La CC mantiene sin validez los acuerdos de colaboración que firmó el MP con los exdiputados Emilenne Mazariegos y Edgar Cristiani, quienes había confirmaron el pago de sobornos a otros legisladores de aquella época, e información de quienes habrían aprobado el desembolso millonario para Odebrecht a cambio de un soborno.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió negar la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que buscaba dejar sin efecto la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo que anuló los acuerdos de colaboración eficaz que había firmado la FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, de los exdiputados del desaparecido Partido Patriota (PP), Emilenne Mazariegos y Edgar Cristiani.
Los dos exfuncionarios aportarían información clave para la investigación contra otros exdiputados sindicados en ese caso. El exfiscal Juan Francisco Sandoval confirmó que ambos informaron acerca del presunto pago de sobornos a funcionarios del Legislativo.
La Sala que anuló los convenios aceptó una apelación del empresario Carlos Arturo Batres Gil, quien figura como sindicado en esa investigación junto al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Esa es la resolución apelada y que ahora la CC decidió mantener vigente.
“La decisión que asumió la sala reprochada, al revocar la aprobación de los acuerdos de colaboración eficaz relacionados, no tiene sustentación jurídica y se aparta de las constancias procesales, pues resulta evidente que no se ajusta a la normativa contenida en la Ley Contra la Delincuencia Organizada; ii) al acoger el recurso de apelación, la autoridad cuestionada transgredió la autonomía que la Constitución Política de la República le reconoce – al postulante– y varió las formas del proceso, ya que la jueza de primera instancia resolvió en cumplimiento a lo establecido en la ley ibidem y en atención a las directrices que rigen su actuar”, indica el MP en la apelación.
Sin embargo, la CC consideró que no era viable aceptar la solicitud del ente investigador. “Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público –postulante–, por medio de la agente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Ana Guillermina Galindo Martínez. II. Confirma el numeral III) de la decisión apelada, en cuanto deniega la protección interina solicitada. III. Notifíquese y remítase certificación de lo resuelto”, se lee en el fallo.
La máxima Corte aún deberá dictar la sentencia final pues su fallo es provisional. Mientras tanto, los convenidos de declaración y la información aportada, no podrá utilizarse para ese caso mientras exista esa decisión judicial.
Esa resolución fue firmada por los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Vásquez, Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Walter Jiménez y Juan José Samayoa.
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Un fallo que favorece a diputados y exdiputados
La declaración de los exdiputados era clave para identificar el pago de sobornos a otros exfuncionarios, indicó el exfiscal Sandoval. “Confirmaron la información de que Carlos Arturo Batres se encargó de distribuir pagos en efectivo a nombre de Odebrecht para aprobar la ley. El lugar y monto por el que se hicieron”, indicó.
Lo que investigaba la FECI alcanzaba a más de 100 diputados que aprobaron en el Congreso el contrato de Odebrecht, el 10 de noviembre del 2012, la misma se dio en un único debate, y se hizo a través de la iniciativa número 4583 de la Dirección Legislativa.
Registros del Congreso detallan que a las 15 horas con 19 minutos, 111 diputados dieron su visto bueno a la referida iniciativa. De los 158 parlamentarios, 23 votaron en contra, 8 tenían licencia y 16 estuvieron ausentes al momento de la votación. Para la redacción final, a las 15 horas con 48 minutos se registran 108 votos a favor, 26 en contra, 7 con licencia y 17 en contra.
Sinibaldi, Baldizón y Batres Gil los más beneficiados
El caso Odebrecht fue presentado por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en enero de 2018, en donde establece que el exministro de Comunicaciones supuestamente gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A. a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de carreteras, que también beneficiaron al excandidato presidencial del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Manuel Baldizón.
En Guatemala se investigó la adjudicación de un contrato por US$399 millones, equivalentes a Q2 mil 992.5 millones a Odebrecht, para la construcción del proyecto denominado “Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente”.
De acuerdo con las declaraciones de los ejecutivos de la constructora, entre 2013 y 2015, Odebrecht pagó sobornos por aproximadamente US$18 millones a autoridades de Gobierno para obtener contratos de obras públicas. Los beneficios obtenidos por la empresa, a cambio de dichas coimas fueron de aproximadamente US$34 millones.
Hasta la fecha se desconoce qué funcionarios del Congreso recibieron los pagos, las investigaciones iban tras la huella del contrato firmado en 2012. Extremo que no ha sido aclarado por la FECI que ahora dirige Rafael Curruchiche.
Luego de la destitución de Sandoval en la FECI, la investigación contra Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, y otros exfuncionarios que se habrían beneficiado de sobornos de Odebrecht tuvo un nuevo giro. Actualmente el caso ha estado detenido y las acusaciones se revistieron contra quienes dirigieron y expusieron ese proceso de corrupción.
Por ese caso, Sandoval y otras personas que estuvieron a cargo de la investigación tienen órdenes de captura. Por otro lado, Sinibaldi y Baldizón, pese a estar procesados en ese expediente por delitos graves, gozan de libertad condicional.
Estos no fueron los únicos acuerdos de colaboración eficaz anulados. Anteriormente se dejó sin validez las declaraciones de los dos personeros de la empresa brasileña.
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