Durante los primeros días de marzo de 1966 el gobierno militar de Guatemala secuestró a al menos treinta y cinco personas, reteniéndolas secretamente en instalaciones policiales y cuarteles militares. Nunca aparecieron. Era el ensayo de una práctica que muy pronto se extendería por toda América Latina: la desaparición forzada como método de represión política.
Por Rolando Orantes
A finales de noviembre de 1965 el asesor estadounidense John P. Longan aterrizó en Guatemala. Su misión era crear un escuadrón de élite que recolectara y coordinara de forma rápida la inteligencia, analizara la información y realizara redadas en casas y puntos de reunión de “presuntos subversivos”. Este escuadrón inició sus actividades desapareciendo a por lo menos 35 personas entre diciembre de 1965 y marzo de 1966.
Longan había sido sheriff de su natal Oklahoma. Más adelante se unió a la Patrulla Fronteriza, donde fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Como agente fronterizo trabajó en Texas y Nuevo México, y entre 1954 y 1955 participó en la Operación Wetback (espalda mojada), que adoptó el estilo de una operación militar, utilizando técnicas de inteligencia que incluían el interrogatorio y tras la que decenas de miles de personas fueron deportadas principalmente en California. Longan contribuyó a que la Patrulla actualizara sus métodos de recopilación y análisis de información utilizada para realizar acciones rápidas, explica el historiador estadounidense Greg Grandin en su artículo La Patrulla Fronteriza ha sido un culto a la brutalidad desde 1924.
John P. Longan ya había vivido en Guatemala alrededor de dos años. Llegó en 1957 como parte del Programa de Seguridad Interna de Ultramar (OSIP), un programa dirigido por la CIA para entrenar en tareas secretas a las policías de 25 países, entre ellos Camboya, El Salvador, Irán, Irak, Laos, Perú, Filipinas, Corea del Sur y Vietnam del Sur. La idea era lograr que las fuerzas de seguridad pudieran “destruir la efectividad del aparato comunista en los países del mundo libre”, señala Grandin en su libro Panzós, la última masacre colonial.
Para finales de noviembre de 1965 Longan tenía 51 años y oficialmente era asesor de Seguridad Pública de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Venezuela. El 4 de enero de 1966 rindió un informe al policía y agente de la CIA Byron Engle, director de la Oficina de Seguridad Pública de la USAID, en el que describe que el 27 de noviembre de 1965 fue elegido para capacitar a las fuerzas de seguridad guatemaltecas en “técnicas y métodos para combatir tácticas terroristas, de secuestro y extorsión”. Ese mismo día se trasladó a Guatemala, donde permaneció hasta el 7 de diciembre siguiente.
Según John P. Longan, el gobierno guatemalteco le pidió un asesor al embajador estadounidense John Gordon Mein, quien lo eligió a él. El antiguo sheriff de Oklahoma solicitó al entonces embajador guatemalteco una reunión con este o con un representante, con el jefe de la estación de la CIA en Guatemala, el jefe de su Sección de Acción Encubierta (CAS) y el asesor en jefe de Seguridad Pública de la AID, que se realizó al día siguiente.
Ahí Longan propuso reunirse lo más pronto posible con los jefes de la Policía Nacional, la Policía Judicial y la Guardia de Hacienda para coordinar un plan conjunto y elaborar planes inmediatos y a largo plazo que serían transmitidos al jefe de Gobierno, el coronel Enrique Peralta Azurdia. Pero las reuniones, realizadas en una casa de seguridad, evidenciaron la inexistencia de colaboración entre las policías a causa de sus rivalidades. Longan le dijo a Gordon Mein que sería necesario acudir a los niveles más altos de gobierno, y así el exagente migratorio elaboró los planes directamente con la presidencia de Guatemala.
Acordaron realizar redadas combinadas, coordinadas al más alto nivel y en las que los participantes no conocerían sus lugares de actuación hasta que se encontraran en camino, cerrar las garitas de acceso a la ciudad y montar retenes sorpresivos para “forzar a algunos de los comunistas buscados a abandonar sus escondites y caer en manos de la policía”.
Debía establecerse una casa de seguridad adonde enviar toda la información sobre extorsiones y secuestros. “Inmediatamente se preparó un cuarto en el Palacio para este propósito”, informó Longan a sus superiores.
Greg Grandin señala que a partir del 5 de diciembre el sheriff impartió una serie de talleres a los que asistieron los jefes de la Policía Nacional y la Policía Judicial, varios oficiales militares entre los que se encontraba el viceministro de la Defensa, coronel Rafael Arriaga Bosque, y otros dos asesores estadounidenses.
Se llamaría Operación Limpieza, y comprendería actividades abiertas, como el “plan de área congelada”, en el que se acordonaba un radio de cuatro cuadras para buscar “subversivos e información”, pero también acciones encubiertas, como la creación de “una pequeña unidad de acción” con pleno acceso a la información de las agencias de seguridad.
Una sala especial, denominada “La Caja”, se ubicaría en el Cuartel General de Matamoros. Equipada con telecomunicaciones y equipos de vigilancia electrónica, trabajaría las 24 horas con un plantel integrado por capitanes y coroneles. La responsabilidad total de la operación estaría en manos de Rafael Arriaga Bosque.
En su última reunión, la noche del 7 de diciembre, Peralta le dijo a Longan que pensaba aparecer en televisión por cadena nacional explicando que tenía la situación controlada, que las elecciones iban a realizarse y que la conspiración criminal-comunista internacional sería tratada apropiadamente.
El 13 de diciembre de 1965 el diario argentino La Prensa reprodujo algunos pasajes del discurso que Peralta transmitiera por radio y televisión el día anterior. El coronel habló de una “confabulación contra la seguridad pública” que encontraba “apoyo en la actitud ya conocida de bandoleros que, según confesión propia, actúan bajo consignas comunistas”, y dijo que se hablaba de “un clima de inseguridad en el país” pero que era “sólo la formación de un clima de subversión Marxista-Leninista”, al que su gobierno estaba “presto a responder con toda la potencia de sus recursos”.
Dijo también que el Decreto Ley 399 del 25 de noviembre de 1965 establecía “mayores sanciones para el delito de secuestro”, señalando así “la decisión del Gobierno de combatir el terrorismo”. El castigo contemplado era la pena de muerte, “en vista de que se han producido varios casos en que hombres de negocios han sido víctimas de secuestro”, hechos que no habían sido divulgados por la prensa “para no poner en peligro la vida de las víctimas”, señaló el coronel.
El mismo día que John P. Longan abandonó Guatemala, el diario mexicano El Heraldo informó que “los guerrilleros izquierdistas” guatemaltecos habían desatado “una verdadera ola de secuestros para reunir dinero para sus fines políticos”. Varias “personas prominentes” habían sido secuestradas, y sus rescates empleados en la compra de armas.
Por el hijo de un adinerado abogado de apellidos “Palla Ariz” [sic] el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre pedía medio millón de dólares, y el comerciante Armando Gabriel había sido liberado el 23 de noviembre anterior luego de pagar “a la misma banda” un rescate de ochenta mil dólares, explicaba El Heraldo.
El primero de los mencionados era Juan José Falla Sánchez, hijo del abogado, banquero, agricultor, empresario, fundador y primer rector de la Universidad Rafael Landívar, José Falla Aris, y hermano del sacerdote jesuita y antropólogo Ricardo Falla.
Arturo Taracena menciona además en su libro Yon Sosa. Historia del MR13 en Guatemala y México el secuestro del empresario Rafael Sabbagh Kairé, a quien la prensa calificaba como un “distinguido hombre de negocios” y por el que el Frente Urbano del MR-13 habría exigido ochenta mil dólares. Esta “acción de recuperación económica”, planeada originalmente para el 13 de noviembre de 1965 pero que por razones operativas tuvo que posponerse tres días, era parte de la “campaña de impuestos forzosos con que los explotadores deberán de contribuir a la lucha armada y guerrillera”.
El costarricense La Nación reportó que el 13 de diciembre dos desconocidos con pistolas secuestraron a Manuel María Herrera, conocido como Teddy, alcalde capitalino en 1930, candidato presidencial en las elecciones de diciembre de 1944 por el Partido de Trabajadores Republicano-Democrático (PTRD) –cuando obtuvo el 3,73% de los votos contra Juan José Arévalo– e hijo del dueño del Hotel Palace.
El diario colombiano El Tiempo informó que el 26 de diciembre Teddy Herrera fue liberado luego de pagar 50 mil quetzales, equivalentes a la misma cantidad en dólares. Y el 18 de diciembre el vespertino El Imparcial informó “a grandes titulares” del secuestro de Manuel Ralda, quien había sido interceptado cuando viajaba hacia la capital. Por su liberación las Fuerzas Armadas Rebeldes exigían Q 250,000.
El 19 de diciembre el gobierno indicó que “un vasto y criminal plan conspirativo se propone poner en práctica el comunismo, en todo el país, con el avieso propósito de evitar el desarrollo del evento electoral programado para el mes de marzo de 1966, alcanzar el poder por medios violentos y someter la nación a su dominio”. Además de “intensificar el terrorismo y el sabotaje en gran escala”, asaltando “casas de personas acaudaladas”, saqueando almacenes y fábricas e incendiando gasolineras y plantaciones de algodón y caña, los planes comprendían “continuar los secuestros de honrados ciudadanos, con el fin de lograr fondos para incrementar su lucha de bandolerismo”. Las autoridades ofrecieron 25 mil dólares “por las capturas vivos o muertos” de Yon Sosa, Turcios Lima y “de sus lugartenientes que intervienen en los secuestros”, informó el costarricense La Nación. “La determinación del gobierno de gratificar por las cabezas de cada uno de los jefes rebeldes mencionados, fue dada a conocer ayer, en vista de la ola de secuestros y crímenes que últimamente se han registrado”.
Peralta Azurdia y sus asesores utilizaron así la excusa de los secuestros políticos y económicos –práctica iniciada en abril de 1963 con la retención del empresario Ramiro Samayoa– para justificar la tortura y desaparición de docenas de personas durante el último semestre de la dictadura militar.
Los años 60
El año de 1960 inició en Guatemala con huelgas de trabajadores y movilizaciones estudiantiles. Meses más tarde, el 13 de noviembre de ese año un alzamiento militar intentó derrocar al gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes, al que acusaban de corrupto. La rebelión fracasó, pero algunos jóvenes oficiales que consiguieron escapar y cruzar las fronteras con Honduras o El Salvador conformarían, liderados por Marco Antonio Yon Sosa, Luis Augusto Turcios Lima, Augusto Vicente Loarca, Luis Trejo Esquivel, Alejandro de León y otros oficiales el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre (MR-13).
Durante marzo y abril de 1962 la juventud dirigió una breve pero importante insurrección en la Ciudad de Guatemala. “El 68 que se vivió en México, Francia, Italia y Alemania, lo vivimos nosotros años antes”, recordó la antropóloga Aura Marina Arriola casi cuatro décadas más tarde en su libro Ese obstinado sobrevivir: autoetnografía de una mujer guatemalteca. Docenas de personas muertas y cientos de heridas y detenidas fue la respuesta gubernamental. Poco después comenzaron a organizarse las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), integradas por el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo y su Juventud Patriótica del Trabajo, el MR-13 y otros grupos, iniciando actividades en febrero de 1963.
La noche del 31 de marzo de 1963 un tanque rompió la puerta del Palacio Nacional mientras en la Casa Presidencial tres oficiales le informaban al general Ydígoras que había sido derrocado. Las fuerzas armadas designaron al coronel Alfredo Enrique Peralta Azurdia, hasta entonces ministro de la Defensa, para dirigir la que llamaron “Operación Honestidad”, pues alegaban luchar contra la corrupción.
Según Peralta, el ejército actuó “para garantizar la democracia”, ya que Ydígoras había permitido la infiltración comunista en el gobierno y los partidos políticos. “Sólo actuamos para resolver la anarquía, restablecer el orden y garantizar que no se establezca un gobierno comunista en Guatemala”, explicó, añadiendo que el expresidente Juan José Arévalo, candidato para las elecciones que debían celebrarse en noviembre de ese año, se encontraba escondido y que desde hacía mucho tiempo tenía orden de captura en su contra. “Durante su gobierno permitió la entronización del comunismo, lo mismo que sucedió cuanto estuvo Jacobo Árbenz. Nosotros estamos decididos a que no se establezca un gobierno comunista en Guatemala”.
Peralta dio a conocer una declaración escrita indicando que “el deseo ferviente del ejército” era restablecer la tranquilidad, garantizar la seguridad y seguir una política basada en seis principios. El primero: “Erradicar por completo la posibilidad de que en Guatemala se establezca un gobierno extremista que repugna a los sentimientos patrióticos de los guatemaltecos”.
En sus declaraciones a la prensa el coronel advirtió: “Seremos drásticos especialmente con los comunistas”. “Seremos duros. No permitiremos que vuelva a implantarse en Guatemala un gobierno comunista, y para evitarlo tomaremos medidas duras”. Durante buena parte de su gobierno el estado de sitio fue permanente, y muchas personas fueron capturadas y torturadas por las diversas policías secretas, aunque usualmente se les consignaba y liberaba luego de pasar algún tiempo en prisión.
Mientras tanto, a finales de 1964 ocurrió una división entre las organizaciones de izquierda. Internacionalistas de nacionalidad mexicana y argentina del trotskista Partido Obrero Revolucionario que dirigía Homero Cristalli, más conocido como J. Posadas o Jaime Posadas, se integraron al que desde 1963 era llamado Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre. Mediante su periódico Revolución Socialista y los suplementos El Guerrillero y Voz Campesina proponían que la guerrilla fuera el estímulo para organizar invasiones de tierras, tomas estudiantiles y una huelga general a la que seguiría la insurrección armada. Su intención era la de construir un gobierno obrero y campesino. El MR-13 organizó a la población rural de sus áreas de influencia y mediante acciones urbanas despertó amplias simpatías también en la capital.
El PGT y las FAR, organizaciones que respondían a la línea soviética y cubana y que cotidianamente eran destinatarias de los señalamientos de la Dirección Nacional del MR-13, acusaron a sus integrantes de provocadores y de agentes de la CIA y del imperialismo, señalamientos que oficializaría el propio Fidel Castro durante la clausura de la Conferencia Tricontinental en Cuba el 15 de enero de 1966.
Por su parte, a finales de 1965 las FAR y el PGT, que habían integrado el efímero Centro de Dirección Revolucionaria, decidieron apoyar la candidatura de Julio César Méndez Montenegro, un abogado cuyos principales méritos eran alguna participación en la insurrección del 20 de octubre de 1944 y ser hermano de Mario Méndez Montenegro, el candidato original del Partido Revolucionario, muerto en circunstancias poco claras, el 31 de octubre de 1965, cuando según la policía se suicidó de un disparo al corazón, pero que el PR condenó como asesinato político.
Ante la perspectiva de un gobierno civil y que imaginaban democrático los líderes clandestinos bajaron la guardia. Una gran cantidad de dirigentes en el exterior regresó al país para celebrar reuniones con sus respectivas organizaciones mientras los dirigentes de las guerrillas en el campo se concentraban también en la ciudad.
El domingo 6 de marzo de 1966 Julio César Méndez Montenegro ganó las elecciones con el 44,78 por ciento de los votos. Según su promesa de campaña el suyo sería “el tercer gobierno de la revolución”, en referencia a las presidencias de Juan José Arévalo y Juan Jacobo Árbenz, derrocado por un golpe de Estado orquestado por la CIA en 1954. Pero el 4 de mayo de 1966, Méndez Montenegro firmó un pacto para que los militares le permitieran asumir, y que en su tercer punto indicaba que el gobierno debía continuar “la lucha contra los grupos y facciones subversivos que perturban la paz y seguridad nacionales, y en ningún caso ni bajo pretexto alguno entrará en entendimiento o pactos con tales grupos y facciones, salvo que se tratare de proposiciones de rendición o capitulación. En caso contrario, el Gobierno dará al Ejército toda la colaboración necesaria para eliminarlos”.
Desapariciones
Cuando Julio César Méndez Montenegro firmó el pacto secreto con los militares y dos meses más tarde asumió la presidencia, en julio de 1966, el ejército había dado suficientes muestras de a qué se refería con “eliminar”. La mayoría de las desapariciones del que pasaría a la historia como “el caso de Los 28” ocurrieron entre el 2 y el 6 de marzo de 1966, aunque existe registro de personas capturadas o ejecutadas desde la segunda semana de diciembre de 1965.
Probablemente nunca se conozca el número total; según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y los trabajos de Greg Grandin, la policía y el ejército realizaron 80 operativos con la modalidad de zona congelada, en los que los uniformados cerraban un perímetro de varias cuadras para que los agentes especiales realizaran sus maniobras con tranquilidad.
Uno de los primeros secuestrados fue el mexicano David Aguilar Mora, miembro de la Dirección del Frente Urbano del MR-13. Un testimonio recogido por Arturo Taracena en su libro sobre Yon Sosa señala que, la noche del 8 de diciembre de 1965, la Policía Judicial rodeó una casa en la zona 6 donde se encontraban varios miembros de esa organización. Al no ser posible resistir Aguilar Mora decidió que escaparan, pero cayó herido y fue capturado. La Dirección Federal de Seguridad mexicana reportó el 21 de diciembre que estaba siendo torturado por la policía guatemalteca para que firmara declaraciones confesando su implicación en los recientes secuestros, lo que significaría su condena de muerte. Nunca apareció.
Ricardo Vinicio Berganza Bocaletti, de las FAR-PGT, fue secuestrado en la zona 10 capitalina tras un enfrentamiento el 12 o 22 de diciembre del mismo año. Posteriormente fue ejecutado y su cadáver arrojado al lago de Amatitlán, informó en julio de 1966 la Asociación de Estudiantes Universitarios.
El miércoles 2 de marzo de 1966 las fuerzas combinadas del ejército y la policía detuvieron en la zona 9 a Yolanda Carvajal Mercado, Carlos Barillas Sosa –medio hermano del comandante Marco Antonio Yon Sosa– y Francisco Amado Granados, integrantes de la Dirección Nacional del MR-13. Al día siguiente fue secuestrada Iris Yon Cerna, sobrina de Yon Sosa, y Leonardo Castillo Flores, Leonardo García Benavente, Francisco Macías Mayora y Víctor Manuel Palacios Maldonado, dirigentes del PGT y las FAR.
Un escueto documento de la inteligencia estadounidense revela que el jueves 3 de marzo, cerca de Retalhuleu, los militares guatemaltecos capturaron a Leonardo Castillo Flores, “alto dirigente del PGT y uno de los tres miembros de la Dirección de las FAR, brazo armado revolucionario del PGT”, junto a Carlos Barrios, Enrique Chacón, Mauricio García y una persona sin identificar, cuando viajaban en una camioneta Land Rover. Según la información, habían ingresado ilegalmente desde México.
La CEH señala que Carlos Barrios y Mauricio García eran en realidad Francisco Macías Mayora y Leonardo García Benavente. El primero era hermano de Julio César Macías Mayora o César Montes, uno de los dirigentes de las FAR que junto a otros líderes logró escapar a una de las redadas. En marzo de 2022 César Montes fue condenado a 175 años de prisión, 125 más de los que pedía el Ministerio Público, acusado de ordenar de manera remota la muerte de tres soldados en el departamento de Izabal el 3 de septiembre de 2019, cuando se encontraba a 150 kilómetros de distancia.
Leonardo García Benavente era sobreviviente del intento guerrillero de Concuá, cuando en marzo de 1962 tropas al mando de Rafael Arriaga Bosque abatieron a 13 guerrilleros en el departamento de Baja Verapaz. Su hermano había sido asesinado durante una manifestación de apoyo a la revolución cubana en abril de 1961.
La CEH señala que el sábado 5 de marzo Víctor Manuel Gutiérrez y una colaboradora de nombre desconocido desaparecieron en la colonia La Reformita, zona 12, mientras en la 5ª. calle A de la zona 2 era secuestrado Fernando Arce Behrens, de la Dirección del MR-13. Y el domingo 6 de marzo de 1966 fue capturada la mexicana Eunice Campirán.
Por esos días desaparecieron también el dirigente del MR-13 Marco Tulio Molina Licona, Marta Palacios, Emma Judith Amézquita, Roberto Augusto Valle Peña, Agustín Martínez, Antonio Poc Alvarado, Balbino Sosa, Carlos Enrique Galindo Sosa, César Augusto Salguero Gómez, Dionicio Álvarez, Emilio Márquez Coroy, Emilio Vásquez, Humberto Pineda Aldana, José León Meda, José de Jesús Alonzo Solís, Juan de Dios Castillo, Juan Estrada Alvarado, Julián Meza, Tránsito Monterroso Pérez y Melvin Galeano Polanco.
La CEH estableció que fueron desaparecidas al menos 33 personas, 29 hombres y 4 mujeres, aunque otras fuentes hablan de gente que no fue incluida en las listas de víctimas, como Mónico Castro, José Ángel Pesquera, Beto Jacinto y Ernestina Hernández, militantes del MR-13.
El 19 de julio de 1966 el diario colombiano El Tiempo reprodujo un resumen de la información dada a conocer días antes por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de Guatemala, asegurando que las 28 personas desaparecidas habían muerto. Citando los testimonios de dos expolicías que presenciaron o supieron de los hechos, la AEU señaló que David Aguilar Mora fue ejecutado y sepultado en el departamento de El Progreso, según constaba en un acta del juez de Paz local, y que Eunice Campirán e Iris Yon Cerna “fueron muertas a garrotazos y enterradas en las márgenes del río Motagua”, en Zacapa. Algunos cadáveres habían sido sepultados en fosas comunes, “mientras que otros fueron arrojados a las aguas del pacífico desde un avión militar”. La AEU anunció además que pediría a los tribunales que se iniciara un proceso contra unos 30 policías involucrados.
Un sobreviviente narró a la CEH: “Le pusieron la capucha, le dieron toques eléctricos, lo interrogaron para que hablara… se empezó a oír que el hombre se quejaba fuertemente, fueron quedando los quejidos, bajaron, bajaron, bajaron, entonces dijo uno: Quítensela”.
En su libro sobre Panzós, Greg Grandin escribió que la Policía Judicial llevó a Víctor Manuel Gutiérrez a su sede en el centro de la ciudad, donde le cubrieron la cabeza con una capucha y le dieron choques eléctricos que provocaron que su débil corazón se detuviera. “Las fuerzas de seguridad trasladaron a la mayoría de los demás capturados en la Ciudad de Guatemala a la base militar de Matamoros, donde se encontraba ‘La Caja’. Fueron interrogados, torturados, ejecutados y sus cuerpos colocados en sacos y arrojados al Pacífico. Años después, Longan recordó que algunos de sus restos volvieron a la orilla”.
