Durante los primeros días de marzo de 1966 el gobierno militar de Guatemala secuestró a al menos treinta y cinco personas, reteniéndolas secretamente en instalaciones policiales y cuarteles militares. Nunca aparecieron. Era el ensayo de una práctica que muy pronto se extendería por toda América Latina: la desaparición forzada como método de represión política.
Por Rolando Orantes
Las madres
Laura Aldana Orozco y Paula Behrens Molt, madres de Humberto Pineda Aldana y Fernando Arce Behrens, junto a Thelma del Cid, esposa de Víctor Manuel Gutiérrez, fueron algunas de las fundadoras en marzo de 1966 del Comité por los 28 desaparecidos.
En su libro Los que siempre estarán en ninguna parte, Carlos Figueroa Ibarra recoge los nombres, como firmantes de un memorial solicitando un antejuicio contra varias autoridades, de Thelma del Cid de Gutiérrez, Cándida Rosa Yon Cerna, doña Jesús Sosa Paz, Matilde Florentina Reyes Calderón, Alicia Margarita Sosa, Paula Behrens, Laura Aldana de Pineda y Rosa Soledad Johnson de Castillo, y cita un periódico de las FAR: “Por días enteros estas venerables mujeres se han situado frente al Palacio de Gobierno, soportando hambre y las inclemencias del día y de la noche, para pedir a los responsables del gobierno el respeto para la vida de sus hijos”.
Con el lema Hasta encontrarlos con vida y el apoyo de la Asociación de Estudiantes Universitarios presentaron alrededor de 600 recursos de exhibición personal, todos declarados improcedentes, y a mediados de marzo de 1966 decidieron realizar una manifestación para exigir el fin de la persecución, “la desaparición de las torturas, el respeto a la vida humana y el cese de la desaparición de ciudadanos”, pero la policía la impidió violentamente.
El 27 de abril de 1966, dos meses antes de que asumiera el gobierno de julio César Méndez Montenegro, la Asamblea Constituyente decretó una ley general de amnistía para todos los miembros del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado que hubieran participado en actos represivos.
El 4 de mayo de 1988 Laura Aldana Orozco, de 79 años, ama de casa y bibliotecaria, declaró en la Brigada de Investigaciones Especiales y Narcóticos BIEN (nombre que por entonces recibía la policía secreta) que su hijo Humberto Pineda Aldana, de 35 años, fue secuestrado el 3 de marzo de 1966 “por elementos que les decían los Rangers”, en Coatepeque, quienes “se lo llevaron a la Base Militar en la que el jefe era el Coronel Mario Paiz Bolaños”.
Otro de sus hijos, Luis Arturo Pineda Aldana, fue secuestrado el 18 de mayo de 1976 en el trayecto de la Municipalidad al mercado de La Placita, en el centro de la ciudad. Luis Arturo averiguaba sobre el secuestro de su hermano Humberto. Años después, el 3 de septiembre de 1985 Laura Aldana caminaba con su hija Rita Josefina Pineda Aldana cuando en la 13 calle y 7ª. avenida de la zona 1 dos hombres detuvieron a su hija por la fuerza y la introdujeron en una panel blanca. Al resistirse, subieron también a doña Laura, empujándola del vehículo en marcha unas cuadras más adelante.
Las fichas policiales
En el Archivo Histórico de la Policía Nacional fueron conservadas las fichas de la Policía Judicial de varias de las personas secuestradas en 1966. La de Víctor Manuel Gutiérrez Garvín inicia el 20 de abril de 1945, cuando solicitó “licencia de motobí”. Nació en Barberena, Santa Rosa, el 10 de enero de 1922, hijo de Domingo Gutiérrez y Anita Garvín. En 1945 vivía en la Calle Cordón número 19, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Al reverso de la ficha fue anotado, posteriormente: Comunista #1 de Guatemala.
Una segunda ficha del 16 de febrero de 1963 a nombre de Manuel Garvín Miralles, pero con la anotación “búsquese como Víctor Manuel Gutiérrez Garvín” señalaba que nació el 10 de enero de 1923 en Santa Rosa, hijo de Domingo Garvín y Ana Francisca Miralles, y que era de profesión carpintero. Declaró su domicilio en la 3a calle 18-50 de la zona 1. Fue acusado de Traición y conducido al Juzgado 4° de Primera Instancia del Ramo Criminal.
Gutiérrez había sido capturado el 14 de febrero de 1963. Entre las muchas solicitudes por su liberación, el 9 de marzo de ese año se informó que el presidente de la república general Ydígoras Fuentes había respondido en un telegrama a las organizaciones sindicales cubanas que liberaran a dos derechistas “y a los miles más que se encuentran sufriendo en las ergástulas. Revivan la legión de fusilados. Entonces ya estarán al nivel de nuestro país para reclamar la libertad de los presos por genocidio”, informó el diario colombiano El Tiempo.
La ficha de Francisco Amado Granados comienza el 2 de mayo de 1944, con una citación de las Jefaturas Políticas del gobierno del general Jorge Ubico. En 1946 el Juzgado de Tránsito reportó la compraventa de una motocicleta. El 18 de marzo de 1955 se informó que no tenía antecedentes y el 12 de abril de 1962 el Departamento Judicial –más tarde conocido como Policía Judicial, Cuerpo de Detectives y Departamento de Investigaciones Técnicas– elaboró un “Reporte de ingreso al país y sus actividades”. El 9, 15 y 21 de marzo y 21 y 26 de abril de 1966 se presentaron diversos recursos de exhibición personal a su favor. Todas las respuestas fueron similares: Se informa que no es posible presentarlo en vista de que no se encuentra detenido en esta Institución.
La ficha de Iris Yong Cerna, como figura su apellido y quien era sobrina del comandante del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, Marco Antonio Yon Sosa, registra nueve recursos de exhibición personal interpuestos el 11, 15, 21, 24 y 31 de marzo y el 11, 16, 21 y 26 de abril de 1966. Dos de las entradas muestran la manera rigurosa en que se averiguaba y respondía: Iris “no se encuentra detenido”.
La ficha más extensa es la de Fernando Arce Behrens. El 27 de diciembre de 1957 la Dirección General de Seguridad Nacional informó que en los días siguientes Arce entraría ilegalmente al país. El 30 de agosto de 1959 quedó registrado según expediente de los Juzgados de Paz Ramo Criminal que durante una “manifestación de los trabajadores cesantes, éste exaltó los ánimos”. El 6 de septiembre de 1959 la Presidencia reportó “que éste es asesor jurídico de actividades comunistas, y sesiones”. El 31 de diciembre de ese mismo año salió por algunos días a Cuba.
Sólo en 1960 Arce Behrens acumuló veintiún anotaciones. El 18 de enero la Auditoría de Guerra lo citó a comparecer. Dos días después se informó que dio discursos en apoyo a la huelga del IGSS. El 10 de febrero fue detenido y consignado por desorden público y “por desarrollar plan subversivo contra el gobierno”. Fue liberado cinco meses más tarde y detenido nuevamente el 14 de noviembre. Dos anotaciones más en 1961, dos en 1964 y una de 1965 se refieren a sus antecedentes, por ejemplo que “ha viajado tras la Cortina de Hierro y a Cuba”. Entre el 15 de marzo y el 26 de abril de 1966, cuatro recursos de exhibición personal, y uno más, el último, el 23 de junio de ese año: “No se encuentra detenido en este Cuerpo. Y veinticinco personas más”.
La ficha de Leonardo García Benavente, “de nacionalidad española”, acumula cinco registros. En enero de 1962, en una sesión en su casa “se refirieron a los trabajadores de Huitzizil que fueron despojados de sus tierras”. En abril de 1963 se le señaló como complotista en actividades subversivas contra el gobierno y en julio de 1964 quedó registro de que había viajado tras la Cortina de Hierro y que figuraba en una lista de 219 comunistas.
Aparece también la ficha de su hermano Leonel García Benavente, “herido en una manifestación a favor de Fidel Castro” el 19 de abril de 1961. De acuerdo a Edgar Ruano Najarro en la segunda parte de La historia de un parquecito, publicada por Gazeta el 9 de febrero de 2024, ese día fueron asesinados Leonel García Benavente, estudiante de la Escuela de Comercio, el obrero Gilberto Cardona y un hombre de nacionalidad hondureña y apellido Guardado que desde una ventana del Hotel Panamerican observaba los acontecimientos.
Sobre Carlos Edmundo Barillas Sosa, el 20 de mayo de 1965 la Auditoría de Guerra informó de la detención de varios “individuos por infracción a la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas”, y que “uno de estos”, por medio de Barillas Sosa, “hizo contacto con guerrillero”. A continuación aparecen cinco recursos de exhibición del 10, 11 y 24 de marzo y el 11 de abril de 1966 a su favor. El 21 de abril el Ministerio de Gobernación informó “que no ha sido capturado por elementos [de] esta, en consecuencia no se encuentra detenido”.
La única anotación que le aparece a Francisco Macías indica que el 15 de septiembre de 1964 la Auditoria de Guerra se refirió a su consignación por Infracción a la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas.
El primer registro de Ricardo Vinicio Berganza Bocaletti es un recurso de exhibición personal interpuesto el 28 de diciembre de 1965, seguido de dos recursos más del 20 de enero y 26 de abril de 1966. el Ministerio de Gobernación respondió el 21 de abril “que no ha sido capturado por elementos de esta Institución, en consecuencia no se encuentra detenido”. El 5 de septiembre de ese mismo año, en la carpeta de Nóminas Varias aparece un “registro de que ha viajado a Cuba vía México”.
De José León Meda aparecen dos recursos de exhibición personal el 15 de marzo y el 26 de abril de 1966. El 21 de abril el Ministerio de Gobernación informó “que no ha sido capturado por elementos [de] ésta, en consecuencia no se encuentra detenido”.
Sobre Efraín Cancinos y Carlos Enrique Galindo, el 21 y 26 de abril de 1966 se informó que no habían sido capturados por elementos de la Policía Judicial y en consecuencia no se encontraban detenidos.
La ficha de Melvin Galeano Polanco, incluido en las listas del caso de “los 28”, contiene seis entradas. El 4 y 15 de junio de 1966 se presentaron dos recursos a los que se respondió que no se encontraba detenido. El 18 de junio del mismo año se informó “de su detención para su exhibición en ésta”. El 23 de junio se informó “que se encuentra detenido en este Departamento, y que puede ser exhibido en el mismo”, y el 20 de julio se informó la “fecha que estuvo detenido y puesto en libertad”. Finalmente el 14 de junio de 1968 la Presidencia de la República solicitó sus antecedentes políticos.
El parlamentario chileno
El 14 de septiembre de 1966 César Godoy Urrutia, diputado por el Partido Comunista de Chile, dijo durante un homenaje que la Cámara de aquel país rindió a los países centroamericanos en el aniversario de su independencia que “Víctor Manuel Gutiérrez fue apresado en la capital y trasladado a la macabramente famosa finca de Champona, donde fue torturado por los esbirros Germán de León Orellana, Julio César Miranda, Miguel Ángel Grajeda y otros. Una vez muerto, sus restos se echaron a un saco y fueron metidos en un avión para arrojarlos al mar. La máquina fue piloteada por el Coronel Octavio Zea Carrascosa, en ese entonces Jefe de la Fuerza Aérea de Guatemala”, en una versión distinta a la del ex sargento Ruano Pinzón Recogida por Eduardo Galeano. (Ver la segunda parte de esta serie).
Según los datos con que contaba el diputado chileno, los militantes revolucionarios Leonardo Castillo Flores y Humberto Pineda Aldana fueron asesinados por el teniente Tito Garavito en la Base Militar de Retalhuleu. Quien asesinó de un hachazo a Eunice Campirán fue Raúl Ogáldez Sánchez, posteriormente nombrado jefe de la Policía Militar Ambulante de Escuintla, continuó diciendo.
En Los que siempre estarán en ninguna parte Figueroa Ibarra señala que, según el órgano de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Germán de León Orellana utilizaba el sobrenombre de Zacatón, Julio César Miranda era conocido como Pozuelo y Miguel Ángel Grajeda como el Cuto.
En mayo de 1970 Germán de León Orellana, el Zacatón, fue nombrado Cónsul de Segunda de Guatemala en la fronteriza Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas. Apenas diez años antes era agente de la Policía Nacional. El mismo cargo, pero en Tapachula, ocuparía el coronel Máximo Zepeda en la década de los 70.
Raúl Ogáldez Sánchez también fue Cónsul de Segunda y más tarde Cónsul General en Comitán, Chiapas, ciudad cercana a la frontera con Huehuetenango, entre enero de 1973 y junio de 1987. Los puestos fronterizos en los que trabajaron estos torturadores eran fundamentales tanto para la logística de las organizaciones revolucionarias como para la salida o el retorno al país de las personas perseguidas.
Una práctica institucionalizada
A partir de 1966 y durante las tres décadas siguientes la práctica de desaparecer personas se extendió rápidamente hasta instalarse en la cotidianidad guatemalteca. Con un período de relativa calma –en el que no dejó de realizarse– a mediados de la década de los 70, vivió un auge macabro durante los gobiernos de los generales Fernando Romeo Lucas García, José Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1978 y 1986.
La mañana del 28 de septiembre de 1972, durante el gobierno constitucional del general Carlos Manuel Arana Osorio, fueron secuestrados seis miembros del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo, junto a una antigua militante y la trabajadora doméstica de la casa en que se reunían. Bernardo Alvarado Monzón, Mario Silva Jonama, Carlos René Valle y Valle, Carlos Alvarado Jerez, Hugo Barrios Klee, Miguel Ángel Hernández, Fantina Rodríguez Padilla y Natividad Franco Santos nunca aparecieron.
En marzo de 1973 la revista mexicana Por qué? publicó un artículo donde se relataba la que el periodista Juan Fermín calificó como una Historia de horror. Abel Juárez Villatoro, un policía capturado en noviembre de 1972 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del PGT relató que, luego de ser torturadas, todas las personas secuestradas aquel 28 de septiembre fueron arrojadas, algunas todavía vivas, al océano atlántico desde un avión.
A Natividad, la joven empleada de la casa, “la apalearon, le dieron choques eléctricos, le picaron la cabeza con un cuchillo y después, siguiendo el rito policíaco, naturalmente, la violaron”. De acuerdo al testimonio del policía, “las víctimas, desnudas y encadenadas, fueron brutalmente golpeadas con cachiporras y luego con aplicaciones de la picana eléctrica”. El detective Luis Enrique Ocaña Corzo dirigió las operaciones y participó en las sesiones de tortura junto a Arnoldo Argueta, Abel Martínez García y otros personajes conocidos como el Gato Véliz, el Gato Orellana, el Zacatón, el Mico, el Mosámbula, el Cocina y otros, informó la revista mexicana.
Huberto Alvarado, Secretario General del PGT desde septiembre de 1972 hasta el momento de su secuestro, tortura y muerte en diciembre de 1974, señaló en sus Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo que el presidente Arana Osorio, el vicepresidente Cáceres Lenhnof, el ministro de la Defensa Laugerud García, el presidente del Congreso Sandoval Alarcón, el ministro de Gobernación Herrera Ibargüen y el canciller Arenales Catalán “acordaron, decidieron y ordenaron que los dirigentes comunistas capturados fueran asesinados y sus cadáveres lanzados al mar”.
Roberto Herrera Ibargüen, refiriéndose a las personas desaparecidas, dijo que “esa gente” debía “andar escondida o paseando por la URSS, Cuba o China”. En otra declaración atribuyó las desapariciones al contrabando de personas. Una respuesta similar dio el ex dictador Óscar Humberto Mejía Víctores cuando le preguntaron por la desaparición de personas durante una entrevista en el año 2003: se habrían ido a buscar trabajo a México o a los Estados Unidos.
A principios de marzo de 1966 el entonces mayor Mejía Víctores estuvo asignado al Cuartel General de Matamoros, donde fueron asesinadas varias de las personas desaparecidas durante las redadas del caso conocido como de “los 28”. Años más tarde el general Mejía asumió el poder mediante un golpe de Estado el 8 de agosto de 1983. Veintiún días después fue secuestrada Teresa Graciela Samayoa Morales, la primera persona que aparece en el Diario Militar, un documento del que existen numerosas evidencias de haber sido elaborado por el Archivo General y Servicios de Apoyo (AGSA-EMP), nombre que recibía la sección de inteligencia del Estado Mayor Presidencial.
El Diario Militar contiene información sobre 183 personas, fotografías personales, seudónimos, nombres falsos, responsabilidades dentro de su organización y los datos de su captura y su destino, la mayoría asesinadas o desaparecidas.
Varios de los sargentos hoy acusados por aquellos hechos comenzaron sus carreras en el AGSA-EMP –antes Centro Regional de Telecomunicaciones– durante la década de los 70, permaneciendo ahí hasta el final del gobierno de Mejía Víctores. Ostentaban cargos como Oficinista, Cartógrafo o Conductor de vehículos, pero miembros del ejército que prestaron declaración bajo reserva hablan de grupos élite clandestinos cuando se refieren a las estructuras en las que estas personas desarrollaron sus actividades. Señalan también que sus integrantes utilizaban alias como el Diablo, el Carnitas, el Caballo, el Chucho, Lucas o el Loco, el Payasito, Galleta…
Es el caso del ex sargento mayor especialista Enrique Cifuentes de la Cruz, quien ingresó al AGSA el 1 de septiembre de 1979 como Revisor de cartografía II, permaneciendo en el puesto hasta el 30 de noviembre de 1984, y como Técnico en computación de diciembre de ese año a enero de 1985, durante los gobiernos de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores. El Miquillo, como habría sido conocido en los grupos clandestinos de inteligencia, fue señalado por varias personas como uno de los participantes más entusiastas durante las capturas y las sesiones de tortura.
Un sobreviviente lo reconoció dos años después de su secuestro en una noticia de prensa en la que aparecían su fotografía y nombre completo, anunciando su nombramiento como delegado de Migración en el puesto fronterizo de Ciudad Tecún Umán, San Marcos, el 14 de junio de 1985. “Explicó el bachiller Cifuentes de la Cruz, que es su primera experiencia en este cargo, pero trae las mejores intenciones de trabajar honradamente”, señaló Prensa Libre. Otro sobreviviente lo recordaba como un sujeto con aspecto de gorilón, que una vez le mostró un morral de pita conteniendo diversos cables utilizados para torturar, uno para cada parte del cuerpo, luego de amenazarlo.
Cifuentes de la Cruz, El Miquillo, fue capturado el 27 de mayo de 2021 en una serie de operativos en que se detuvo a una docena de exoficiales de alto rango y exsargentos especialistas del ejército. Posteriormente serían capturadas tres personas más, y el 6 de mayo de 2022 el juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a Enrique Cifuentes de la Cruz y compañeros. La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público lo acusa de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en contra de 17 personas, entre ellas un niño de 12 años.
El 13 de enero de 2023, junto al exagente de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional Álix Leonel Barillas Soto, quien estuvo de servicio en esa célebre dependencia conocida popularmente como la G-2 entre 1983 y 1989, Cifuentes intentó sin éxito que las medidas de coerción en su contra fueran modificadas. El 6 de marzo de ese año una nueva petición les fue denegada por la jueza Eva Recinos, nombrada el 8 de febrero anterior como jueza B de Mayor Riesgo en sustitución de Miguel Ángel Gálvez, quien bajo amenazas presentó su renuncia y tuvo que salir al exilio el 15 de noviembre de 2022.
No fue el caso de otros tres exagentes de inteligencia. El 28 de noviembre de 2022 la jueza Claudette Domínguez Guerrero le otorgó medida sustitutiva a Toribio Acevedo Ramírez, Lucas o el Loco, por presentar dolores de columna. Acevedo, quien integró La Regional y El Archivo desde 1975 y fue además empleado de confianza de la empresa Cementos Progreso hasta el momento de su captura, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria para movilizarse en tres domicilios ubicados en tres distintos departamentos de la república. Esto a pesar de haber sido capturado por la Interpol en Panamá cuando encontrándose prófugo intentaba huir a Alemania la noche del 10 de mayo de 2022.
Dos meses más tarde, el 1 de febrero de 2023 el juez Rudy Bautista le otorgó prisión domiciliaria sin vigilancia al coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez, involucrado en diversos casos de corrupción durante el gobierno de Alfonso Portillo, y a Malfred Orlando Pérez Lorenzo, alias el Payasito, que según sus declaraciones en años recientes trabajó en la empresa Vigilancia y Seguridad Empresarial, VISEGUA, del coronel retirado José Ignacio López Jiménez, y en la Cervecería Centroamericana, de la familia Castillo.
Todos estos personajes actuaban bajo las órdenes directas del jefe del AGSA-EMP, Marco Antonio González Taracena y del jefe de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Byron Disrael Lima Estrada. A la cabeza se encontraba el general Óscar Humberto Mejía Víctores.
En 1999 Jennifer Schirmer mostró en Intimidades del proyecto político de los militares, escrito a partir de entrevistas realizadas durante más de diez años con medio centenar de militares de diverso rango, cómo funcionaban las unidades operativas de la inteligencia. Un Sargento Primero, de alta durante los gobiernos de Kjell Laugerud, Lucas García, Mejía Víctores, Ríos Montt y los primeros dos años de Vinicio Cerezo, el primer presidente civil desde 1970, le contó que la G-2 trabajaba en patrullas de seis a ocho agentes dirigidos por un mayor o capitán. Las órdenes de secuestro eran emitidas por el Alto Mando. Si la persona no se resistía, debía ser llevada viva a las instalaciones militares, donde era torturada.
Según su estudio, el mismo método utilizaban los agentes del Archivo del EMP, originalmente conocido como La Regional. Schirmer ubica el origen de esta dependencia en el gobierno de Peralta Azurdia, y señala que, “por lo menos desde 1966 –período en que se empezaron a utilizar las desapariciones forzosas como política acostumbrada–”, al Archivo “se le ha asociado con escuadrones de la muerte dirigidos por el gobierno y con miles y miles de asesinatos”.
Hasta mayo de 2021 prácticamente ningún integrante de los escuadrones clandestinos de la inteligencia guatemalteca –salvo Noel de Jesús Beteta, que el 11 de septiembre de 1990 asesinó a Myrna Mack Chang el 11 de septiembre de 1990 bajo las órdenes del Estado Mayor Presidencial– había sido llevado ante los tribunales. Ni siquiera se conocían sus nombres.
Casi tres años después de aquellas primeras capturas, el caso Diario Militar se halla en un impasse, el juez que lo llevaba tuvo que salir al exilio y algunos de los acusados fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, pese a que los delitos de lesa humanidad no gozan de esa prerrogativa. Mientras tanto, las miles de personas desaparecidas siguen esperando que algún día se conozca la verdad y se les haga justicia.
Para leer la primera parte:
Guatemala 1966: el inicio de la desaparición forzada (I Parte)
Para leer la segunda parte:
Guatemala 1966: el inicio de la desaparición forzada (II parte)
