado en grado de tentativa, a abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad. Esto le sirvió para pedir un “juicio abreviado”, que podría disminuir la condena a un año, si fuera el caso.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la representó penalmente en este caso. En declaraciones a todos los medios dijeron: “(…) la defensa argumentó que Imelda ya ha estado un año y siete meses con prisión preventiva, eso cumple con el año que pide la fiscalía”, a pesar de haber cambiado el tipo penal, el tribunal decidió resolver en favor de ella, argumentando que no existen elementos que sustenten cualquiera de los delitos por los que estaba siendo acusada. Es así como el juez ordenó su libertad inmediatamente.
Aún hay muchas preguntas por resolver, una de ellas es qué pasará con el agresor y violador de Imelda: Pablo Henríquez. ¿El Estado puede resarcir a Imelda después de mantenerla durante 20 meses en prisión sin haber cometido delito alguno? ¿Por qué en lugar de protegerla la privó de libertad? Se trata de uno de los numerosos casos que han conmocionado a la comunidad feminista. Marca precedentes para hacer justicia en casos similares en donde muchas mujeres están enfrentando penas injustas.
