Desde 2021, la exministra Amelia Flores ha sido denunciada por delitos cometidos durante la firma de un contrato con irregularidades. Sin embargo, Giammattei, Miguel Martínez y Pedro Brolo, entre otros funcionarios, también podrían estar implicados en la trama.
Por Isela Espinoza
La compra opaca de 16 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V para enfrentar la COVID-19, en 2021, colocó nuevamente en el centro de las acusaciones a la exministra de salud, Amelia Flores. El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, y el ministro de Salud, Óscar Cordón, denunciaron a Flores por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos por firmar el contrato con la empresa intermediaria Human Vaccine a quien se le transfirió Q614.5 millones a través del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
La cifra correspondió al 50% del costo total Q1.2 millardos. Aunque el contrato fue firmado por Flores, Acción Ciudadana, diputados y otras voces han denunciado que ella no actuó sola y señalan entre los responsables al expresidente Alejandro Giammattei y a varios exfuncionarios de su gobierno.
El pasado 10 de abril, los diputados del partido VOS citaron a Saavedra y representantes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para abordar el tema. Según resaltó el legislador, Orlando Blanco, la actual bancada le dio seguimiento al caso, desde el 2021, con citaciones a las que acudieron Brolo y Flores. “Yo hice una denuncia en su momento contra la ministra Amelia Flores en aquel momento y la declararon improcedente, no sé por qué”, dijo Blanco.
En la cita, el ministro de Salud delegó su representación a un asesor legal del MSPAS quien dijo que el análisis del contrato determinó que se habían incumplido con la mayoría de las disposiciones establecidas en el decreto 1-2021, Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas Contra el Coronavirus COVID-19. Por lo que junto a la PGN y la Comisión contra la Corrupción presentaron una denuncia que señala 11 hechos, entre ellos la compra de las Sputnik V a través de la intermediaria Human Vaccine cuando el decreto señala que la adquisición debía ser directamente con el fabricante.
Según dijo el asesor, consultaron a la institución que sería el equivalente del registro mercantil de Rusia para conocer el estatus actual de Human Vaccine. “En efecto es una compañía de responsabilidad limitada. Según esta información del registro ruso tiene el aproximado de 250 mil rublos rusos, del capital autorizado lo que equivale a un poco más a US$2 mil y dentro del objetivo de su constitución no está ser productores de vacuna. Entonces, nosotros señalamos ese primer delito”.
Un contrato anómalo del que se lavan las manos
En junio de 2021, la organización Acción Ciudadana presentó ante el Ministerio Público (MP), liderado por Consuelo Porras, una denuncia penal contra Flores y Giammattei por fraude, peculado e incumplimiento de deberes en la firma del contrato. La llegada a cuentagotas de las vacunas provocó el aumento de contagios y muertos por el coronavirus ante la ocupación del 90% de las áreas COVID-19 en los hospitales. Mientras, una tercera ola de infecciones amenazaba al país, provocando el colapso de las emergencias.
En ese momento, una investigación de elPeriódico determinó que Human Vaccine era una empresa nueva y su salto al mercado global empezó en 2020, cuando Rusia anunció la efectividad de la Sputnik V para evitar el contagio de la COVID-19. Además, reveló que la empresa intermediaria era subsidiaria del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), un fondo soberano de inversión. Acción Ciudadana denunció que la empresa era de cartón y con la adquisición se violaron las garantías de lo que estipulaba el decreto 1-2021.
En medio de la polémica de la entrega de las vacunas Sputnik V, Flores y el gabinete de Giammattei daban información a medias amparándose en la cláusula de confidencialidad establecida en el contrato.
Acción Ciudadana señaló que el contrato carecía de requisitos legales y no había garantía de que la empresa rusa entregara las vacunas ni un cronograma que determinara en qué fecha vendrían al país las dosis. Ante los hechos, la organización dijo que ambos funcionarios debían renunciar.
“Vemos prácticamente un gobierno que se esconde detrás de su propio fracaso y con eso pretenden que las cosas pasen desapercibidas para la población”, dijo Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana al presentar la denuncia en 2021.
Tres años después, estas irregularidades han sido confirmadas con la nueva denuncia contra Flores. El asesor legal del MSPAS dijo a los diputados de VOS que no se corroboró la legalidad de la representación de Human Vaccine. El contrato fue firmado por su representante y director ejecutivo, Alexander Chistyakov, y la exministra. “No sabemos hasta el momento quién es él”, afirmó el asesor. En cuanto a las condiciones de entrega, se pactó un término internacional de comercio que implicaba que Guatemala recogería las vacunas a donde Rusia dijera, contrario al decreto 1-2021.
Además, el contrato se firmó en inglés y se realizó una negociación ilegal de regalías para la empresa rusa, en la que el MSPAS solo podía exigir una indemnización máxima de US$100 mil por incumplimiento del contrato, así como someter el caso a un arbitraje internacional en Singapur y la inclusión de una cláusula de confidencialidad sin justificar el motivo.
“Cuando el ministro (Cordón) recibió la cartera se le entregó un informe sumario bastante escueto acerca de las vacunas Sputnik en donde se nos decía que no se podía, de momento, organizar mayor acción ya que por la situación geopolítica de Rusia y Ucrania, Human Vaccine estaba en un periodo de no comunicación y que posiblemente el 30 de marzo ellos nos podían enviar el lote de vacunas restante”, dijo el asesor legal del MSPAS. Pero no llegaron.
Las cifras del Ministerio de Salud señalan que el país recibió de Rusia 20 embarques de primera y segunda dosis de Sputnik-V, entre mayo y diciembre de 2021. El actual comisionado contra la corrupción, Santiago Palomo, señaló que en total se recibieron de forma tardía 8 millones 300 mil dosis, de las cuales se suministraron un poco más de 3 millones y 5 millones se vencieron.
El asesor legal del MSPAS manifestó que la denuncia fue interpuesta contra el despacho ministerial y todos los funcionarios y empleados públicos que resulten responsables en la investigación.
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El Caso Sputnik y cómo Giammattei jugó con la vida de guatemaltecos durante la pandemia
Las dudas de Giammattei y los posibles implicados en la negociación
La Sputnik V estuvo rodeada de controversia ya que algunos científicos cuestionaron su efectividad e incluso Estados Unidos prohibió la entrada de personas que se inmunizaron con la vacuna rusa. Aunque Giammattei defendía la compra de las dosis de Sputnik V, él eligió no vacunarse con este inmunizador y argumentó que prefería que la población recibiera su dosis.
“(Las primeras dosis) estarán viniendo a Guatemala en los próximos 15 días. Hoy se hizo la transferencia del Banco de Guatemala al Banco de Rusia para cubrir el 50 por ciento de la compra total”, aseguró el exmandatario el 5 de abril de 2021.
Una investigación periodística reveló que Giammattei y el entonces canciller, Pedro Brolo, convencieron en febrero de 2021 a Flores para que firmara el contrato con Human Vaccine.
En mayo de 2020, Giammattei anunció la instalación de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid) que tenía como objetivo dar seguimiento a la pandemia en el país, asesorar y dar soluciones al Ministerio de Salud durante la crisis. El epidemiólogo e infectólogo, Edwin Asturias Barnoya, fue nombrado el director ejecutivo.
Asturias presentó su renuncia en diciembre de 2020 y el Gobierno anunció que a partir, del 1 de enero de 2021, la Coprecovid dejaría de existir y se integraría al Ministerio de Salud como un ente consultivo. La comisión nació en medio de críticas de su instalación tardía y por no poseer un reglamento sobre su función, así como del manejo de los fondos presupuestarios, en junio de 2020, Hugo Monroy sería destituido por Giammattei luego que algunos sectores pidieran su salida por falta de transparencia y capacidades.
En una entrevista reciente, Flores dijo que llegó al cargo por recomendación de Asturias. Durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008), fue viceministra técnica de Salud.
El 7 de marzo pasado, en una columna de opinión publicada por el diario La Hora titulada “Caso Vacunas Sputnik: el sendero de los delitos”, Asturias recordó que ante la crisis que se vivía por la pandemia “nunca nos imaginamos encontrarnos frente a la mesa con un presidente y médico que no creía en los beneficios de la vacuna”.
A pesar de ello, señala como uno de los logros de la Coprecovid y el equipo del Ministerio de Salud la aprobación de la Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas Contra el Coronavirus COVID-19, decreto 1-2021 en el que se destinaron Q1,500,000,000 de fondos para comprar vacunas.
“La Coprecovid advertiría, antes de su fin, que había necesidad de legislar la exoneración de responsabilidad a los productores de vacunas que no querían arriesgar el uso de emergencia de sus productos y enfrentar luego juicios millonarios. Sin esta, ninguna compañía seria estaba dispuesta a vender sus vacunas, ni a Guatemala, ni a nadie. Todos los países de América Latina hicieron lo correcto, y pudieron optar a contratos de vacunas de avanzada contra la pandemia, excepto Guatemala”, escribió Asturias.
Además, cuestionó si fue una “estrategia sutil y premeditada” para forzar a que Flores firmara el contrato con el fondo ruso. Asturias enfatizó en esa misma columna: “Hay que tener claro que en el gobierno de Giammattei poco ocurría sin su tácita venia. Los efectos de ese contrato lesivo y sin potestad ni gana de reclamo se hicieron evidentes en pocas semanas. Los rusos no despacharon, luego cambiaron la vacuna contratada, y cuando finalmente dispensaron, lo hicieron a cuentagotas”.
La renegociación fue confirmada por el asesor legal del MSPAS en la citación de VOS, quien dijo que esta consistió “únicamente” en convertir las dos dosis originales de Sputnik V a Sputnik Light, de las que se prometieron 4 millones por un precio “un poco superior” al del componente 1. “La cantidad comprometida es de 4 millones de Sputnik Light por un valor de US$12.95, que era lo que estaba pendiente de que el Ministerio de Salud recibiera”, agrega.
Según Asturias, en marzo de 2021, el Gobierno mostraba su interés por la negociación con Human Vaccine, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, avalado por Giammattei. Brolo, uno de los funcionarios de confianza de Giammattei le habría consultado sobre el contrato a Asturias, en agosto de 2020.
“Me preguntó si sería bueno hacer una petición formal a Rusia dado sus conversaciones con el embajador, y yo le dije que no. Los datos eran insuficientes, por lo que deberíamos esperar a que completaran los estudios y asegurar que la vacuna fuera eficaz y segura. A pesar de mi recomendación, la Cancillería envió la misiva solicitando ser incluida en los países interesados”, señaló el excomisionado en una investigación periodística.
Las dudas de Giammattei sobre la efectividad de las vacunas contra el coronavirus también hicieron que el país perdiera la oportunidad de adquirir dosis de la farmacéutica AstraZeneca, que ofrecía cada vacuna a US$4 más envío. Cada dosis de Sputnik costó US$9.95, según el contrato.
Además, el exmandatario envío, hasta enero de 2021, la iniciativa de ley para aprobar los fondos y la autorización para la compra de vacunas. El Congreso de la República también tardó en aprobarla por lo que Guatemala fue el último país de Centroamérica en definir un mecanismo para la negociación directa con un fabricante.
En medio del descontento de la población, por la falta de la segunda dosis de Sputnik V y el Gobierno en aprietos porque las vacunas no llegaron como estaba previsto, el Minex informó que, del 20 al 25 de junio de 2021, Brolo se reuniría con el canciller ruso Sergei Labrov.
La cita también incluía una reunión con el ministerio de Salud de Rusia y el Fondo Ruso de Inversión Directa, en donde Brolo solicitaría que se agilizara el proceso de envío de las vacunas compradas. El documento registra que esta fue la primera visita oficial a Rusia.
“El país no escatimará esfuerzos por vencer los obstáculos encontrados hasta el momento para avanzar en el plan de vacunación”, se leía en el comunicado. Hasta ese momento, Guatemala había recibido únicamente 150 mil dosis de Sputnik V. Durante la visita, Giammattei fue cuestionado al respecto, sin embargo, ni él ni la cancillería dieron detalles de las reuniones que sostuvo Brolo. Al finalizar el viaje, el excanciller dijo que “uno de los avances” fue la confirmación del envío a Guatemala de 400 mil dosis de Sputnik, “a finales de la semana próxima”.
Concluye mi viaje de trabajo en Rusia en la que abordamos exitosamente una agenda extensa de los temas bilaterales. Uno de los avances es la confirmación del envío a Guatemala de 400 mil dosis de #SputnikV a finales de la semana próxima. 1/4 pic.twitter.com/0glj6J49VW
— Pedro Brolo (@PedroBroloGT) June 25, 2021
En tanto, la exministra de Salud señaló que había solicitado la devolución del dinero de las Sputnik V no entregadas. Pero el Fondo Ruso de Inversión Directa sostuvo que no había ninguna solicitud para reembolsar el dinero. Ante estas anomalías, Flores fue denunciada, en 2021, por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
En la citación del pasado 10 de abril, Geovanni Castellanos, subcontralor de calidad del gasto público de la CGC dijo que en ese entonces las autoridades se mostraban resistentes a la fiscalización. “No nos querían entregar la información y se presentó la denuncia. En total fueron seis denuncias en el 2021 por bienes pagados y no recibidos en contra de Flores y la viceministra administrativa, Nancy Pezzarossi de Calderón”, dijo Castellanos. Recordó que durante el proceso de fiscalización del contrato se dio el retraso de la entrega de las vacunas.
Entre 2021 y 2022, la CGC también presentó una denuncia por las irregularidades en la renegociación contra Flores y Pezarrossi. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en octubre de 2021, aún no aprobaba la Sputnik V para uso de emergencia por lo que la Contraloría también presentó una denuncia. “Después, viendo la falta de calidad del gasto público de vacunas contra el Covid-19 y la entrega se planteó la quinta denuncia contra la ministra y una sexta por la calidad del gasto público en la que se señaló también a Flores ya que cuando se efectuó el pago no se realizaba un registro de cuenta por liquidar para verificar existencias. Esto también se determinó en finanzas por la poca documentación que se tuvo en ese momento”, declaró el subcontralor.
Además, Castellanos dijo que, en el 2022, se ratificó la denuncia ante el MP y en la Fiscalía contra la Corrupción les hicieron firmar un acta de confidencialidad.
Otro de los hombres de confianza de Giammattei, presuntamente involucrado en la negociación anómala es Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno. Martínez fue sancionado bajo la Ley Global Magnitsky por el gobierno de Estados Unidos por recibir pagos irregulares para “facilitar la compra de vacunas Sputnik”.
De acuerdo con Estados Unidos, “en 2021, Martínez exigió cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik V rusas por el Gobierno de Guatemala. La agencia especial de Guatemala contra la corrupción investigó a Martínez por su papel en un pago controvertido vinculado con la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V rusas contra COVID-19 por parte del Gobierno guatemalteco”.
Pero el actual procurador de la Nación dijo que la participación de Brolo y Martínez y, de otras personas, tiene que ser determinada por el MP.
Por el contrato también han sido denunciados el exprocurador de la PGN, Jorge Luis Donado Vivar; el ministro de Finanzas Públicas (Minfin), Álvaro Ricci; y el embajador de Guatemala en Rusia, Gustavo Adolfo López Calderón.
El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, manifestó que según el decreto 1-2021, el Minfin estaba encargado de aprobar los fondos y hacer uso de los saldos de los préstamos de la Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia y los saldos de la caja de Bonos del Tesoro de decretos relacionados con la COVID-19.
En tanto, el PGN, cuya función es la de ser el abogado del Estado, y la secretaría general revisaron el contrato y dieron “el ok verbal”, explicó Sandoval. También comentó que abogados del Ministerio de Salud revisaron previamente el contrato y la Cancillería hizo el enlace y las comunicaciones, ya que “fue de Estado a Estado”. Mientras, el embajador en Rusia facilitó las gestiones.
Un país con desarrollo humano medio
La corrupción registrada durante la pandemia se refleja en estudios recientes. El martes 16 de abril, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe “Salir del estancamiento: reimaginar la cooperación en un mundo polarizado” en el que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para Guatemala se registra en 0.629. Con la cifra el país alcanzó la posición 136 detrás de Nicaragua (130), El Salvador (127), Costa Rica (64) y Panamá (57). Honduras se ubica en el puesto 138 de 193 países de América Latina y el Caribe. Pero lo grave es que, en 2019, previo a la pandemia, la calificación del país era 0.645.
Ana María Díaz, representante residente del PNUD en Guatemala, señaló que la decadencia inició en 2015, por el estancamiento de la calidad en el sistema educativo y el retroceso se acentuó por efectos de la COVID-19 que impactó también al sistema de salud.
“En este índice vemos que seguimos siendo un país desarrollo humano medio. Somos uno de los países en la región que todavía no se ha puesto al día con los niveles pre pandemia. Seguimos todavía afectados por la pandemia. A nivel de los índices, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional y el índice por desigualdad de género vemos la realidad de un país que presenta enormes desafíos y el mundo postcovid ha ampliado las desigualdades”, expresó Díaz por lo que se deben garantizar políticas públicas por parte del Estado.
Por otro lado, el informe también indicó que la esperanza de vida que se registraba en 73 años ahora se ubica en los 68. Este indicador se vio impactado por la pandemia tras las muertes registradas por la COVID-19.
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