El viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, dio a conocer las irregularidades que han encontrado en la autorización de operaciones a cielo abierto del proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Jutiapa.
Por Isela Espinoza
“Queremos que se respete el mandato del pueblo que dijo no a la minería”, expresó María del Carmen Cifuentes, integrante de la pastoral de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Asunción Mita, Jutiapa, ante representantes de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de Energía y Minas (MEM).
Cifuentes se refirió a la consulta municipal que se realizó en septiembre de 2022 en donde con 7,481 votos, la población rechazó el proyecto minero Cerro Blanco ubicado en ese municipio.
Con la consulta, la resistencia miteca respalda la solicitud a la nueva ministra del MARN, Patricia Orantes Thomas, de revocar la autorización de operaciones a cielo abierto de Cerro Blanco de la empresa de capital canadiense Bluestone Resources.
Este jueves 18 de abril, la población de Asunción Mita salió durante la madrugada para viajar alrededor de 148 kilómetros y reunirse con las autoridades como parte de una citación que realizó el diputado de VOS, José Chic, en seguimiento a las acciones que realizan ambas carteras respecto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero aprobado por el MARN de Alejandro Giammattei.
La exministra María José Iturbide no acudió a las citaciones previas. Sin embargo, durante la Semana Santa anunció que no revocaría la autorización debido a que el Gobierno no podía anular los permisos de oficio porque el plazo para hacerlo vencía el 17 de enero.
#Extractivismo ⛏✖️ MARN: "La postura es buscar la anulación del instrumento ambiental aprobado en enero para la mina Cerro Blanco"
El viceministro de Ambiente, José Rodas, expresa cuál es la postura actual del Ministerio de Ambiente y señala que se perdieron 900 folios… pic.twitter.com/Rcik7gerRb
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 18, 2024
A la citación tampoco acudió Orantes. En su representación asistió el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, quien expuso anomalías encontradas en el permiso luego de analizar más de 3,000 folios del expediente 329-2007.
“La postura actual del Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales es buscar la anulación de la actualización del instrumento ambiental y por ende la licencia ambiental del proyecto minero Cerro Blanco debido a las irregularidades”, manifestó Rodas.
El viceministro dijo que, al ingresar el expediente a la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, se comprobó que le fue asignado un número que correspondía a otro proyecto y esto se repitió en otros pasos del proceso para otorgar la actualización del Estudio de Impacto Ambiental y la licencia.
“Según el artículo 23 del Reglamento de Control y Seguimiento Ambiental, el dictamen que autoriza la actualización del instrumento ambiental y la licencia debe ser realizado por un equipo multidisciplinario y en este caso solo fue firmado por una persona”, declaró.
Otras de las irregularidades encontradas por el viceministro de Ambiente fue que la notificación de la resolución que aprueba el EIA se realizó por una persona que se encontraba de vacaciones, según registros de Recursos Humanos del MARN. El involucrado presentó una denuncia por suplantación de persona de la cual fue víctima.
En cuanto a la desaparición de documentos, Rodas señaló que faltan 939 folios originales ya que únicamente se encontraron las fotocopias que, incluso, tienen firmas y sellos presuntamente falsos. “Presenté dos denuncias al Ministerio Público (MP). La primera fue desestimada y la segunda ya la impugné”, dijo.
Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana frente a la Minería, que trabaja con organizaciones de El Salvador y Guatemala, preguntó al viceministro porqué impugnó la denuncia. Rodas respondió que el MP desestimó la demanda, porque existen copias de los documentos originales aduciendo que no se ha perdido la información y no hay delito que perseguir. “Eso lo entendemos, pero queremos saber por qué o quién desapareció los documentos”, agregó Rodas y aseguró que las demás anomalías también fueron denunciadas y han seguido su trámite.
Las otras acciones que ha realizado el viceministerio, del l 5 de febrero hasta el 15 de marzo, son: una auditoría ambiental para verificar que la mina no esté operando en Asunción Mita, solicitar que la Contraloría General de Cuentas (CGC) realice una auditoría al proceso que otorgó la actualización del EIA y una visita de inspección a Cerro Blanco.
Rodas aclaró que con la decisión de anular el EIA, aprobado el 9 de enero, cinco días antes de que Giammattei dejara el cargo, no vulneran ni un derecho de la minera “ya que lo que se busca es que presenten un nuevo instrumento ambiental con el tipo de minado que quieren tener”.
Sin embargo, para los integrantes de la resistencia miteca estas anomalías deberían ser un motivo para cancelar la operación de Cerro Blanco y no una oportunidad para que realicen otro Estudio de Impacto Ambiental.
“Esta empresa ha trabajado por medio de la corrupción, comprando voluntades en el ministerio y en el Gobierno anterior. Nosotros como pueblo de Asunción Mita lo que exigimos es que esa empresa ya no entre, porque van a consumir nuestro vital líquido, nuestra agua. Y ahora que quieren operar a cielo abierto nos van a matar a todos”, enfatizó Peter Arrieta.
El poblador y miembro de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción enfatizó que el MARN “está para proteger” los recursos naturales “no a empresas que solo se llevan nuestras riquezas y nos dejan contaminación y destrucción”.
#Extractivismo ⛏✖️ Representante de pobladores de Asunción Mita, Jutiapa, piden que la empresa Cerro Blanco cese sus actividades mineras.
Además, señala la escasez de agua y otras consecuencias.
📹Isela Espinoza pic.twitter.com/pqJGxajp0a
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 18, 2024
Según Rodas, el MARN toma en cuenta a la población que se expresó en la consulta municipal. Y ahora, tras identificar las irregularidades se iniciará el proceso administrativo y emitirán dictámenes tanto técnicos como jurídicos, para que se ordene la anulación y solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental a la empresa. El plazo para esto sería en mayo.
Cabezas pidió que se tomen en cuenta las voces de expertos que han analizado el caso de Cerro Blanco, que han señalado que el plan que actualmente tiene la mina sobre el manejo de deslaves no sería aceptado en ninguna parte del mundo. Además, Cerro Blanco no ha presentado un plan de manejo de calor y gases que se liberan en un área que está caracterizada por aguas térmicas y el calor, así como que la mina no tiene un plan de cierre.
“Ellos dicen que al final de los diez años de la explotación van a decir cómo van a cerrar la mina cuando la práctica internacional dice que en el Estudio de Impacto Ambiental deben especificar los pasos que van a tomar para remediar los impactos en el medio ambiente”, añadió Cabezas.
Estas operaciones también afectarían al departamento de Jalapa y al país vecino, El Salvador. El Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) advirtió el 23 de enero de este año que la reactivación de la mina “implicaría graves riesgos ambientales”, pues la contaminación por el vertimiento de aguas residuales de la mina afectará a la cuenca Ostúa, la quebrada El Tempisque, el lago Güija y el río Lempa, que conectan con El Salvador lo que podría provocar un conflicto binacional.
La mina Cerro Blanco está a 15 kilómetros de El Salvador. Este viernes 19, Cabezas y representantes de los pobladores en resistencia realizarán un recorrido por el lago Güija.
Conoce más detalles acá:
Escuchar a las comunidades, el desafío de la nueva ministra de Ambiente y Recursos Naturales
